Derecho a la vivienda
Pulso de inquilinas e instituciones catalanas contra el fondo de inversión Azora

“Aumentar la oferta es la única forma” de poner freno a la subida de precios. Son palabras de Concha Osácar, fundadora de Azora, una gestora de fondos de inversión que tiene en la vivienda de alquiler una de sus principales líneas de negocio. A través del fondo especializado Lazora, está incrementando los alquileres hasta el 80% y, según la consultora Savills Aguirre Newman, por detrás de Blackstone, ya es el propietario de vivienda de alquiler más grande en España: más de 7.000 pisos en 70 edificios.

Si a finales de enero eran cinco los edificios en manos de Lazora que unían fuerzas en Cataluña para hacer frente a las subidas de los alquileres —dos en Barcelona, ​​uno en Terrassa, uno en L'Hospitalet de Llobregat y uno en Badalona— , ahora se suma Granollers (dos bloques), aunque hay otras fincas con que el Sindicato de Inquilinos acaba de entrar en contacto o lo hará pronto: un bloque más en Barcelona, ​​uno en Polinyà, otro en Sitges, y dos en Sabadell. En total, al menos hay catorce bloque de Lazora en Cataluña que suman 557 pisos. La mayoría forman parte de los 500 viviendas de alquiler que la rama inmobiliaria de Banco Sabadell, Solvia, vendió a Azora el pasado mes de julio por 150 millones de euros.

Durante esta semana, han conseguido que los ayuntamientos de Badalona, ​​Granollers y Hospitalet aprueben mociones para condenar las prácticas de Azora y por la regulación de los precios del alquiler, y previsiblemente también la aprobarán este viernes en Barcelona y Terrassa. Pero además, el 27 de febrero se visibilizó en el Parlament que las instituciones también empiezan a presionar el fondo de inversión. A las 11 horas, se celebró una rueda de prensa con las alcaldías de los cinco municipios, el presidente de la cámara, Roger Torrent, la consejera de Justicia, Ester Capella, JXC, ERC, PSC, En Comú Podem y la CUP, en apoyo a las familias afectadas, y donde se anunciará la manifestación contra los fondos buitres y por la regulación de alquileres del próximo domingo 1 de marzo en Badalona.    

Cinco bloques se unen en Barcelona para frenar las subidas del fondo de inversión Lazora

Gemma Garcia

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Derecho a la vivienda

Cinco bloques se unen en Barcelona para frenar las subidas del fondo de inversión Lazora

Gemma Garcia

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Coordinados a través del Sindicato de Inquilinas, 234 familias de Barcelona, Terrassa, Hospitalet de Llobregat y Badalona exigen una negociación colectiva a Lazora, ante subidas del alquiler de hasta un 80%. Además, uno de los edificios afectados es de vivienda protegida

Más de 25 correos sin respuesta     

Mientras que el negocio funciona para Azora, las inquilinas de los bloques tiemblan cuando se acerca la finalización de los contratos vigentes, porque saben que implicará tal impacto sobre sus economías, que, en muchos casos, se verán forzadas a marchar de casa. La gestora de fondos cerró 2018 con 130 millones de euros de beneficios y repartió dividendos por valor de 57 millones entre Concha Osácar y otros cinco miembros de la alta dirección. Por su parte, Lazora, la rama específica que especula con vivienda en alquiler, ganó 18 millones de euros netos.                     

En el momento de poner las pancartas en los balcones contra Azora en el edificio de la calle Girona y de Frederic Mompou de Granollers —que suman 35 viviendas— ya se habían ido cuatro familias que no podían asumir el incremento del alquiler. Silvia Torres, que vive sola, fue de las primeras en recibir el burofax en octubre pasado y sí firmó. “Lazora me pedía toda la documentación, pero sólo me decía cuál sería la nueva mensualidad y la bonificación”, se lamenta. Ante la falta de información, asegura que envió entre 25 y 30 correos para aclarar dudas sobre la duración del nuevo contrato, el funcionamiento de la bonificación o las penalizaciones si se iba, pero o no respondían o le pedían paciencia. “De lo que más me quejo es de la poca transparencia, no hay interlocutor”. La Directa también ha intentado hablar con Lazora, pero no ha conseguido ninguna respuesta. Además, también hay personas a las que el contrato le ha finalizado, pero Lazora no ha dicho nada y se encuentran en el limbo de la legalidad, al menos en el bloque de la calle Alfons Comín y el de la Barceloneta.

