Accidentes laborales
El riesgo de trabajar en el País Valencià

Cuando cornean a un torero, cuando se muere una celebridad, cuando se conoce un atentado terrorista… Son ejemplos de lo que llega a los informativos y genera debate. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se informa acerca de la muerte de un trabajador en su centro de empleo? Salvo algún caso concreto, no existe apenas repercusión, como cuando se conoce un nuevo ataque en zonas en conflicto permanente. Pero, ¿por qué ocurren estos accidentes? ¿Son evitables? ¿Es algo excepcional?

Según el informe provisional del Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), que depende de que la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball y realiza campañas preventivas, formaciones y otro tipo de acciones encaminadas a la seguridad laboral, de octubre de 2017 a septiembre de 2018, los accidentes mortales en el País Valencià fueron 59. Las cifras han evolucionado: en 1990 murieron en todo el país 1.923 personas en su centro de trabajo y en 2017 murieron 618, según el Ministerio de Trabajo. Una cantidad notoriamente inferior, pero que sigue siendo muy alta: más de un trabajador muere al día mientras se gana el pan.

De las 59 muertes, el 37% fueron accidentes cardiovasculares, el 12% accidentes asociados al tráfico y el resto (51%) fueron accidentes traumáticos

Cifras abrumadoras, teniendo en cuenta que son evitables, y que muestran que es un problema estructural. En los primeros cinco meses de 2018, los accidentes laborales ascendieron a 541.098 accidentes en todo el país; en 2017 según el Ministerio de Trabajo, además de las 618 fallecidas por accidente laboral, 4.510 personas sufrieron un accidente grave que les dejará secuelas. En lo que respecta al País Valencià, los 59 fallecimientos suponen un aumento de 9 casos, un incremento del 18% con respecto al mismo periodo del año anterior. De los 59 casos registrados, el 37,3% fueron patologías no traumáticas (accidentes cardiovasculares), el 11,9% accidentes asociados al tráfico y el resto fueron accidentes traumáticos y representan el 50,8%.

Sector Servicios

El mayor porcentaje de siniestralidad se lo lleva el sector terciario con 27.826 casos (58,5%). En este sector, muchos de los accidentes mortales han sido in itinere, accidentes de tráfico sufridos por el trabajador durante el desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo y viceversa. Desde CC OO en el País Valencià, su secretario de Acción Sindical y Salud Laboral, Daniel Patiño, afirma que es “inaplazable el desarrollo reglamentario de la Ley de Áreas Industriales en lo concerniente a la implantación de planes de movilidad sostenible”. Para Patiño, esto pasa también por el rediseño de las ciudades y sus nodos de comunicación, cambiando la movilidad entre municipios de forma que se potencie el transporte público. “La utilización masiva de vehículos privados de uso individual no solamente emite mayor cantidad de dióxido de carbono, perjudicando la calidad del aire, sino que supone un agente de riesgo al que se exponen las personas trabajadoras al ir y volver a su centro de trabajo”, apunta.

La cuestión valenciana no es una más: es la segunda con mayor cantidad de paralizaciones de obras por falta de medidas preventivas y la tercera autonomía con mayor importe en las sanciones propuestas. Además, es la segunda, tan sólo por detrás de Andalucía, con mayor siniestralidad mortal, a pesar de tener la mitad de población trabajadora, por lo que los datos señalan que existe un grave problema y que las herramientas para paliar la situación son insuficientes. Los datos de estos doce meses del Invassat, no sólo señalan que aumenta el índice de incidencia de las enfermedades profesionales, sino que en general tienen mayor afección sobre las mujeres, que suelen ocupar más trabajos de servicios, es decir, precarizados.

