Opinión
La huelga que puso en jaque a un fondo multimillonario

Durante las últimas décadas, la vivienda se ha convertido en un activo financiero global. La financiarización de la vivienda ha transformado un bien que anteriormente era inmóvil y relativamente estable en un recurso líquido que puede circular por los mercados internacionales, ajustándose a las expectativas de rentabilidad de fondos e inversores. Este proceso no solo ha alterado el funcionamiento del “mercado de la vivienda”, sino que une cada vez más el destino de ciudades enteras a los ritmos del capital global, de forma que cada alquiler pagado por una inquilina alimenta carteras, bonos y préstamos estructurados muy lejos del barrio donde vive.

Si el Estado nunca había estado del lado de las necesidades de quienes viven de alquiler, en una economía financiarizada esta tensión antagónica ha llegado a niveles extremo

Pero la financiarización no afecta únicamente a la vivienda: también reconfigura al propio Estado. En Estados Unidos, con anterioridad a la crisis del 2008, muchas políticas públicas facilitaron la expansión del crédito y la creación de nuevos productos financieros. Tras la crisis, la respuesta gubernamental priorizó rescatar bancos y estabilizar mercados antes que proteger a quienes perdieron sus hogares, en una historia similar a la de nuestro país. Con ello, el Estado quedó cada vez más entrelazado con el capital financiero: sus políticas empezaron a centrarse en reducir el riesgo de las inversiones para los inversores, garantizando liquidez y permitiendo que surgieran nuevas clases de activos. Este giro ha ido transformando la relación del Estado con la ciudadanía: hoy en día, las prioridades públicas están alineadas con los intereses de las finanzas. Si el Estado nunca había estado del lado de las necesidades de quienes viven de alquiler, en una economía financiarizada esta tensión antagónica ha llegado a niveles extremos.

Al mismo tiempo, la consolidación de grandes caseros corporativos ha cambiado la relación entre casero e inquilina. Bajo la lógica financiera, el objetivo ya no es gestionar viviendas, sino maximizar el retorno para los inversores. Por eso, en muchos lugares, el beneficio depende directamente de desplazar a inquilinas de larga duración. El acoso, la falta de mantenimiento, o la presión para forzar la salida de las inquilinas a cambio de compensaciones económicas irrisorias no son casos anecdóticos: son mecanismos centrales del modelo financiero, donde el “cliente” del casero ya no es la persona que vive en la casa, sino el inversor que exige rentabilidad.

La financiarización también ha creado grandes colectivos de inquilinas unidas por un mismo casero, capaces de coordinarse, actuar juntas y disputar poder a una escala antes impensable

Sin embargo, este mismo proceso ha generado algo inesperado: un nuevo terreno fértil para la organización inquilina. Al concentrar cada vez más viviendas en menos manos, la financiarización también ha creado grandes colectivos de inquilinas unidas por un mismo casero, capaces de coordinarse, actuar juntas y disputar poder a una escala antes impensable. Y ahí es donde empieza la historia más importante: la de quienes están aprendiendo a golpear al capital donde más duele.

Cuando la organización escala: la lucha contra Veritas en San Francisco

Un ejemplo revelador de esta nueva etapa de luchas inquilinas es el caso de Veritas Investments, el mayor casero privado de San Francisco. Su modelo resume a la perfección cómo operan hoy los fondos inmobiliarios… y cómo pueden enfrentarlos las inquilinas cuando actúan a la misma escala.

Durante años, Veritas compró cientos de edificios con regulación de alquileres, financiando esas adquisiciones con préstamos gigantescos cuyos pagos dependían directamente de los ingresos del alquiler. La empresa no ocultaba su objetivo: incrementar la rentabilidad expulsando a inquilinas antiguas y atrayendo a nuevas con capacidad de pago más alta. Para ello, muchas vecinas denuncian patrones sistemáticos de presión, sobrecargos, retrasos intencionados en reparaciones y obras disruptivas. En un modelo financiero, la rotación de inquilinas no es un daño colateral: es una estrategia de beneficio.

En lugar de actuar edificio por edificio, como suelen hacer en muchos barrios, la Veritas Tenants Association de San Francisco decidió construir una organización colectiva a la escala del propio casero

Pero esa misma estructura financiera tiene una debilidad profunda: sin los flujos de alquiler, el modelo colapsa. Los pagos mensuales no solo generan ingresos: sostienen los bonos emitidos por la empresa, alimentan a los inversores y permiten refinanciar deudas. Si ese flujo se detiene, incluso parcialmente, la maquinaria empieza a fallar. Ese fue el descubrimiento clave de la Veritas Tenants Association (VTA), un sindicato de inquilinas que ha transformado la forma de organizarse en la ciudad. En lugar de actuar edificio por edificio, como suelen hacer en muchos barrios, decidieron construir una organización colectiva a la escala del propio casero: decenas de edificios coordinados bajo una estrategia común, al estilo de una sección sindical.

