Agricultura
Las movilizaciones en el campo llegan a la Comisión Europea

Las protestas de los agricultores franceses no dejan de extenderse  en varios países de la UE, destacadamente en Bélgica, Italia o España. El aumento de los costes y la caída de los precios, entre otros problemas, han llevado al sector a una situación límite donde parece estar en juego su propia existencia.

En este sentido, la eurodiputada extremeña de La Izquierda, María Eugenia Rodríguez Palop, miembro de la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, ha formulado una pregunta por escrito este jueves a la Comisión Europea sobre las medidas para dar una respuesta de raíz a los problemas que enfrentan los agricultores, “ quienes nos procuran los alimentos y son aliados esenciales para enfrentar los retos climáticos que tenemos por delante”.

Como ha señalado la eurodiputada, “hemos registrado una pregunta a la Comisión Europea porque no entendemos que la única salida que plantee para los agricultores sea la de debilitar las normas ambientales sin cuestionar una política comercial depredadora y un modelo productivo extractivista”.

Las claves se encuentran, una vez más, en una estrategia de debilitamiento de los controles medioambientales, haciéndolos pasar por ser una de las principales trabas para el sector, mientras que este cae presa de los grandes distribuidores en un contexto de crisis climática y de regulaciones facilitadoras del libre comercio

El contenido de la pregunta formulada es el siguiente: 

“Las protestas de los agricultores contra el aumento de los costes en el sector agrario y la caída de los precios de sus productos se extienden por toda la UE. 

Ante ello, ayer la Comisión reaccionó proponiendo que se permita a los Estados miembros prorrogar un año más la excepción de la norma de Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) 8 sobre la dedicación de una parte mínima de la tierra cultivable a zonas no productivas. Eso significa que la única respuesta política de la Comisión hasta ahora es un mayor debilitamiento de las normas medioambientales que son claves para fomentar la biodiversidad y proteger la salud del suelo.

Pero las causas subyacentes del intenso malestar de los agricultores van más allá de una mayor flexibilidad de las normas medioambientales. El endeudamiento creciente, los fenómenos meteorológicos extremos y, sobre todo, la presión de los distribuidores y las empresas agroquímicas, así como las importaciones del extranjero en el contexto de los acuerdos de libre comercio de la UE, son las principales preocupaciones del sector.

A la luz de todo ello, ¿está reconsiderando la Comisión su política comercial y, en particular, el proceso para concluir el Acuerdo de Asociación con Mercosur?

¿Consideraría la Comisión anticipar la evaluación de la Directiva (UE) 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentaria y evaluar su revisión antes de 2025?”.

Las claves se encuentran, una vez más, en una estrategia de debilitamiento de los controles medioambientales, haciéndolos pasar por ser una de las principales trabas para el sector, mientras que este cae presa de los grandes distribuidores en un contexto de crisis climática y de regulaciones facilitadoras del libre comercio que provocan caída de precios.

Crisis del arroz en Extremadura

Como expresión de la problemática señalada en Extremadura, estas jornadas están teniendo lugar diferentes movilizaciones del sector del arroz, sumido en una crisis de precios en la que los principales compradores han pasado a ofrecer un precio por tonelada inferior al de producción, una práctica que resultaría ilegal. 

En este sentido, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha estado acompañando al sector arrocero en la protesta convocada este miércoles en Don Benito a las puertas del industrial del sector Arrocerías Pons, en reivindicación de unos precios dignos. De Miguel ha denunciado que “la Ley de Cadena Alimentaria no se está cumpliendo porque no interesa a los intermediarios y hay gobiernos, como el de nuestra Comunidad Autónoma, que no están poniendo ningún interés en que esto se cumpla, y lo que estamos viendo es que se están planteando precios por debajo de los costes de producción para un cultivo que es básico para nuestra alimentación, ya que la gente no se alimenta de pistachos, almendros u olivos en hiperintensivo, se alimenta de arroz”.

“el arroz debería ser prioritario en nuestra región y no se puede negar el riego cuando estamos viendo que lo que se está regando son olivares, almendros y pistachos de fondos de inversión”

La portavoz ha defendido que “el arroz debería ser prioritario en nuestra región y no se puede negar el riego cuando estamos viendo que lo que se está regando son olivares, almendros y pistachos de fondos de inversión, y en cambio, los cultivos como este tan importante para la soberanía alimentaria que es el arroz, con agricultores profesionales detrás y familias agricultoras detrás, resulta que se le está negando las concesiones de riego”.

De Miguel ha defendido que “es un cultivo que no puede ser insostenible y menos en Extremadura, ya que somos los segundos productores de arroz de todo el país”.

Por todo ello, ha pedido a la Junta que “debe empezar porque la Comunidad Autónoma ponga en marcha el observatorio de precios con costes de producción de todos los cultivos que se están cultivando Extremadura y, sobre todo, espero que la Consejera salga hoy diciendo que se va a hacer una investigación sobre el precio del arroz o el precio del tomate, porque ahora mismo se están planteando precios más bajos que los de la campaña pasada que no van a cubrir los costes de producción. La Consejera de Agricultura si se pusiera del lado de los productores anunciaría hoy mismo inspecciones”, denunciando que “no lo va a hacer porque va a mantener una equidistancia que lo único que hace es favorecer a los intermediarios que quieren abusar del sector”.