Actualidad árabe (y más)
Lucha contra Estado Islámico y convenciones internacionales que son papel mojado

Siria sufre el mayor ataque yihadista en años y los yemeníes y los palestinos sufren agresiones por parte de aliados de Occidente, que recibe a los talibanes en suelo europeo por primera vez desde su regreso al poder
Talibanes Ghanzi
Las sanciones tras la toma de poder de los talibanes agravan la crisis humanitaria que sufre la población afgana

Estado Islámico lanzó en el noreste de Siria el mayor ataque desde la caída de su califato al asaltar una cárcel con la intención de liberar miles de presos yihadistas. El esfuerzo de las Fuerzas Democráticas Sirias logró contener el motín, aunque decenas de agentes de seguridad y civiles murieron durante los combates. En el golfo, continua la sangrienta guerra entre la coalición liderada por Riad y Abu Dabi y los rebeldes hutíes, en un conflicto que atraviesa su séptimo año sin visos de terminar pronto.

Entre el río Jordán y el Mediterráneo, continua la agresión de derechos humanos contra la población palestina, que se ve indefensa ante un estado que incumple la convención de Ginebra de forma impune al desahuciar a población civil en territorio ocupado. Mientras, los líderes de los Estados Unidos y de la Unión Europea se prestan a recibir a los talibanes por primera vez  en suelo europeo desde su regreso al poder y celebran una cumbre con la intención de paliar la grave crisis humanitaria que azota el país.

Las FDS contienen el mayor ataque del Estado Islámico desde la caída de su califato

“Este ataque contra la cárcel de Hasaka deja claro la amenaza que Estado Islámico supone y, con tal de aplacarla, es importante que la comunidad internacional ofrezca un mayor apoyo a las fuerzas militares de la Administración Autónoma del Noreste de Siria (AANES)”. Son palabras de Clara Moore, investigadora del Centro de Información de Rojava, justo después de que las Fuerzas Democráticas Sirias —lideradas por grupos kurdos— consiguieran contener el motín entre presos yihadistas que se produjo durante los últimos días en la cárcel de Ghuwayran.

El jueves de la semana pasada, cien yihadistas de Estado islámico asaltaron el centro penitenciario con la intención de liberar extremistas encarcelados en el edificio. Fue la mayor operación del grupo extremista desde la caída de su califato años atrás. Los combates que se desataron entre las fuerzas de seguridad y los yihadistas, tanto en el propio centro penitenciario como en los barrios de alrededor, dejaron más de 160 víctimas mortales —114 yihadistas, siete civiles y 45 miembros de los cuerpos de seguridad—, además de 45.000 civiles desplazados a otras ciudades del territorio. Más de 600 presos terminaron entregándose a las FDS y otros centenares —si no miles— lograron escapar, siendo todavía buscados por patrullas militares alrededor de municipio.

El jueves de la semana pasada, cien yihadistas de Estado islámico asaltaron el centro penitenciario con la intención de liberar extremistas encarcelados en el edificio. Fue la mayor operación del grupo extremista desde la caída de su califato años atrás

“La comunidad local está soportando una responsabilidad y un peso muy grandes”, añade Moore en relación al desafío del yihadismo: “hacen lo que pueden para combatir la amenaza con recursos muy limitados”. Los Estados Unidos ofrecieron un apoyo moderado a las FDS lanzando algún bombardeo al centro penitenciario desde el aire, lo que habría provocado múltiples muertos dentro de la cárcel según un video publicado por Estado Islámico. 

Durante los combates, la presencia en la cárcel de 850 presos menores de edad fue motivo de preocupación, puesto que las propias FDS aseguraron que estaban siendo usados por parte de los yihadistas encarcelados como escudos humanos, en un intento de disuadir a las fuerzas que intentaban contener el motín. Juliette Touma, jefa de comunicación de UNICEF en Oriente Medio, también apela a la comunidad internacional como lo hace Moore, pero por motivos distintos: “Estos menores necesitan salir de Siria y ser repatriados a sus países de origen”, dice en referencia a los menores que provienen de hasta 60 estados distintos y que están encarcelados en Ghuwayran o en campos de refugiados de la zona, como al-Hol.

“Todos estos estados tienen la responsabilidad de reintegrar estos menores en su comunidad y de ofrecerles el cuidado que tanto necesitan”, dijo a El Salto Diario. A pesar de ubicarse dentro de territorio oficialmente sirio, cabe recordar que la AANES es una región semiindependiente del régimen de Bashar al-Asad donde conviven territorios de mayoría kurda y de mayoría árabe.

