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Albert Noguera: “Resulta simplista entender el golpe en Bolivia solo como una confabulación de la oligarquía”
           
        
        
La victoria de Luis Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones bolivianas de octubre de 2020 ponía fin a once meses de gobierno transitorio derechista, surgido del golpe contra Evo Morales, abriendo así un nuevo ciclo de cambio en el país andino. Hablamos con Albert Noguera, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València, sobre su último libro, El retorno de los humildes. El proceso de cambio en Bolivia después de Evo(Akal, 2022). Abordamos, al hilo del análisis que se ofrece en el libro, los acontecimientos que han sacudido la política boliviana durante los últimos años, en el marco de los movimientos políticos y sociales que se están dando en distintos lugares de América Latina
Este  mes de marzo, Gabriel Boric ha tomado posesión como presidente de  Chile. Durante 2020 y 2021 la izquierda recuperaba el poder en  Bolivia y ganaba en Chile. ¿Hay una nueva ola progresista en América  Latina?
No  creo que Bolivia y Chile puedan enmarcarse dentro de una misma ola.
¿Por qué?
Son  procesos con características distintas. Por un lado, el proceso  boliviano es una continuidad de los gobiernos de la ola del  socialismo del siglo XXI, que emergieron a finales de los 90 y la  década del 2000, donde ubicamos a Hugo Chávez y Nicolás Maduro,  Rafael Correa o Evo Morales. Mientras que, por otro lado, el reciente  proceso en Chile estaría más cerca de lo que, en aquel mismo  momento, caracterizó otra ola de gobiernos progresistas, con  posiciones más ambiguas, como los de Lula y Rousseff o los de  Kirchner.
¿En  qué se diferencian estos dos tipos de gobiernos?
En  muchos aspectos. Uno de ellos hace alusión a los registros desde los  que se interpela y construye identitariamente a los sectores  populares. Los primeros llevaron a cabo la construcción de grandes  identidades unificadoras a través de conceptos como los de pueblo,  trabajadores,  lo  campesino o  lo  originario.  Mientras que en el caso de los segundos, estos grandes procesos  identitarios colectivizadores fueron sustituidos por la referencia a  conceptos ciudadanistas,  como los de sociedad  civil,  ciudadanos  o  clases  medias,  que derivan en la existencia de sectores populares menos federados  por discursos políticos colectivos y, en este sentido, de sociedades  más individualizadas.
Otro aspecto a destacar es la relación que se plantea entre el Estado y la sociedad. En los primeros se articuló un estrecho nexo entre ambos, de manera que la sociedad operaba como masa de movilización capaz de otorgar al Gobierno la correlación de fuerzas suficiente para aplicar transformaciones estructurales. En los segundos opera, en cambio, la tradicional separación liberal entre sociedad y Estado, donde la primera actúa como mera agregación de ciudadanos-votantes que delegan la soberanía en el segundo, entendido como estructura técnico-administrativa de implementación de políticas públicas y, por tanto, separada de la sociedad.
Por último, podríamos hacer alusión a la manera de garantizar justicia y derechos sociales. Mientras que en el caso de los primeros tanto la justicia como los derechos sociales se garantizaron estableciendo una relación de confrontación con el capital, por medio de nacionalizaciones y empresas públicas, en los segundos se llevó a cabo desde la complementariedad entre Estado y capital. El Estado impulsa programas sociales consistentes en pagar al mercado los bienes que requieren los sectores menos favorecidos o entregándoles dinero para que acudan al mercado a comprarlos.
La teoría simple del golpe de 2019 no permite asumir ninguna responsabilidad ni hacer una autocrítica necesaria que nos lleve a aprender de lo que sucedió para que no se vuelva a repetir
En  el libro dices que el golpe de Estado contra Evo Morales de noviembre  de 2019 no se puede explicar desde lo que llamas teoría  simple del golpe.  ¿A qué te refieres?
