Análisis
Making Europe Competitive Again: Ursula von der Leyen quema su propio Pacto Verde

Tal como se advirtió en El Salto, la tecnocracia europea lleva meses trabajando en una reducción “sin precedentes” de regulaciones para blindar el poder económico para los próximos lustros.

Ahora, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado la Brújula de la Competitividad, una comunicación que, según dijo la semana pasada ante el Parlamento Europeo, será su “Estrella Polar” y enmarcará el trabajo de su mandato en la “nueva era de dura competición geoestratégica”.

“En los últimos 20 o 25 años, nuestro modelo empresarial ha dependido básicamente de la mano de obra barata de China, la energía presumiblemente barata de Rusia y las inversiones en seguridad y protección parcialmente externalizadas. Estos días han pasado”, proclamó Von der Leyen.

“Hemos recibido una señal muy clara del sector empresarial europeo (…) tenemos que reducir la burocracia. Realizaremos un esfuerzo de simplificación sin precedentes”, remarcó tras la reunión del Colegio de Comisarios.

Elaborada por la Secretaría General de la Comisión Europea, la comunicación está basada en los informes de Mario Draghi y Enrico Letta sobre cómo salvar a la economía capitalista de la UE. “Lo que está en juego para Europa —como destino de inversión y centro de fabricación— no es sólo el crecimiento económico, sino el futuro de su modelo”, reza. Aspira a bajar el coste de la energía para las empresas, abordar la “brecha de innovación” respecto a los “competidores” China y Estados Unidos, garantizar la “seguridad económica” —convertido en principio rector de la agenda estratégica en 2023— así como proseguir con el lavado verde de la industria fósil.

La Brújula de la Competitividad define la competitividad empresarial como el principal objetivo de la Comisión y la desregulación como el método clave para alcanzarlo. El documento habla con más descaro que las directrices políticas de Von der Leyen de julio y redobla la apuesta por otorgar al poder corporativo nuevos poderes para controlar la toma de decisiones de la UE.

Como ocurre por ejemplo con el Consejo de Control Reglamentario (Regulatory Scrutiny Board) que interviene habitualmente para rebajar las ambiciones socioambientales.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Stéphane Séjourné, calificó la “brújula” de “doctrina económica de la UE para los próximos cinco años” y se presenta como la piedra angular de una serie de iniciativas que el ejecutivo comunitario ha programado para los próximos meses, entre ellas el Pacto Industrial Limpio previsto para febrero.

Esta visión económica confirma que el “Pacto Verde” de la UE no era más que una cortina de humo “eurocéntrica” para apuntalar las estructuras y los actores del capitalismo europeo ante los crecientes limites socioecológicos y las tensiones ecoimperiales —por los minerales, las tecnologías, el coche eléctrico, la IA o las cadenas de suministro por ejemplo— que se hacen cada vez más patentes. Un “brindis al sol” que no pretendía dar respuestas a la crisis civilizatoria —desigualdades, cambio climático, crisis energética, pérdida masiva de biodiversidad—, sino profundizar en el crecimiento (verde, eso sí ) a cualquier precio.

Abaratar la energía y más subvenciones

¿Es la “nueva” hoja de ruta estratégica más de lo mismo? Plantea reorganizar el marco de las ayudas estatales, acelerar el tramité de permisos para proyectos industriales tales como macroinstalaciones de energía solar y eólica, varias leyes para las empresas intensivas en energía (acero, petroquímica, automóvil) y dar más subvenciones para la supuesta “descarbonización”: desde el “plan de acción del acero y el metal” y el “paquete sobre la industria química” al “pacto de inversión para el transporte sostenible” pasando por el “diálogo estratégico sobre el futuro de la industria europea del automóvil” y la “estrategia portuaria europea”.

Por otra parte, recoge una reforma de las normas de contratación pública con el fin de bonificar la “preferencia europea”, o sea, favorecer el producto fabricado en europa —spoiler: esto es proteccionismo— y utilizar los “instrumentos de defensa comercial” que la UE critica cuando son utilizados por China.

Entre las medidas más relevantes de la Brújula de la Competitividad destacan el Plan de acción para una energía asequible, que “ampliará el uso de garantías” para facilitar los acuerdos de compra de energía a largo plazo (Power Purchase Agreement o PPA por sus siglas en inglés) y propondrá nuevas metodologías tarifarias para la asignación de los costes de la red. Disposiciones que favorecen, una vez, al oligopolio energético europeo.

