Actualidad árabe (y más)
Ocupación criminal, pena de muerte a un deportado por España e imposición del burka

El ejército israelí asesina a la periodista palestina Shireen Abu Akleh, los talibanes avanzan en la marginalización de las mujeres y Argelia condena con la pena máxima a un activista a quien Interior deportó en marzo, mientras Líbano vota por segunda vez en 14 años.
Mohamed Benhalima
Mohamed Benhalima en un video realizado desde el CIE previo a su deportación a Argelia.

Llevaba décadas contando el conflicto palestino-israelí en las pantallas de millones de ciudadanos árabes desde Marruecos hasta Iraq, pero a Shireen Abu Akleh la han apartado para siempre. Un soldado israelí la mató el miércoles mientras cubría una redada de las fuerzas de ocupación en Jenin y miles de palestinos se han movilizado para lamentar su muerte y para despedirle. En Argelia, un activista deportado en marzo del estado español por órdenes del ministerio de Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha sido condenado a muerte tras haber denunciado la corrupción dentro del ejército argelino y participado de las revueltas de 2019.

A pesar de haber prometido el pasado agosto un gobierno más respetuoso con los derechos humanos que en su anterior etapa de dominio, los talibanes siguen recortando los derechos de las mujeres, ahora a través de la imposición absoluta del burka. En Líbano, nuevos grupos de oposición participarán este domingo en sus primeras elecciones parlamentarias en un intento de arrebatar algo de poder a los partidos tradicionales, con el contexto de una apabullante crisis de fondo.

Soldados israelíes asesinan “la voz de Jerusalén”

“La gente aquí está muy triste y, para ser honesto, yo también lo estoy”. Son declaraciones a El Salto Diario de Omar, un joven palestino residente en el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne, en Beirut, tras el asesinato en Cisjordania de la periodista nacida en Jerusalén Shireen Abu Akleh a causa de los disparos de un soldado israelí. El asesinato se produjo la mañana del miércoles en el campo de refugiados de Jenín, mientras la periodista cubría la redada que el ejército israelí lanzaba en territorio ocupado. “Tanto aquí como en Palestina, la gente ha bautizado a Shireen como “la voz de Jerusalén”, relata Omar con pesar.

El disparó que mato a Abu Akleh le desfiguró al cara tras penetrarle por debajo de la oreja, uno de los únicos puntos que tenía al descubierto entre el casco y el chaleco anti balas que la identificaba como periodista. El también periodista palestino Ali al-Samoudi, que se encontraba con Abu Akleh en el momento de su muerte y que se encuentra estable a pesar de haber recibido también una bala en la espalda, aseguró a la prensa que no había combatientes palestinos en el lugar donde fueron atacados y que solo pretendían registrar imágenes de la redada: “pero el ejército israelí disparó contra nosotros sin tan siquiera pedirnos antes que dejáramos de grabar”.

Abu Akleh, la periodista asesinada el pasado miércoles por un soldado israelí, había cubierto dos intifadas y las cinco guerras que tuvieron lugar en la franja de Gaza desde 2008 a 2021

Miles de palestinos salieron el mismo miércoles a participar de concentraciones conmemorativas hacia la figura de Abu Akleh, reconocida reportera que aparecía en las pantallas de millones de espectadores árabes desde Marruecos hasta Iraq para explicar las últimas noticias del conflicto que sacude la Palestina histórica. Abu Akleh había cubierto dos intifadas y las cinco guerras que tuvieron lugar en la franja de Gaza desde 2008 a 2021, pero terminó muriendo en Cisjordania durante supuestos tiempos de paz, lo que explica el contínuo conflicto entre las fuerzas de ocupación israelíes y la población indígena de los territorios ocupados.

Al Jazeera, medio para el que trabajaba Abu Alkleh desde hace 15 años, ha atribuido su muerte a las fuerzas israelíes y ha definido la acción como “un asesinato a sangre fría”, mientras que grupos israelíes como B’Tselem desmintieron la versión inicialmente reivindicada por las autoridades israelíes, según la cual hombres armados palestinos habían tiroteado Abu Akleh por accidente. El director adjunto de Amnistia Internacional en la región de Oriente Medio y el Norte de África, Saleh Higazi, denunció que “su asesinato es un recordatorio del sangriento sistema mortal en el que Israel bloquea a los palestinos”.

