Violencia machista
El proceso judicial que sigue a una denuncia por violencia de género

Si se juntaran las denuncias que ha recibido el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Elche desde 2015, se obtendrían unos 32 kilos de papel. Un peso que se traduce en un total de 6.568 denuncias interpuestas por violencia de género en la ciudad en los últimos cinco años. Casi todas estas denuncias se reciben en el juzgado a través de atestados policiales. Una vez la Policía ha determinado el riesgo de la víctima —proceso que realiza a partir del sistema nacional VioGén—, la denuncia pasa al juzgado. En ese momento se abre un proceso judicial que no será fácil de resolver.

Olga Fuentes Soriano, catedrática de Derecho Procesal en la Universidad Miguel Hernández de Elche especializada en violencia de género, explica que el proceso se divide en dos partes: la fase de instrucción y el juicio. Durante la fase de instrucción se investiga la verosimilitud de la denuncia y si se puede sostener la acusación. Se analizan tres elementos: que los hechos se han producido, que la persona que los ha producido es a la que se acusa y que constituyen un delito.

Durante cualquier asunto penal —no solo los de violencia de género—, si esos elementos no son verosímiles, el caso se archiva y no llega a la fase de juicio. Fuentes Soriano incide en que esto no quiere decir que la denuncia sea falsa: solo indica que no se ha podido sostener la acusación. Si se confirman los tres elementos, se pasa a la fase de juicio para probar la culpabilidad del acusado. Durante este proceso el inculpado goza de presunción de inocencia, lo que supone, en caso de no probarse su autoría, la absolución del delito. La catedrática insiste en que una absolución por falta de pruebas tampoco significa una denuncia falsa.

Fuentes Soriano insiste en que el hecho de no poder sostener la acusación o que se absuelva al denunciado por falta de pruebas no significa que una denuncia sea falsa

Las denuncias falsas son aquellas en las que se demuestra que los hechos son inventados. “Es alucinante la cantidad de robos de móviles que se denuncian para cobrar el seguro, y nadie duda de que sí son falsos, pero por denuncia falsa en violencia de género en 2018 hubo 14 procesos, un 0,01% —apunta Fuentes Soriano—, otra cosa es que haya casos que no lleguen a condena por falta de pruebas u otros motivos”. La catedrática está convencida de que la confusión que existe con las denuncias falsas “es un problema de machismo solapado y que hay una resistencia latente en la sociedad de avanzar en pro a la igualdad porque se considera discriminatorio”.

el artículo 416

En 2019, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Elche registró 1.314 denuncias de las cuales 323 se archivaron y no llegaron a juicio, mientras que 229 acabaron en condena y 14 en absolución. El principal problema por el que existen tantos archivos y absoluciones en casos de violencia de género es la falta de pruebas. Si no existe parte de lesiones o no se cuenta con testigos, la única prueba es la declaración de la víctima.

El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la posibilidad de no declarar contra un familiar. Según Fuentes Soriano, para cualquier otro tipo de delito cometido entre familiares es un acierto, pero para los casos de violencia de género es un claro impedimento. “Este artículo debería ser reformado porque a lo único que lleva es a que, por presiones, la víctima deje de declarar o retire la denuncia y, aunque el procedimiento seguirá adelante, si ella no declara, no habrá prueba y llegará el momento de archivarlo”.

El artículo 416 pretende proteger las relaciones familiares por lo que, en estos casos, permite a la víctima no declarar contra su agresor en una relación que ya está rota. Además, Manuela Torres García, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, añade que la retirada de la denuncia puede esconder otros delitos como el de obstrucción a la justicia si existen presiones o chantajes. Desde la Asociación se propone “que sea el juez el que coja la comparecencia y, mínimamente, cuestione por qué se retira la denuncia”.

Respetar los ritmos

Aina Penyarroja Donet, trabajadora social experta en intervención con mujeres víctimas de violencia de género, apunta que una de las soluciones para evitar que se retiren las denuncias y que las mujeres no declaren es trabajar la toma de conciencia de las víctimas. “No se puede empujar a una mujer a denunciar, hay que respetar su ritmo, acompañarla y conducirla en el proceso para que, cuando denuncie, esté plenamente convencida”, sugiere la profesional. Penyarroja Donet destaca la poca flexibilidad de los protocolos que “presionan a las personas a tomar decisiones que no quieren adoptar”.

