Opinión
Venezología para andar por casa

El hartazgo ante la proliferación de venezólogos es comprensible, pero no lo comparto. El pueblo español es muy probablemente el más y peor informado sobre Venezuela, por lo que no pueden resultar más loables los esfuerzos independientes por entender y ayudar a entender ensamblando composiciones de lugar más o menos acabadas y coherentes.

En el plano de las instituciones y las relaciones humanas no se busca entender por mera curiosidad, sino sobre todo para orientarse, para no intervenir a ciegas. Así las cosas, el propósito de este ejercicio de venezología no es el de contribuir a la comprensión de coyunturas e instituciones ajenas, sino el de orientarnos en las nuestras. Venezología de andar por casa, sí, pero también, y decisivamente, para andar por casa. No obstante, antes de regresar a casa debemos dar un rodeo por los rudimentos de tres contextos sin los cuales nada puede entenderse en venezología: el histórico, el económico y el geopolítico.

Contexto histórico mínimo

En febrero de 1945, en la Conferencia de Chapultepec, Estados Unidos presentó su Carta Económica de las Américas. En ella explicitaba sus planes para insertar a las economías de América Latina en la arquitectura global que estaba diseñando. Los perfiles de esa inserción tenían poco de sutil: el desarrollo de América Latina debía ser “complementario”, subordinado a la protección de la inversión privada y la capacidad de las empresas estadounidenses para operar en la región. En palabras del historiador Gerald Haines, los planes de Estados Unidos tenían por objeto “desarrollar mayores y más eficientes fuentes de suministro para la economía estadounidense, así como ampliar mercados para las exportaciones estadounidenses y crear nuevas oportunidades para la inversión de capital estadounidense”, permitiendo el desarrollo local siempre y cuando “no interfiriera con las ganancias y el dominio estadounidense”. La Carta definía además de forma inequívoca al enemigo a neutralizar: el “nacionalismo económico”, esto es, toda política orientada a “garantizar una mayor distribución de la riqueza y una mejora en el nivel de vida de las masas” mediante el control soberano de recursos naturales, el control de capitales y el fortalecimiento del sector público.

La Carta anticipaba así el entramado institucional que pronto consolidarían el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que mantendría a las economías latinoamericanas abiertas al capital extranjero y dependientes del crédito externo. La Doctrina Monroe dejaba de ser una declaración geopolítica para convertirse en una doctrina económica operativa envuelta en la retórica del multilateralismo y el “desarrollo”. Desde luego, la doctrina económica vino acompañada de docenas de golpes de Estado, invasiones, guerras por delegación y operaciones encubiertas, asegurando manu militari la disciplina necesaria para “contener” cualquier “desafío” a las políticas estadounidenses.

En Venezuela, la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez inauguró en 1958 una etapa en la que la democracia parlamentaria supo mantenerse alejada de los “desafíos” y apegada al modelo de inserción en la economía global delineado en la Carta Económica de las Américas. Durante esta etapa, el petróleo supuso la práctica totalidad de las exportaciones venezolanas y una parte significativa del suministro mundial, configurando una modalidad de inserción internacional marcada por la dependencia de rentas externas, la apertura al capital internacional y la disciplina macroeconómica.

Tras la muerte de Chávez, en 2013, la insostenibilidad de ese modelo centrado en la exportación de petróleo se hizo manifiesta en medio de una caída abrupta de los ingresos petroleros

Esa etapa llegó a un final ambiguo con las elecciones presidenciales de diciembre de 1998: se reemplazó el esquema de liberalización financiera y gestión macroeconómica orientada a la estabilidad por uno de control de cambio y de capitales y expansión fiscal orientada a la redistribución de la renta, pero la dependencia de la economía venezolana respecto de la exportación de petróleo se mantuvo, con una escasa diversificación y una exigua base productiva propia. Tras la muerte de Chávez, en 2013, la insostenibilidad de ese modelo rentista se hizo manifiesta en medio de una caída abrupta de los ingresos petroleros. En paralelo, Estados Unidos intensificó su presión para la “contención” del “desafío” mediante sanciones, restricciones comerciales y confiscaciones.

Contexto económico mínimo

En las décadas de 1980 y 1990, América Latina, convenientemente “integrada” en los mercados financieros internacionales, sufrió recesiones prolongadas e inflación crónica. Venezuela y su modelo rentista petrolero no fueron la excepción. El modelo tampoco fue una excepción en términos de estructura socioeconómica: una exigua élite local acaparaba la práctica totalidad de la renta petrolera mientras alrededor de un tercio de la población no recibía “goteo” alguno ni acceso significativo a servicios sociales.

