Alicante
Un proyecto de campo de golf y viviendas amenaza la Marjal de Pego

El sábado 14 de junio, a primera hora de la tarde, la plaza del Ayuntamiento de Pego se convirtió en el epicentro de una masiva concentración convocada por la plataforma Guaitem la Terra. Más de medio millar de vecinos y colectivos ecologistas llenaron el corazón del municipio alicantino para exigir la “desclasificación inmediata” de las más de 160 hectáreas junto al parque natural de la Marjal de Pego-Oliva, donde la empresa CHG pretende levantar 1300 viviendas, un campo de golf, una hípica, un centro comercial y dotaciones deportivas.

Con lemas como  “No al PAI Pego-Golf, desclasifiquemos el suelo” y “La tierra no se vende, la tierra se defiende”, los manifestantes recorrieron en procesión varias calles del pueblo, levantando pancartas y coreando consignas, como por ejemplo “Ni PAI ni golf ni urbanizaciones”, con las que critircaron la apuesta por la peor especulación sobre un territorio de alto valor ecológico.

Portavoces de Guaitem la Tierra recordaron que este proyecto, conocido desde hace décadas, choca frontalmente con los informes medioambientales que advierten del riesgo para la Marjal, uno de los humedales más importantes del País Valenciano

Durante el acto, varios portavoces de Guaitem la Tierra recordaron que este proyecto, conocido desde hace décadas, choca frontalmente con los informes medioambientales que advierten del riesgo para la Marjal, uno de los humedales más importantes del País Valenciano. Denunciaron además que, en pleno contexto de emergencia climática y escasez de recursos hídricos, proponer un macrocampo de golf es “anacrónico e insostenible”.

Cabe recordar que la empresa CHG ya tiene varias causas abiertas por la mala gestión de los pozos de agua en una región que sufre problemas de sequía desde hace tiempo. En concreto, la asociación Acció Ecologista-Agró denunció a su filial Aigües del Bullent a la Fiscalía Provincial de València por un presunto expolio de agua del Marjal de Pego-Oliva. Según el escrito presentado el febrero de 2023, los dos pozos concesionarios para proveer la playa de Oliva tenían un límite de 440 000 m³ anuales, pero en 2013 llegaron a extraer 1 278 940 m³, prácticamente el triple, y entre 2012 y 2021 acumularon un excedente de 6,6 hm³.

La Fiscalía abrió diligencias penales en mayo de este mismo año al constatar que la masa freática Oliva-Pego estaba en “mal estado cuantitativo” y valoró el daño al dominio público hidráulico en casi 11,8 millones de euros

La Fiscalía abrió diligencias penales en mayo de este mismo año al constatar que la masa freática Oliva-Pego estaba en “mal estado cuantitativo” y valoró el daño al dominio público hidráulico en casi 11,8 millones de euros mientras que la Confederación Hidrográfica del Júcar incoaba un expediente sancionador por superar sistemáticamente los caudales autorizados.

La protesta concluyó con la interpretación de La Muixeranga, himno popular valenciano, y el compromiso de mantener la presión social hasta conseguir que la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Generalitat den carpetazo definitivo al PAI Pego-Golf. Nuevas acciones de sensibilización y movilización están previstas para las próximas semanas.

El origen del proyecto que pretende urbanizar la Marjal

Sin embargo, detrás de esta movilización, se esconde una historia de parálisis administrativa que arranca a principios de los años 2000, cuando se diseñó un PAI para urbanizar la partida Peña-Roja. Aquella primera propuesta, aprobada inicialmente en 2005 y definitivamente en 2012 después de superar la Declaración de impacto ambiental, nunca se materializó.

En noviembre de 2020, después de un estancamiento de casi una década, el Pleno del Ayuntamiento de Pego declaró la caducidad del programa, revocó la condición de agente urbanizador de CHG y procedió a la confiscación de las fianzas (1,28 millones de euros). A pesar de esto, a finales de 2022, el Ayuntamiento reactivó el proceso con una nueva licitación por gestión indirecta, concedida de nuevo a CHG como único licitador, que propuso un campo de golf algo más pequeño y lagunas de laminado.

