Derecho a la vivienda
El PP vendió 3.000 viviendas sociales en Madrid (y va a costar recuperarlas)

Una semana después de la noticia, a N.L. no le salían las cuentas. El juzgado que paralizaba su desahucio solo le daba —a él, a su esposa y sus tres hijos— de respiro hasta el fin del curso escolar. Terminado el mes de junio y terminadas las clases, el juez dictará una nueva fecha para el desalojo de la vivienda que habitan en la localidad madrileña de Móstoles, una de las 2.935 que el Gobierno de Ignacio González (PP) vendió al banco de inversión Goldman Sachs en 2013.

Otro juzgado, el número 29 de Madrid, había declarado una semana antes la anulabilidad de la venta de esas 32 promociones del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). Como le puede suceder a N.L, la operación dejó a miles de hogares sin la vivienda en la que residían como adjudicatarios del plan Joven de Vivienda de la Comunidad de Madrid o como beneficiarios de un contrato de alquiler social. Según la Cámara de Cuentas, a la propia Comunidad de Madrid le supuso una pérdida patrimonial de 98 millones de euros.

Para N.L, a la incertidumbre previa al desahucio se añadía una nueva pregunta: ¿si han declarado anulada la venta, no debería quedar anulado mi desalojo? En medio de las llamadas a abogados, de la prensa, las conversaciones con vecinos, con su pareja, la preocupación por los niños, y en su caso, asambleas y acciones en Stop Desahucios Móstoles, llegaban los titulares sobre el alcance de la sentencia con la que Rachid Bouikou, un afectado por la venta de su vivienda en la localidad de Navalcarnero, conseguía que se anulara el traspaso de su contrato. Pero la sentencia sólo anula una venta de las 2.935: la de Rachid.

“Calculamos que deben quedar un 30% de los adjudicatarios originales” señala Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid 

La resolución de Navalcarnero “no dicta la nulidad de toda la venta, sino la anulabilidad de esa venta en concreto”, precisa a El Salto Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS). Además, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia: “Hasta que haya sentencia firme, pueden pasar tres o cuatro años”, explica por teléfono César Pinto, el letrado que ha ganado el caso Rachid. ¿Qué pasa con los otros 2.934? Y,¿qué ha pasado con sus casas?

Un David ha ganado a un Goliat

Es difícil sobrevalorar la sentencia número 118/2018 del juzgado de lo contencioso administrativo número 29 de Madrid. En ella, un beneficiario de los contratos de alquiler social en una de las 32 promociones de vivienda pública del antiguo IVIMA consigue que se deje sin efecto el traspaso de su vivienda. De origen marroquí, desempleado. Con un abogado del turno de oficio afectado por los recortes. En contra del criterio inicial de la Justicia, y con recurso al Tribunal Supremo incluido. Al otro lado, Azora, socio local en la operación del gigante Goldman Sachs. Cuatro años de caso.

Pero además de no ser sentencia firme, hay otra pega: el tiempo ha pasado y las casas tienen ya una historia con Encasa Cibeles, la empresa participada en un 98% por Goldman Sachs en la que finalmente fueron inscritas. “Calculamos que, de los dos tipos de promociones, deben quedar un 30% de los adjudicatarios originales” señala Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), y miembro de la Asociación Vecinal del Ensanche de Vallecas. Del resto, algunos pudieron ejercer su derecho a compra: son titulares, probablemente, de una hipoteca. Otros, como N.L o el propio Rachid, resisten a la presión de la propiedad. Pero son minoría.

Para entender el paisaje dejado por la venta en 2018, puede ser una buena idea darse una vuelta por las promociones de la Avenida de las Estrellas, en el ensanche de la localidad sureña de Parla. Entre las avenidas con nombres de planetas y constelaciones de este barrio de bloques altos, los bloques de las Estrellas, como los conocen algunos de sus vecinos, se encuentran hoy prácticamente vacíos. 240 pisos de los casi 3.000 vendidos en 2013: todo alrededor de la manzana, dos coches patrullas de seguridad privada. Y contenedores: los pisos vacíos están siendo reformados.

En las Estrellas se han vivido tres oleadas de desahucios: los desalojos, en su mayoría invisibles (sin demanda judicial y con entrega voluntaria de llaves), de quienes fueron adjudicatarios originales del IVIMA; los desalojos de las decenas de hogares que entraron de manera irregular según se fueron marchando los adjudicatarios, y la expulsión de los inquilinos de Encasa Cibeles que, o bien han ido incurriendo en impago, o no han podido renovar el contrato.

