Venezuela
Juan Carlos La Rosa Velazco: “Nadie se reconoce aún en el hambre venezolana”

Activista e investigador por los derechos territoriales de los pueblos en la cuenca occidental del Lago de Maracaibo, en el norte de Venezuela, este defensor de los derechos de pueblos originarios critica la deriva extractivista del Gobierno de Maduro.
Juan Carlos La Rosa Velazco es activista e investigador por los derechos territoriales de los pueblos en la cuenca occidental del Lago de Maracaibo
Juan Carlos La Rosa Velazco es activista e investigador por los derechos territoriales de los pueblos en la cuenca occidental del Lago de Maracaibo.

Juan Carlos La Rosa Velazco es activista e investigador por los derechos territoriales de los pueblos en la cuenca occidental del Lago de Maracaibo. Desde hace 14 años, este educador y comunicador, constructor, carpintero, diseñador y conuquero, participa como comunario de la experiencia territorial “El Agua Nos Une”. La Rosa Velazco es miembro de la Organización Indígena Wainjirawa-UAIN e investigador del Centro de Estudios de Oralidades y Culturas Indígenas y Africanas de América Latina y el Caribe. Última entrega de la serie de cinco entrevistas realizadas por los activistas Raúl Zibechi y Silvia Adoue a pensadores, militantes e investigadores críticos con la deriva del Gobierno de Nicolás Maduro desde una perspectiva desde abajo y a la izquierda. 

Las condiciones de vida del pueblo venezolano vienen deteriorándose año tras año. Eso ha llevado a un número creciente de trabajadores a emprender el camino de la migración. En el exterior, vemos venezolanos, muchos de ellos con formación calificada, aceptar empleos mal pagados y situaciones legales inciertas y arriesgadas. ¿Qué ha llevado a tantos venezolanos a desistir de permanecer en su territorio?
El Estado venezolano, en los últimos 15 años, ha tenido el sobreingreso petrolero más alto —al menos 12 veces mayor que el sobreingreso histórico del quinquenio 1974-1979— por un período más prolongado. La estimación más conservadora indica 970.000 millones de dólares distribuidos en 17 años. A estas cifras hay que agregarles los ingresos por vía del endeudamiento externo.

Nadie se reconoce aún en el hambre venezolana. Tal es la tragedia cultural de un país con una renta milagrosa al servicio del consumo de los países desarrollados

En 1975, algunos como Alfredo Maneiro y su grupo de trabajo, disidentes del Partido Comunista Venezolano (PCV), y Juan Pablo Pérez Alfonso, diseñador del sistema de la Organización de los Países productores de Petróleo, advirtieron sobre el ingreso petrolero, que pervertiría el alma nacional y recomendaron una reducción de la producción a la medida de un crecimiento asimilable industrial y culturalmente. Nadie los escuchó y apenas se recuerdan los documentos que argumentaban aquella advertencia. 

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Y así sucedió. Fue una época en que el sobreingreso petrolero competía con el endeudamiento, la clase media surgida de ese sobreingreso de empleados bien pagados y inversores en negocios periféricos a la producción petrolera, corruptos, se apoderaron de la ciudad de Miami en EE UU y la hicieron crecer. Crearon su propio sueño americano para ir de visita y consumir dispendiosamente. Paradójicamente la pobreza y la inversión social mantuvieron sus indicadores, aunque en las mayorías también persistía la sensación de bonanza.

En el periodo chavista, ya desde 2005, desaparecieron los indicadores y la opacidad estadística del Estado se hizo norma, junto a otras opacidades en relación a todas las políticas y manejos financieros del Estado venezolano.

Con la caída de los precios del petróleo, todo se vino abajo en 2014. Hizo que el ingreso constante de aproximadamente 50.000 millones de dólares anuales pasara a 10.000 millones de dólares anuales. El deterioro de este ingreso fue por falta de capacidades de producción. Debido la clara ausencia de políticas de mantenimiento siguió bajando esa estimación. 

No hay una rectificación del saqueo ocurrido en el sobreingreso petrolero y la crisis parió un saqueo en todos los niveles y un asedio mortal sobre los territorios y las soberanías sociales que se mantienen en pie

En lenguaje coloquial, ya estas cifras, contrastadas con el acelerado deterioro de la calidad de vida de los habitantes, suponen ya un saqueo a todos los niveles de la industria y de la ejecución de políticas públicas del Estado venezolano, con especial énfasis en las políticas sociales, de la política social alimentaria, basada en la importación de alimentos con dólares preferenciales otorgados por el Estado, han salido los corruptos más escandalosos.

