Violencia sexual
Solo tres comunidades cuentan con centros de crisis de violencia sexual pese al mandato de la ley del sí es sí

Más de un año después de la entrada en vigor de  la ley del solo sí es sí que instaba a las comunidades a crear centros especializados de atención a las violencias sexuales en todas las provincias, conocidos como centros de crisis 24 horas, solo dos comunidades autónomas han cumplido este mandato. La Comunidad de Madrid inauguraba en marzo de este año este recurso con un equipo formado por profesionales de la psicología, abogacía y trabajo social. Recientemente lo hacía también Cantabria.

Del resto de un total de total de 52 provincias y ciudades autónomas que deben poner en marcha este recurso, solo Asturias cuenta con uno. Asturias, pionera en poner en marcha esta atención, lo abrió en 2020, es decir, antes del mandato de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de Libertad Sexual. Existe otro centro de estas características: el que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid en 2019.

Amnistía Internacional ha denunciado la dejadez de las comunidades autónomas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, que tiene lugar este próximo 25 de noviembre. Esta organización pone este jueves en marcha la campaña #SeAcabó dirigida a los diferentes gobiernos autonómicos para que abran con urgencia estos servicios de atención integral. “Es lamentable que las mujeres que sufren violencia sexual tengan que seguir esperando para recibir una atención adecuada tras sufrir una agresión sexual porque las comunidades autónomas no están mostrando ni interés suficiente ni diligencia a la hora de cumplir con su obligación de protegerlas y atenderlas”, destaca Virginia Álvarez, responsable de investigación de esta organización.

Álvarez señala que, aunque ha habido anuncios de apertura de este tipo de centros en Aragón, Canarias, Extremadura, Euskadi, Murcia y La Rioja, estos centros no terminan de llegar. También Navarra ha anunciado la inminente apertura de otro. Pero el objetivo de los 52, señala, está muy lejos de cumplirse. 

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83 millones de europa

El mandato de la ley fue, recuerda Amnistía Internacional, fue la creación de un centro de crisis en cada provincia, además de en Ceuta y Melilla, para el 31 de diciembre de 2023. Para ello, la Comisión Europea concedió 83 millones de euros, que el Gobierno transfirió a las comunidades autónomas.

La Comisión Europea ha autorizado una prórroga de un año más para el gasto de los fondos asignados, que pueden utilizarse ahora hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta prórroga tiene también el visto bueno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, integrada por el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas, que el 6 de noviembre aprobó una prórroga de un año para alcanzar el compromiso de un centro de crisis 24 horas por cada provincia.

A pesar de que Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura y Murcia ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género, incluidas las víctimas de violencia sexual, estos servicios distan mucho de la atención integral y especializada a las mujeres que recomienda el Consejo de Europa según Amnistía Internacional. 

Qué es un centro de crisis

La ley de libertad sexual define los centros de crisis 24 horas como servicios que brindan atención psicológica, jurídica y social que, “bajo criterios de atención permanente y actuación urgente, proveerán apoyo y asistencia en situaciones de crisis para víctimas, familiares y personas del entorno”. Además, “estos centros incluyen el acompañamiento y la información telefónica y presencial las 24 horas del día todos los días del año”.

El Ministerio de Igualdad explicaba en su día que estos centros atenderían a mujeres mayores de 16 años víctimas y supervivientes de violencia sexual, tanto si la violencia se ha producido de forma reciente como en el pasado —aunque, en el caso de Asturias, la atención se facilita a partir de los 12 años y, en el del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, de los 18—, y sin denuncia.

La creación de estos centros da cumplimiento al Convenio de Estambul para la lucha contra la violencia contra las mujeres, el tratado de referencia europeo para luchar contra las violencias machistas

La creación de estos centros da cumplimiento al Convenio de Estambul para la lucha contra la violencia contra las mujeres, el tratado de referencia europeo para luchar contra las violencias machistas, que insta en su artículo 25 a a crear centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones y de violencias sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un reconocimiento médico y médico forense, y darles un apoyo vinculado al traumatismo y consejos.

Más denuncias de violencia sexual

Los datos del Ministerio de Interior apuntan a un aumento de las denuncias por delitos sexuales aumenta en España, con  ocho violaciones denunciadas cada día. En 2022, el total de denuncias por delitos contra la libertad sexual aumentaron un 13 por ciento respecto a 2021 (17.389 en 2022; 15.388 en 2021). En este periodo, el incremento del número de denuncias por agresiones con penetración ascendió un 34 por ciento (2.870 frente a 2.143), según estas fuentes. El aumento de este tipo de denuncias contra la libertad sexual, incluidas las violaciones, aumentaron un 13 por ciento entre enero y junio de 2023, respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior.

Virginia Álvarez puntualiza que un mayor número de denuncias tiene que ver con una mayor sensibilización e información sobre violencia sexual, que hace que sean más las mujeres que deciden acudir a buscar reparación denunciándola: “Hay mayor información sobre sus derechos y más confianza a la hora de acudir a las autoridades”, explica.

El mayor número de denuncias detectado en los datos del Ministerio de Interior tiene que ver con una mayor sensibilización e información sobre violencia sexual

Por eso considera paradójico que junto a a esta mayor visibilización de la violencia sexual se produzca una “dejadez” de las comunidades autónomas a la hora de poner en marcha los recursos especializados necesarios. Y por eso es crucial que se pongan en marcha estos recursos, explica Álvarez, ya que “uno de los principales factores de revictimización es precisamente no encontrar profesionales capacitadas o capacitados al otro lado, que es lo que estamos pidiendo”, y eso solo se consigue con centros especializados.

La cifra de denuncias muestran solamente una mínima parte de lo que podría suponer la violencia sexual en España. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, este tipo de violencia afecta a más de 2,8 millones mujeres de más de 16 años residentes en España. Y sólo en el 8 por ciento de los casos estas agresiones terminan convirtiéndose en denuncia.

“Para que las mujeres víctimas de violencia sexual confíen en las administraciones y se atrevan a denunciar, es necesario que éstas pongan en marcha servicios que las escuchen, que las atiendan desde el punto de vista médico, que les presten ayuda psicológica, y que las asesoren y acompañen legalmente en el caso de que quieran presentar una denuncia. Para ello, Amnistía Internacional pide a las comunidades autónomas que abran sin más demora centros especializados 24 horas, con personal formado en violencia sexual, y que en estos centros tengan también en cuenta las dificultades y las necesidades de colectivos especialmente vulnerables, como son las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes, o las mujeres jóvenes”, señaló Virginia Álvarez .

Según datos de la Macroencuesta 2019, las mujeres con discapacidad sufren mayor violencia sexual o física por parte de sus parejas, 20,7% frente al 13,8% del resto de mujeres. Al igual que el número de mujeres nacidas en el extranjero que han sido violadas por terceros es mayor que el de las nacidas en España, el 5.2 por ciento frente al 1,8 por ciento. En el caso de las mujeres adolescentes, el 14 por ciento afirma haberse sentido presionada para actividades de tipo sexual, también datos del Ministerio de Igualdad.