En este sentido, Sandra A., agente de la Unidad de protección y atención a la mujer (UPRAM) de la Policía Local de Elche, explica que, si se pone en conocimiento del cuerpo de Policía un delito, su obligación es pasarlo al juzgado, ya que operan de oficio. Por esta razón, Penyaroroja Donet destaca que es importante seguir una serie de pasos: mostrarles seguridad, preocupación por sus situaciones y apoyo.

Uno de los errores que destaca en el proceso es reconocerlas como madres antes que como mujeres, lo que provoca que tengan que elegir entre una relación que ellas mismas han construido y sus hijos

La clave es que las mujeres entiendan que tienen derecho a vivir de otra manera y que deben hacerlo por ellas mismas. Uno de los errores que destaca es reconocerlas como madres antes que como mujeres, lo que provoca que tengan que elegir entre una relación que ellas mismas han construido y sus hijos. Por este motivo, la trabajadora social insiste en la necesidad de situar a la mujer en el centro del discurso y que sea ella la que tome sus propias decisiones: “La mujer no puede pasar de que sea un hombre el que le dice qué hacer, cómo y cuándo a que sean las instituciones. Vamos a confiar y a ayudar a esa persona a poner en marcha sus capacidades, porque las tiene, solo que están guardadas por la crisis que está pasando”.

Formación e información

Entender cómo es el ciclo de la violencia de género, desmitificar el amor romántico y cuestionar cómo se viven las relaciones de pareja ayudaría a las mujeres a salir del círculo de agresión y a los profesionales a intervenir de forma adecuada. Penyarroja Donet trabaja ofreciendo formación especializada a profesionales de colectivos como la Policía, Guardia Civil y Servicios Sociales, y hace hincapié en la necesidad de que esta formación sea obligatoria para todos los ámbitos, incluido el sanitario.

“En los servicios sanitarios el poco tiempo que se tiene para atender a los pacientes y el hecho de que muchas veces los casos se detectan en urgencias, que es un servicio de rotación, dificulta el trabajo con estas mujeres”, señala la trabajadora social. Una de las respuestas ante la falta de recursos es dotar a los profesionales de herramientas e información básica, además de valorar el papel de las trabajadoras sociales en los centros de salud, que pueden ser un apoyo para el personal sanitario si detecta un posible caso de violencia de género.

En los servicios sanitarios, el escaso tiempo de atención y el carácter rotatorio de urgencias, donde a menudo se detectan los casos, dificulta el trabajo con estas mujeres, según Penyarroja

Desde el Departamento de Salud del Vinalopó se organizan charlas de formación al personal de sus diferentes centros de salud para concienciar y aprender a manejar la aplicación SIVIO. Centros como el de Salud El Toscar o el Elx Carrús se apoyan en la figura de sus trabajadoras sociales para formar al resto de sus profesionales. Son ellas las que se encargan de organizar la Jornada contra la violencia de género, celebrada durante tres años consecutivos, con diversas mesas redondas en las que participan profesionales del sector.

Para que el proceso judicial sea satisfactorio, la abogada Manuela Torres Calzada insta a incluir la especialización de los profesionales implicados en él: “Para que un juez acuda al juzgado de lo mercantil, tiene que saber derecho mercantil, economía y tener una serie de conocimientos que le permitan dictar sentencias, pero sobre violencia de género no hay ninguna especialidad”.

Además de la concienciación de todos los ámbitos institucionales, es importante que la ciudadanía aprenda cómo puede actuar ante estos casos. Uno de los recursos es el teléfono 016 que, además de ser un teléfono de denuncia, lo es de información, no deja rastro y cualquier persona que tenga dudas puede usarlo.