No hay una rectificación del saqueo ocurrido en el sobreingreso y la crisis parió un saqueo en todos los niveles y un asedio mortal sobre los territorios y las soberanías sociales que se mantienen en pie.

La administración de Maduro, que a la muerte de Chávez le tocó administrar una economía recesiva, no cambió la lógica administrativa y persiste en el modelo nefasto practicado por su antecesor, endeudándose aun más y cargando los costos de la recesión a las mayorías empobrecidas. 

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El hambre es un signo oculto sobre el consumo desequilibrado de carbohidratos. La dolarización de la economía en el centro del país va de la mano con el uso de divisas de países vecinos en todos los Estados fronterizos, incluso en Estados centro-occidentales como Barinas y Lara. En el sur, la moneda es la grama de oro y es territorio de venezolanos esclavos de los grupos irregulares que extraen el oro y otros minerales.

Cada vez es más evidente que el dinero con que nos sostenemos en la calle proviene de negocios irregulares, como el oro, otros extractivismos, el uso del territorio y las costas venezolanas para la narcoindustria y el narcotráfico. El contrabando de extracción de chatarra y otros negocios en manos del crimen organizado, hibridado con los cuerpos de seguridad del Estado.

En una reunión indígena en el Cauca colombiano, una trabajadora social que fue mi guía estaba desconcertada porque todo indicababa desnutrición en los venezolanos migrantes atendidos por un programa del que era parte, por poca ingesta o por ausencia de equilibrio en la dieta. Pero al ser entrevistados decían que migraban, a pie desde la frontera venezolana hasta el sur de Colombia, porque no podían ya viajar con frecuencia, comprar artículos suntuarios. Estudiar ha perdido sentido para las mayorías. 

Nadie se reconoce aún en el hambre venezolana. Tal es la tragedia cultural de un país con una renta milagrosa al servicio del consumo de los países desarrollados.

Me he puesto muy serio al responder para ser un simple activista. Las razones de esta migración de millones de venezolanos, la más grande y significativa de la historia de esto que llaman Venezuela, se aclara en nuestros cuerpos, los mismos cuerpos que han perdido peso y lo han recuperado con baja calidad en el consumo, los cuerpos que reciben una bolsa CLAP [Canasta de alimentos] que evidencia el desprecio y la humillación en su contenido, en su periodicidad y en la reducción de nuestras vidas a un listado descuidado que no nos pregunta ni cuantos niños ni cuantos ancianos viven en nuestra casa, si tenemos alguna persona enferma, si hay algún joven atleta en la familia. Estos mismos cuerpos alimentados como descarte saben que quienes nos venden a bajo costo esta bolsa de alimentos, la compran de nuevo o la cambian para volver a vendérnosla. Saben nuestros cuerpos que, con importación de estos alimentos, sin supervisión alguna de calidad sanitaria o nutricional, se han enriquecido rápidamente los corruptos más vergonzosos de la historia. Son estos cuerpos femeninos y adolescentes los que son solicitados para la trata de personas en países vecinos por los grupos irregulares. Son los mismos cuerpos que reciben los balazos en la cara de la violencia policial y de las bandas.

Nadie se reconoce aún en el hambre venezolana. Tal es la tragedia cultural de un país con una renta milagrosa al servicio del consumo de los países desarrollados

Nuestros cuerpos violados saben que la guerra económica es una ficción, que este gobierno y este Estado, se ha hecho funcional al saqueo definitivo, por eso se sostiene sin necesidad de votos y con la caricia oculta de sus supuestos enemigos.

El proceso iniciado en Venezuela bajo la dirección de Hugo Chávez prometía superar la dependencia de la exportación de petróleo con todas las llagas históricas resultantes de tal dependencia. Para eso, se proponía, entre otras medidas, la reforma agraria, que sería base de la soberanía alimentaria. Sin embargo, un cuarto de siglo más, la dependencia de la exportación de petróleo y también de otros minerales parece haberse intensificado. Y se siguen importando productos de primera necesidad. ¿Cómo explica esos hechos?
Chávez fue un gran caudillo, de la talla de Antonio Guzmán Blanco [el caudillo de más relevancia del último cuarto del siglo XIX en Venezuela, presidente tres veces], tan irresponsable y corrupto como él. Desde el principio, de una vocación autoritaria inocultable. Pese a la ilusión que despertó su jefatura en nosotros, pueblos recolonizados, en nuestra rebeldía, por la seducción del caudillo y la lanza en nuestras manos.

