9 d'octubre
Las luchas por la lengua y la defensa del territorio protagonizan la diada valenciana

Como cada año la diada valenciana tendrá lemas y reivindicaciones diferentes entre las organizaciones que convocan la tradicional manifestación de la tarde, pero, por segundo año consecutivo, estará marcada por la ofensiva de las políticas reaccionarias de la derecha y la extrema derecha. Desde la llegada del PP y Vox a los gobiernos de las instituciones valencianas, han arreciado las luchas contra el retroceso de los derechos lingüísticos, la emergencia climática, la especulación sobre el territorio o los recortes.

El primer año de gobierno reaccionario se ha centrado, principalmente, en reavivar el conflicto  por el modelo de inmersión lingüística. El rechazo a la denominación “País Valenciano”, la censura de revistas editadas en catalán, así como de escritores, artistas o músicos que forman parte de la escena cultural transformadora; o la aprobación de la llamada ley 1/2024 de “libertad educativa” y de la nueva legislación reguladora de À Punt, son algunas de las normas señaladas por apostar por un modelo lingüístico caracterizado por la discriminación del valenciano. De la misma forma, estas políticas han servido al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP) para hacer su particular demostración de fuerza y rechazo al legado del Botánico (PSPV-Compromís y Podemos).

Miles de personas se manifiestan en Borriana contra la censura a las revistas en valenciano

El Salto País Valencià

Censura

Censura Miles de personas se manifiestan en Borriana contra la censura a las revistas en valenciano

El Salto País Valencià

Plataforma per la Llengua lidera la concentración contra la decisión del PP y Vox de retirar la suscripción a revistas como El Temps, Camacuc o Enderrock.

La tradicional manifestación partirá a las séis de la tarde desde la plaza San Agustín de València. Bajo el lema “Som País, parlem valencià” (Somos País, hablamos valenciano), encabezará la marcha la pancarta de la Comisió 9 d’Octubre. “Reivindicamos todo aquello que significa la denominación País Valenciano, un concepto que hace referencia al territorio, la lengua y la cultura”, subraya Anna Oliver. “Es una denominación —continúa— reconocida en el Estado de autonomía y, aun así, perseguida por este gobierno”.

Una de las últimas polémicas que ha protagonizado el presidente de la Generalitat ha sido la de afirmar que el valenciano es “una lengua impuesta”, declaraciones que han provocado que Acció Cultural pida su dimisión. Carlos Mazón se expresaba así para defender y anunciar la entrada en vigor del nuevo sistema de reconocimiento de los diferentes niveles de catalán. Con la ley de “libertad educativa” el alumnado que superó la asignatura de valenciano en primaria tendrá derecho al reconocimiento del nivel A2; quién aprobó la materia en secundaria se le otorgará un nivel B1 y el alumnado de bachillerato obtendrá el B2. Si la media de la asignatura de valenciano en ambos cursos de bachillerato o la nota en la prueba de acceso a la universidad es igual o superior a 7, conseguirá el C1.

“A partir de ahora las familias tendrán una inseguridad importante, puesto que no sabrán en qué lengua estudiarán sus hijos en cada etapa”, lamenta Alexandra Usó, presidenta de Escola Valenciana

“El nuevo modelo de reconocimiento permitirá dar certificados, incluso, con carácter retroactivo, sin tener en cuenta aspectos pedagógicos. Deja el valenciano en situación de precariedad extrema y compromete el proceso de normalización”, critica Alexandra Usó, presidenta de Escola Valenciana. Desde su punto de vista, la ley 1/2024 “quiere transmitir que el valenciano y el castellano son dos lenguas en igualdad de condiciones”. “A partir de ahora las familias tendrán una inseguridad importante, puesto que no sabrán en qué lengua estudiarán sus hijos en cada etapa, puesto que depende de una mayoría y no de la elección de los progenitores”, lamenta.