Se tiene previsto crear una “plataforma para la adquisición conjunta de materias primas críticas” para coordinar las medidas y los instrumentos coloniales que expolian en el Sur global los materiales necesarios en la construcción de baterías, paneles solares, turbinas eólicas, centros de datos, drones, robots o armas.

La Comisión Europea quiere reorientar más fondos regionales, normalmente reservados a infraestructuras y escuelas, para impulsar inversiones estratégicas (energía y defensa) a escala de la UE así como establecer un programa de inversión TechEU dirigido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y un “Fondo de Competitividad“ que impulsarían la inversión en inteligencia artificial, espacio, tecnología limpia, microprocesadores, tecnología cuántica de almacenamiento de energía, biotecnologías, etc.

Adicionalmente, se quiere poner en marcha una herramienta para agregar la demanda de tecnologías altamente consumidoras de energía fósil y revisar el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) para abordar el deslocalización de las cadenas de valor tal como ha solicitado el ejecutivo francés. Al igual que el fraudulento sistema de comercio de emisiones (ETS) este mecanismo no frena la emergencia climática, sino perpetúa una política comercial injusta y neocolonial y se adapta principalmente a las necesidades de la industria europea más contaminante

Construye infraestructuras, construye

Otras de las medidas estrella serían la “simplificación” de los procedimientos de calificación para el estatus de “proyecto importante de interés común europeo” (PIICE) y la puesta en marcha de una “herramienta de coordinación de la competitividad” para alinear los planes nacionales con los objetivos europeos en sectores como las infraestructuras energéticas.

Este sistema PIICE sirve para transferir ingentes cantidades de financiación pública a las grandes empresas energéticas, entre otras, sin transparencia en el destino de los recursos y perpetuando un modelo energético que causante de la emergencia climática. Con él se ha impulsado infraestructuras con un gran impacto socioecológico como el gasoducto transadriático (TAP) y el gasoducto transanatolio (TANAP) que transporta gás fósil de Azerbaiyán a la UE. Ambos forman parte del Corredor del sur de gas (Southern Gas Corridor), un megaproyecto que ha respaldado los regímenes dictatoriales de Azerbaiyán y Turquía así como provocado trastornos en las comunidades de tránsito en Turquía, Grecia, Albania e Italia. Otros ejemplos son el proyecto Castor, el hidrógeno o el polémico gasoducto H2Med.

También se ha subvencionado proyectos para desarrollar y fabricar tecnologías tales como microelectrónica y telecomunicaciones. Porque cuando la Comisión Europea habla de “innovación”  se refiere básicamente a transferir bienes públicos a la economía digital controlada por las multinacionales y fondos de inversión.

El gran capital: guionista de la “brújula”

Cuando se equipara los discursos y documentos oficiales de la UE con las demandas expresadas por las asociaciones empresariales desde la guerra de Ucrania y especialmente a partir de la Declaración de Amberes, se detecta un gran parecido.

En junio de 2022, el poderoso club de los directores ejecutivos de algunas de las mayores empresas europeas, la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT) y la organización patronal BusinessEurope emitieron una declaración conjunta que inició una intensa presión para redireccionar la agenda general de los Veintisiete.

La ERT desarrolló sus ideas en el “Documento de Visión 2024-2029: asegurar el lugar de Europa en un nuevo orden mundial” en octubre de 2023 que pronosticó que “el lugar de Europa en el nuevo orden mundial ya no está asegurado. Tras haber estado a la vanguardia del desarrollo industrial y la innovación en el siglo pasado, la competitividad de nuestro continente se ha desvanecido”.

Entre su lista de metas estaban la supresión de los obstáculos en el Mercado Único, menos normativas, reducir un 25 % los requisitos de información de las empresas, precios energéticos bajos, abastecimiento de materias primas esenciales, aumento de la inversión en I+D, digitalización, más acuerdos comerciales y apoyo a las exportaciones. Todo ello está recogido en la “brújula”.