La escala como herramienta política

Esta organización a gran escala permitió algo nuevo: convertir el alquiler —la principal fuente de poder del casero corporativo— en una herramienta de lucha. Si la rentabilidad de Veritas dependía de cientos de pagos mensuales sincronizados, entonces la interrupción colectiva de esos pagos podía convertirse en un golpe financiero real.

La VTA empezó a recorrer edificios, conectar a vecinas, documentar patrones comunes y plantear una idea que en otros momentos habría parecido imposible: una huelga coordinada en varios bloques, diseñada no solo para reclamar mejoras concretas en cada bloque, sino para poner en riesgo la capacidad de Veritas de cumplir con sus obligaciones financieras. El razonamiento era sencillo:  si el casero depende de nuestra renta para pagar su deuda,  entonces nuestra capacidad de no pagar puede convertirse en poder político.

Lo que revela el caso Veritas

En 2021, en plena pandemia, muchas inquilinas acumularon grandes deudas de alquiler. Las ayudas públicas para saldarlas iba directamente al casero. La VTA propuso convertir esa deuda en una palanca colectiva: no solicitar el rescate, de modo que las deudas pendientes, que Veritas esperaba cobrar vía subsidios públicos, se transformaran en poder negociador. La huelga se extendió en varios edificios a la vez. No eran dos o tres vecinas en resistencia aislada: era un grupo coordinado capaz de afectar el flujo de ingresos en múltiples propiedades.

Y funcionó. Tras meses de presión, Veritas accedió a perdonar parte de las deudas y congelar las subidas de alquiler. Aunque la empresa después trató de revertir compromisos, el precedente ya había sido creado: incluso un fondo multimillonario, respaldado por inversores globales, puede verse obligado a ceder ante una organización sólida y estratégica.

La victoria de San Francisco demuestra que la lucha por el derecho a la vivienda no puede confiar únicamente en las instituciones: debe dirigirse al centro real del poder, que hoy son los caseros corporativos

Lo ocurrido en San Francisco demuestra varias cosas fundamentales. Primero, que la financiarización ha convertido al Estado en un agente más del mercado, no un contrapeso. Segundo, que la lucha por el derecho a la vivienda no puede confiar únicamente en las instituciones: debe dirigirse al centro real del poder, que hoy son los caseros corporativos. Tercero, que la escala es clave: la organización dispersa pierde fuerza; la coordinación entre edificios la multiplica. Cuarto, que el alquiler, bajo el capitalismo financiero, deja de ser solo un pago mensual: se convierte en palanca de poder colectivo capaz de alterar la estabilidad de un fondo. Y por último, que las huelgas coordinadas, cuando afectan a varios edificios al mismo tiempo, pueden generar un impacto estructural que reequilibra la relación entre inquilinas y grandes propietarios.

El camino a seguir en España: hacia la huelga contra Blackstone, Nestar y La Caixa

En un contexto donde la vivienda ha sido absorbida por las finanzas globales y el Estado ha pasado de garante a engranaje del negocio, la acción organizativa de las inquilinas emerge como fuerza decisiva. Las campañas del Sindicato de Inquilinas de Madrid contra Blackstone —el mayor propietario privado del país— y Nestar-Azora —que ha sido denunciado por imponer cláusulas abusivas en decenas de bloques madrileños— demuestran que cuando las inquilinas se articulan, declaran huelgas de alquiler y coordinan la presión, pueden forzar concesiones que parecían imposibles.

En Cataluña, el Sindicat de Llogateres ha conseguido recientemente una histórica victoria en la huelga que decenas de familias luchaban contra La Caixa desde abril. Tras siete meses de resistencia colectiva, a finales de noviembre se anunciaba que más de 1.700 pisos pasarían a formar parte del parque de vivienda pública y protegida. Decenas de familias que habían dejado de pagar al casero hasta que la entidad acepte negociar y parar las expulsiones. Estas movilizaciones confirman que la herramienta de la huelga de alquiler no es algo residual: se está consolidando como forma de acción colectiva normalizada frente a los grandes tenedores corporativos. Las primeras victorias no han tardado en llegar: la Generalitat de Catalunya, en manos del PSC, ya ha anunciado la compra de 664 viviendas de la Caixa

Por tanto, la lección política es clara: la defensa del derecho a la vivienda ya no puede depender únicamente de normas o instituciones que responden a la lógica financiera. Tiene que depender de organizaciones capaces de actuar a la escala en la que opera el capital: es decir, de casero por casero, fondo por fondo, bloque por bloque, con coordinación común a escala internacional. El caso Veritas nos muestra con claridad esa dinámica: una empresa que depende de los flujos de alquiler para sostener su deuda… y una organización de inquilinas que decidió interrumpir esos flujos como forma de poder. Las luchas actuales en Madrid y Cataluña no son casos aislados; están replicando esa estrategia en el Estado español.

En definitiva:, cuando la vivienda se convierte en un activo financiero global y el Estado se convierte en parte de ese engranaje, la fuerza está en la organización desde abajo, en la huelga colectiva, en la interrupción del flujo normal de ingresos del fondo, y en la solidaridad entre bloques y territorios. Aquellas inquilinas que se organizan y actúan a la escala del adversario ya no solo resisten: empiezan a ganar.