Los recortes del gobierno de Mazón protagonizan el fin de curso escolar

Tomás Muñoz

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Educación pública

Educación pública Los recortes del gobierno de Mazón protagonizan el fin de curso escolar

Tomás Muñoz

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Las medidas anunciadas para el curso que viene soliviantan a una comunidad educativa que no ha dejado de movilizarse desde la huelga educativa.

Los resultados de la última encuesta de uso del valenciano realizada por la Generalitat Valenciana, elaborada en 2021, reflejan una situación lingüística bien diferente a la que relata Mazón. En las comarcas valenciano parlantes, un 28,2% de la población asegura que no sabe hablar “nada” el catalán, porcentaje que incrementa hasta un 50,6% a las zonas castellano parlantes. Sobre su uso, el estudio revela que solo un 19,5% de la población que vive en territorios valenciano parlantes habla en valenciano en casa —a pesar de que la cifra aumenta hasta un 37,9 en comarcas como la Safor— mientras que el castellano lo utilizan un 56%. En las comarcas castellano parlantes, las cifras son todavía más alarmantes: en l'Alacantí el uso habitual del catalán está por debajo del 5%.

El festival “Som de la terreta”: tres jornadas de conciertos en València, Alicante y Vila-real, pero sin prácticamente grupos de música valencianos y con mayor financiación que el resto de festivales y eventos culturales juntos

En el marco de la celebración de la Diada, el gobierno valenciano también ha estado en el punto de mira por la gestión del festival “Som de la terreta”. Tres jornadas de conciertos en València, Alicante y Vila-real para conmemorar el 9 d’octubre, pero sin prácticamente grupos de música valencianos. Abraham Mateo, Taburete, Niña Daconte, Pignoise o Àlex Ubago han sido algunos de los artistas invitados. La mercantil al frente del festival es Iron Stage S.L., gestionada por la promotora The Music Republic, la misma que impulsa macrofestivales de referencia como el FIB, el Festival de las Artes o el Arenal Sound.

Según avanzó eldiario.es, la Generalitat ha destinado cuatro millones de euros para el patrocinio de los conciertos, un presupuesto que supera la partida reservada para el Instituto Valenciano de Cultura con la que apoyar a todos los festivales valencianos, así como también sobrepasa la dedicada a las iniciativas culturales y gastronómicas. Las asociaciones culturales han expresado en una carta entregada a Carlos Mazón su “preocupación” por la decisión de destinar más dinero público a una iniciativa privada que al resto de iniciativas culturales del territorio. Alexandra Usó va mucho más allá y tilda de “burlesco” el festival: “se utiliza la palabra ‘terreta’, un diminutivo peyorativo que no ayuda a conformar una identidad propia. Es excluyente, la mayoría de artistas cantan en castellano, populista, y busca beneficiar a empresas amigas”.

La presidenta de Escola Valenciana recuerda que de manera histórica “la derecha nunca ha estimado el valenciano y se ha beneficiado del fantasma del pancatalanismo”

Desde las entidades que trabajan en defensa de la lengua y la cultura leen la persecución de los símbolos identitarios como una estrategia para transmitir la ideología reaccionaria y romper la unidad de la lengua. “Saben que es un signo identitario indudable. Mucha gente se aglutina en torno a la lengua como proyecto político. Lo viven como una amenaza e instrumentalizan su persecución para sacar rédito político”, considera Anna Oliver.

La presidenta de Escola Valenciana recuerda que de manera histórica “la derecha nunca ha estimado el valenciano y se ha beneficiado del fantasma del pancatalanismo. Es entre un no querer saber, ignorancia y odio”, remacha. Por su parte, Maria Josep Martínez habla de una doble vertiente: “el imperialista, un proyecto nacional español construido en base a la homogeneización y la aniquilación cultural de los pueblos; y el de clase: nuestro valenciano, el catalán de todas, que como decía Enric Valor, en el País Valenciano es y ha sido siempre la lengua de las clases populares”.

