Aborto
La histórica lucha feminista por la despenalización del aborto en México

El martes 7 de septiembre de 2021 será recordado como un día paradigmático en la historia de las luchas de las mujeres y de las personas gestantes en México debido a que, después de varias décadas de insistencia, a partir de dicha fecha no se podrá, sin violar el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la constitución, procesar a mujer alguna que se someta a una interrupción voluntaria del embarazo.

No obstante, la despenalización del aborto ha sido solamente un primer paso, debido a que aún hace falta que la interrupción del embarazo pueda darse de manera libre, gratuita, anónima y de calidad en beneficio de quienes se ven más fuertemente afectadas: mujeres casadas, pero también solteras, jóvenes y adultas; ricas y pobres; con mucha o poca formación; indígenas, afrodescendientes, mestizas y blancas; con hijos y sin hijos; urbanas o rurales; hablantes de distintas lenguas; heterosexuales, lesbianas, personas no binarias o trans masculinas.

La lucha feminista por la despenalización del aborto en México es histórica, no es algo que haya comenzado hace apenas algunos años, sino que existen antecedentes desde varios siglos atrás. No obstante, en la década de los setenta del siglo XX esta reivindicación cobró un lugar muy importante en las protestas feministas, así como una presencia pública más fuerte. Lo que se logró la semana pasada en México, no se debe únicamente a la labor de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sino a todos los grupos de mujeres y feministas que desde hace años han hecho llegar sus demandas a través de su trabajo activo y su participación colectiva constante.

1970: entre exigencias del aborto libre y gratuito y críticas a la esterilización forzada

En México, a finales de los años setenta ya se observaban protestas de grupos feministas, como la Coalición de Mujeres, quienes se dedicaban a la repartición semanal de volantes para concientizar a distintos sectores sociales sobre la gravedad de las consecuencias de los abortos no seguros y realizaban manifiestos y protestas para reivindicar el aborto libre y gratuito, tal como se puede apreciar en periódicos feministas de la época como Cihuat. Voz de la Coalición de Mujeres en 1977.

Al mismo tiempo, desde aquella época los grupos feministas eran conscientes de los peligros por las campañas gubernamentales de esterilización forzada que tuvieron lugar en distintos estados de la República mexicana y que afectaron principalmente a mujeres de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como a migrantes mexicanas en los Estados Unidos. Existe una estimación de que en 1977, más de 26.000 mujeres mexicanas migrantes fueron forzadas a ser esterilizadas, bajo amenazas de ser deportadas por falta de documentación o bien cuando estaban bajo los efectos de la anestesia después de su primer parto.

Los movimientos feministas observaron ya hace décadas que la sexualidad y la reproducción de las mujeres se intentaba controlar desde los dispositivos gubernamentales, tanto si se decidía optar por la maternidad deseada o evitarla, con lo que no solamente se incurría en un acto sexista, sino también racista y clasista.

“Cihuat” quiere decir “mujer” en náhuatl. El número cinco de este periódico feminista de 1977 fue dedicado exclusivamente al aborto en México. Para esa fecha ya se estimaban más de 1.200.000 abortos cada año en México y se señalaba cómo los abortos mal practicados constituían la quinta causa de la mortalidad femenina de todo el país, cuestión que no cambió mucho durante las siguientes décadas. De esta manera, la Coalición de Mujeres ya advertía: “Estas cifras nos indican que es indispensable tomar medidas para hacer legal el aborto con el objeto de frenar los daños que en la salud de la mujer ocasiona su práctica clandestina debido a su ilegalidad. La legislación vigente sobre el aborto es obsoleta e ineficaz. Perjudica y desprotege sobre todo a las mujeres de escasos recursos”.

En el mismo número de este periódico feminista se mencionan métodos anticonceptivos para las mujeres que se encuentren en la necesidad de evitar el embarazo como la ligadura de trompas de Falopio, la píldora, aparatos interuterinos, diafragma, preservativo, espumas y jaleas, así como el método ritmo [método Ogino].

Críticas feministas marxistas al control de la sexualidad y la reproducción

Durante la década de los 70 en México, el aborto ya se planteaba como un problema político debido a que, a través de la legislación represiva, se impedía la toma de conciencia sobre el cuerpo de las mujeres y su derecho a decidir. El derecho y las leyes se han utilizado como instrumentos para proteger y legitimar los intereses capitalistas y patriarcales de los grupos de poder, a través de normas jurídicas.

Desde los análisis feministas marxistas, se interpreta que las normas legales han reforzado la conservación de la propiedad privada por cuestiones económicas, así como la reproducción de la fuerza de trabajo. Las críticas feministas marxistas tuvieron un impacto fuerte en las discusiones y en los debates feministas que se dieron en México en la década mencionada.