El ejército israelí, que niega la autoría de los hechos, iba a la caza de sospechosos de cometer ataques en territorio israelí. Las redadas tuvieron lugar en múltiples puntos de Cisjordania, entre ellos el campo de refugiados de Jenin, construido a mediados del siglo pasado para acoger palestinos expulsados de municipios que son visibles desde el mismo campo de refugiados y que quedan dentro del actual territorio israelí.

El asesinato de Abu Akleh llega cuando se cumple un año de la guerra del pasado mayo entre grupos armados palestinos y el gobierno de Israel. Entonces, acciones violentas de las fuerzas de seguridad israelíes en la mezquita de Al Aqsa, en el Jerusalén ocupado, provocaron centenares de personas heridas y hospitalizadas, además de la rabia de Hamás, que lanzó ataques contra territorio israelí que fueron contestados. El intercambio se convirtió en una guerra de 11 días que se saldó con 260 muertos en el lado gazatí, 66 de ellos menores de edad, y 14 en el israelí, en unos hechos que el Tribunal Penal Internacional investiga por posibles crímenes contra la humanidad tanto por parte del gobierno de Israel como por parte de Hamás.

Argelia condena a muerte a Benhalima

El tribunal militar de Argelia condenó ayer a muerte al activista argelino Mohamed Benhalima, que fue deportado del estado español el pasado 24 de marzo después de que el ministerio del Interior, capitaneado por Fernando Grande-Marlaska, rechazara su petición de asilo a pesar de estar perseguido en Argelia.

Grupos como Cies NO y la Red Jurídica de Abogados, que trabajaron para impedir la deportación de Benhalima, denuncian un proceso de extradicion lleno de vulneraciones, en el que la expulsión se tramitó de forma urgente, impidiendo que el activista se defendiera.

Argelia ha condenado a muerte a Benhalima, perseguido político que había solicitado asilo en España, después de que Moncloa ejecutase su deportación por orden de Interior para aplacar la crisis con el país, tras el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental

La condena, anunciada por la madre de Benhalima, no ha tenido en cuenta los 10 años de cárcel que pidió hace unos días el fiscal de un tribunal argelino, que condenaba al activista por terrorismo y por amenazar la seguridad del país. La pena de muerte conocida ayer está motivada por acusaciones de pertenencia a grupo terrorista, por comprometer la seguridad de la nación, por difundir información falsa y por desmoralizar el ejército.

Benhalima, quien fue militar en las fuerzas armadas argelinas, huyó al estado español cuando supo que las autoridades de su país iban a por él. El joven, de 32 años, había denunciado la corrupcion dentro del ejército argelino y había participado del ciclo de mobilizaciones que atravesó Argelia cada viernes durante buena parte de 2019 y 2020.

En marzo de este año, el gobierno español convirtió Benhalima en moneda de cambio. Moncloa ejecutó su deportación justo en el momento en el que surgió la crisis con las autoridades de Argel, después de que el gobierno español reconociera la soberania de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, algo que no gustó a los líderes argelinos.

Los talibanes imponen el burka mientras Afganistán se acerca a una nueva guerra

“Aunque el 99% de las mujeres ya utilizan el burka, el resto también tendrá que usarlo y no hay excusas para ellas”. Así de tajante se mostraba el ministerio afgano de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio en el momento de anunciar el decreto público presentado el pasado sábado, en el que da un paso más allá en la marginalizacion de las mujeres del país.

Según la medida, “las mujeres que trabajen con el Emirato Islámico [de Afganistán] y no utilizen el burka, serán despedidas del trabajo”, del mismo modo que “si la hija o la esposa de un funcionario no usa burka”, también será suspendido. El decreto supone un nuevo recorte en los derechos de las afganas, una tendencia al alza desde que los talibanes tomaran el poder en el país el pasado agosto.

En Afganistán, las mujeres quedan cada día más apartadas del trabajo y de las aulas, se ha impuesto la separación por sexos en los espacios público, y ahora se les impone de nuevo el uso del burka

Cuando los talibanes se hicieron con Kabul, aprovechando la huida de la coalición internacional liderada por Washington, prometieron un estilo de gobierno más respetuoso con los derechos humanos que en su anterior etapa de dominio, entre 1997 y 2001. El grupo hizo esfuerzos en demostrar que había cambiado y trató de ganarse el reconocimiento de la comunidad internacional hablando de libertad de prensa y del respeto hacia las mujeres. Pero a medida que pasan los meses, los hechos demuestran lo contrario. El ejecutivo no cuenta con una sola persona que no proceda de las filas de los talibanes, las mujeres quedan cada día más apartadas del trabajo y de las aulas, se ha impuesto la separación por sexos en los espacios públicos, se han cerrado más de 300 medios de comunicación y los periodistas o activistas que tratan de denunciar el nuevo rumbo del país se juegan la cárcel o la tortura.