La  teoría simple del golpe sería aquella que, en primer lugar,  presenta la sociedad boliviana como dividida en dos polos prefijados,  opuestos y aislados: por un lado, la despótica “oligarquía” y,  por el otro, el virtuoso “Gobierno-pueblo”, sin nada en medio. Y  que, en segundo lugar, entiende el golpe como una malvada  confabulación perfectamente diseñada de antemano y ejecutada por el  primer polo, con la ayuda del imperialismo norteamericano, contra el  segundo. Este esquema, excesivamente simplista y mecanicista, no  permite explicar la complejidad de los hechos que ocurrieron en  Bolivia en  noviembre de 2019 y que desbordan tal explicación. A la  vez, tampoco permiten asumir ninguna responsabilidad ni hacer una  autocrítica necesaria que nos lleve a aprender de lo que  sucedió para que no se vuelva a repetir.
¿Cómo  se produjo entonces el golpe?
En  una entrevista publicada meses después del golpe en el periódico  boliviano La  Razón,  le preguntaron a Evo: “¿Cómo  fueron sus últimas 48 horas en la presidencia?”.  Y este respondía, sorprendido, que “los empresarios nos daban su  respaldo y los obreros nos pedían la renuncia”. Tal respuesta pone  en cuestión la explicación simplista y mecanicista del golpe y nos  obliga a tener que explicar lo sucedido mediante un análisis mucho  más complejo, que es lo que trato de hacer en el libro.
Un  análisis más complejo… ¿En qué sentido?
Pues  en el sentido siguiente: es cierto que el relato del fraude que actuó  como ideologema central de las protestas los días posteriores a las  elecciones presidenciales de 2019 se fabricó semanas antes desde los  medios de comunicación privados. Pero también lo es que la protesta  no se hubiera convertido en un estallido social de tal magnitud sin  que se hubieran sumado a la misma sectores de las clases populares y  de las clases medias urbanas, que no son de derechas, pero que vieron  en la movilización la oportunidad de canalizar un descontento social  acumulado durante las dos últimas legislaturas de Evo fruto de lo  que en libro llamo los tres  secuestros postconstitucionales de la soberanía  por parte del Estado capitalista desarrollista. Esta cantidad de  gente con un descontento acumulado, junto a una mala gestión  política del momento por parte del MAS, así como las maniobras  golpistas de la derecha y otros hechos sobrevenidos, favorecieron la  creación de un escenario sobre el que la derecha improvisó una  estrategia para colocar a Jeanine Áñez en la presidencia.
  ¿Podrías  profundizar un poco más sobre lo que  llamas los tres  secuestros postconstitucionales de la soberanía?
Sí.  La plurinacionalidad reconocida en la Constitución de 2009 no solo  fue el reconocimiento de derechos identitarios y diferenciados para  los indígenas o los afros, sino que implicó un nuevo Estado con un  modelo económico comunitario, en el interior del cual se produce un  nuevo reparto de poder que rompe con la idea liberal de soberanía  única y centralizada, sustituyéndola por un modelo de soberanía  plural y descentralizada que empodera y dota de instrumentos de  participación a diversos grupos: las clases medias urbanas, que  pasan a participar en la toma de decisiones políticas mediante  mecanismos refrendarios, los indígenas, que pasan a adquirir formas  de soberanía sobre sus territorios…
A partir de 2010 empiezan a romperse lazos con parte del movimiento indígena, estableciendo una nueva alianza con el sector empresarial, lo que supone un giro en el proyecto económico del país hacia un modelo de capitalismo desarrollista de Estado
En el libro cuento como, a partir de 2010, empieza a producirse una reconfiguración de la alianza de clases del partido de los campesinos en el Gobierno, el MAS. Rompiendo lazos con parte del movimiento indígena y estableciendo una nueva alianza con el sector empresarial, lo que supone un giro en el proyecto económico del país hacia un modelo de capitalismo desarrollista de Estado. En este, el Ejecutivo pasa a convertirse en el motor y organizador central de todo el proceso de producción, acumulación y redistribución del excedente económico obtenido del extractivismo. Y tal papel del Estado, como organizador integral del sistema económico, va acompañado de una recentralización de la soberanía y del poder en el Ejecutivo que arrebata, vacía o secuestra la soberanía a los sujetos que la Constitución de 2009 había empoderado. Esto genera un descontento social en estos sectores, que se amplia y amplifica con la decisión de Evo Morales de hacer caso omiso al resultado negativo del referéndum del 21-F de 2016, sobre la posibilidad de una tercera reelección como presidente.