Riad y Abu Dabi lanzan los ataques más mortíferos en años contra el Yemen

Estos últimos días, la coalición liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos ha lanzado los ataques más mortíferos en años contra Yemen. El viernes pasado, varios bombardeos elevaron la cifra de víctimas mortales alrededor de las 90 personas, además de dejar centenares de personas heridas. Según informó el grupo Netblocks, misiles disparados contra el centro de telecomunicaciones de la ciudad de Hodeida, clave para la cobertura del país, hicieron desaparecer la conexión a internet en todo el Yemen, lo que dificultó la publicación de imágenes que revelaran la masacre y lo que supone un castigo colectivo.

Dos días antes, Riad y Abu Dabi habían bombardeado Saná, la capital del Yemen, provocando más de 20 muertes. En aquella ocasión, la ofensiva apuntó contra la residencia de un antiguo responsable de la aviación hutí llamado Abdullah Qassim al-Junaid. El misil contra su edificio mató 14 personas, entre ellas el propio al-Junaid, además de su mujer, su hijo, otros miembros de la familia y personas no identificadas. Otros ataques en otros puntos de la ciudad elevaron la cifra de víctimas mortales a la veintena. 

Durante las horas anteriores, los dirigentes de los EAU habían casi anunciado su intención de atentar contra los hutíes. En unas declaraciones, la administración emiratí afirmaba que tenía el derecho a responder “los ataques de los terroristas” que se habían producido el lunes pasado en territorio del emirato. Una ofensiva reivindicada por los hutíes había hecho explotar tanques de combustible y habían provocado tres víctimas mortales en el aeropuerto internacional de Abu Dabi.

El conflicto empezó en 2014, cuando los rebeldes hutíes tomaron la capital, Sana, así como buena parte de norte del Yemen. Aquel avance obligó al hasta entonces único gobierno yemenita a desplazarse primero al sur de país y más tarde a exiliarse en Arabia Saudí. Hoy, Riad lidera junto con los EAU una coalición que trata de expulsar a los hutíes. Muchos analistas ven el conflicto del Yemen —que se encuentra en su séptimo año— como un campo de batalla donde terceras potencias se disputan el poder a través de grupos aliados sobre el terreno. Irán apoya a los rebeldes hutíes, mientras que Arabia Saudí está del lado del mismo gobierno que cuenta con el reconocimiento de potencias occidentales. 

La tensión actual en Yemen frustra los intentos de conseguir una mediación fructífera que ponga fin a la guerra, perpetuándose la que organizaciones internacionales consideran la peor crisis humanitaria del planeta

La brutal escalada que atraviesa el conflicto llega tras un mes de intensos combates en la región del Marib, una zona rica energéticamente que está en disputa entre ambos lados, aunque sigue controlada por la administración yemenita apoyada por Riad.

Hans Grundberg, enviado especial de la ONU en el Yemen, advirtió en el Consejo de Seguridad del pasado 12 de enero que ambos lados estaban redoblando esfuerzos militares y que las perspectivas de paz no pintaban bien. La tensión actual frustra los intentos de conseguir una mediación fructífera que ponga fin a la guerra, y así se perpetua la que organizaciones internacionales consideran desde hace años la peor crisis humanitaria del planeta. La ONU calcula que los combates han provocado 15.000 desplazados más solo durante el último mes. La misma organización estima que 11 millones de niños necesitan ayuda humanitaria en el país, donde residen un total de 30 millones de personas.

Sigue la incesante violación de derechos humanos contra los palestinos

La presencia de las izquierdas y de palestinos en el nuevo gobierno israelí no ha traído el cambio que se esperaba en el trato hacia los palestinos por parte del Estado de Israel. Medio año después de su formación, tanto analistas como grupos defensores de los derechos humanos coinciden en que las demoliciones de casas y los actos de violencia contra palestinos por parte de colonos fanáticos van en auge.

El goteo de residencias palestinas destruidas en Jerusalén Este contra la voluntad de sus residentes es incesante. Uno de los casos que ha captado más la atención mediática es el d ela familia Salhiye, que ha sido expulsada de la vivienda después de una batalla legal de cinco años contra el ayuntamiento de Jerusalén. HRW ha considerado a los miembros de la familia Salhiye como “doblemente refugiados”, puesto que en 1948 ya fueron expulsados de su anterior residencia ubicada en Jerusalén Oeste, durante la creación del estado israelí —lo que los palestinos conocen como la Nakba, o “gran catástrofe”—.

