Zaragoza
Menores migrantes no acompañados en Aragón: vidas que no entran en una sigla

Era 2018. El mar de Alborán, aquel que constituye la parte occidental del mar Mediterráneo, estaba en calma. El aviso de un amigo indicaba que había llegado el momento. Con lo puesto y sin que nadie más lo supiera, Youssef El Kadaoui —procedente de Nador, Marruecos— y otras decenas de personas embarcaron en una patera, sin saber muy bien lo qué iba a pasar, movidos por la desesperación y la esperanza de encontrar una vida mejor al otro lado del mar. Entre sus ocupantes había muchos niños que ni siquiera eran conscientes de la magnitud del viaje que estaban haciendo y que incluso hacían el amago de querer saltar al mar. 

Para Youssef, que por aquel momento tenía 15 años, ese fue solo el principio de la travesía. Desde la playa de Almería a la que llegó, recorrió Granada, Valencia, Tarragona y Barcelona para encontrar su destino final por casualidad. Su intención era ir a San Sebastián, pero al bajarse del tren y preguntar cómo podía llegar al centro de la ciudad vasca fue cuando descubrió que estaba en Zaragoza. 

Aquel año, otras 57.000 personas llegaron por mar de forma irregular a España. De ellos, 7.781 eran niños. Muchos de ellos viajaban solos, sin la protección de un adulto responsable. Son los que administrativamente quedan agrupados bajo una sigla que la derecha y la ultraderecha ha hecho famosa: MENA (Menor Extranjero No Acompañado). Cuatro letras que, fuera de los documentos oficiales, han adquirido significados muy distintos. Tanto es así que el año pasado la RAE añadió a la definición del término que en ocasiones se utiliza de forma despectiva. 

La gestación de una familia 

Youssef llegó a España completamente solo y “sin saber decir una frase entera en español”. Tenía un único fin: trabajar. Sin embargo, pronto se toparía con un paisano que le recomendaría acceder al centro de menores. “Yo no quería ir a un centro, de hecho, no sabía lo que era”, cuenta. Fue en la comisaría donde se decidió su destino. 

Su camino pasó por un centro de “recepción”, como él lo llama, donde evaluaron su personalidad y sus características, hasta llegar al centro de menores definitivo, situado en el barrio Arrabal. Ahí no solo le brindaron un techo en el que refugiarse, también encontró la posibilidad de continuar sus estudios en el instituto y de convivir con otros jóvenes, en su caso, de entre 13 y 17 años.

Él recuerda su estancia allí con cariño: “Éramos como hermanos en una misma casa. No había ningún problema”. En su centro, según relata Youssef, compartían espacio españoles y extranjeros y “todos eran tratados de la misma manera”. Por la mañana iban al instituto y por las tardes jugaban al fútbol o se iban a tomar algo con la asignación de 12 euros semanales que recibían, si es que conseguían estirar el dinero hasta el fin de semana. 

Esta asignación no es fija: se reparte en función del comportamiento del menor y puede variar según la edad y las características del centro.

Para Youssef era como “un sistema con el que te educan para comportarte y después, cuando estás solo, cuando te emancipas, puedas saber gestionar tu dinero”.  En esta idea coinciden los educadores sociales. Una educadora social que prefiere no revelar su identidad reafirma la idea de Youssef e informa del funcionamiento de la asignación en los centros de menores: “Es una forma de reforzar positivamente la conducta. Si se portan mal, se retira una parte proporcional en función a su comportamiento; íntegra no suelen recibirla casi nunca”. 

Las nuevas medidas impulsadas desde el Gobierno de Aragón son consideradas por Youssef como “perjudiciales”, no solo para los menores migrantes, sino también para los centros y para las educadoras sociales

Tres años más tarde de la llegada de Youssef, con la mayoría de edad, le tocó decir adiós a ese centro. Su estancia allí, sin embargo, le permitió continuar sus estudios y comenzar una vida independiente gracias a la asignación semanal acumulada a lo largo de los años, lo que la educadora social consultada describe como un “bolsillo de ahorro”. Una formación sólida y las mismas ganas de trabajar con las que vino con tan solo 15 años le permitieron desarrollarse en el mundo laboral. 