Denis Jiménez, de 51 años, es una de estas últimas. Ella, su pareja y el hijo menor de él entraron como inquilinos en mayo de 2015, y dos impagos —una deuda que no llega a 1.000 euros— les dejan en peligro de perder la casa: una posibilidad abierta por el desahucio exprés de Carmen Chacón (PSOE) y afianzada en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en 2013, pero sobre todo por la escasa voluntad de la empresa de seguir manteniendo a sus inquilinos antiguos en el bloque: Jiménez paga 357 euros al mes por una casa con dos dormitorios, y su contrato vencía ya en mayo.

“En el [portal] 3 sí quedan tres o cuatro familias, y el 4 está todo vacío con esas puertas que ellos ponen. Los que se ven enfrente de mi casa por mi ventana están todos vacíos y los están reformando”, enumera esta vecina y miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Parla. A fuerza de porra, de cortes de luz, y también de billetera (PAH Parla denunció cómo la resistencia de algunos vecinos fue vencida a cambio de 10.000 euros, cantidad que para muchas familias representa el doble de sus ingresos anuales), Goldman Sachs ha conseguido vaciar estos pisos. El de Jiménez puede salir al mercado por el doble de precio, en el caso de que Encasa Cibeles planee alquilarlo y no venderlo. Tres o cuatro años hasta que empiece a haber sentencias firmes y la diferencia puede subir aún más.

Un proceso judicializado

Además del contencioso administrativo de Rachid, muchos recursos de afectados están a la espera de que llegue su resolución. Son los contenciosos colectivos que en su día interpuso la PAVPS con vecinos de las promociones de Parla, Valdecarros (Madrid), Móstoles o Leganés, cuyas sentencias están por llegar. “En ellos pedimos la nulidad de la venta”, aclara Jacinto: si se ganan, podrían beneficiar al conjunto de los afectados. En el caso de que los tribunales sólo declaren la anulabilidad, quienes no se sumaron a estos recursos podrían sumarse ahora a una nueva vía administrativa que está preparando el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES): un “no” de la Comunidad de Madrid abriría de nuevo el plazo para que quienes no reclamaron en su día presenten el contencioso ahora.

Comparados con la velocidad de la operación de compraventa, los plazos resultan desalentadores. Entre que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la venta y se adjudicó el primer contrato a la empresa Azora, no transcurrieron ni tres meses (de junio a agosto de 2013). Sonia Martínez, de la asociación de afectados por la operación, destaca a El Salto que, de hecho, Encasa Cibeles, la empresa que finalmente compró las 32 promociones en septiembre de 2013, se había constituido como Sociedad Limitada con sólo 3.000 euros de capital. Su ampliación de capital en el último momento fue la que posibilitó la entrada de Goldman Sachs con el 98% de las acciones (y un 2% de su socio Azora, que había sido el adjudicatario original).

En otras palabras: una SL desconocida en el mercado pasa en menos de un mes de tener 3.000 euros de capital a comprar a 3.000 viviendas públicas (y sus casi 5.000 locales vacíos y plazas de garaje) en plena oleada de desahucios. Sólo hace falta que un Gobierno justifique la compraventa por la “innecesariedad” de ese parque público y la entrada de un socio —Goldman Sachs— que se había retirado de la puja tan solo dos meses antes. Tres meses de operación, cuatro años para que un tribunal la declare irregular. Y todavía no han entrado en juego los abogados de la Comunidad de Madrid (ni los de Encasa Cibeles).

¿Podría un acto administrativo, un ‘anti2013’, borrar de oficio la venta de las 2.935 viviendas? “No existen precedentes de reversiones de este calibre”, señala Villalobos, de la FRAVM. Este vecino del Ensanche de Vallecas compara el despliegue institucional necesario con el que se podría producir tras un desastre natural: “la Comunidad tendría que abrir una oficina para atender todas las reclamaciones”, asegura. Con las sentencias firmes, los afectados ya desahuciados —la mayoría— podrían reclamar responsabilidad patrimonial a la Comunidad de Madrid. Ahí entrarían también las reclamaciones de quienes hayan perdido su derecho a compra. Procedimientos que Villalobos ve “complicados, pero en absoluto imposibles”.

El otro procedente posible, la vía abierta por el Ayuntamiento de Madrid para la reversión de las otras 1.890 viviendas públicas —estas municipales— malvendidas por Ana Botella (PP) en 2013, se ha enfrentado en abril con el muro de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. Fuentes de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) dan por cerrada esta posibilidad: si los servicios jurídicos “hubiesen dado su consentimiento de proceder a la revisión de oficio para declarar la nulidad, el proceso hubiese pasado a la jurisdicción civil para que en el oportuno procedimiento se valorasen y fijasen las compensaciones económicas que correspondiesen en su caso”.

“Pues claro. Son los mismos servicios jurídicos que le dieron el ok a todas las barrabasadas del Canal y a la externalización de servicios médicos”, dice Villalobos.