Según datos del SEPE, casi el 25% de los contratos en el sector servicios no llega a los siete días. Por otra parte, el sector turístico valenciano acumula un 48% de contratos temporales

Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), casi el 25% de de los contratos en el sector no llega a los siete días. El sector de los servicios concentró 413.232 contratos de menos de siete días de duración, cifra que representa el 23,3 % de los 1,77 millones de contrataciones que se celebraron durante el mes de abril, cebándose especialmente en la restauración, que fue el subgrupo de ocupación que aglutinó mayor número de contratos temporales. Según CCOO, el sector turístico valenciano acumula un 48% de contratos temporales, 30% a tiempo parcial y una brecha salarial del 20,7%.

Falta de interés, prevención y recursos

Como indica Patiño, algunos ejemplos son los accidentes en trabajos de altura, o trabajos en cubierta, “una tendencia que parecía que había desaparecido y que ha vuelto a repuntar de una forma bastante elevada”. Según especifica, la causa principal es, fundamentalmente, la falta de inversión: “Esto muestra que hay falta de formación, de información y medidas de seguridad”. Desde el sindicato advierten de que se hacen copiapegas de evaluaciones de riesgo de servicios de prevención ajenos. “No puede ser que te sirva igual una evaluación para un sector de trabajo en llano que de trabajo en altura”, denuncia Patiño. El sindicato reclama evaluaciones de riesgo más profundas y veraces, que cuantifiquen el nivel y tipo de riesgos a los que están expuestos trabajadores y trabajadoras.

La formación y la aplicación de medidas preventivas también están ausentes en muchas empresas. Según explica Patiño, cuando las empresas han optado por recortar costes, “la prevención de riesgos laborales ha pasado a ser una prioridad de segunda”. Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), el empresariado valenciano invierte el doble en publicidad que en formación de sus trabajadores.

En la economía valenciana, con un peso fundamental del turismo, desde el sindicato enfatizan también en la preponderancia de la descentralización productiva, con grandes empresas que recurren a contratas y subcontratas en las que, al tener menor capacidad, la prevención acaba otra vez en un segundo plano, aunque por ley estén obligadas a elaborar planes de prevención. Sin embargo, Patiño señala que “hay falta de supervisión evidente por parte de la empresa principal, y por parte de la autoridad laboral”.En este último caso, faltan medios porque cada vez hay más microempresas y pequeñas empresas derivadas en muchos centros; lo que se traduce en más carga de trabajo. Además, las pequeñas compañías también dificultan la sindicación, una alternativa de defensa para con los derechos sobre salud laboral.

¿Quién controla?

El Invassat, órgano encargado de supervisar los planes de prevención, lleva años sin cubrir vacantes pendientes. “Están limitados por la falta de recursos, además de que las empresas no están obligadas a seguir sus indicaciones”, señala Silvia Catalán, técnica superior en Riesgos Laborales que participa en la Comisión Territorial del Invassat de Alicante y en el grupo de trabajo de enfermedades profesionales. “Al final, por esa falta de recursos, luego no se hace una segunda visita a los centros”, añade.

También faltan medios en la Inspección de Trabajo. En España hay un profesional por cada 15.000 trabajadores mientras que en Europa hay uno por cada 7.300. De acuerdo al Plan Director por un trabajo digno del Gobierno para estabilizar empleos temporales, y en el que la Inspección tiene un papel clave, este sigue sin surtir efecto: en octubre se hicieron 222.000 contratos a nivel estatal pero solo se han convertido en indefinidos 9.000. La distribución de los recursos de la Inspección de Trabajo “deja bastante que desear, lo que se ve en los datos de su memoria; hoy por hoy no se prioriza el fraude a la Seguridad Social en las horas extraordinarias ni la materia preventiva”, esgrime Patiño. Un escenario que sigue tendiendo hacia la precarización, caldo de cultivo de la siniestralidad.

