València
Mazón da un nuevo contrato a los empresarios condenados en la Gürtel, que ya suman 6,5 millones de euros

La empresa señalada por la trama Gürtel CHM Obras e Infraestructuras ha recibido un nuevo contrato a dedo por parte del gobierno valenciano de Mazón por un valor de 2,3 millones de euros que se suma a la otra adjudicación de 4,2 millones, también sin concurso, que ha recibido para las obras de rehabilitación del puente ferroviario sobre el barranco del Poyo en Paiporta, tal y como ha publicado ElDiario.es.

El nuevo contrato adjudicado por el procedimiento de emergencia, negociado sin publicidad, ha sido concedido por la entidad pública de saneamiento de aguas (EPSAR) para la reparación de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales afectadas por la Dana en la localidad de Utiel. Junto al contrato concedido por la Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la empresa de la familia alicantina Martínez Berna se ha embolsado ya 6,5 millones de euros gracias a los contratos a dedo que el PP valenciano está repartiendo para la reconstrucción tras la Dana.

Detrás de la compañía CHM Obras e infraestructura, se encuentran los hermanos Martínez Berna. Dos pesos pesados de la familia, el entonces presidente y también el consejero delegado de la empresa, Rafael y Tomás Martínez Berna fueron condenados en el 'caso Gürtel'. Rafael a un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales relativos a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y por un delito de falsedad documental. Su hermano Tomás Martínez Berna, que era consejero delegado del grupo de empresas constructoras, también fue condenado a la misma pena tras un pacto de conformidad suscrito en 2018 entre ambos empresarios y la Fiscalía Anticorrupción.

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La Generalitat Valenciana ha hecho el encargo a Ocide, una empresa cuya matriz está siendo investigada en el caso Azud por pagos “de naturaleza ilícita” al abogado José María Corbín a cambio de contratos adjudicados por el Ayuntamiento de València.

Rafael Martínez Berna fue, desde 2009 a 2011, el máximo representante de la patronal alicantina Coepa, en la actualidad quebrada y en vías de extinción. Fue copropietario de una firma especializada en obra pública, tuvo que dejar su cargo después de que la Comisión Nacional del Mercados y la Competencia (CNMC) le multara por pactar precios del sector junto a 46 empresas.

Tomás Martínez Berna, por su parte, ocupaba el puesto de Consejero de Padelsa Infraestructuras S.A., secretario del Consejo de Administración de CHM Obras e Infraestructuras S.A. y consejero del Grupo Villalba S.L. cuando aceptó la pena de un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y un delito de falsedad documental.

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El contrato para reparar infraestructuras dañadas por la dana ha sido adjudicado a Pavasal sin necesidad de concurso público.