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La última reforma agraria fue la de 1959. Chávez jamás propuso una reforma agraria. De hecho, no usó nunca ese nombre, pese a su irresponsabilidad verbal. 

La ley de tierras y desarrollo agrario tiene su nudo de comprensión en la proscripción del derecho a recuperar tierras ociosas por iniciativa del movimiento campesino. Si ocupas la tierra que reclamas y comienzas a probarte en la producción de la misma, pierdes el derecho a ella de forma definitiva y eres sancionado. 

La última reforma agraria fue la de 1959. Chávez jamás propuso una reforma agraria. De hecho, no usó nunca ese nombre, pese a su irresponsabilidad verbal

Se otorgaron cartas agrarias y certificaciones, pero de manera proselitista y clientelar, para mostrar una vitrina y bajo la mediación ahora legal de funcionarios del INTI [Instituto de Tierras], que, con las honrosas excepciones de militantes sociales, preferían vender las cartas agrarias y los certificados de fincas productivas a terratenientes que honrar a los campesinos en lucha por la tierra. En la reforma más reciente de otorgamiento de título agrarios, los tribunales agrarios dictaron sentencias de desalojo a miles de campesinos con cartas agrarias aprovechando fallas en la gestión de transición a títulos agrarios. Conozco el caso de Zulia, a manos de Billy Gazca, de la tribu judicial de los Rincón, que en tiempos de Chávez fueron los primeros dueños de la justicia venezolana, la reforma de la ley de tierras fue un gran negocio para esa tribu o mafia judicial. Lo desalojos sentenciados fueron violentos y ejecutados por grupos irregulares con la asistencia de la policía.

El Estado enajenó algunos predios de gran tamaño que, paradójicamente, eran, en el sistema de latifundio, los más productivos. El Gobierno los uso como vitrinas y los saqueó. Tal vez fue una de las evidencias más vergonzosas de la falsa reforma agraria chavista. 

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¿Tiene algún sentido que funcionarios incapaces mandados de Caracas administraran este saqueo? Mientras esto sucedió, 400 campesinos fueron asesinados en operativos de desalojo y en acciones de ajusticiamiento ejecutados por cuerpos de seguridad del Estado o por miembros de los mismos actuando de manera privada.

La importación era inevitable y era el negocio más rentable, ya que el control de cambio permitió la política de dólares preferenciales para importaciones de interés social y estratégico para el país. Cadivi se llamó el mecanismo de otorgamiento de divisas preferenciales. 

Desde ese momento, el negocio era obtener estas divisas y sacarlas del país, comprar lo acordado y ponerlo en el país en las manos acordadas no era importante. Los funcionarios de Cadivi [Comisión Nacional de Administración de Divisas] fueron voraces en el cobro de comisiones. Fue el momento de containers en los puertos con alimentos en descomposición, pues habían sido olvidados. Los importadores fueron a Brasil, Uruguay y Argentina a comprar mataderos y fincas, ganado de descarte pagado como nuevo, por desconocimiento o por negocio.

La importación era inevitable y era el negocio más rentable, ya que el control de cambio permitió la política de dólares preferenciales para importaciones de interés social y estratégico para el país

En Valencia y Maracay había y hay bufetes legales, que venden empresas nuevas, listas para importar con sus permisos listos. El precio oscila según la capacidad de importación que se quiera tener. 

A veces me pregunto si debe darnos vergüenza a los campesinos esto. Y digo lo que dice un viejo de la comunidad: ellos son de Venezuela, nosotros somos de otros países sin nombre.

Por último, la ley de tierras fue aprobada en diciembre del 2001, en pleno auge inicial de la popularidad del Gobierno de Hugo Chávez. Se aprobó junto a otras 48 leyes especiales —hechas por decreto y con mayoría simple en la Asamblea Nacional— que prometían cambios radicales a partir de la nueva Constitución, pero nadie pudo leerlas antes de su aprobación, no hubo debate social, solo las imprecaciones mediáticas del presidente, en plena polarización y con los ganaderos quemando el decreto, todo parecía claro y suficiente. Hoy sabemos que todas estas leyes tenían su guardao, su nudo de comprensión que evidenciaba que no eran para los pueblos, sino para los intereses corporativos de los nuevos administradores del saqueo.

