Derecho a la vivienda
Las cooperativas en derecho de uso se reivindican como una alternativa al problema de la vivienda

Entre la compra y el alquiler y enfrentada al uso especulativo, el modelo de bloques de cooperativas en derechos de uso no ha dejado de crecer en todo el Estado español en los últimos cinco años. También en la Comunidad de Madrid, donde en septiembre de 2023 surgió la Coordinadora de viviendas cooperativas en derecho de uso de Madrid para aglutinar a los 13 proyectos presentes en este territorio.

El pasado sábado 2 de marzo, el movimiento volvía a mostrar su fortaleza con un encuentro en el Ateneo La Maliciosa, donde se presentó el modelo a otros colectivos que luchan por el derecho a la vivienda. Este encuentro, que convocó a más de 100 personas para debatir sobre líneas de actuación común contra la especulación inmobiliaria, contó con la participación de PAH Vallecas, la Asamblea de vivienda de Usera-Villaverde y el Sindicato de Inquilinas/os, movimientos que sumaron su experiencia a las cooperativas de vivienda en derecho de uso como Entrepatios o Sostre Cívic y analistas como Pablo Carmona, autor de La democracia de propietarios (Traficantes de Sueños, 2023).

Frente al modelo de “sociedad de propietarios” tan implantado durante generaciones, el derecho de uso se abre paso poco a poco como alternativa frente a la especulación inmobiliaria

El modelo de derecho de uso, presentado por la Coordinadora como una de las posibles alternativas al problema de la vivienda en la Comunidad de Madrid, sigue siendo minoritario en España. Sin embargo, es un sistema de gran implantación en otras latitudes: representa aproximadamente la tercera parte del parque de vivienda en ciudades como Copenhague o es utilizado por más de 35.000 familias en Uruguay gracias a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Ayuda Mutua.

Derecho de uso y alternativas al capitalismo

El derecho de uso es un modelo intermedio entre la compra y el alquiler, donde la propiedad es de la cooperativa, pero el uso de la vivienda se cede a la persona socia que la habita, un sistema alternativo de propiedad que no ha calado en las promociones de vivienda colaborativa lanzada por el mercado. “Otras de las características del modelo, como la sostenibilidad medioambiental o la proliferación de espacios comunes en los edificios, han sido integradas en mayor o menor medida por el modelo económico capitalista para asegurar su pervivencia”, en palabras de Berta Iglesias, integrante de la cooperativa Entrepatios. Sin embargo, “el derecho de uso es lo único de este modelo cooperativo que no es aceptable por el sistema capitalista porque le resulta inasumible pagar por algo que no es propio”.

“Otras de las características del modelo, como la sostenibilidad medioambiental o la proliferación de espacios comunes en los edificios, han sido integradas en mayor o menor medida por el modelo económico capitalista”

Frente al modelo de “sociedad de propietarios” tan implantado durante generaciones, el derecho de uso se abre paso poco a poco como alternativa frente a la especulación inmobiliaria tan presente en la cultura política española, y que tuvo su máxima expresión en el “boom del ladrillo” que comenzó a finales de los 90 y duró hasta el pinchazo de 2008 y la posterior crisis económica que dio lugar al rescate de numerosas cajas de ahorro. 

Proyectos senior

Entre los proyectos de cooperativas en derecho de uso, destacan los proyectos senior o destinados sobre todo a personas mayores. La necesidad de no suponer una carga para sus familiares —debido a los altos precios de las residencias privadas y a las dificultades de entrar en las públicas—, unido al deseo empoderador de vivir activa y solidariamente la vejez, hacen que las soluciones centradas en las viviendas colaborativas senior estén ganando gran popularidad. En palabras de Paco Osorio, de la cooperativa La Corrala de Rivas, “la cesión de uso también es una solución, quizá la mejor, para las personas mayores que no tienen cabida ni quieren ser institucionalizadas ni tuteladas en residencias o centros ‘de mayores’, ni desean vivir solas, en una soledad no deseada, y que encuentran en las cooperativas en cesión de uso una alternativa al modelo actual de residencias de mayores”.

