Opinión
¿Adónde quieren que huya? La historia de Abdul, un refugiado palestino encarcelado en España

“¿Adónde creen que puedo ir?”. La pregunta la hace Abdul Samha desde una prisión de Valencia, al hablar del riesgo de fuga invocado para justificar su encarcelamiento. Me la ha repetido durante las pocas ocasiones en que he podido visitarlo. Abdul nació en Cisjordania, Palestina. Hace muchos años abandonó su tierra y recorrió distintos países antes de llegar a España, donde obtuvo el reconocimiento de su condición de refugiado. Aquí intentó reconstruir su vida, trabajando en condiciones precarias y lejos de su familia, que permanece en Palestina.

El 20 de junio de 2024, su hijo Naim, de apenas quince años, murió tras recibir un disparo durante una incursión de las fuerzas israelíes en Qalqilia, Cisjordania. Abdul estaba en España. No pudo regresar para despedirse de él ni acompañar a su familia durante el entierro.Para un palestino en el exilio, la imposibilidad de regresar a su tierra significa, a veces, no poder estar junto a sus seres queridos ni siquiera en los momentos más dolorosos.

Un año después, el 19 de junio de 2025, prácticamente en vísperas del primer aniversario de la muerte de Naim, la Audiencia Nacional acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, en el marco de una investigación por presunto terrorismo. Desde entonces permanece encarcelado, sin haber sido juzgado.

Una investigación bajo secreto de sumario

La investigación comenzó en noviembre de 2023. Entre los elementos recogidos en la resolución judicial que acordó su prisión figuran publicaciones en redes sociales, contenidos relacionados con Hamás y las Brigadas Al-Qassam, así como otras comunicaciones y materiales que los investigadores interpretan como indicios de radicalización.

Son acusaciones graves que deben examinarse judicialmente. Pero la gravedad de una acusación no equivale a una demostración de culpabilidad. Abdul publicaba habitualmente en árabe. Compartía noticias sobre Gaza, denunciaba las matanzas de civiles palestinos, criticaba a la Autoridad Palestina y a los gobiernos árabes y difundía también contenidos relacionados con acontecimientos militares y organizaciones de resistencia palestinas.

Abdul lleva más de dieciséis meses en prisión provisional. Esta medida no constituye una condena y solo puede mantenerse mientras existan razones legales suficientes y proporcionadas que la justifiquen. Entre los motivos invocados aparece el riesgo de fuga

Determinar si alguna de esas publicaciones constituye un delito exige examinar su contenido concreto, su contexto y las pruebas disponibles. La crítica política, la denuncia de una guerra o la indignación ante la destrucción de Gaza no constituyen por sí mismas terrorismo. El procedimiento continúa bajo secreto de sumario, después de sucesivas prórrogas desde el inicio de la investigación. Su defensa ha recurrido decisiones relacionadas con ese secreto, que sigue limitando su acceso al contenido de las actuaciones.

Abdul lleva más de dieciséis meses en prisión provisional. Esta medida no constituye una condena y solo puede mantenerse mientras existan razones legales suficientes y proporcionadas que la justifiquen. Entre los motivos invocados aparece el riesgo de fuga. Sin embargo, Abdul lleva muchos años fuera de Palestina, no ha regresado desde que salió y tiene reconocida la condición de refugiado en España. También teme sufrir represalias de la Autoridad Palestina por sus críticas políticas. Estas circunstancias merecen una valoración individualizada. ¿Por qué no adoptar medidas cautelares menos restrictivas mientras continúa el procedimiento?

El aislamiento de Abdul y el peso de una acusación

Conocí su caso a través de titulares de prensa que lo presentaban prácticamente como culpable. Aquello me llevó a contactar con su abogada y, posteriormente, a visitarlo en prisión. He podido verlo pocas veces. Las conversaciones tienen lugar a través de un cristal, sin posibilidad de compartir siquiera un abrazo. Al otro lado he encontrado a un hombre angustiado por su situación, preocupado por su familia y profundamente afectado por lo que ocurre en Palestina.

Actualmente, Abdul apenas recibe visitas y prácticamente carece de una red de apoyo cercana. Su familia permanece en Palestina y la distancia dificulta mantener los vínculos personales. A este aislamiento se suma el temor que puede generar una acusación de terrorismo, incluso entre quienes desean mostrar solidaridad, por miedo a ser relacionados con una persona investigada.

Antes de que exista una sentencia, una persona puede quedar socialmente condenada y prácticamente abandonada. Abdul es un padre que perdió a su hijo, un refugiado que buscó protección y un hombre que lleva más de un año encerrado mientras espera que se resuelva su situación.

La solidaridad no puede esperar a una sentencia

No necesitamos compartir las opiniones de Abdul ni justificar cada una de sus publicaciones para defender sus derechos. La presunción de inocencia y el derecho a una defensa efectiva no dependen de las ideas políticas de una persona. Precisamente cuando las acusaciones son graves, las garantías judiciales deben ser más exigentes, no menos.

La condición de palestino, el uso del árabe o las posiciones políticas de una persona no pueden convertirse en sustitutos de las pruebas de una conducta delictiva. En València, un colectivo anticarcelario ha impulsado una iniciativa de solidaridad con Abdul, animando a las personas a escribirle cartas y contribuir a romper su aislamiento. Para alguien que vive lejos de su familia y apenas recibe visitas, saber que hay personas que conocen su historia y se preocupan por él puede significar mucho.

Reclamamos la puesta en libertad provisional de Abdul Samha, con las medidas cautelares proporcionadas que, en su caso, sean necesarias mientras continúa el procedimiento

Pero la solidaridad debe ir acompañada de una exigencia pública: revisar de manera urgente y efectiva su prisión provisional, garantizar plenamente su derecho de defensa y poner fin al secreto de las actuaciones cuando ya no exista una justificación legal suficiente para mantenerlo.

Reclamamos la puesta en libertad provisional de Abdul Samha, con las medidas cautelares proporcionadas que, en su caso, sean necesarias mientras continúa el procedimiento. No pedimos que se sustituyan los tribunales por una campaña pública. Pedimos que ninguna persona sea tratada como culpable antes de una sentencia y que la prisión provisional no termine convirtiéndose en una pena anticipada. Abdul salió de Palestina buscando un lugar donde vivir. En España obtuvo protección como refugiado. Hoy, desde una prisión de Valencia, sigue preguntándose adónde creen que podría huir. Su pregunta merece una respuesta. Y su situación, una revisión judicial que no se demore más.