Profesorado y personal universitario se encierran por Palestina: “No puede empezar el curso con normalidad”

Docentes y personal de la Universitat de València y la Universitat Politècnica se encierran en La Nau, sede histórica donde empezó la enseñanza superior en la ciudad.
Palestina La Nau
Gabriel Rodríguez Docentes y personal de las universidades realizan una asamblea en el encierro en el edificio de La Nau

Profesorado, investigadores y personal técnico y de administración, participantes en  la Xarxa Universitaria per Palestina, han decidido encerrarse en las dependencias del histórico edificio de La Nau, un edificio histórico perteneciente a la Universitat de València (UV).  “No podemos comenzar el curso como si no pasase nada. Pongamos fin al genocidio y a la complicidad de nuestras instituciones”, explican en un comunicado.

La protesta se enmarca en la campaña estatal que, desde hace más de una semana, impulsa acciones en 50 universidades públicas bajo el lema “No es normal empezar el curso con normalidad”. Han decidido ocupar este emblemático espacio para mostrar “la absoluta condena y rechazo al genocidio en Palestina” y exigir iniciar un “diálogo inmediato” con los equipos de gobierno de ambos centros para acordar medidas concretas que puedan tomar las universidades a las que pertenecen, la UV y la Universitat Politècnica de València (UPV).

Desde el encierro, instan a profesorado,trabajadores y alumnado a sumarse a este encierro para ejercer presión sobre los equipos rectorales. En concreto, demandan la ruptura de relaciones comerciales y financieras directas e indirectas con Israel, la supresión de proyectos de investigación y colaboración con entidades y empresas israelíes, así como un impulso de la colaboración con universidades palestinas. Además, exigen que se constituya un grupo de trabajo que haga seguimiento de estas medidas.

Tras la presión ejercida en la primavera pasada por las acampadas de alumnado en los campus, la UV y UPV se comprometieron a exigir un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, así como a no firmar ningún acuerdo con las instituciones israelíes “hasta que se juzguen los crímenes de lesa humanidad y la violación sistemática y masiva de derechos humanos”, manifestó la UV en un comunicado. También se reclamó en la Unión Europea no permitir que Israel accediera a la financiación de investigación y desarrollo de programas europeos.

Un año después, profesorado y trabajadores de las universidades consideran que los compromisos adquiridos son insuficientes. Señalan que las universidades tienen contratos con empresas a las que señalan como cómplices de Israel, como serían HP o el Banco Santander. Desde el año 2022, la UPV mantiene con HP un contrato para desarrollar una cátedra de innovación tecnológica. Por su parte, el Banco Santander es una de las entidades que más colabora con las universidades, por medio de acuerdos para desarrollar cátedras de economía y finanzas, prácticas o becas.

En el caso de HP, tal como ha señalado la Red Contra la Ocupación de Palestina (Rescop), “ha ejecutado grandes contratos del gobierno israelí en áreas de la administración civil y militar, proporcionando asistencia directa para mantener el sistema de discriminación y opresión sistemática contra el pueblo palestino”. Uno de los contratos más importantes entre la empresa tecnológica y el Estado de Israel es el de desarrollo y mantenimiento de un sistema de control biométrico con reconocimiento facial y de manos, mediante el cual Israel registra datos personales de la población palestina mayor de 16 años que reside en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza. Se utiliza para controlar o restringir el movimiento de los palestinos dentro de su propio territorio.

Protesta Valencia Palestina
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El colectivo Banca Armada también ha denunciado que el Santander es uno de los principales bancos que, a través de préstamos y créditos, financian las principales empresas armamentísticas implicadas en el genocidio de Gaza. Un informe de la organización Don’t buytheoccupation detalla que el Banco Santander ha financiado con 8.609 millones de euros a empresas implicadas en territorios palestinos, como Boeing, que fabrica aviones, helicópteros o misiles para el ejército sionista, o como Rolls Royce, que proporciona sistemas para aviones o tanques.

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