Derecho a la vivienda
Un fondo buitre alemán compra un edificio entero y amenaza con desahuciar a doce familias en Ibiza

Marta, que sufre una discapacidad visual del 65% que le reconoce la incapacidad laboral para trabajar, es una de las doce vecinas afectadas por la cadena de desahucios que quiere ejecutar el “fondo buitre” alemán C3-Primus Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, en la calle del Sol número 1 del municipio de Santa Eulària des Riu (Eivissa, Illes Balears). Si nos damos una vuelta por portales inmobiliarios digitales como Idealista (propiedad del fondo de inversión sueco EQT), veremos que los precios del alquiler en el municipio ibicenco se codean con los de Pozuelo de Alarcón, una de las zonas más ricas de Madrid, lo que da una muestra de la magnitud del problema de acceso a la vivienda que hay en una isla destinada al turismo de lujo pero sostenida por las clases trabajadoras.

Hace unas tres semanas que el fondo de inversión alemán les notificó, mediante una carta, que no iban a renovar los contratos de alquiler a los inquilinos. Es decir, que en cuanto se terminen los contratos firmados (los últimos a finales de 2024) deberán abandonar sus viviendas, pese a que entre los afectados hay familias vulnerables con niños, personas con discapacidad o con la salud ya muy delicada. “En el edificio se están alquilando pisos por 1.900 euros. Por eso nos quieren echar”, denuncia a El Salto Marta, que lleva 13 años viviendo en su piso. Según el testimonio de algunos vecinos, dos pisos por los que ellos están pagando alquileres entre 800 y 1.000 euros, están siendo alquilados por 1.900 euros, cada uno, a empresas que alojan a tres trabajadores de temporada en dichos inmuebles.

“En el edificio se están alquilando pisos por 1.900 euros. Por eso nos quieren echar”

Emma, otra de las vecinas en peligro de expulsión, vive en el edificio desde hace 22 años. En un primer momento pensó que, tal vez, por antigüedad, o teniendo en cuenta que entre los futuros desahuciados hay familias vulnerables, podían acogerse a algún derecho para evitar la expulsión. “Acudimos a una abogada para saber si podíamos hacer algo. Ya nos dio la respuesta: no”, lamenta a este diario. Ella paga 800 euros por un piso de tres habitaciones. Son pisos grandes, reconocen, aunque muy antiguos. Hay vecinas que llevan más de 35 años viviendo en el edificio.

Familias vulnerables

Cuando empezaron los movimientos con las reformas, Emma sospechó que se podían estar cometiendo irregularidades, por lo que presentó una denuncia en el Ayuntamiento. “Están haciendo obras sin tener la licencia”, asegura. Dos pisos, los que ya están alquilados, tienen la reforma terminada. Otros dos están cerrados porque siguen las obras.

Alquilar un piso en esta localidad supone el desembolso de prácticamente el 100% del salario medio de un trabajador

Alma, trabajadora de un hotel, lleva cinco años viviendo en uno de los pisos del bloque. Tiene que compartir vivienda con dos mujeres que trabajan en una clínica dental, con su hijo y con su madre, que está mal de salud. “Es un problema muy grande para mi familia que no nos quieran renovar el contrato. Mi madre está delicada de salud y es complicado para mí buscar otro sitio para mudarme con ella”, reconoce, debido a la burbuja especulativa que hay en torno a la vivienda. “No me llega el sueldo para pagar un piso”, lamenta. Alquilar un piso en esta localidad supone el desembolso de prácticamente el 100% del salario medio de un trabajador.

Las vecinas afectadas reivindican que el Govern balear, donde gobierna en solitario la popular Marga Prohens a través de un pacto de investidura con la extrema derecha de Vox, aplique la Ley de Vivienda que, con todas sus limitaciones, aprobó recientemente el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Una ley que permite a las comunidades autónomas declarar determinadas zonas como tensionadas para poner un tope a los precios del alquiler. El PP, imbuido por el mantra neoliberal de la no intervención en el mercado, no está por la labor de aplicarla. En materia de vivienda, la primera medida del Govern balear de Prohens ha consistido en eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, como ya hizo el PP de Moreno Bonilla en Andalucía. Una medida que beneficia especialmente a las clases altas con patrimonios superiores al millón de euros.