Silvia Torres ha pasado de pagar 385 euros por un piso de 50 metros cuadrados a pagar 900, aunque, con la bonificación que aplica Lazora los tres primeros años, tiene una tregua de 700 euros hasta diciembre de 2022,  un primer incremento que ya representa prácticamente el 80%. Con ayuda de sus padres continuará pagando, pero tiene claro que cuando pasen estos tres primeros años tendrá que irse. Para Ramon Cristóbal, inquilino de un bloque afectado en el barrio barcelonés de la Barceloneta, “es evidente que Lazora no quiere cumplir los siete años de contrato que exige la ley, y por eso hace la pirula de la bonificación de tres años, que es lo que realmente quieren que dure. Lo tienen todo calculado, porque tienen toda nuestra información económica; saben hasta donde pueden apretar”.  

En este caso del centro de la ciudad de Barcelona, ​​a diferencia de Granollers, los alquileres ya eran elevados con Solvia, sobre los mil euros. Pero con la renovación de los contratos, los precios suben hasta 2.400, 1.800 con la bonificación. Algunos vecinos ya ha tenido que renovar, pero lo han hecho todo en silencio. Cristóbal lamenta que todavía no se han organizado como otros bloques, “porque no todo el vecindario lo tiene claro”.  Con variaciones en los precios y porcentajes, los patrones se repiten bloque a bloque y uno de los abusos que denuncian las inquilinas —y que se ha incorporado a las mociones— , es que Azora niega sistemáticamente el derecho a leer los contratos antes del día de la firma. “Llegas al despacho de la filial Azzam Viviendas, te enseñan un contrato de treinta páginas y quieren que lo firmes in situ. No tienes la posibilidad de llevártelo ni enviarle a tu abogado; no lo puedes sacar de la oficina ”, denuncia Silvia Torres.         

Una de las cláusulas precisamente es la subida interanual desvinculada del Índice de Precios al Consumo que el fondo de inversión llama “bonificación”. Para hacerlo posible, Lazora establece la duración del contrato de un año, pero especifica que “para que el arrendamiento alcance la duración mínima de siete años” —establecida por ley— “se prorrogará obligatoriamente por otros seis plazos sucesivos de un año cada uno ”. Pero además, el fondo de inversión obliga la inquilina contratar un seguro por impago, que en el caso de Silvia Torres es de 268,49 euros anuales, así como un seguro de daños materiales, robo y hurto y a asumir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), responsabilidades legales de la propiedad.

En el mismo bloque de Granollers hay personas con casuísticas diferentes. Hasta octubre de 2021, Lorena Mercader, que vive con su pareja, tiene margen. Será entonces cuando se le acabe el contrato y asegura que no podrá asumir el incremento, que representaría destinar su salario íntegro al alquiler. “No nos pueden subir de la noche a la mañana un 80%. Pedimos que la subida sea justa”, reivindica Mercader. El de Badalona fue el primer bloque en movilizarse en octubre pasado contra unas subidas del 80% del precio y desde entonces, Sara Lahoz cifra en cinco las familias fuera de contrato y diez las que ya se han ido porque “no han aguantado la presión y la incertidumbre ”.

Entre el conjunto de bloques afectados, también hay al menos uno de protección oficial que se encuentra en la calle Alfons Comín, en el barrio de la Bonanova de Barcelona. No es el primero. En 2010, el fondo de inversión también adquirió otras dos fincas de vivienda protegida en la calle Camp del Ferro y en la calle Pujades. Ahora, la concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona investiga si el gran propietario habría estado cobrando rentas por encima de lo que establece la ley. El hecho es que los burofaxes que han llegado marcan incrementos del 35%, que estarían superando el tope estipulado en las tablas de la Generalitat de Cataluña: 8,89 euros por metro cuadrado en régimen de alquiler a precio concertado.  

El mismo año que adquiría las tres fincas protegidas en la ciudad de Barcelona, ​​también se quedaba cuatro en Madrid, a través de una subasta de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid (EMVS) por sólo 65 millones de euros. Y tres años más tarde, la gestora Azora aliada con Goldman Sachs creó Encasa Cibeles para adquirir y gestionar una cartera de 3.000 viviendas de protección del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) y 5.000 locales, una operación que ha acabado en los juzgados. A la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, hasta ahora las instancias judiciales han sido desfavorables a Encasa. Hay varios bloques que ya están organizados colectivamente para hacer frente a las intenciones de Lazora y el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid) en octubre de 2018 ya declaró “non-grata” el fondo de inversión.

Artículo publicado en La Directa