Violencia sexual
Puños, puñales y puñetas; sobre los ataques a la ley de 'solo sí es sí'

“La Ley Integral [...] ha sido objeto del constante ataque por parte de los agresores de mujeres y de sus afines instalados en las instancias de poder, quienes se aprestaron a combatirla desde el punto y hora en que el Proyecto entró en las Cortes”.

“¿Cuáles son, en una democracia, los mecanismos inexcusables para que no se pueda simultanear el Poder Judicial y la “Beligerancia Discrepante”?” “No hay duda de que “el espíritu y la finalidad” de la ley a la que vapulea el mencionado Juez están referidos directamente a extirpar el ideario expresado por el mismo.”

No. Ninguna de estas frases son de Irene Montero. Corresponden a un Manifiesto que tuvieron que firmar varios colectivos feministas en el año 2009 ante los ataques contra la Ley Orgánica de Violencia de Género que, pocos años antes, en 2004, se había aprobado tras años de lucha. Una ley que demostró que legislar no es suficiente, porque una norma, además de aprobarla, hay que creérsela. Por eso hay que hacer memoria.

La Ley Orgánica de Violencia de Género se enfrentó a cerca de 200 cuestiones de inconstitucionalidad

No era la primera vez que las feministas tuvieron que salir a defender su ley, que se enfrentó a cerca de 200 cuestiones de inconstitucionalidad, es decir, 200 juzgados que cuestionaban al Tribunal Constitucional si esa ley merecía aplicarse. En 2007, en una rueda de prensa, varias organizaciones feministas afirmaban que habían decidido denunciar públicamente la estrategia de acoso y derribo a una ley que era necesaria, que “no podía ser un milagro”. 

El Constitucional, aunque dividido, avaló finalmente la ley, pero la bestia, dormida, siempre ha estado ahí. Pese a todo, durante años se sacó pecho de la norma, se paseó por Europa y el mundo, y se presumió de un sistema que salvaba vidas, aunque muchos, en la intimidad de los despachos, al colgar la toga o a la tercera caña, reconocían lo que en realidad pensaban de esa ley, de sus impulsoras y de sus resultados: perjudicaba a los hombres, servía para la vendetta de mujeres mentirosas y despechadas, rompía familias y además, se basaba en una mentira, porque la violencia no tiene género y el machismo, hoy en día, no es para tanto. Ni que esto fuera Afganistán.

Es curiosa la memoria y tramposa la hemeroteca. La ley del 'solo sí es sí', también orgánica y también integral, como la de 2004, se aprobó en septiembre de 2022. De ella dijeron entonces que obligaría a firmar contratos para follar, y que convertía a todos los hombres en presuntos culpables. Sea como fuere, entraba en vigor un mes después para cambiar el paradigma judicial de la violencia sexual basada hasta entonces en demostrar que tú no quisiste, y no que si él quería y no había oposición expresa, eso era un sí. El consentimiento se convertía en la piedra angular para enjuiciar los ataques a la libertad sexual, y como tal, fue una conquista celebrada por todas las que habíamos salido años atrás a gritar que lo de Pamplona no fue abuso, que fue una violación. Las que llevábamos grabadas a fuego las sentencias que durante décadas nos habían enseñado que un tribunal no iba a creernos. Las que crecimos llamando desde cabinas para decir que estábamos bien, las que salíamos de casa con el miedo de que nos pasara como a aquellas niñas de la televisión; las que callaron cuando su tío las tocaba o cuando su marido las sobaba en la cama, a las que les dijeron que se lo habían buscado por ir tan pedo. Las que sabíamos que en realidad no queríamos, pero hicimos como que quisimos, porque era más fácil que admitir la verdad. 

Y en medio de esa celebración de justicia feminista hecha ley, en apenas un mes y pocos días, llegaron las malas noticias. A mediados de noviembre se hacía público que algunos juzgados reducían las penas de los condenados por violencia sexual, (Madrid, por supuesto, a la cabeza) y esa bestia dormida que nunca creyó en todo esto, que nunca estuvo de acuerdo, se regodeaba del gusto. Nunca sabremos qué pasó en ese mes y medio —o quizá, mucho antes— para que algunos, de repente, vieran en la ley lo que ni Fiscalía, ni el CGPJ, ni los partidos, ni las Cortes, ni las expertas, supieron ver antes. Supongo que hay Poderes y salones donde no se entra por mucho que se ganen elecciones.

Y en esa crisis, mientras unas se ponían a debatir sobre punitivismo y otros hacían matemáticas del dolor, se abrió la veda para cuestionar no a una ley, si no a un movimiento, el feminista

El “aluvión”, el  “chorreo”, la “avalancha” de decisiones judiciales exigía explicaciones. No hay todavía cifras oficiales de cuántas sentencias, en realidad, desoyeron el mandato de la ley o las directrices de Fiscalía (y tardaremos en saberlo),  pero el hecho indiscutible es que había víctimas de violencia sexual cuyos agresores veían sus penas rebajadas por la decisión de un juez. Y en esa crisis, mientras unas se ponían a debatir sobre punitivismo y otros hacían matemáticas del dolor, se abrió la veda para cuestionar no a una ley, si no a un movimiento, el feminista, a algunas mujeres en concreto también, y ya de paso, cuestionar otras muchas cosas que poco tenían que ver con la violencia sexual ni con sus víctimas, esas que todo el mundo invocaba dándose golpes en el pecho, incluso quienes compadrean mano a mano con sus verdugos.