Preocupa el aumento de la siniestralidad laboral en Euskal Herria

Redacción Hordago

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Accidentes laborales

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Redacción Hordago

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Una manifestación recorrerá este sábado las calles de Iruñea en defensa de la salud y las vidas de la clase trabajadora, ya que según los sindicatos las muertes en el trabajo han ascendido a 50 en lo que va de 2018

En cualquier caso, desde el sindicato focalizan la responsabilidad en la gran empresa, “que compite con menos costes cuando decide subcontratar”, especifica el responsable de Salud Laboral de CC OO.

Pero hay más reglas de tres que se pueden establecer más allá de unas condiciones de trabajo míseras o inestables. En el abaratamiento de costes se quedan por el camino la formación, la materia preventiva y el propio infraregistro de personas que se accidentan, algo que ocurre por ejemplo en la economía sumergida: trabajadores invisibilizados que, al no ‘existir’, sus dolencias son calificadas como comunes y no laborales, por lo que pasan a la Seguridad Social y no a la mutua, cuya duración media de las bajas es de las más inferiores de Europa, según apunta el sindicalista.

Según Ainhoa Coloma, investigadora de la Unidad de Conductas Adictivas e Intervención Breve (UCAB) de la Universidad Miguel Hernández (UMH), “se han encontrado casos en los que trabajadores se reincorporan antes de tiempo, sin que haya desaparecido su dolor. Al seguir con la medicación, aparecen muchos síntomas ansiosos, depresivos o más fármacos”. El problema, indica, es que no se cuenta con servicios psicológicos, no hay un seguimiento. “Es necesario poner estrategias en marcha para prevenir”, apostilla. Por su parte, el profesor de psicología de dicha universidad y director de la UCAB, José Luis Carballo, señala que actualmente hay hasta un 40% de bajas por depresión, ansiedad o estrés, con trabajadores y trabajadoras que recurren a menudo a ansiolíticos. Esta medicación afecta decisivamente en el trabajo: “Los fármacos, como por ejemplo el orfidal, pueden mermar capacidades a la hora de reaccionar, de conducir, de manejar maquinaria, de relacionarse con las personas, y eso afecta al rendimiento laboral”, explica Carballo.

Carballo señala que actualmente hay hasta un 40% de bajas por depresión, ansiedad o estrés, con trabajadores y trabajadoras que recurren a menudo a ansiolíticos

Como señala el director de la Unidad de Conductas Adictivas, el abuso de estos fármacos se traduce en que puede haber un mayor riesgo de accidentalidad laboral, por eso la necesidad de intervenciones psicológicas complementarias para reducir el consumo dentro y fuera del trabajo. En su opinión, no se están poniendo en marcha los servicios necesarios para mejorar la prevención en las compañías. “Las empresas no tienen el derecho a preguntarle a alguien si consume, pero lo que hay que hacer es prevenir, sea con servicios externos, de la administración o servicios de prevención que se ocupen de este tipo de situaciones”, observa Carballo. De lo contrario, se crea un círculo en el que el propio tratamiento afecta a la siniestralidad laboral.

Queda mucho camino por recorrer. Como apunta Catalán, aún hay dolencias y patologías en las que hay que seguir investigando para demostrar la relación causa-efecto entre trabajo y enfermedad. Sobre todo en algunas muy graves como el cáncer. Además, señala que “hay muchos empleos en los que no hay evaluaciones de riesgo químico”, a menudo porque estas pruebas son caras y están fuera del servicio de prevención de la empresa.

Sobre las afecciones químicas, los estudios en cuanto a contaminación y exposición en el ambiente son reducidos y no todos los contaminantes químicos están evaluados. Algo que, sobre todo, afecta a trabajadores en empresas del sector agroalimentario, elaboración de pesticidas, fungicidas o trabajos con plásticos. “Son necesarios más estudios de salud pública y epidemiología, puesto que no están expuestos a un único producto”, expone Catalán. De hecho, sobre el cáncer, en 2015 solo se relacionaron 23 con origen laboral y en 2018, durante los siete primeros meses del año, solo se han declarado 14, la mayoría, como los de 2015, por exposición a amianto.

