Análisis
Declarada la emergencia hídrica en Montevideo

El área metropolitana de Montevideo lleva más de un mes sin agua potable. En la noche del lunes 19 de junio el presidente de gobierno, Luis Lacalle Pou, realizó una conferencia de prensa para anunciar las nuevas medidas decretando el estado de Emergencia Hídrica. La decisión estrella es la exoneración de impuestos en la venta del agua embotellada, junto a la construcción de un nuevo embalse en el río San José. Ante la ausencia de lluvias y para evitar el desabastecimiento, se elevarán los niveles de sodio y cloruro “hasta donde permitan llevar los registros para que sea bebible”, en palabras del presidente. La realidad es que los niveles ya superan los recomendados por las autoridades sanitarias.

En una de las mayores sequías vividas por la región nos encontramos con una crisis con precedentes. Federico Kriemerman, presidente de la FFOSE, el sindicado de trabajadoras y trabajadores de la OSE, compañía estatal uruguaya encargada del abastecimiento de agua potable y saneamiento en todo el país, en una mesa redonda de la Facultad de Ciencias Sociales, en busca de soluciones dejaba claro que “la crisis hídrica golpea a una OSE no preparada ni en infraestructura ni en personal”. Y es que no ha habido inversión pública en infraestructura y cada vez son menos las trabajadoras y trabajadores, “se pierde agua porque no se invierte”. El déficit hídrico se lleva evidenciando desde hace años. Concretamente, hace más de tres años que INUMED está en alerta de sequía. Incluso el agrosector lleva tiempo demandando ayudas fiscales. Es una crisis con precedentes porque las medidas que se podrían haber tomado no se tomaron. Como denuncia Kriemerman, “no hay política que priorice el uso humano del agua sobre los intereses del capital”.

Movimientos ciudadanos, activistas y el sector académico más crítico defienden que la solución no pasa por reducir el precio del agua, sino entender que acceder al agua debe ser un derecho, no un privilegio económico

La exoneración de impuestos en embotelladoras reducirá el precio del agua, ajustándose a los límites de las plataformas de consumidores, pero aun así supone un gran gasto en la población. Solo un sector reducido tiene acceso a dos litros de agua gratuita diarios como parte de las prestaciones sociales. El artículo 47 de la Constitución permite intervenir o expropiar a las empresas embotelladoras en caso de necesidad, ya que se entiende que el agua es un bien común. Las grandes empresas embotelladoras de agua que actúan en el país no son uruguayas. Sin embargo, esto no les impide extraer agua subterránea en sus pozos propios. Es por eso, que movimientos ciudadanos, activistas y el sector académico más crítico defienden que la solución no pasa por reducir el precio del agua, sino entender que acceder al agua debe ser un derecho, no un privilegio económico.

La Comisión Nacional del Agua y la vida se plantea la pregunta de cómo frenar la privatización del agua. Y las respuestas tienen que ir acompañadas de ecología social y justicia ambiental. El agua es esencial para la vida y por eso Uruguay fue el primer país que lo reconoció como un derecho humano. Diego Castro, sociólogo y miembro del grupo de Ecología política del agua, deja claro que “si el ecosistema se daña, la vida, la nuestra, también”. Sin embargo nos encontramos con un daño sistémico de décadas donde todos los criterios se han tomado sin participación social real. Castro denuncia que “hay una alianza entre Estados y empresas privadas con el consenso del extractivismo del despojo” y, frente a esto, propone “interpelarlo profundamente y romperlo”. Y es que un río no es solo agua potable, también es socio, también es trabajo. Castro propone dos soluciones, o la expropiación o la regulación, defendiendo que “al Estado uruguayo le corresponde regular a las embotelladoras”.

En esta misma mesa surge una preocupación clave: priorizar lo social a lo económico con la necesidad de espacios de participación, con una soberanía hídrica que permita a la población decidir sobre las soluciones. Las desigualdades ya existen y la crisis del agua las aumenta. Martín Sanguinetti, economista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, muestra cómo los estudios de la huella hídrica evidencian que el principal consumidor de agua es la industria cárnica, seguida de la plantación de soja y las industrias de celulosa y, por último, el arroz. El agua potable queda con una gran diferencia por debajo en nivel de consumo. Además, explica que “las soluciones de tasas ambientales hacen caer el costo sobre las víctimas” como si se tratase “de un nuevo estilo de colonialismo mediante la explotación extractivista”.

Los planes de desalinizadoras presentados hasta el momento no tienen la capacidad de abastecer a Montevideo. Es una ayuda, pero no es una solución

No es casualidad que en el momento de menor abastecimiento de agua se abra una de las mayores plantas de celulosa del mundo. UPM2 es inaugurada en Fray Bentos a principios de mes. “En un día consume el agua equivalente a 120 Montevideos” según explicaba Kriemerman. Por otro lado, los planes de desalinizadoras presentados hasta el momento no tienen la capacidad de abastecer a Montevideo. Es una ayuda, pero no es una solución. Por eso, el denunciado y controvertido proyecto Neptuno tampoco es solución, al tratarse de un proyecto potabilizador que requiere de un agua dulce que no hay.

Mientras se construye el embalse de San José, se baja el precio del agua embotellada y se mantienen estas discusiones en espacios más y menos institucionales, el agua es cada vez de peor calidad. Es más, nos encontramos en un momento de menor calidad de agua a mayor costo, en un inicio de un frío invierno donde los calentadores se deterioran por la composición del agua. Hoy no se puede hacer llover, pero se pueden mitigar los efectos y garantizar los derechos básicos de la población. Carla Kruk, investigadora de la Facultad de Ciencias y del CURE (Centro Universitario Regional del Este) destaca la centralidad de la salud porque “el agua es vida y tenemos que ponerla en el centro”. No se trata solo de una crisis hídrica o una crisis social, también es una crisis sanitaria, donde “el modelo de salud no integra los problemas ambientales” y “se olvida de la centralidad del rol del Ministerio de Salud Pública”.

Daniel Pena, en esta misma mesa redonda, contabiliza los días sin agua potable. Y con ellos el número de manifestaciones de cortes, de rutas, de asambleas territoriales, de toques de música y otra serie de acciones porque “cuando la sal nos tocó la lengua, nos movilizamos” ya que “se trata de un límite que nos tocó la canilla”. Contra la privatización, promueve la movilización para recordar que agua existe, pero está siendo acaparada pues forma parte de la acumulación capital. La Coordinadora por el agua promueve una acción cada día de la semana, haciendo partícipe a la población en esta defensa conlectiva. Carmen Sosa, de la Asamblea en defensa del agua, propone “poner el cuerpo porque el agua es vida”.