Estas perspectivas hicieron centrar el debate sobre la producción y la reproducción, es decir, en comprender cómo se reproduce el patriarcado y el capital en las sociedades. En el caso de México se dieron debates sobre cómo sucedía esto en las sociedades no típicamente capitalistas, tales como las campesinas e indígenas, y como las mujeres servían o no a través del matrimonio a este objetivo.

Para estas corrientes, el matrimonio es uno de los elementos a través del cual se controla la fuerza de trabajo de la mujer. Además, las feministas marxistas señalan que el control del cuerpo de las mujeres y la supuesta protección de las leyes sobre el embrión se relacionan en el interés de proteger el patrimonio y la propiedad privada, así como velar por la disponibilidad de la mano de obra o la nueva fuerza de trabajo para ser explotados en la casa, en la familia, en la fábrica o en la oficina.

Los grupos feministas en México criticaron cómo en las sociedades capitalistas se sublimiza a la maternidad al tiempo que se prohíbe el aborto como una manera de asegurar el incremento de la mano de obra

En un artículo titulado “El aborto y la legislación mexicana. Aborto: problema político”, publicado en 1977 en Cihuat,  la autora Mireya Toto Gutiérrez explica: “Así, era preciso que TODAS las mujeres cumpliéramos con nuestra “misión” de reproductoras de la fuerza de trabajo, indispensable para el proceso de producción.

De esta manera los grupos feministas en México criticaron cómo en las sociedades capitalistas, por un lado, se sublimiza a la maternidad y, por otro, se prohíbe el aborto como una manera de asegurar el incremento de la mano de obra. A mayor número de obreros, mayor la ganancia del patrón para comprar la mano de obra más barata.

Los argumentos de estas corrientes eran como estos que se pueden leer en un artículo de Tzinnia Salgado en Cihuat en 1977: “Y aparte se reivindica el derecho a tener los hijos deseados, sea cual fuere el número de estos. Nosotros decimos que la sociedad tiene la obligación de proporcionarles a nuestros hijos escuelas, empleos, vivienda, etc. En esta medida, no pedimos, si no exigimos que las mujeres tienen derecho a abortar cuando lo deseen, si así lo determinan”.

Años 80: entre las nociones de aborto legal o ilegal

Durante la década de los ochenta en México, las pensadoras feministas hablaron sobre “el aborto como el primer grito de rebeldía que desafía a la función unívoca y procreadora de la mujer; el primer gran desacato a la moral establecida y al decálogo; el primer gran grito”, como decía la feminista Fernanda Navarro en 1984. Al mismo tiempo, expresaban “luchar por una sociedad sin abortos” en la que las mujeres puedieran decidir sobre su vida y “donde dar a luz sea un verdadero acontecimiento, un suceso extraordinario” (así se expresaba Navarro en La Boletina: órgano informativo de la red nacional de mujeres).

En aquella época, la polémica era con relación al aborto provocado, que estaba dividido en la legislación mexicana entre legal e ilegal. Interrupción legal se refería a cuando esta se producía si la madre estaba en peligro o el embarazo era producto de una violación. A pesar de estar permitido en estos casos, una gran parte de mujeres violadas o con problemas de salud severos que presentaban una  solicitud de aborto no eran atendidas en instituciones de salud pública en México, lo que ocasionaba que tuvieran que realizar el aborto en la clandestinidad para solucionar su problema y las exponía a graves consecuencias, incluso a la pérdida de la vida.

Para los grupos feministas de aquella época, los términos de legal o ilegal se entretejían en una discusión disparatada en donde la legalidad equivalía al poder económico del sujeto en cuestión. Además, en el código de procedimientos penales, se consideraba el aborto ilegal y penado cuando la madre voluntariamente “se procure una práctica de interrupción del embarazo o consienta que otro lo haga”, cuestión que durante mucho tiempo ha generado estereotipos y criminalización sobre las mujeres que acompañan a otras mujeres.

Década de los 90 y la conmemoración del 28 de septiembre

En 1992 se creó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) con el objetivo de informar sobre la problemática de la reproducción humana, ante la grave carencia de información confiable sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Ese año La Correa, revista feminista de la época, publicó una encuesta realizada por el grupo de información GIRE sobre aborto, con el fin de conocer la opinión de la población mexicana.