Las elecciones presidenciales de diciembre de 1998 supusieron un punto de inflexión. A lo largo de la década que subsiguiera a la elección de Chávez los índices de pobreza cayeron del 50% al 25% y los de pobreza extrema del 25% al 7%. Esta redistribución de la renta petrolera se apoyó en la intervención en sectores estratégicos y el uso de ingresos fiscales para financiar amplios programas sociales (las “misiones”). Como sugeríamos, estas políticas se desviaron de las recetas de apertura y liberalización delineadas en la Carta Económica de las Américas y articuladas luego en el Consenso de Washington, pero siguieron dependiendo de los precios elevados del petróleo y no ofrecieron soluciones estructurales.

El descenso de los precios del petróleo a partir de 2014 marcó una senda de recaída, y las medidas coercitivas —especialmente a partir de 2017— vinieron a acelerar la trayectoria de declive

El descenso de los precios del petróleo a partir de 2014 marcó una senda de recaída, y las medidas coercitivas —especialmente a partir de 2017— vinieron a acelerar la trayectoria de declive. Según fuentes tan poco sospechosas como The Washington Post, las sanciones contribuyeron a una contracción económica aproximadamente tres veces mayor que la provocada por la Gran Depresión en Estados Unidos.

Las sanciones trascienden ampliamente la categoría del castigo político. Han reducido drásticamente el acceso a divisas y la capacidad del Estado y de la petrolera estatal (PDVSA) para operar en los mercados internacionales. El bloqueo del crédito, la congelación de activos y el temor de bancos y aseguradoras a sanciones secundarias han contribuido a contraer la inversión y limitar las importaciones esenciales. Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs estiman que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela entre 2017 y 2018 estuvieron asociadas a un aumento de la mortalidad equivalente a más de 40.000 muertes durante ese periodo. Añaden —respecto de una de las principales “preocupaciones” de nuestros intelectuales— que las sanciones “desplazaron a millones de venezolanos, que huyeron del país a causa del agravamiento de la depresión económica y la hiperinflación”, y que afectaron con mayor dureza a los venezolanos más pobres. Weisbrot y Sachs destacan que “estas sanciones encajarían en la definición de castigo colectivo de la población civil tal como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y de La Haya, de las que Estados Unidos es signatario”. Estas políticas de “máxima presión” y crueldad con la población civil fueron en cualquier caso insuficientes para provocar un “cambio de régimen” desde dentro.

Contexto geopolítico mínimo

La cobertura mediática del secuestro del presidente venezolano ha puesto de relieve que el episodio supone un antes y un después: “El fin del orden internacional basado en reglas”. En una de las más elocuentes variaciones sobre esta melodía, la voz en off del informativo de nuestra televisión pública nos explicaba (justo antes de darle la palabra a la portavoz de la Casa Blanca que monopolizó las transmisiones en directo) que “la intervención de Estados Unidos ya no busca el establecimiento de la democracia”.

El antes y después que supuso el secuestro del 3 de enero es real, pero no tiene nada que ver ni con la sed de democracia en la política exterior de nuestro jefe atlántico ni con el respeto del derecho internacional en su línea de actuación exterior. De hecho, es difícil encontrar en el registro histórico de los últimos ochenta años un ejemplo, por pequeño y ambiguo que sea, de una cosa o de la otra.

“Estábamos acostumbrados a la impotencia de la razón. Pero no a un mundo en el que pretender tener razón no tuviera ya ninguna importancia o fuera más bien algo despreciable y ridículo”, escribió Carlos Fernández Liria

Ese antes y después es de otra naturaleza: en concreto, de naturaleza retórica. Pero la retórica no es aquí mera retórica. Alfredo González Ruibal lo ha captado y expresado con su habitual lucidez. “Durante mucho tiempo criticamos la hipocresía de Occidente por defender valores democráticos que luego no respetaba. Pero la hipocresía, según la celebérrima frase de François de La Rochefoucauld, es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Es decir, reconoce la supremacía del bien, la verdad y la justicia, aunque no los practique”. La quiebra de ese reconocimiento, nos explica Carlos Fernández Liria, es de una trascendencia imposible de exagerar. “Estábamos acostumbrados a la impotencia de la razón. Pero no a un mundo en el que pretender tener razón no tuviera ya ninguna importancia o fuera más bien algo despreciable y ridículo. [Los ideólogos de este nuevo mundo] abogan por acabar de una vez por todas con la obsoleta ‘ideología’ de los derechos humanos, algo así como una disolución de la ONU y cualquier institución encaminada a defender el derecho a nivel internacional”. No estamos, en fin, ante el naufragio de la vigencia del derecho, sino del de la voluntad de presumirla. Allí donde ayer los eufemismos y las coartadas humanitarias justificaban la planificación de victorias militares “rápidas y decisivas” y las operaciones clandestinas se empleaban para eludir la oposición doméstica, hoy empieza a exhibirse la fuerza desnuda como nuevo lenguaje de la legitimación.