Cuando nos querían robar la paella

Tomás Muñoz

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9 d'octubre

Cuando nos querían robar la paella

Tomás Muñoz

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Entre el final de los 70 y el principio de los 80, la ciudad de València vivió un episodio de confrontación por los símbolos culturales y un clima de violencia ultra en las calles.

Las diferentes voces entrevistadas coinciden en afirmar que durante los años de gobierno del Botánico se perdió músculo social. “Es inevitable, forma parte de los ciclos políticos”, reflexiona Anna Oliver, pero considera que hay movimientos, como el ecologista, que han ganado fuerza. Comparte la misma reflexión Maria Josep Martínez: “frentes como el feminismo, la defensa de la vivienda o del territorio se han mantenido. Y ahora, a causa de la ofensiva cultural y lingüística, vuelve a organizarse el frente cultural”. Muestra de esto es el papel fundamental que tiene la sociedad civil en la hora de velar por la celebración de citas culturales históricas, como el centenario de Vicent Andrés Estellés, figura perseguida este año por la derecha y la extrema derecha, que se han negado a declarar “el Año Estellés”. “La tarea de las organizaciones de base que han conseguido celebrar el centenario de Estellés en todo el territorio, todo y la carencia de apoyo por parte de la Generalitat, ha sido un éxito. PP y Vox nunca se lo hubieran imaginado”, expresa Mercè Martínez, técnica cultural y miembro de la asociación cultural Can Bassot de Burjassot.

Ataque al territorio y a los servicios públicos

La llegada de la derecha al Palau de la Generalitat Valenciana ha supuesto también el retorno de las privatizaciones, recortes y políticas que amenazan el territorio y la sostenibilidad. Carlos Mazón persiste en su plan de evitar que el modelo concesional sanitario implantado por Ribera Salud desaparezca por completo, mientras que reduce el presupuesto y los recursos destinados a la sanidad pública. CCOO, UGT e intersindical Valenciana han denunciado el cierre de plantas completas y la reducción de 2.700 camas durante este verano. No es el único servicio público afectado: la comunidad educativa ha empezado el curso con 206 aulas y más de 2.000 docentes menos que el año pasado.

En el ámbito urbanístico y de infraestructuras, la Consellería de Medio Ambiente pretende aprobar una ley que dejaría sin efecto el actual Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) y supondría dar luz verde a hasta ocho proyectos urbanísticos, como el PAI Doña Blanda de Torreblanca, el PAI Golf Sant Gregori de Burriana o el PAI de la Vega-Puerto de Cullera, conocido popularmente como el Manhattan de Cullera; o a nuevas construcciones residenciales a partir de los primeros 500 metros de la costa y establecimientos hoteleros a partir de los 200. “En un contexto de crisis climática y de efectos evidentes de la masificación turística, la propuesta del PP es reducir la superficie de costa protegida y permitir construir”, denuncia Maria Josep Martínez.

Un glamping de lujo destruirá la marjal de Gandía

Tomás Muñoz

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Turismo

Especulación Un glamping de lujo destruirá la marjal de Gandía

Tomás Muñoz

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El proyecto fue anunciado por la actual lider del PSPV y ministra de ciencia, Diana Morant, en su etapa de alcaldesa de la localidad. La empresa promotora, Sunny Resort, está dirigida por el hijo del dueño de ACS y una de las hermanas Koplowitz.

El gobierno de Carlos Mazón también ha aprobado el llamado Plan Simplifica, un decreto ley para facilitar los trámites de la implantación de las macrorrenovables. La Coordinadora por una Ubicación Racional de las Renovables denuncia que “tendrá terribles consecuencias para el desarrollo socioeconómico y la vida en el mundo rural”. “Las facilidades que se dan a los macroproyectos contrastan con los obstáculos existentes para el autoconsumo y las comunidades energéticas”, concluyen en una nota de prensa en la que piden la derogación de lo que han denominado “decreto motosierra”.