La mayoría de los casos se atribuyen a hábitos de conducta individuales, pero una parte de ellos —entre un 4% y un 10%, según estimaciones científicas— se deben a exposiciones a agentes cancerígenos en los lugares de trabajo, algo prevenible y para lo que existen herramientas y legislación, como pasó en el caso del Hospital del Vinalopó de Elche —del grupo Ribera Salud—, al que, en octubre de 2017, la Generalitat impuso una multa de 150.000 euros por tener a empleados expuestos al formaldehído, una sustancia cancerígena. Según los datos facilitados por la Sociedad Española de Oncología Médica, se estima que en 2012 se diagnosticaron en el país 215.534 nuevos casos de cáncer y que se elevarán hasta 246.713 en 2020. De ellos, unos 9.000 se deberían atribuir a exposiciones laborales, atendiendo a los cálculos más conservadores.

¿Qué hacer?

Un conjunto de factores que atenúa la situación laboral de la clase trabajadora, que necesita ir a trabajar pese a las condiciones laborales, para poder vivir. Con respecto a las compañías, los requerimientos para atender el cumplimiento no son suficientes. Según Patiño, “es preciso endurecer las sanciones y la posición de la autoridad laboral para aumentarlas cuando hay que ratificarlas”. Muchos accidentes graves con problemas por falta de medidas de seguridad acaban en un simple requerimiento. Así pues, el marco normativo existe, pero la interpretación es laxa y flexible.

El trabajo mata, y mata mucho

Carmen Grande

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Accidentes laborales

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Carmen Grande

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En un mundo donde lo único que importa es el dinero, nuestras vidas —las de las trabajadoras— son supeditadas al beneficio económico.

En opinión del dirigente sindical, igual que se promociona a través de la responsabilidad social empresarial a estas, “hay que señalar a las que incumplen, y la patronal no puede repartir la culpa. Hay que tomar medidas ejemplarizantes para todos”. Un ejemplo de esta laxitud con las empresas que no cumplen la normativa de prevención es el caso de Lesma, filial de Ryanair, que acumula diversas denuncias del comité de empresa en el Aeropuerto Alicante-Elche por falta de medidas preventivas. Se le abrió un expediente sancionador por exponer a sus trabajadores en las pistas de aterrizaje sin las uniformidades pertinentes para evitar la radiación solar, cuando en verano se alcanzan más de 40 grados. En casos como el Hospital del Vinalopó de Elche, propiedad del grupo Ribera Salud, la Inspección sancionó a la compañía con una multa de 150.000 euros por tener a empleados expuestos al formaldehído, un cancerígeno.

En el caso del Hospital del Vinalopó de Elche, propiedad del grupo Ribera Salud, la Inspección sancionó a la compañía con una multa de 150.000 euros por tener a sus empleados expuestos a un cancerígeno

A diario se conocen nuevos casos de siniestralidad, por ejemplo en la zona del Vinalopó-Vega Baja (Alicante) se están registrando atrapamientos de trabajadores en maquinaria en el sector agroalimentario, e incluso se generan accidentes con las contratas de limpieza de estas máquinas, a pesar de tener un convenio de limpieza de oficinas. En general, en todo el territorio, y en las comarcas valencianas, se encuentran casos de subcontratas prácticamente de todas las grandes empresas de distribución, logística o alimentación en las que hay accidentes por falta de medidas, por ejemplo trabajadores sin arnés que caen desde fachadas. Al final, los casos mortales son siempre la punta del iceberg: aunque hasta octubre de 2018 son 59 los fallecidos a nivel autonómico, ha habido más de 47.000 accidentes en el trabajo que han causado baja por enfermedad.

La siniestralidad es un problema sistémico, estructural, que afecta a un sector claro de la población: a la trabajadora. Una accidentalidad o, en el peor de los casos, mortalidad, que es evitable. ¿Cuántas vidas más son necesarias para actuar?