Pero  si existía el descontento social al que te refieres, ¿cómo se  explica que el MAS volviera a ganar las elecciones en octubre de 2020  acabando, así, con las pretensiones de los golpistas?
La  protagonista del golpe no fue una derecha organizada, con apoyo  social y proyecto de país, sino un conjunto de personajes  oportunistas de cuarta categoría que se montaron sobre el estallido  social para, de manera improvisada, tomar el poder y empezar a  saquear lo público. En tan solo once meses del régimen de Jeanine  Áñez, la presidenta destituye a 17 ministros por corrupción. ¡En  once meses!
Como decía el teórico boliviano René Zabaleta, no basta con percibir plusvalía para ser una efectiva burguesía. También le corresponde a esta, para ser tal, cumplir con unas determinadas funciones de clase. En particular, llevar a cabo la construcción burguesa de la sociedad, del Estado, y del espacio de la ciudadanía. Crear, como señaló Hegel, un nexo orgánico entre sociedad y Estado, sin el cual el Estado capitalista no puede reproducirse. Sin embargo, nunca los sectores patrimonialistas dominantes en Bolivia se han preocupado de llevar a cabo estas funciones. Siempre han percibido el Estado, exclusivamente, como un espacio ajeno a la sociedad civil, desde el que administrar sus negocios y enriquecerse. Por eso hablo en el libro de que el proyecto de Estado de la derecha es un proyecto de régimen político pre-capitalista.
La corrupción de los 11 meses de Gobierno de Áñez, en plena pandemia, además, vuelve a poner este carácter de la derecha boliviana al descubierto. Y ello lleva a que las clases medias urbanas, que durante los últimos años habían mejorado sus condiciones y accedido al consumo, interiorizaran de manera rápida la amenaza que suponía que la derecha tomara las riendas de la gestión económica. Es este escenario el que les hace votar a Luis Arce, que había sido el ministro de economía de Evo y el artífice de su bienestar económico.
La protagonista del golpe no fue una derecha organizada, con apoyo social y proyecto de país, sino un conjunto de personajes oportunistas de cuarta categoría que se montaron sobre el estallido social para, de manera improvisada
La  victoria de Luis Arce fue arrolladora, ya en la primera vuelta de las  elecciones.
Sí,  obtuvo el 55,1% de los votos. Por este lado, si bien entre el 30% y  el 35% de los votos provino del conjunto de estructuras orgánicas  populares que conforman la base dura y el voto fiel del MAS, el 20%  restante provenía, como digo, de las clases medias urbanas. Y no fue  tanto un voto de apoyo al MAS como de rechazo y de miedo al retorno  de la derecha corrupta. No fue un voto estructural sino, más bien,  coyuntural. Prueba de ello son los resultados de las elecciones  municipales y departamentales de abril-mayo de 2021. En este caso, el  MAS arrasa en las municipales de las zonas rurales, mientras que los  resultados entre la clase media urbana son malos. De las diez  principales ciudades del país solo gana en dos, Oruro y Sucre. Y por  lo que respecta a los gobiernos departamentales, obtiene tres de  nueve: Oruro, Cochabamba y Potosí. Ello evidencia que uno de los  grandes retos del MAS, si quiere abrir un segundo ciclo hegemónico,  pasa por recuperar el apoyo de estas clases medias urbanas.