“Para que un juez acuda al juzgado de lo mercantil, tiene que saber derecho mercantil y economía, pero sobre violencia de género no hay ninguna especialidad”, reflexiona Torres Calzada

Las profesionales coinciden en que hay un número considerable de personal que está concienciado y trabaja con éxito. “Hay que denunciar lo que se hace mal, no por criticar, sino por ver dónde hay que hacer más hincapié y, aunque los éxitos no sean noticia, también están y son importantes”, resalta Torres Calzada. Según Penyarroja Donet, los planes de prevención de la Policía aportan seguridad a las mujeres mientras toman la decisión y la presencia de los agentes en casos de protección, asegura Sandra A., hace que sientan que están acompañadas.

proceso mejorable

Sin embargo, Lucía Menárguez [nombre ficticio], superviviente de violencia de género, recuerda su proceso como un trámite complejo al que tuvo que enfrentarse prácticamente sola. Agradece la ayuda de la Policía Local y de los diferentes colectivos y considera que, en general, tuvo suerte con las personas que la atendieron, pero destaca las dificultades que tuvo que superar al tener que buscar todos los medios para resolver su caso ella misma: “El juez cometió el error de no interponer la orden de alejamiento y tuve que luchar por ella, como también tuve que exigir datos de mi caso a las autoridades que me ayudaran a hacer mi vida más tranquila”.

La protección que se ofrece a las mujeres varía según el riesgo de la víctima y finaliza cuando vence la orden de protección, conocida como orden de alejamiento. En casos de riesgo alto se hace un seguimiento exhaustivo durante la primera semana en el que las patrullas pasan por la vivienda o los lugares más frecuentados por la víctima.

Menárguez reflexiona sobre el seguimiento policial que se hace a las víctimas en casos de alto riesgo: “Parecía que quien había hecho algo mal era yo y me preguntaba quién lo estaba vigilando a él”

Aunque este acompañamiento produce seguridad en muchas de ellas, a otras les resulta incómodo. La presencia policial hacía sentir a Menárguez una vigilancia continua: “Parecía que quien había hecho algo mal era yo y me preguntaba quién lo estaba vigilando a él”. La agente Sandra A. explica que desde la Policía Local se está trabajando el control del agresor porque, aunque a la mujer se la protege, falta información del hombre que puede favorecer la actuación de las autoridades.

No es algo puntual

Según Menárguez, ha habido cambios desde su agresión hasta el tratamiento actual de la violencia de género, pero no todo está resuelto. Desde su experiencia como superviviente destaca la importancia del apoyo familiar: “Mi familia estuvo conmigo en todo momento, pero hubiera agradecido que interviniera cuando observaba el comportamiento que tenía mi exmarido, solo por sentir que me creían y que me apoyaban”.

El trabajo del Centro Mujer 24h, una iniciativa de la Conselleria d'Igualtat de la Generalitat Valenciana —que en 2019 atendió a 5.690 mujeres, un 33% más que el año anterior— se dirige a las víctimas de malos tratos físicos y/o psíquicos, agresiones sexuales, abusos sexuales y acoso sexual en el ámbito laboral. La ciudad de Elche, la tercera por número de habitantes en territorio valenciano —y decimonovena a nivel estatal—, no cuenta con un Centro Mujer 24h, a pesar de que en 2018 el pleno aprobara su creación.

La ciudad de Elche no cuenta con un Centro Mujer 24h, a pesar de que en 2018 el pleno aprobara su creación

Mariano Valera, concejal de Igualdad de la ciudad, afirma que el proyecto ya está puesto a disposición de la Conselleria y presupuestado para 2020: “Ahora mismo nuestro trabajo es encontrar el lugar adecuado para situarlo pero, al menos, ya está comprometido”. En cualquier caso, Lucía Menárguez también considera que existen mejoras en el servicio: “Para que me atendieran en el Centro Mujer 24h era yo la que tenía que llamar”, señala, refiriéndose a la falta de acompañamiento.

En cualquier caso, Fuentes Soriano opina que “la mera existencia de este proceso judicial ha generado un cambio de percepción social de que la violencia de género es un delito público y el Estado tiene intención de perseguirlo”. Durante el pasado año se tramitaron 229 condenas y había 578 mujeres en la ciudad que recibían protección de la Policía Local y de la Policía Nacional. Sin embargo, los datos indican que todavía queda una larga lucha por acabar con la violencia —física y psicológica— a la que se enfrentan miles de mujeres todos los días.