El Observatorio Afgano por la Paz ha participado de una investigación que revela el aumento de la violencia de los talibanes contra periodistas, ex funcionarios del anterior gobierno caído en agosto y mujeres que luchan por sus derechos. Mientras, miles de afganos frustrados con la situación del país se organizan para la nueva guerra que parece llegar a Afganistán. Se tiene conocimiento de al menos seis grupos armados que quieren hacer resistencia contra los talibanes, que, a su tiempo, han sufrido una treintena de enfrentamientos entre sectores del grupo, con asesinatos incluidos. Expertos como Habib Khan advierten que las fuerzas armadas del anterior gobierno afgano no perdieron la guerra contra los talibanes, sino que en 2021 fueron abandonados por la administración afgana de Ashraf Ghani y por la coalición internacional que la patrocinaba. Ahora, quieren hacer la guerra por su cuenta.

Líbano acude a las urnas por primera vez desde la explosión del puerto

La miserable situación que atraviesa el Líbano ha propiciado la aparición de múltiples grupos políticos que llaman a dejar atrás el sistema sectario que rige en el país, y este domingo tendrán la posibilidad de dar un paso adelante en su lucha. Llegan las primeras elecciones parlamentarias desde que tuvieran lugar las revueltas antigubernamentales de 2019, la explosión del puerto de Beirut de 2020 y el inicio de la tremenda crisis que golpea el país. Serán, además, los segundos comicios en 14 años.

Las elecciones pondrán a prueba el apoyo popular hacia los partidos tradicionales en un momento en el que la mayor parte de la población vive hundida bajo el umbral de la pobreza, a raíz de la tercera crisis económica más grande que la humanidad haya visto desde 1850, según el Banco Mundial. Tras el punto de inflexión que supusieron las protestas de tres años atrás, que pedían el fin del actual sistema confesional imperante en Líbano, continúan apareciendo nuevos grupos que abogan por un estado civil y democrático que trate a todos los ciudadanos por igual, y que no se relacione con ellos a través de líderes religoisos ni sectarios.

En Líbano, las elecciones pondrán a prueba el apoyo popular hacia los partidos tradicionales en un momento en el que la mayor parte de la población vive hundida bajo el umbral de la pobreza

“Lo mínimo exigible en materia de derechos humanos se ha convertido en un privilegio que los ciudadanos no obtienen, a no ser que vayan a buscar a los líderes políticos de su comunidad y piden su apoyo para ello”, cuenta a El Salto Diario la libanesa Nour al Khawand, miembro del grupo llamado Ciudadanos de un Estado, que concurrirá en las elecciones.

Según Khawand, un estado civil terminaría con los privilegios de los líderes que copan la cima del sistema sectario desde décadas atrás: “ese es precisamente el motivo por el cual los partidos tradicionales nunca han ni tan siquiera intentado construir un estado civil; saben que les haría perder la legitimidad en su comunidad”. Por eso, aunque líderes de distintas confesiones apelen al odio confesional cuando se expresan en público, de puertas adentro están unidos en la protección de un sistema que les catapulta al poder sin ofrecer políticas públicas a cambio. Todo, mientras controlan jueces, medios de comunicación y servicios de inteligencia en un estado sin rendición de cuentas, en el que las grandes operaciones de corrupción, la compra de votos y la instrumentalización de la pobreza son parte del engranaje.

Sin embargo, no se espera que la participación de estos grupos provoque, por ahora, grandes sorpresas. Un porcentaje elevado de la población continúa dependiendo de las redes sectarias y, además, la enorme fragmentación electoral entre las listas que tratan de desbancar las mismas caras de siempre disminuye sus capacidades. Muchas organizaciones tienen claro que las elecciones del domingo son solo un paso más en el camino. La aparición de un puñado de escaños alternativos podría brindar una nueva ilusión en un país falto de esperanzas.

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