Ahora, con 23 años, ve con sus propios ojos cómo las cosas están cambiando. “Ya no es lo mismo, están saliendo muchos casos de violencia”, afirma. Sin embargo, las nuevas medidas impulsadas desde el Gobierno de Aragón son consideradas por Youssef como “perjudiciales”, no solo para los menores extranjeros no acompañados, sino también para los centros y, en especial, para las educadoras sociales.

La puesta en marcha de la “prioridad nacional”

Las medidas hacia los menores migrantes no acompañados ya se mascaban meses atrás. El 20 de mayo, Alejandro Nolasco, vicepresidente y consejero del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, declaraba que “el Gobierno de Aragón reducirá al mínimo legal las partidas de cooperación al desarrollo exterior”. Nolasco estableció entonces uno de los ejes del Gobierno de PP y Vox en la comunidad: “Primero hemos de destinar todos los recursos a los que estamos aquí”, defendió. Ese mismo día aseguró que Aragón instaría a modificar la Ley de Extranjería y aquellas disposiciones que, a su juicio, dificultasen aplicar lo que denominó la “prioridad nacional”.

Un mes después, hizo público un informe realizado por su departamento sobre la conflictividad registrada en varios centros de menores. El documento señalaba que 16 migrantes menores llegados a Aragón se encontraban privados de libertad por orden judicial y recogía distintas situaciones violentas y otros incidentes ocurridos durante las cuatro semanas anteriores en determinados centros a manos de 20 menores extranjeros.

Entre los episodios descritos figuraban robos, agresiones a trabajadores y otros residentes, amenazas, reyertas, resistencia a agentes y fugas. Según los datos de la Consejería, suponían alrededor del 16% –36 menores en total– de los 219 menores enviados a Aragón por el Gobierno central. 

“Estos 180.000 euros de gasto anual que hasta ahora se utilizaban para dar ‘propinas’ a los menas equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias”, destacó Nolasco (Vox)

El 27 de julio, Nolasco anunció la retirada de la asignación monetaria en todos los centros donde residen menores extranjeros no acompañados. “Estos 180.000 euros de gasto anual que hasta ahora se utilizaban para dar ‘propinas’ a los menas equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias”, destacó. 

Ante tales declaraciones, otros partidos decidieron responder. Jorge Pueyo, presidente de Chunta Aragonesista, compartía en una nota de prensa su descontento: “Si el señor Nolasco considera que estas asignaciones son injustificadas, ¿por qué las elimina exclusivamente para los menores extranjeros? Por racismo y xenofobia”.

Pilar Alegría, portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, declaró: “Los niños menores tutelados, vengan de donde vengan, son los hijos e hijas del Gobierno de Aragón, y la responsabilidad del señor [Jorge] Azcón [presidente de la comunidad] y del Gobierno de Aragón es proteger a estos niños, que son niños vulnerables”. Así, pidió a la Justicia de la comunidad autónoma revisar las condiciones legales de esta medida. Un día más tarde la institución, de la mano de Concepción Gimeno, abrió el expediente de oficio para solicitar más información al Departamento de Desregularización, Bienestar Social y Familia acerca de dicha medida con el fin de cumplir su función de protección hacia la infancia y adolescencia.

La oposición aduce que la retirada de estas asignaciones viola la Ley de Protección del Menor, que establece que todos los menores deben disfrutar de sus derechos “sin discriminación alguna”

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado cuestionó su encaje legal. A través de la Fiscalía de Menores de Zaragoza, solicitó a la Consejería que confirmase si la retirada de asignaciones ya había sido aprobada, aclarase si afectaría a menores extranjeros y justificase la decisión. La información fue trasladada también a la Fiscalía especializada en delitos de odio para valorar si la iniciativa pudiese constituir delito y, en su caso, emprender acciones legales.

“Esa discriminación por razón de origen es anticonstitucional, no es legal porque se salta la Convención de los Derechos de los Niños, la Convención de los Derechos Humanos y la propia Constitución Española”, afirma Mónica Iglesias, portavoz de Bienestar Social del PSOE Aragón y diputada a las Cortes de Aragón. 