Obsoleta ya la retórica de la “intervención humanitaria”, la “responsabilidad de proteger” y la “promoción de la democracia”, las relaciones públicas del ejecutivo estadounidense pusieron el 3 de enero su acento en el petróleo. Esquematizando hasta el extremo, caben dos posibilidades: a) que el énfasis sea sincero y dé expresión a los primeros pasos de la implementación de la Doctrina Monroe anunciada en la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2025; b) que el secuestro deba interpretarse como un codazo tentativo a China, antesala del crescendo de la confrontación directa.

La realidad geológica del petróleo venezolano resta verosimilitud a la opción a). Hay mucho, pero su extracción es muy complicada y requeriría inversiones masivas. Trump les ha indicado a las petroleras que les “permitirá” invertir para recuperar el dinero que perdieron con las nacionalizaciones. Sin embargo, la rentabilidad de una inversión que pudiera aumentar significativamente la producción es altamente incierta. En términos económicos, tardaría años en averiguarse. En términos energéticos, podría equivaler a comenzar a comerte partes de tu cuerpo cuando te entre hambre.

Quizá no estemos, pues, ante una exhibición de fuerza, sino ante una manifestación de desesperación. Como explica Alfred McCoy, los imperios en decadencia tienden a lanzar ambiciosas operaciones militares con la esperanza de dar un golpe maestro y recuperar el poder y el prestigio perdidos, pero todo lo que suelen conseguir con ello es acelerar la decadencia. Es más que improbable que este codazo afecte significativamente a las relaciones económicas entre China y América Latina.

Lo que confiere verosimilitud a la opción a) es que estamos adentrándonos en una era en la que la autofagia —emplear en la explotación de yacimientos más energía de la obtenida— puede cobrar temporalmente sentido dentro del sinsentido que es el capitalismo. Éste es el dato de nuestro tiempo, aunque prefiramos vivir ensoñados en futuros en los que la civilización fósil permanece esencialmente inalterada pese al declive fósil —gracias a una cosa llamada “transición energética”.

La rentabilidad de una inversión que pudiera aumentar significativamente la producción es altamente incierta. En términos económicos, tardaría años en averiguarse

En cuanto a la opción b), le confiere algún viso de verosimilitud que, si ella fuera la opción correcta, el movimiento lógico después del codazo venezolano sería el órdago iraní (las importaciones chinas de petróleo iraní constituyen una proporción del total muy superior a las de petróleo venezolano). Sin embargo, se trataría de un órdago que podría poner patas arriba la economía mundial y precipitar una escalada militar de alcance global.

La principal fuente de verosimilitud de la opción b) dimana en realidad de la creciente traducción en acciones de la retórica anti-China: aumento de la inversión en relaciones públicas y suministro de armamento a Taiwán; abandono de medio siglo de consenso en torno a la política de una sola China; intensificación de ejercicios militares en el Indo-Pacífico; ampliación de alianzas militares en la región; despliegue de unos 100.000 soldados en el cinturón de bases que rodean a China; imposición de sanciones; guerras comerciales. Esta Trampa de Tucídides es la más peligrosa de la historia, y podría estar comenzando a activarse.

Aterrizando en casa

Con estos rudimentos de venezología en mente, volvamos a casa. Para ello, imaginemos una monarquía parlamentaria (llamémosla E) responsable de la descolonización truncada de un pueblo vecino (llamémoslo S). Imaginemos adicionalmente que esa monarquía parlamentaria mantiene excelentes relaciones de “amistad y vecindad” con la monarquía autoritaria (llamémosla M) responsable de la ocupación y la gestión del expolio colonial de los recursos de S.

Imaginemos ahora una república democrática (llamémosla V) con la que E mantiene unas relaciones comerciales en caída picada desde que tuvieran lugar una serie de elecciones democráticas escrupulosamente observadas por organismos internacionales tras las cuales se instaura un gobierno al que la prensa de E denomina “régimen” y con el que el Estado de E ha mantenido unas relaciones diplomáticas asimismo en caída picada, paralela a la de la inversión de las principales empresas de E en V (llamémoslas Repsol, BBVA, Telefónica, Grupo Prisa).