Otra promesa, que también atrajo la atención entusiasta de los pueblos del continente, fue la de superar las formas tradicionales del ejercicio del poder por las vías representativas y pasar al ejercicio de la democracia directa por medio de las comunas. En la práctica, sin embargo, las decisiones políticas continuaron buscando la legitimación de las elecciones. La propia dirección chavista montó el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a partir de varias organizaciones que lo apoyaban, para participar de elecciones. La constitución llegó a plasmar en su letra una “nueva geometría del poder” y la última consigna de Chávez fue “¡Comuna o nada!”. Esa “nueva geometría” no salió del papel, las comunas no tienen autonomía y la democracia representativa es ejercida (o no) para refrendar lo que el gobierno central decide. Es decir, se consolidaron prácticas centralizadas y autoritarias. ¿Cómo explica esa deriva de la política venezolana?
Las comunas fueron decretadas desde arriba y su implementación fue delegada a todo el poder administrativo del Estado, como, antes de ellas, los “núcleos endógenos” fueron un falso positivo. Las comunas fueron lo mismo, con muy pocas excepciones, tan excepcionales como estériles para servir de inicio a una rectificación, aun desde los pueblos. Para la administración burocrática pragmática del chavismo, si Chávez amanecía hablando de mesas de agua, de consejos comunales, de CLAP, de comités de salud, de comunas, el asunto era ver quién le daba mejores cifras de tales “espacios sociales”. Así llegaron a anunciar “núcleos endógenos” de telecomunicaciones en el ministerio del ramo. El Gobierno chavista fue un mercado de falsos positivos con un único comprador y de consumo pasivo de la clase media incauta creada por el sobreingreso petrolero, parasitaria del Estado. Cada construcción de estas era otro negocio para algunos.

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Por eso, teorizar sobre algo inexistente y analizar sobre lo que “si se dio”, no tiene sentido en la experiencia “comunera” del chavismo. Las comunas solo existen en Venezuela cuando llega el funcionario que pretende reunirse con ellas. Y cuando las sostiene algún ánimo social, casos que se cuentan con los dedos de una sola mano, han sido tan reducidas a vitrinas que nadie puede vincularse a ellas. Es decir, no sabemos si son de verdad o no.

Es muy duro ver cómo se supone la existencia de algo, a partir de que se habló en Caracas por intelectuales de café y chicharrón

Es de mencionar en el catálogo de las vergüenzas la literatura sobre comunas venezolana, el libro más popular de Juan Barreto, un periodista caraqueño y exalcalde metropolitano con graves evidencias de corrupción en su gestión y en toda su vida política que intenta presentarse como erudito comunero.

Los consejos comunales, la más real de todas las instancias de representación de base ciudadana frente al Estado, llegó, luego del fracaso del referéndum de reforma constitucional que lo proponía, a depender directamente de la Presidencia de la República para su legalización y financiación de proyectos que tenían techos presupuestarios que anulaban una incidencia real. Tal parece que toda la financiación se hizo para que los funcionarios se probasen a sí mismos que los consejos comunales no tenían la madurez de administrar nada.

La Asamblea Ciudadana es aún más excepcional que antes, ahora que la Constitución dice que sus decisiones son vinculantes. No existe consecuencia procesal que permita este carácter para nuestras pobres asambleas. El Gobierno las ha hundido culturalmente, al menos por un tiempo.

Para remate, el Gobierno ha creado los CLAP y los ha hecho “legales” con su mayoría sin oposición en la Asamblea Nacional. Unos mecanismos donde, inconstitucionalmente, es el partido de gobierno quien promueve sus miembros y desde ahí controla la política alimentaria más precaria que hemos conocido, sin los consejos comunales, que quedan fuera de toda incidencia legal sobre nuestra alimentación.

Creo que las comunas solo se implementaron y normaron para ser una extensión, con nombre pretencioso, incómodo para los más reaccionarios, de los mecanismos de control social por hábitat, cuya base siempre es más protocolo, requisitos, que experiencia. Todos estos mecanismos han reducido la ciudadanía y la participación a lista de beneficiarios, que no inciden, ni tienen que existir realmente, sino agradecer desde el silencio. Estos mecanismos de control comenzaron con las misiones, suerte de políticas sociales outsourcing, que comenzaron y han ido perfeccionando los mecanismos de control por hábitat del chavismo en el Gobierno. Cuando digo mecanismos, esto supone obviamente que fueron diseñados por especialistas que aún permanecen libres de responsabilidad por sus aportes tecnológicos y epistémicos. Las misiones inauguraron un modelo liberal oculto, para la última etapa del despojo colonial en nuestros territorios, una suerte de tercerización de la exclusión, concluyeron en el 1º Seminario de Integración Suramericana desde Abajo, realizado en Venezuela por activistas como Aníbal Quijano, Carlos Walter Porto Gonçalves y José Ángel Quintero.