El capital transnacional europeo busca instaurar una vez más el tipo de medidas emprendidas en los años 80, cuando la Comisión Europea de Jacques Delors permitió a la recién creada ERT intervenir y escribir el guión de los cambios en los tratados con el Acta Única y el Tratado de Maastricht.

La Mesa Redonda Europea de Industriales implicó a organizaciones patronales y grupos de presión nacionales y de sectores específicos en torno a la campaña “Europe Unlocked“ (Desbloquear Europa), creada para hacer del mercado único, la energía barata y la “competitividad” las principales prioridades de la UE en la legislatura 2024-2029. La CEOE, por ejemplo, lanzó su propio documento “Fortalecer, Agilizar, Impulsar” para influir en las elecciones europeas. A su vez, las tres mayores asociaciones industriales europeas —BDI (Alemania), Medef (Francia) y Confindustria (Italia)— redoblaron sus maniobras para hacer retroceder las normas de la UE.

Al igual que la ERT, la patronal BusinessEurope ha potenciado su campaña “Reboot Europe“, para corregir el rumbo de una UE que, en su opinión, ha “minado los esfuerzos de las empresas”. Lo que debe hacer la UE, según la ERT y BusinessEurope, es sustituir la era de regulación, tal y como ellos la ven, por una era de reducción de la regulación.

En vísperas de la “brújula”, BusinessEurope publicó 68 medidas para “recuperar la ventaja competitiva de la UE”. En sintonía con los informes de alto nivel de Letta y Draghi, destacó la “carga reglamentaria” como “uno de los dos principales problemas” para las empresas que operan en la UE y la “simplificación de la legislación de la UE” entre las principales prioridades.

BusinessEurope acogió “con satisfacción el nuevo enfoque de la Comisión Europea, así como del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, sobre la competitividad y la reducción de cargas”. Aplaudió la “iniciativa de la presidenta Von der Leyen de aminorar los requisitos de información en al menos un 25% (y un 35% en el caso de las PYME) y sus cartas de misión en las que encomienda a los Comisarios que contribuyan a este esfuerzo, además de realizar la “prueba de resistencia” de todo el acervo de la UE”.

Las ordenes son muy detalladas y abarcan decenas de directivas, reglamentos y actos delegados agrupados en once áreas tales como energía y clima, economía circular, política de los consumidores, finanzas sostenibles y derecho de sociedades, fiscalidad, información financiera, cadenas de valor y comercio internacionales, economía digital, empleo y política social, legislación alimentaria y servicios financieros.

La industria química y la Declaración de Amberes

La tercera coalición está dirigida por una de las asociaciones empresariales más poderosas en la escena del lobby en Bruselas: CEFIC, que ha conseguido imponer los intereses de la petroquímica y la agricultura industrial frente a la regulación ambiental. Gracias a su alianza con el Partido Popular Europeo (PPE) derrotaron partes importantes del “Pacto Verde” (como la estrategia “de la granja a la mesa” o la norma para reducir el uso de pesticidas tóxicos).

Envalentonado por el éxito, CEFIC redobló sus exigencias. En octubre de 2023, lanzó una declaración con otras ocho asociaciones industriales solicitar un “Pacto Industrial Limpio”. Entre sus demandas volvió a aparecer el abaratamiento de la energía y el apoyo a las industrias intensivas en energía (química, siderúrgica, papelera, cementera) así como a lo que denominan “tecnologías limpias”. Estos temas constituyeron la base de la Declaración de Amberes, de febrero de 2024, que convirtió el “Pacto Industrial Europeo” en la agenda oficial de la UE (abrazado eufóricamente por Teresa Ribera). Además, cobró protagonismo en el Partido Popular Europeo. El objetivo era sustituir el “Pacto Verde” por un “plan de acción global para elevar la competitividad como prioridad estratégica”, abanderando sobre todo los intereses del capital fósil.

Entre las 10 encomiendas de la Declaración de Amberes están: la revisión de toda la legislación de la UE; la financiación de tecnologías limpias; una estrategia energética (incluyendo nuclear, captura, utilización y almacenamiento de carbono; financiar proyectos de infraestructuras de apoyo a la industria; etc. Casi todas están recogidas, aunque sea su espíritu, en la “brújula”.