Otra alternativa que piden es poder negociar quedarse en las viviendas aunque se les aplique una subida. Sin embargo, según explican, es una opción que nunca ha estado sobre la mesa. El fondo buitre no quiere reunirse con ellos, esta versión no ha podido ser contrastada con el fondo de inversión alemán porque no responde a las preguntas de la prensa,  y solo se ha comunicado con los inquilinos a través de la mencionada carta. “Pedimos renovar nuestros contratos, no una vivienda gratis”, afirma Alma.

En el caso de Eivissa y Formentera, algo más del 50% de las compras de pisos y casas son realizadas por el capital extranjero

Burbuja especulativa

La burbuja especulativa en torno a los precios de la vivienda se lleva alimentando desde hace décadas en el archipiélago balear. En el caso de Eivissa y Formentera, algo más del 50% de las compras de pisos y casas son realizadas por el capital extranjero, según datos del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de las Illes Balears. “No me parece normal la situación de la vivienda en Eivissa. Esto se está yendo de las manos: es imposible para los trabajadores”, afirma Alma, y añade que ya el año pasado dos de sus compañeras de trabajo vivieron la misma situación que sufre ahora ella: tuvieron que marcharse de la isla porque no les renovaron sus contratos de alquiler, y no encontraron una alternativa habitacional.

Las vecinas afectadas se han organizado en torno al Sindicato de Inquilinas de Eivissa y Formentera para encontrar una solución que, de momento, no ha llegado. Marta, debido a su discapacidad visual, se puso en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària para pedir una carta de vulnerabilidad. “Me dijeron que me buscara un abogado, que ellos no hacían ese tipo de cosas”, critica. Sin embargo, Marta está informada y sabe que cada municipio tiene la obligación de emitirlas. Más tarde, según su testimonio, se encontró con Carmen Ferrer, la alcaldesa popular del municipio, quien le dijo que había que estudiar su caso.

Marta tiene poco más de un año de margen. Su contrato termina a finales del 2024. Siempre ha vivido con sus dos hijos, ahora solo con uno de ellos, ya que el otro se ha independizado. Paga 780 euros de alquiler, una cantidad “pequeña” en comparación con las cantidades desorbitadas fijadas por el mercado, pero ella tiene que sostener sola a su familia, con una sola renta. Por su discapacidad, tuvo que dejar de trabajar hace tres años. Tampoco puede conducir. “Cada vez puedo hacer menos cosas porque tengo menos visibilidad”, cuenta. Santa Eulària es su pueblo, el sitio que conoce, donde mejor se mueve, lo cual le facilita la vida, pese a su escasa visión. Su familia también vive en el municipio. Si tuviera que irse, no sabría a dónde ir. “No tengo recursos para vivir sola en otro sitio”, reconoce.

Ella estaría dispuesta a renegociar sus condiciones y pagar más, pero no le dan esa opción. La vivienda se convierte en un negocio más, pese a que el artículo 47 de la Constitución española establece que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, y que serán los poderes públicos quienes tengan la obligación de promover “las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Debido a que es un edificio antiguo, muchos inquilinos se han hecho cargo incluso de reformas para mejorar la habitabilidad de los pisos, algo que es obligación del arrendador.

Fuentes del Ayuntamiento de Santa Eulària, donde gobierna el Partido Popular, explican que el Consistorio no tiene competencias en vivienda, pero que dado que les preocupa la situación en la cual se encuentran las personas afectadas “harán un esfuerzo”. “Nuestros técnicos estudiarán jurídicamente la situación por si hubiera alguna forma de poder impulsar algún acuerdo entre las partes que pueda solucionar el problema”, han afirmado. Defienden que, en cuanto a las supuestas obras ejecutadas sin licencia en el edificio, “comprobaremos si, efectivamente, se han hecho [las obras] y, si es así, si tienen todos los permisos correspondientes”. “En los casos que alguna persona tenga una situación de especial vulnerabilidad, los servicios sociales estudiarán si les toca algún tipo de ayuda y de qué tipo”, indican.