Sobre el PSUV: cuando Chávez convoca al PSUV, este le da en su carácter de presidente del mismo, poderes sobre la estructura como el veto y la capacidad de reformar a su gusto el diseño de la estructura de autoridades. La voluntad del presidente es absoluta como en los peores partidos patriarcales que podemos imaginar en la historia. Su propia base en ese momento no votó por sus candidatos y el los impuso por encima de los electos con otros cargos, que aún hoy siguen al frente de ese partido.

Es muy duro ver cómo se supone la existencia de algo, a partir de que se habló en Caracas por intelectuales de café y chicharrón. Urge otra manera de vernos que no sea desde la narrativa de pobres metáforas de la propaganda oficial.

No solo las comunas no pudieron ser ni en experiencia ni en autonomía, ni en cultura, otros espacios que medían la relación del Estado con la sociedad, como las universidades y las experiencias educativas, fueron colonizadas por los ministerios hasta perder todos sus logros autonómicos que enriquecían la vida venezolana. Por ejemplo, la autonomía de las universidades, de muchas experiencias agrarias y sociales, de las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas de intermediación, que no eran fuertes a la llegada del chavismo, pero que ahora solo hablan cuando se les ordena con muy honrosas pero débiles excepciones. 

Es el caso de Consejo Nacional Indígena de Venezuela (CONIVE) y sus sucursales que son una extensión electoral del PSUV, por poner un ejemplo desde nuestros haceres.

El decreto de la zona del Arco Minero proscribe derechos de asociación, de reunión y de protesta y convoca al “poder popular” para, junto a los cuerpos de seguridad, garantizar la productividad

¿Cómo afecta a la autonomía de los pueblos la intensificación del extractivismo expoliador por parte del Estado venezolano? ¿Y cómo salir de ese atolladero?
El modelo extractivista venezolano es irregular, como en Angola, como en el Congo, y en otras partes de la Amazonía, es más barato y manejable así y libera de responsabilidades sociales, penales, ambientales y políticas a los asociados en el negocio, menos al Estado. 

Venezuela otorgó licencias de certificación para su oro y otros minerales a empresas “mineras” ad hoc creadas muchas de ellas en Londres en los meses anteriores al acto administrativo. Estas no fueron a sacar minerales en el territorio, se instalaron en el Caribe a esperar que llegaran los cargamentos para limpiar su origen irregular e ingresarlos al mercado como commodities legales, sin sangre, sin crimen.

El decreto de la zona del Arco Minero, que ya legalmente por vía de otros decretos especiales, funciona por todo el país, proscribe derechos de asociación, de reunión y de protesta en el mismo y convoca al “poder popular” para, junto a los cuerpos de seguridad, garantizar la productividad. En la práctica este “poder popular” es la cara legal de grupos armados del crimen organizado, paramilitares del Estado venezolano y guerrillas colombianas devenidas al crimen para financiar sus operaciones y nóminas. El ejército venezolano está en la periferia de esas explotaciones para cobrar comisiones y administrar parcialmente el comercio extractivo del cual solo el 5% se legaliza en el tesoro del Estado. 

Este negocio sostiene toda la operación corporativa incluso dentro del Estado, que no se preocupa por tener la categoría de Estado fallido, ya que esta le permite actuar con descaro y sin consecuencias inmediatas. 

Obviamente esto supone la disolución desde adentro del proyecto nacional llamado Venezuela, pero supone la disolución por la fuerza externa de las nacionalidades y soberanías originarias de los territorios y toda la dinámica social y cultural de la vida de los pueblos. que debe integrarse al modelo o perecer. Como única respuesta efectiva hasta ahora, algunos pueblos se han organizado para integrarse manteniendo niveles de autonomía y otra relación con los minerales y su comercio. Esto no es absoluto y no es definitivo. Es un terrible riesgo, pero les permite construir alternativas de supervivencia y fuerza que los sostengan pese a la preocupación de ellos y sobre todos de las y los mayores de las comunidades. No son los primeros pueblos del continente que viven esta experiencia.

