Derecho a la vivienda
Los desahucios crecen el 12,4% a pesar de la moratoria y el escudo social

Tras una sostenida caída desde mediados de 2022, el número de desahucios en España ha vuelto a crecer en el último trimestre, en concreto un 12,8% en el primer trimestre de 2024 con respecto al mismo periodo del año previo, según el informe periódico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Catalunya, con 1.870 ha sido la comunidad autonómica en el que se han producido mayor número de lanzamientos, seguida por Andalucía, con 1.076; la comunidad valenciana, con 1.037 y Madrid, con 725.

Al igual que en informes anteriores siete de cada diez desahucios se producen por no poder pagar el alquiler, el 73,1%, mientras que solo el 19,5% perdió su vivienda por no poder pagar la hipoteca. Aún así, el número de lanzamientos hipotecarios ha experimentado un crecimiento del 10,7%. También se presentaron en estos tres meses 5.658 nuevas ejecuciones hipotecarias —trámites para realizar un desahucio— que reflejarán en nuevos lanzamientos en los siguientes meses advierten desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). 

“La Ley de Vivienda no ha sido capaz de frenar ni el precio de los alquileres ni el de la vivienda, que supera ya los precios anteriores al reventón de la burbuja que provocó la crisis anterior”, critica la PAH

Para este colectivo, los datos del CGPJ certifican que la Ley de Vivienda “no ha sido capaz de frenar ni el precio de los alquileres ni el de la vivienda, que supera ya los precios anteriores al reventón de la burbuja que provocó la crisis anterior”. A pesar del escudo social y la moratoria de desahucios de 2013 recientemente prorrogada, “los desahucios aumentan de forma proporcional a los beneficios de la banca y demás grandes tenedores”.

Para cambiar esta tendencia, defienden desde la PAH, se necesitan “medidas valientes”, entre ellas, la expropiación temporal de viviendas en poder de la banca, fondos de inversión y otros grandes tenedores para destinarlas a alquileres asequibles y aumentar el parque público. También haría falta la eliminación de los beneficios fiscales a las socimi y una reforma de la Ley de Vivienda para que se transforma en una “ley de obligado cumplimiento en todo el territorio”, en función de la reciente sentencia del Constitucional que reconoce competencias del Estado central en materia de vivienda.

Las cifras de verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas que aporta el CGPJ ayudan a poner en contexto la alarma social creada por empresas de seguridad y medios y partidos de derecha en torno a este fenómeno marginal. En el primer trimestre de este año hubo 563 juicios verbales por ocupación ilegal de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social. Esta cifra supone un descenso del 10,5% con respecto al año anterior. En la comunidad valenciana fue donde se registró el mayor número de demandas, un 22,6% del total, con 127 casos. Le siguen Catalunya, con 115, y Andalucía, con 90.