Lo sorprendente, lo doloroso aquí, es que se asumió que, en esa búsqueda de responsabilidades, era una explicación mucho más asumible, lógica y sencilla hacerlo contra quienes pelearon por aprobar esa ley, y no contra quienes la interpretaron de la forma más cínica y nociva posible. Como llevaban, por otro lado, haciendo durante décadas. Era más fácil cargar contra el legislador, encarnado en unas mujeres condenadas a ser chapuceras y altivas, radicales e inútiles, que hacerlo contra unos jueces —algunos, quizá no tantos, pero como digo, no tenemos las cifras oficiales para hacerlo— que habían retorcido la ley hasta deformarla y convertirla en un artefacto machista, escarbando entre latinajos para causar el mayor daño posible a las mujeres. A todas.

Se asumió, pues, la narrativa de que la ley era un desastre, una especie de trabajo de fin de curso que hicieron cuatro chavalas, cuando de sobra sabemos todos los filtros, manos y ojos por los que una norma pasa

Se asumió, pues, la narrativa de que la ley era un desastre, una especie de trabajo de fin de curso que hicieron cuatro chavalas en un par de tardes, cuando de sobra sabemos todos los filtros, manos y ojos por los que una norma pasa mientras se elabora. Se asumió que era mejor sumarse a la regañina y castigar la vehemencia acusándola de altivez: rectificad, sí, os lo decimos con cariño; decían algunos; disculpaos, marchaos, que esto os queda grande, decían otros, aunque nadie nunca supo exactamente dónde estaba el roto.  Se asumió que entre “non bis in idem” e “in dubios pro reo” las sentencias judiciales son como una fórmula de Excel, una especie de cuenta automática e incuestionable fruto de la aritmética penal, y no de una exposición e interpretación de unos hechos en una sede judicial. Unos hechos sesgados por siglos de poder y patriarcado. Y quizá eso es lo más grave: se asumió que hay un poder, unos cuantos señores —ojalá cada vez menos, ojalá no tantos— cuyas decisiones, cuyas deliberaciones, aunque sean salvajes, aunque sean profundamente injustas, aunque sean machistas, son sacrosantas, indiscutibles, y ante ellas solo podemos resignarnos y encoger los hombros. Teníais que haberlo previsto. La ley, por lo visto, llevaba la falda demasiado corta. 

Y en esa asunción, la más peligrosa de todas, aceptamos que hay que agachar la cabeza frente al señorito, que poco se puede hacer con una ley, o con casi nada en este país, si cae en el juzgado equivocado. Cuestionamos la ley, hablamos de su reforma, de si hacerlo, de cómo, del cuándo, hablamos de “efectos indeseados” como si fuera una varicela o un daño colateral, para no plantearnos otras cuestiones más profundas, como quién puede y quién no puede permitirse la toga, quién puede llegar a la Escuela Judicial allí en el Tibidabo, e incluso, una vez dentro, quién tiene los puños y quién las puñetas, quién tiene el valor —hay que tenerlo— de cuestionar lo que quedó atado y bien atado. 

El juez al que se referían las firmantes del manifiesto de 2009 era Francisco Serrano, por entonces titular de un juzgado de Familia en Sevilla y azote contra la ley de violencia de género y la dictadura del feminismo radical. Sí, el mismo que luego lideró Vox en Andalucía y pactó con el PP. Sí, el mismo que este mismo mes de enero, ha sido procesado por un posible delito de fraude y estafa. Y también en este mismo y eterno mes de enero el Constitucional admitía a trámite el recurso de Vox contra la Ley del 'solo sí es sí'. En él se ahonda en que la ley desprotege a las mujeres y vulnera la presunción de inocencia, que va en contra de la Constitución y que invierte la carga de prueba. La misma cantinela que veinte años atrás.¿No nos suena demasiado familiar como para seguir errando de enemigo?.

Cuando en 2009, las impulsoras de la Ley contra la Violencia de Género salieron en su defensa, blandían el código Civil en su artículo 3, que establece que las leyes se aplican en consonancia “con la realidad social del tiempo en que se han de aplicar, atendiendo fundamentalmente al espíritu y la finalidad” de los mismos. 

Nos ha tocado un tiempo difícil, sí, pero de espíritu, como esta Ley, andamos sobradas

Nos ha tocado un tiempo difícil, sí, pero de espíritu, como esta ley, andamos sobradas. Que no se equivoquen quienes creen que una reforma, un retroceso o doblar la rodilla va a servir para que la bestia vuelva a quedarse dormida. Que no se fíen quienes quieren jugarlo todo al marco de la mesura, la moderación y las buenas formas, porque el feminismo nunca necesitó de ellas para abrirse paso. Nos conviene dejar los puños y los puñales, creo yo, si no queremos -todas- irnos a hacer puñetas.