La autonomía entendida como proyecto político de los pueblos es nueva en Venezuela y en algunos casos es débil reflejo aun de otros pueblos. Acá han existido organizaciones de intermediación nacionales y regionales que dejaron de tener alguna utilidad para nuestras comunidades hace más de 25 años y el chavismo las encuentra débiles y pasa por un esfuerzo procelitista, acompañado de especialistas que antes fueron aliados de los pueblos, ahora funcionarios y asesores de la política del Gobierno para los asuntos indígenas. Antes, nuestras organizaciones eran de intermediación, medianamente representativas. Su relación prioritaria era con los gobiernos, las iglesias y las ONG. Casi todas ellas son ahora franquicias de control del gobierno, de supresión de las disidencias indígenas, con débiles pero honrosas excepciones. 

El extractivismo es el proyecto del despojo definitivo y es el proyecto del Estado venezolano y del Gobierno actual

Algunas pocas se mudaron a darle prioridad a la relación con las ONG. Sólo los pemón [pueblo originario que habita la zona sureste del estado Bolívar] tienen una instancia de gobierno propio para dar respuesta a las necesidades y criterios de sus propias comunidades, pero el commodity que sostiene esta gobernanza novedosa es el oro. No lo inventaron ellos, les fue impuesto para subordinarlos y ellos revirtieron el proceso, pero esto aún está por resolverse en medio de graves riesgos de disolución de su identidad y de su vida cultural.

Otros pueblos sostenemos la gobernanza ancestral en el corazón de nuestras relaciones sociales, pero aún no damos el paso de rehacernos políticamente desde eso. Para tomar la decisión de resistir políticamente.

El extractivismo es el proyecto del despojo definitivo y es el proyecto del Estado venezolano y del Gobierno actual. Siempre fuimos una capitanía general extractivista, pero la intensidad de las operaciones actuales es inédita y nos anuncia el genocidio. 

Las leyes “para los pueblos” solo nos convierten en víctimas y beneficiarios y los estatutos más favorables son inaplicables sin que exista la voluntad política de aplicarlas.

Debemos aprender a rehacernos desde nosotros y actuar políticamente desde nosotros o desaparecer.

Los autores
Raúl Zibechi. Durante los primeros años 70, militó en Uruguay en el movimiento estudiantil vinculado al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Se exilió a Argentina y España, donde se vinculó al Movimiento Comunista. De vuelta a Uruguay fue editor de Internacional en el semanario Brecha. En su larga trayectoria, desarrolló una prolífica actividad como investigador de los movimientos sociales latinoamericanos, un trabajo que le ha permitido conocer de primera mano y acompañar multitud de iniciativas, desarrollando una mirada especialmente sensible hacia la vida cotidiana y las realidades diferenciadas que construyen los movimientos alternativos.

Silvia Adoue. Nació en Buenos Aires. Fue obrera del vidrio, metalúrgica, gráfica, costurera, maestra. En 1982 se mudó a Brasil. Se graduó en Matemática en la Universidad de San Pablo. Fue docente en escuelas primarias y secundarias en Brasil. Realizó la maestría en integración de América Latina, en Cine y Educación, Doctorada en Letras en la Unesp. Es educadora de la Escuela Nacional Florestán Fernandes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Participa del Colectivo “Rodolfo Walsh” de enseñanza de Lengua y Literatura de la Escuela del MST. Es profesora de Literatura Hispanoamericana en la Unesp de Araraquara, en el Estado de San Pablo.
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Cristina Rivera
19/2/2025 10:01

Gracias a Él Salto por esta serie que dice la verdad sobre lo que acontece en Venezuela desde los grupos de base. Muchas gracias !

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anadaviesrodriguez
17/2/2025 17:25

Una entrevista, que no es tal, con un líder activista que debería tener un lenguaje directo y comprensible, se convierte en un tocho de hormigón que no hay quien se lo trague. Los que saben tanto sobre un tema, deberían imitar a Stephen Hopkins, que en su libro de divulgación"Brevísima historia del tiempo" solo dio a sus lectores una única fórmula: para no aturdirles con su sabiduría. El buen periodismo también debe ser eso: escribir para gente simple e indocumentada; así demuestran mejor lo inteligentes que son los que lo escriben

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jramosp57
17/2/2025 10:27

Es un artículo donde no existen preguntas sino afirmaciones. El entrevistado pasa a ser irrelevante.

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