Alquiler
Consumo abre expediente a otra inmobiliaria y ratifica la multa a Alquiler Seguro

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 siguen con su particular cruzada contra las inmobiliarias y empresas que gestionan alquileres que no cumplen con la normativa. La cartera de Pablo Bustinduy ha abierto un expediente tras investigar a una gran inmobiliaria de España que alquila miles de viviendas en varias ciudades a lo largo del país, con pisos en varias comunidades autónomas.

Durante la investigación, el Ministerio ha detectado cuatro posibles infracciones que han llevado a la apertura del expediente. El primero motivo que señala la nota emitida por Consumo es la imposición por parte de la inmobiliaria a la parte arrendataria de un seguro de impago. La incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión, la imposición de una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda y la incorporación de una cláusula que impone al arrendatario gastos y penalizaciones injustificados en relación con los equipos de suministros y el cambio de titularidad de dichos suministros componen el resto de indicios que ha llevado a Consumo a abrir formalmente el expediente.

Alquiler Seguro cometió seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave al vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado

Según marca la normativa, cada una de estas infracciones podría ser considerada como una cláusula abusiva y acarrear multas de hasta 1.000.000 € por cada una, o entre 6 y 8 veces el beneficio ilícito.

Una de esas batallas del Ministerio contra las inmobiliarias que lleva dando coletazos en los últimos meses parece que ya tiene su primera sanción firme. En la misma nota, el Ministerio de Consumo ha anunciado que el pasado mes de abril ratificó una multa de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos. La inmobiliaria cometió seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave al vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado. La resolución devino firme y agota la vía administrativa después de que el ministro Pablo Bustinduy resolviese el recurso de alzada interpuesto ante él, y después de que la Dirección General de Consumo abriese un expediente sancionador a esta inmobiliaria por prácticas abusivas.