La presencia de las izquierdas y de palestinos en el nuevo gobierno israelí no ha traído el cambio que se esperaba en el trato hacia los palestinos por parte del Estado de Israel

El desahucio de población en territorio ocupado implica una violación de la convención de Ginebra, una práctica habitual por parte del estado de Israel. Actitudes como esta hacen comprensible que muchos ciudadanos del llamado Sur Global tengan una confianza nula en los organismos y el derecho internacionales, puesto que estados violadores de derechos humanos siguen recibiendo el fiel apoyo de potencias occidentales como los Estados Unidos o la Unión Europea, que hipertrofian el ejército israelí en nombre de la seguridad.

Lejos de Jerusalén, en la región del Negev, ubicada en el sur de Israel, miles de beduinos luchan contra la desposesión a manos de autoridades israelíes. Según explica la periodista Riya al’Sanah en The Independent, los asistentes de la concentración, celebrada durante múltiples días de la semana pasada, combatieron los planes de repoblación forestal del Fondo Nacional Judío, una entidad que cuenta con el apoyo del estado de Israel. Según la misma periodista, se trata de una estrategia habitual que pretende esconder la antigua presencia de pueblos palestinos antes del nacimiento de Israel, o bien para evitar el regreso de antiguos pobladores indígenas. Muchos de los que abandonaron la región del Negev durante la llamada Nakba en 1948 se desplazaron a campos de refugiados en la actual franja de Gaza, donde permanecen sitiados junto con su descendencia sin opción de regreso a la tierra que solían habitar.

Los talibanes pisan Occidente por primera vez desde su regreso al poder

Semana importante para los talibanes, que pisaron suelo europeo para reunirse con representantes occidentales por primera vez desde su regreso al poder en Afganistán. Una delegación de los nuevos líderes afganos fue recibida durante tres días en Oslo, capital de Noruega, cuyo ministerio de Asuntos Exteriores organizó una cumbre internacional para que los dirigentes afganos se reunieran con sus homólogos de la Unión Europea, los Estados Unidos, y múltiples países europeos, como el Reino Unido Alemania, Francia e Italia. Los talibanes habían sido recibidos hasta ahora en Rusia, Irán, Qatar, Pakistan, China y Turkmenistan. Los mandatarios afganos llegaron a Europa con un jet privado organizado por las autoridades noruegas.

Las reuniones se celebraron a puerta cerrada y contaron con la presencia de defensores de los derechos humanos. Según algunas filtraciones, los diplomáticos occidentales trasladaron a los talibanes que las ayudas humanitarias para paliar la enorme crisis que azota el montañoso país irán de la mano de las esperadas mejoras en materia de derechos humanos, especialmente en lo que refiere a los derechos de la mujer.

Desde que los talibanes retomaron el poder, la comunidad internacional ha cortado el acceso de las instituciones afganas a las instituciones financieras internacionales. Estados Unidos, además, han congelado miles de millones de dólares del banco central afgano, lo que contribuye a la crisis humanitaria del país

Desde que los talibanes retomaron el poder, la comunidad internacional ha cortado el acceso de las instituciones afganas a las instituciones financieras internacionales. Estados Unidos, además, han congelado miles de millones de dólares del banco central afgano, lo que contribuye a la crisis humanitaria del país, en la que 24 millones de afganos de los 38 del total sufren inseguridad alimentaria. La ONU calcula que durante este 2022, la pobreza en el país alcanzará el 97% de la población.

La miserable situación de Afganistán hace que líderes humanitarios exijan un relajamiento de las sanciones contra los dirigentes afganos. El jefe del Consejo Noruego de los Refugiados, Jan Egaland, que participó en las reuniones, afirmó en declaraciones a AFP: “No podemos salvar vidas a no ser que las sanciones se levanten”. “Lamento mucho que un país como Noruega organice esta cumbre”, decía también en declaraciones a AFP la activista afgana Wahida Amiri, que ha protestado en las calles de Kabul desde el regreso de los talibanes: “se están reuniendo y están cerrando tratos con terroristas”, añadía. El miedo a salir a la calle llevó a muchas mujeres afganas a protestar desde sus casas a través de las redes sociales.

Los talibanes, que buscan el reconocimiento internacional, regresaron a Afganistán el martes por la noche sin hacer declaraciones públicas. El ministerio de Asuntos Exteriores noruego asegura que la cumbre no implica “una legitimación ni un reconocimiento de los talibanes”, pero afirma que “son quienes gobiernan en Afganistán” y que es necesario estar en contacto con ellos.

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