Para Osorio es vital “producir sinergias y generar espacios comunes de trabajo y lucha”, algo que ya está empezando a ocurrir en Catalunya en torno al cooperativismo y las soluciones habitacionales en cesión de uso de poblaciones vulnerables. Ya en 2013, la PAH y el observatorio DESC alertaban de que aproximadamente un tercio de los desahucios tenían como afectadas a personas mayores de 65 que normalmente habían avalado la hipoteca de sus descendientes y quedaban en la vulnerabilidad más absoluta, tanto económica como emocionalmente, algo poco tratado en los informes de vivienda hasta esa fecha y que resulta muy novedoso al visibilizar los graves problemas de salud mental de las personas desahuciadas.

Entre la autogestión y las demandas a la Administraciones

Las cooperativas de vivienda en derecho de uso se enfrentan aún al ninguneo por parte de unas Administraciones y denuncian que las pocas ayudas anunciadas quedan, por ahora, en algo prácticamente propagandístico.

José Téllez, de Sostre Cívic, apunta una diferencia sustancial entre los diferentes ritmos a los que se se mueve el modelo en Catalunya, y en concreto en Barcelona, frente a Madrid y que no tiene sólo que ver con el color político en esos territorios durante los últimos años, sino que reviste especial relevancia la “tradición cooperativista catalana, que nace de las luchas obreras del siglo pasado y, más recientemente, de las que se dan frente al Régimen Franquista”. 

En este punto es importante resaltar el caso de La Borda, en Barcelona. En la antigua zona industrial de Can Batlló, con larga tradición cooperativista y anarquista, la presión vecinal consiguió la cesión de un terreno por parte del alcalde Xavier Trías y la apertura de un proceso participativo que culminó con la construcción de la primera cooperativa de vivienda en derecho de uso en el Estado español. Esta cesión del terreno por 75 años permitió al grupo impulsor de La Borda reducir costes e introducir además una cuota de vivienda protegida verdaderamente integrada en el vecindario.

Nexos de unión y esperanza en el futuro

La necesidad de ampliar la base social del cooperativismo en derecho de uso y de buscar alianzas con otros movimientos de vivienda deberá basarse en que “el nexo de unión entre ambos es la no propiedad”, resume José Téllez. Estas bases pueden convertirse en las bases de una colaboración en la Comunidad de Madrid entre organizaciones de vivienda y cooperativas en derechos de uso similar a la que se ha dado en Cataluña entre Sostre Cívic, plataforma que agrupa a decenas de proyecto en derecho de uso, y el Sindicat de Llogateres (sindicato de inquilinos) de Catalunya.

“Cooperativizar bloques de viviendas donde tenemos conflictos sería un paso más y reforzaría las sinergias entre el cooperativismo y el sindicalismo de vivienda”, dicen desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid

Esta colaboración sólo puede triunfar si se da desde la confluencia de las luchas cotidianas por la vivienda, dice Pablo Pérez, del Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid: “No queremos ser inquilinos toda la vida pero tampoco aspiramos a ser propietarios, cooperativizar bloques de viviendas donde tenemos conflictos sería un paso más y reforzaría las sinergias entre el cooperativismo y el sindicalismo de vivienda”. 

Como contrapunto, este activista reconoce que queda mucho trabajo que hacer para cambiar la “mentalidad propietaria” que hace que se expanda el imaginario de que “cuando dejen de ser inquilinos y pasen a ser propietarios” se acabarán sus problemas.

“Es ilusionante poder plantearnos el derecho de uso como horizonte frente al alquiler social, que al final es una solución para pobres y que nos estigmatiza. Negociar con la Sareb la posibilidad de constituirnos como cooperativas con una gestión comunitaria de viviendas podría ser una buena reivindicación”, dice Sonia, de PAH Vallecas, colectivo que trabaja con decenas de familias y hogares que tienen al Banco Malo de casero.

Pese a los problemas derivados de los altos precios de los suelos o la falta de financiación, en todo el Estado hay 141 proyectos de cooperativas en derecho de uso, con distintos grados de madurez, según información de la Secretaría Técnica del Grupo de Vivienda de REAS.