La oposición del actual Gobierno de Aragón aduce que la retirada de estas asignaciones viola la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que establece que todos los menores deben disfrutar de sus derechos “sin discriminación alguna” por razones como su nacionalidad o raza. Esta ley, explican, obliga a los poderes públicos a garantizar su protección. 

Cuatro días más tarde de sus declaraciones, Nolasco rectificó y declaró que, por el momento, esta medida solo afectará a tres centros: Movera y Torrero (en Zaragoza) y Peralta de Sal (Huesca) por su alto nivel de conflictividad, aunque ya ha anunciado que esta norma no se quedará ahí y que se aplicará en más instalaciones.

¿Qué son realmente las “paguitas”?

El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) se sumó a las reivindicaciones. El 31 de julio mostró su preocupación con un comunicado ante la supresión de las asignaciones y recuerda que “estas cantidades no constituyen una ayuda asistencial ni un privilegio”, sino que son una herramienta educativa planificada por los educadores sociales. 

Su finalidad, explican, es que los menores aprendan a gestionar cantidades pequeñas de dinero y puedan desenvolverse de manera autónoma, bajo la supervisión de profesionales de los centros. Eliminar las asignaciones, para el Colegio, supone retirar una herramienta de trabajo. Por ello, cuestiona que este tipo de decisiones se tomen sin atender a criterios de los profesionales especializados en infancia y adolescencia y advierte de que dificulta los procesos de integración y emancipación de los jóvenes una vez salgan de los centros.

La educadora social, que prefiere mantener el anonimato, advierte que esta medida puede tener el efecto contrario que se pretende vender, ya que si se elimina la poca cantidad de dinero a la que tienen acceso es posible que se genere violencia para conseguirlo. Además de las diferencias que pueden hacer notar los jóvenes de los centros al recibir unos asignación, pero otros no. Youssef señala que “a la mínima que uno vea diferencias entre él y otro, se la va a liar”.

“Eliminar ese incentivo es un error en el proceso de integración”, dice Héctor García, representante de protección y reforma de menores en CGT

Héctor García, representante de protección y reforma de menores en CGT, recuerda que “la asignación semanal que se da a los chavales está puesta en los propios pliegos de las condiciones”. Las cantidades no son fijas, por lo que hablar que todos los menores reciben 17 euros semanales resulta impreciso. “Eliminar ese incentivo es un error en el proceso de integración, porque cuando no lo tienes, lo buscas, y para buscártelo…”.

Las cifras totales también han sido objeto de discusión. Frente a los 180.000 euros de gasto anual señalados por Nolasco, el representante de CGT cifra el coste en alrededor de 85.000 euros. “Es dinero, pero no son 180.000”, sostiene. Además, García cuestiona que la supresión de estas asignaciones se traduzca directamente en un ahorro para las arcas públicas o, como ha manifestado Nolasco, en “siete plazas para ancianos”. Según explica, se trata de un dinero dentro de los recursos destinados a la atención de los menores, y que la Administración no recuperaría automáticamente por dejar de entregárselo a los menores. 

Por todo ello, considera que el anuncio ofrece una imagen que no se corresponde con su alcance real: “Todo es un poco engañoso, sobre todo para sus votantes”. Y resume su crítica: “¿Esto es mano dura? Mano dura de boquilla. Es una medida que a él le reporta mucha visibilidad, pero que no pueden llevar a cabo”.

Detrás de las cifras, anuncios políticos y episodios de conflictividad —que ninguno de los entrevistados niega—, siguen estando las historias de aquellos que un día fueron menores extranjeros no acompañados. Youssef entiende que todas las situaciones violentas sucedidas en los últimos años pueden generar miedo. Sin embargo, lo que cuestiona de ese miedo es que termine extendiéndose a todos: “Una patata podrida, desgraciadamente, hace oler a todo el cajón”.

Para él, juzgar a un colectivo por lo que hace una persona supone olvidar algo mucho más sencillo: “No todo el mundo es lo mismo. No puedes generalizar”. A pesar de esto, reconoce que percibe cierto cansancio por parte de la sociedad. “La gente está cansada, lo entendemos, nosotros también”, admite.