¿Cómo  puede hacerlo?
Una  de las maneras que planteo en el libro es invertir en servicios  públicos de educación y sanidad de calidad. La Constitución de  2009 reconoce plenamente estos derechos. Pero en la práctica opera  en el país un dualismo público-privado. Las capas más humildes de  la población, sin recursos ni muchas posibilidades de mejora, ven  satisfechos sus derechos a través del Estado. En cambio, ante la  mala calidad de tales servicios públicos, las clases medias, que no  ven satisfechas sus mínimas aspiraciones por lo que respecta a la  calidad de los servicios públicos, deben cubrírselos a través del  mercado. Ello no solo genera una pérdida de sentido de solidaridad  por parte de estas clases medias, sino también su distanciamiento  con respecto a un proceso que, desde su perspectiva, parece no  ofrecerles nada.
Uno de los grandes retos del MAS, si quiere abrir un segundo ciclo hegemónico, pasa por recuperar el apoyo de estas clases medias urbanas. Una de las maneras es invertir en servicios públicos de educación y sanidad de calidad
Durante el primer ciclo hegemónico del MAS, la inexistencia de servicios públicos de calidad no tenía un coste político grande, ya que el apego de los sectores medios al proceso se lograba gracias a elementos coyunturales de otra índole. En primer lugar, la ampliación de la estructura del Estado, fruto de las nacionalizaciones y de una mayor intervención que permitió el acceso de muchos jóvenes de clase media con estudios universitarios a la estructura del Estado, creando una nueva clase de funcionarios públicos con buen salario. Y, en segundo término, el crecimiento económico generaba un derrame de riqueza que repercutía también en los sectores medios y populares. Sin embargo, en las condiciones de recesión económica postpandemia, estas condiciones coyunturales ya no operan. En este nuevo contexto, la única manera de acercar las clases medias urbanas al proceso político del Gobierno pasa por transformar el andamiaje de los servicios públicos de educación y sanidad, de manera que sea posible satisfacer las expectativas de estas clases. Esta sería una manera de integrarlos al proceso y de hacerlos sentir beneficiarios del mismo.
Y  los sectores populares ¿se verían beneficiados por esta mejora de  los servicios públicos en sanidad y educación?
Totalmente,  unos servicios públicos de calidad implican una desestigmatización  del status de los pobres, que pueden pasar a gozar también de  servicios de calidad de los que hasta ahora solo gozaban los otros  sectores sociales mediante el acceso al mercado. Se produciría aquí  una eliminación no solo de la preponderancia del mercado, sino  también del privilegio de status.
En  todo caso, en el libro también te refieres a la distancia que  algunos sectores de los movimientos populares e indígenas han  establecido con respecto al MAS.
Sí,  este es otro de los retos, restablecer los lazos con aquella parte  del movimiento popular e indígena, especialmente del oriente del  país, que se ha distanciado del MAS. Y ello exige corregir actitudes  de los últimos años. En primer lugar, habría que cambiar la manera  de “mandar”. El momento normativo no puede llevarse a cabo como  decisionismo  concentrado en la voluntad del presidente, sino como mediación entre  Estado y sociedad. Igualmente, se debería cambiar la manera de  resolver las tensiones entre las demandas sociales e indígenas y la  política estatal. Tales tensiones entre ambos lados no pueden  resolverse ignorando o reprimiendo las demandas, sino mediante la  negociación y la aceptación parcial de las mismas. Si bien la  implementación de un modelo de capitalismo desarrollista autóctono  podría verse como necesario con el fin de dotar a las finanzas  públicas del país de los recursos con los que financiar servicios  públicos, se debe ser capaz de encontrar un equilibrio entre este y  el proyecto de Estado plurinacional comunitario basado en el respeto  a la cosmovisión indígena del territorio y la economía comunal.
Chile
        
            
        
        
El proceso constituyente chileno como suceso clave transformador
        
      
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