Marta no es la única inquilina del edificio en cuya familia hay miembros que están en riesgo de vulnerabilidad o enfermos. Renee, una mujer suiza que lleva más de tres décadas viviendo en la isla, cuenta a El Salto que su marido, que está muy enfermo, entró a vivir en el piso del que la quieren desalojar a finales de octubre de 1987, es decir, hace 36 años. Tienen margen hasta finales de enero de 2024. Es decir, unos cinco meses. Ellos sí que tienen recursos financieros, pero su problema radica en que el marido de Renee, debido a su enfermedad, necesita estar cerca del centro de salud o del Hospital Can Misses (el único hospital público de la isla), por lo que no pueden vivir en zonas residenciales dispersas, ya que los desplazamientos por motivos de salud son habituales. “Si encontrara un piso para irme a vivir a otro sitio me iría, me daría mucha pena hacerlo pero lo haría, el problema es que no encuentro nada”, denuncia Renee.

El Govern balear del PP no ha respondido a las cuestiones planteadas por El Salto, en el momento en que se publica este reportaje, en relación a si la Conselleria de Vivienda iba a reunirse con las diferentes partes para buscar soluciones. Tampoco ha respondido el “fondo buitre” alemán, a quien se le ha consultado a través de la administradora de fincas, la única que al parecer tiene contacto directo con el fondo de inversión.

“Cada día escucho casos de gente que se tiene que ir de la isla porque no encuentra piso, porque son muy caros, o porque solo te hacen contratos de tres o seis meses”

Las dificultades para acceder a una vivienda, un derecho constitucional que está siendo sustraído a amplias capas de las clases trabajadoras en todo el Estado, se amplifican en aquellas zonas ampliamente turistificadas, como es el caso de las Illes Balears. “Cada día escucho casos de gente que se tiene que ir de la isla porque no encuentra piso, porque son muy caros, o porque solo te hacen contratos de tres o seis meses”, afirma Marta, que lamenta que entre los requisitos económicos cada vez más restrictivos (una nómina de entrada, otra de fianza, y otra para la inmobiliaria) ahora se suman otros, como no que no se aceptan niños.

Organización sindical

La única alternativa que tienen las vecinas amenazadas por el fondo “buitre”, aparte de seguir buscando pisos en alquiler, es organizarse en torno al sindicato, tejer redes de solidaridad y apoyo mutuo e intentar presionar a las administraciones públicas para no solo resolver casos como el suyo sino evitar que se repitan en un futuro. “Desgraciadamente, todo esto es estrictamente legal”, reconoce a El Salto Daniel Granda, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Eivissa y Formentera, que responsabiliza al Ayuntamiento por “la nula política de vivienda” que a su juicio hace y al Govern balear, por no aplicar la Ley de Vivienda que permite declarar determinadas zonas como tensionadas para topar los precios del alquiler.

“Los ayuntamientos tienen poder para evitar estos casos. Tienen la capacidad de crear zonas de tanteo y retracto y meterse en estas transacciones para expulsar a los fondos buitre”

“Los ayuntamientos tienen poder para evitar estos casos. Tienen la capacidad de crear zonas de tanteo y retracto y meterse en estas transacciones para expulsar a los fondos buitre y aumentar el parque público de vivienda sin construir, a bajo coste”, afirma Granda que, a su vez, señala que el Govern balear, si aplicara la ley de vivienda estatal, permitiría “sentarnos a negociar en unas condiciones favorables para el inquilino, pero como ya ha dicho Marga Prohens, la presidenta del Govern, no solo permitirá el desahucio si no que además perdonará los impuestos al fondo buitre”.

De momento, el Sindicato de Inquilinas intentará forzar una negociación exigiendo las cartas de vulnerabilidad al Ayuntamiento para poder entregarlas a la propiedad y reclamar la extensión de los contratos de alquiler. “No nos parece razonable que el nuevo Govern no aplique la Ley de Vivienda porque nos encontramos en una zona tensionada”, concluye Marta.