Quizá no estemos, pues, ante una exhibición de fuerza, sino ante una manifestación de desesperación. Los imperios en decadencia tienden a lanzar ambiciosas operaciones militares

Ahora supongamos que, en las sociedades democráticas, la función de los medios de comunicación es la de orientar la acción política de los ciudadanos. Si así fuera, nada útil podría extraerse de la cobertura sobre instituciones ajenas e indiferentes a esa acción: analizar la perversidad, real o imaginaria, de gobiernos o entidades sobre los que la ciudadanía carece de influencia difícilmente puede servir al propósito de orientar su acción política. Obviamente, el silencio cómplice ante los crímenes y abusos de socios y aliados pondría aún más en entredicho aquella función.

Imaginemos finalmente que echamos un vistazo al periódico más leído de E y encontramos que por cada artículo o columna que menciona a S o a M hay una docena que menciona a V. Imaginemos adicionalmente que todas las columnas sobre S o M callan sobre la implicación de las empresas de E en el expolio de S y ofrecen una imagen dulcificada de la complicidad del Estado de E en los crímenes de M. Imaginemos que echamos un vistazo al resto del entramado mediático de E y encontramos esencialmente lo mismo. ¿Qué concluiríamos acerca del papel de los medios de comunicación en las “sociedades democráticas”?

A nadie extraña —al menos, a nadie al tanto del servilismo de las clases intelectuales— que, desde febrero de 1999, en The New York Times no se publicara la palabra “Chávez” sin acotarla adecuadamente: “déspota”, “caudillo”, “petro-dictador”, etc. En ocasiones, la historia tiene la amabilidad de realizar cosas análogas a experimentos científicos que nos permiten inferir la relación entre ese lenguaje y el apego a la democracia de nuestros comisarios doctrinales. En esta ocasión, el experimento lo propició un golpe de Estado en Honduras. Veamos.

Durante los 14 años de Chávez en el Gobierno, las 16 elecciones celebradas fueron calificadas de libres y justas por el Centro Carter. El sistema electoral venezolano fue de hecho valorado por Jimmy Carter como “el mejor del mundo”, y las victorias de Chávez eran aplastantes. (Años más tarde, durante el affaire Guaidó, expertos independientes para la promoción del orden democrático de las Naciones Unidas incidían enfáticamente en esa valoración y pedían a la “oposición” que dejara de boicotear la democracia en Venezuela; mientras, la prensa española seguía reproduciendo fielmente el discurso de la “oposición”, como ha continuado haciendo hasta hoy). Al mismo tiempo que el Times vilipendiaba al Gobierno “autocrático” de Chávez, Estados Unidos auspiciaba un golpe de Estado en Honduras. Los autócratas que depusieron a Manuel Zelaya nunca obtuvieron nada parecido a la aprobación de nada parecido al Centro Carter. ¿Cómo trató el Times a Roberto Micheletti o a Porfirio Lobo mientras comandaban un régimen de censura y ejecuciones extrajudiciales de civiles? Sobra responder.

De vuelta a E, hemos de preguntarnos por qué el homólogo del Times en el reino arremetió como lo hizo, desde el principio, contra “los delirios populistas y autocráticos de ese risible personaje”, “demagogo, incompetente y autoritario”, llamado Hugo Chávez. Señalar que quizá la respuesta pueda escribirse con las mismas letras que “Repsol”, “BBVA”, “Telefónica” o “Grupo Prisa” no significa que debamos silenciar toda crítica cabal del gobierno venezolano, sino que debemos aguzar la crítica de nuestras propias instituciones, incluyendo aquéllas encargadas de dar forma a nuestra cultura política. Hay una distinción elemental que suele quedar sepultada bajo capas de indignación selectiva: no tenemos responsabilidad política ni moral alguna sobre las políticas del gobierno de Venezuela, pero sí sobre las instituciones de nuestro propio país. Durante todos estos años, la obsesión de nuestros medios con Venezuela no ha servido al propósito de informarnos, sino al de “educarnos”: nos ha invitado a mirar lejos e indignarnos con vilezas —reales o imaginarias— totalmente ajenas a nuestra responsabilidad. Mientras tanto, en el terreno de las acciones en absoluto ajenas a nuestra responsabilidad se nos ofrece una justificación insostenible del rearme en curso; un enjabonado del apoyo explícito al “plan de autonomía” de Marruecos; una visión positiva del tratado Mercosur; una interpretación engañosa del timo de la estampita en los contratos con la industria militar israelí; una cobertura fantasma de los paquetes Ómnibus. Al rascar un poco la superficie del propósito declarado de los medios de comunicación en las “democracias capitalistas” damos con su función efectiva: convertir en sentido común los intereses de los poderosos.