También la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Europeas, requirió a Von der Leyen a racionalizar “radicalmente” los requisitos reglamentarios de la UE —respecto al cumplimiento— “eliminando la legislación obsoleta, solapada y desproporcionada”. Eurochambres, que ya a finales de 2022 definió una Brújula de Competitividad, ha presentado a la Comisión Europea una lista de 60 actos legislativos de la UE en los que urge adoptar medidas de “simplificación rápidas”.

“Relaciones económicas sólidas” con EE.UU. y el Reino Unido, la búsqueda de acuerdos comerciales como el pacto UE-Mercosur y la apertura de mercados “deben seguir siendo prioritarias”, según Eurochambres.

La mayoría de estas propuestas serán incorporadas, posiblemente, en los ajustes reguladoras de los próximos años.

“Simplificación de gran alcance”

Cuando la nueva Comisión tomó posesión en diciembre con la tarea de “reducir la burocracia”, la ONG Corporate Europe Observatory elaboró una guía con 16 formas diferentes con las que se pretende acabar con leyes de protección socioambiental.

La nueva palabra clave es “simplificación”. Sueña inofensivo y evita usar desregular o recortar.

Por el momento, el ejecutivo comunitario ha fijado objetivos cuantificados para reducir la carga de notificación de al menos el 25% para todas las empresas y el 35% para las PYME. 

“Y queremos ir más allá”, agregó Von der Leyen, “porque la presentación de informes no es el único obstáculo que existe (...) estamos ampliando el compromiso para cubrir el 25% de todas estas cargas administrativas recurrentes, y el 35% para las PYME. Nuestro objetivo es que, al final del mandato, hayamos hecho propuestas que puedan ahorrar a las empresas más de 37 000 millones de euros al año”.

Estos objetivos arbitrarios ponen en peligro la debida aplicación de las leyes. Tal como reveló la investigación periodística Follow the Money, los funcionarios de la UE subrayan que los requisitos de información son a menudo cruciales para cumplir los objetivos políticos o a efectos de auditoría.

El paquete ómnibus

Por desgracia, la disputa por la desregulación de la UE ha tomado más velocidad que nunca. Tras el ataque del PPE al Reglamento sobre deforestación, Von der Leyen anunció el 8 de noviembre de 2024, en el marco de la Declaración de Budapest, de que quiere reabrir y debilitar la directiva de la información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD, por sus siglas en inglés), la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés) y la taxonomía de la UE.

Incluso la “plataforma de colaboración“ entre PPE, S&D y Renew Europe en el Parlamento Europeo para ratificar la Comisión de Von der Leyen II anunció que “fomentarán un entorno favorable a las empresas, suprimirán la carga administrativa y la burocracia”, entre otras.

Según la “brújula”, las empresas verán reducida su carga reglamentaria por el paquete Omnibus, un único texto legislativo que busca limitar a varias regulaciones europeas al mismo tiempo y que la Comisión Europea abordará el 26 de febrero.

Este paquete Omnibus, rechazado por 160 organizaciones sociales y sindicales, modificaría por un lado la directiva sobre diligencia debida, una ley de por sí extremamente limitada y vaciada de contenido. Aunque su objetivo era reforzar los derechos humanos en el mundo, no ha creado nuevas obligaciones directas de carácter extraterritorial para las empresas transnacionales que se benefician de la destrucción ambiental y abusos, como el trabajo infantil o forzado, ni tribunales que pudieran enjuiciarlas.

Igualmente, cambiaría la directiva que aborda cuestiones relativas a cómo, cuándo y sobre qué han de proporcionar las empresas la información sobre sostenibilidad pero que tampoco cuestiona ni impide el modus operandi empresarial que se basa en la explotación laboral y los impactos socioecológicos para incrementar los beneficios monetarios privados.

Y, por último, enmendaría la Taxonomía de la UE, que establece un sistema de clasificación de las actividades de las empresas según criterios de sostenibilidad (incluyendo, por ejemplo, el gas fósil o la energía nuclear).