Dicha encuesta abarcó varias preguntas sobre el aspecto de la ilegalidad del aborto, la toma de decisiones, el papel de los grupos religiosos, de las instituciones de salud y la consecuencia de la despenalización del aborto. Una gran parte de las personas entrevistadas sabía que el aborto era ilegal y solo un 13,1 % pensaba que estaba permitido. El 42,5% de las personas entrevistadas sostuvieron que le corresponde a la mujer la toma de la decisión y la mayoría también consignó que la despenalización del aborto serviría para prevenir la muerte de muchas mujeres. Las opiniones más conservadoras se registraron en la ciudad de Guadalajara y, en cambio, en los estados del sur de México se observaron porcentajes mayores de personas quienes mostraron su desacuerdo con la ilegalidad del aborto, como explicaba en La Correa en 1991 María Luisa Tarrés.

Esa década se caracterizó por grupos conservadores de derecha que intentaron intervenir con argumentos de tipo ético, jurídico-legal o basados en la salud y la justicia social de las mujeres. Un tema del ámbito personal de las mujeres se trasladaba al espacio público. Al mismo tiempo, los “compañeros de la izquierda” no se posicionaron ante el tema porque para ellos siempre “la revolución estaba antes y la situación de las mujeres podía esperar”. Paralelamente la Iglesia católica también imponía una camisa de fuerza al movilizar a miles de creyentes en contra de la despenalización como una manera de presionar al gobierno.

Chiapas fue uno de los primeros estados de México en donde las mujeres organizadas solicitaron al congreso del estado la legalización del aborto

En estados como Chiapas, durante los año 90 hubo grupos organizados como el Colectivo de Mujeres Autónomas en Lucha (COMAL) Citlalmina, que organizó foros sobre maternidad voluntaria y despenalización del aborto, lo que demuestra que las luchas existieron en distintos estados para reformar los marcos legales. De hecho, Chiapas fue uno de los primeros estados de México en donde las mujeres organizadas solicitaron al congreso del estado la legalización del aborto, que en un primer momento se logró para luego dar marcha atrás a esta reivindicación.

Despenalizar el aborto fue utilizado por distintos representantes de partidos políticos en México quienes en ocasiones bloquearon sistemáticamente los avances de los movimientos feministas. En esa década se organizó la campaña por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe también conocida como la campaña del 28 de septiembre como un día dedicado a la divulgación del aborto para las mujeres en América Latina y el Caribe.

2000: derecho a decidir y salud reproductiva

El inicio del siglo XXI se ha caracterizado por las discusiones sobre el aborto de manera más intensa en la agenda pública por parte de organizaciones políticas, sociales y grupos feministas. También en el espacio académico la interrupción legal del embarazo ha tenido mayor presencia gracias a que la perspectiva de género feminista ha sido adoptada en distintos campos de conocimiento y la ciencia de las mujeres y de las feministas en las universidades ha tomado mayor fuerza.

En estas dos últimas décadas, se ha hablado del aborto como un asunto de justicia reproductiva, de salud pública y una aspiración de vida digna para las mujeres. Como hemos visto, las luchas por el derecho de decidir han estado presentes en México desde hace varias décadas debido a que la interrupción voluntaria del embarazo es una práctica muy común en la vida de las mujeres y de las personas gestantes del país y de América Latina y el Caribe, pero se requiere entender que para las feministas que “el aborto no es un gusto, es un último recurso”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto en el estado de Coahuila y dos días después otra decisión unánime de la corte señaló como inconstitucional el artículo de la Constitución de Sinaloa que protegía la vida desde la concepción

A partir del 7 de septiembre de 2021, fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto en el estado de Coahuila (artículos 195 y 196 de su Código Penal). Esto no solo se refiere a la interrupción del embarazo, sino a una cuestión más amplia de justicia reproductiva. Dos días después, otra decisión unánime de la corte señaló como inconstitucional el artículo 4 de la Constitución de Sinaloa que protegía la vida desde la concepción y de facto penalizaba la práctica del aborto.

Todo esto ha creado un precedente importante y obligatorio para todas las legislaciones y todas las entidades de la República mexicana, que deberán acatar el criterio emitido por la corte. Aunque se ha logrado establecer que ninguna mujer debe ser criminalizada por la interrupción voluntaria de su embarazo y que deben ser liberadas quienes están en la cárcel a causa de una sentencia por esta razón, es importante señalar que aún hace falta mucho.

Con despenalización, se contribuye a que los abortos puedan ser más seguros y que las personas en situaciones vulnerables se vean menos afectadas. No obstante, aún hace falta mucho camino por recorrer para que existan las condiciones que permitan prácticas seguras de interrupción del embarazo y que las mujeres de origen popular puedan acceder de manera gratuita para que no sea una práctica a la que solo acceden las mujeres con poder adquisitivo. Sin duda, las redes de cuidado feminista en México, que se han popularizado en los últimos años, han contribuido enormemente a garantizar el aborto seguro, gratuito y libre que ya no tiene vuelta atrás.