Al no existir obra física ni proyecto de reparcelación inscrito, no se ha producido patrimonialización de derechos ni inversiones consolidadas, lo cual anula el derecho a indemnización por expectativas urbanísticas y allana el camino legal a la reclasificación del suelo como agrícola

Pero la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, en fase pública desde abril de 2023 con 178 alegaciones, todavía no ha recibido el informe de compatibilidad de la Confederación Hidrográfica ni el visado de la Consellería de Transición Ecológica, y esto ha dejado el proceso encallado.

Esta sucesión de retrasos y litigios ha sido crucial para demostrar que, al no existir obra física ni proyecto de reparcelación inscrito, no se ha producido patrimonialización de derechos ni inversiones consolidadas, lo cual anularía el derecho a indemnización por expectativas urbanísticas y allana el camino legal a la reclasificación del suelo como agrícola.

La reclasificación como suelo agrícola es posible

En mayo, Guaitem la Tierra presentó un informe jurídico elaborado junto al bufete Salavert Defensa, que avala que, al no haberse iniciado ninguna obra —y por tanto no existir patrimonialització efectiva—, el Ayuntamiento puede declarar la caducidad del PAI y reclasificar el suelo como agrícola sin obligación de indemnizar a CHG, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Ley de régimen jurídico del sector público.

En el plano ambiental, la devastación que supondría la urbanización resulta igualmente demoledora. Los 1 116 094 m² del PAI, más los 2 052 157 m² sellados en Penya-Roja, dejan de infiltrar anualmente 2 585 293 m³ de agua —según datos del Atlas Climático de la Comunidad Valenciana—, recarga esencial para los acuíferos Almudaina-Alfaro-Segària que alimentan la Marjal Pego-Oliva y evitan la intrusión salina. A este déficit de infiltración se suma la demanda de riego de un campo de golf (700 000 – 1 000 000 m³/año) y el consumo residencial estimado en 120 litros por habitante y día, una combinación que amenaza con descensos freáticos drásticos, salinización progresiva de pozos y pérdida de caudales en la Marjal.

Por si no fuera bastante, cerca del 18% del sector está en zona inundable, lo cual obligaría a construir costosas infraestructuras de laminado y canalización que elevarían todavía más las cargas urbanísticas a asumir por el municipio. La sobreoferta de suelo urbanizable y las más de 1500 viviendas vacías en Pego cuestionan la viabilidad económica de este modelo, el mantenimiento de los viales y las zonas verdes del cual pasaría factura a las arcas locales.

El perjuicio para la fauna

La fragmentación del corredor ecológico que une el LIC “Les Valls de la Marina” con el Marjal Pego-Oliva rompería la continuidad de hábitats jerarquizados en la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y Aves (2009/147/CE). Espacios como por ejemplo charcas temporales, praderas salinas y carrizales sirven de refugio para especies amenazadas —samaruc (Valencia hispanica), babosa de río (Salaría fluviatilis), garza imperial (Ardea purpurea)— y su degradación agraviaría el declive de poblaciones ya en peligro. Además, los fertilizantes, herbicidas y fungicidas del mantenimiento del campo de golf infiltrarían contaminantes difusos en el humedal y el acuífero, tal como han documentado las diligencias penales abiertas contra Aigües del Bullent por expolio de más de 6,6 hm³ de agua.

Según el informe jurídico presentado por Guaitem la Tierra, “todo lo descrito entra directamente en confrontación e incoherencia con las políticas climáticas y la ejecución del proyecto se plantea a un escenario reconocido de emergencia climática y limitación de recursos hídricos” y “tanto el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático como la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030 desaconsejan expresamente la aprobación de nuevos usos urbanísticos intensivos en zonas sensibles y de riesgo hídrico”.