Todas estas “pseudorregulaciones” que carecen de efectividad real han consolidado el lavado de cara de los delincuentes de cuello blanco, la “unilateralidad empresarial” y “privilegian las auditorías privadas por encima de las inspecciones públicas”, como critican Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

El poder de Alemania, Merz y sus empresas

Aun así, ha habido mucha presión para que se reduzcan y postpongan las normativas del “Pacto Verde”. Los partidos políticos alemanes han sido los más vehementes. En 2022, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) consiguió que se diluyera la directiva de Diligencia Debida en el Parlamento Europeo. Un año más tarde, fue el Ministro Federal de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck (Verdes) que planeó suspender las obligaciones de información en virtud de la Ley alemana de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro. Amenazas que se repitieron en 2024.

Los Demócratas Libres (FDP) hicieron campaña para derogar la directiva europea de Diligencia Debida, hasta forzar una abstención de Alemania en el Consejo de la UE, y reabrir la otra directiva relativa a los informes de sostenibilidad empresarial. Ministros del SPD y Verdes presionaron para conseguir una reducción significativa de los requisitos de información y posponer dos años la aplicación de la directiva CSRD. El todavía Canciller Olaf Scholz (SPD) comenzó el 2025 con una misiva a Von der Leyen en la que exige medidas de calado sobre el paquete ómnibus. En octubre, Scholz llegó a prometer ante la patronal alemana que se suavizará la diligencia debida.

En vez de exigir a las empresas transnacionales que cumplan el derecho internacional de los derechos humanos, con la “brújula” se daría otra vuelta de tuerca para que estas regulaciones sean aún más inefectivas haciendo hincapié en “mejor adecuación de los requisitos a las necesidades de los inversores, plazos proporcionados, parámetros financieros que no desincentiven las inversiones” así como una nueva categoría de “pequeñas empresas de mediana capitalización” (entre las PYME y las empresas más grandes), que beneficiaría “hasta 31.000 empresas”, según Real Economy Progress.

El Consejo de la UE confirmó, el 21 de enero, su “firme apoyo” al paquete omnibus durante una reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros.

Es de esperar que algunos Estados miembros de la UE, particularmente Alemania –y más aun tras una victoria del CDU en las elecciones generales del 23 de febrero–, presionen con fuerza para amputar los requisitos de las normas.

De hecho, el candidato a canciller de la CDU, Friedrich Merz, ha sido abogado de numerosas grandes empresas en el bufete Mayer Brown –representó por ejemplo al gigante petroquímico BASF– y desde allí ha tejido una poderosa red de lobby corporativo. Merz ha estado en los consejos de administración de BlackRock, Rockwool, Axa, IVG Immobilien y la bolsa alemana Deutsche Börse así como en los consejos asesores de Robert Bosch, Ernst & Young y HSBC Trinkaus, entre otros. Una investigación de Annika Joeres y Gabriela Keller de Correctiv muestra cómo el programa electoral de la CDU se ajusta a las demandas de las industrias química y metalúrgica y qué empresas podrían beneficiarse si Merz ganara las elecciones.

Francia y Estados Unidos

El gobierno francés también presiona para retrasar indefinidamente la nueva directiva sobre diligencia debida (CSDDD) y retrasar dos años la directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD). La negligencia se enmarca en un impulso desregulador más amplio, que también incluye el retraso de dos años de la Directiva sobre requisitos comunes de los productos alimenticios, la simplificación de las ayudas estatales y la revisión de la normativa REACH y entre otras medidas.

El organismo nacional francés en normas contables (L'Autorité des Normes Comptables) ha emitido un dictamen hablando de “revisar” la directiva CSRD pero rechaza un aplazamiento.

En este contexto, Francia pidió retrasar un año adicional la entrada en vigor de las normas sobre la cartera de negociación bancaria (reforma de Basilea III), lo que significaría que entrarían en vigor en enero de 2027, en lugar de enero de 2025, como se había acordado inicialmente.

Séjourné prometió una “señal a los mercados y a los inversores” y planes de emergencia para las industrias que consumen mucha energía, como las del acero, el aluminio y otros metales, el cemento y la energía, según dijo el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la prosperidad y la estrategia industrial.

La presión también procede de EE UU, donde miembros del Congreso, corporaciones y la Cámara de Comercio se han opuesto firmemente a la norma de diligencia debida.

El Partido Popular europeo declara la guerra a sus propias políticas

Mientras todas las miradas estaban puestas en la toma de posesión de Donald Trump, el Partido Popular Europeo (PPE) se reunió en Berlín para encarar la “competitividad europea” y acordar sin tapujos sus planes para los próximos 5 años. Los líderes conservadores, entre ellos la propia Von der Leyen y varios primeros ministros, adoptaron dos declaraciones que exigen una mayor desregulación y significan, básicamente, una auto-enmienda en toda regla al trabajo sobre el “Pacto Verde Europeo”.

Tampoco sorprende porque el PPE ha sido el actor político que más ha atacado a legislaciones ambientales, como el endurecimiento de las normas de emisiones de los automóviles, incluso antes de que Von der Leyen fuera ratificada para un segundo mandato.

“Nos oponemos a la excesiva regulación y burocracia a todos los niveles, desde la UE hasta el local, para la agricultura y la silvicultura”, expone la declaración del 17 y 18 de enero. “Exigimos más simplificaciones en cuestiones como la retirada de tierras o los pesticidas, así como para aplicar el reglamento de la UE sobre deforestación” (EUDR, por sus siglas en inglés).

Los reaccionarios se apartan del “objetivo separado para la cuota de energía renovable”, las obligaciones de renovación para los propietarios de viviendas o las multas para las empresas que no alcancen los objetivos de emisiones para 2025, aunque hayan estado al frente del ejecutivo comunitario.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, del PPE, culpó incluso a la legislación climática de la UE -gran parte de la cual aún no ha entrado en vigor- de los elevados precios de la energía en el bloque. Las declaraciones de Tusk fueron aplaudidas por el primer ministro conservador checo, Petr Fiala.

Otras prioridades del PPE para 2025 son el pacto industrial limpio, el apoyo al acuerdo comercial UE-Mercosur, la revisión del estatuto de protección del lobo y la “reducción de la carga que soportan nuestros agricultores” con la normativa sobre deforestación y la ley de Restauración de la Naturaleza.

Sobre migración proponen una nueva directiva de retorno, apoyan los “centros de retorno fuera de la UE” impulsados por la primer ministra italiana Giorgia Meloni, triplicar el número de funcionarios de Frontex y “equiparlos mejor” (es decir, con más armas).

En relación a “recortar burocracia” el PPE propone aplicar rigurosamente el principio “uno dentro, dos fuera” - es decir, por cada nueva regulación onerosa, dos regulaciones antiguas deben ser abolidas, la reapertura de la directiva de diligencia debida y su retraso de 2 años.

El PPE propone algo más que simplificaciones en el contexto del paquete omnibus. Insinúa  cambios significativos en el alcance y el calendario de varias legislaciones. “La aplicación del CSRD y el CSDDD, así como la legislación conexa, incluido el reglamento sobre la taxonomía y el Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono (CBAM), deben quedar en suspenso durante al menos dos años. En ese tiempo, un reglamento ómnibus debería limitar el ámbito de aplicación de estas leyes a las mayores empresas con más de 1000 empleados, eliminar el efecto indirecto para las PYME, alinear los solapamientos legislativos que actualmente conducen a la doble declaración y acortar significativamente las obligaciones de declaración para las grandes empresas en al menos un 50%”, se puede leer en su declaración del retiro de líderes.

El PPE también dejó claro que “exige una revisión de la legislación pendiente de aplicación, incluidos los actos delegados y de ejecución”. Esto implicaría también cambios en las medidas “técnicas” de aplicación. 

Se rompió el cordón sanitario a la ultraderecha

Con el retraso de un año en la aplicación del Reglamento contra la deforestación se ha visto como el PPE actúa ahora en el Parlamento Europeo: tras el paso por la comisión parlamentaria modifica y rebaja sus propias enmiendas de cara a la votación en el pleno donde cuenta con los votos de la extrema derecha para aprobarlas.

En efecto, el líder de la extrema derecha francesa, Jordan Bardella, hizo recientemente un llamamiento para organizar un debate en el Parlamento Europeo sobre una “suspensión temporal del Pacto Verde” seguido de una votación. La carta de Agrupación Nacional –que participa en la formación europea Patriotas– fue dirigida al líder del PPE, Manfred Weber, así como a los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y la Europa de las Naciones Soberanas.

Si el PPE enmarca el debate sobre la Brújula de la Competitividad y la desregulación de esta manera, no sólo veríamos que el paquete ómnibus se enfrentará a presiones para incorporar cambios de más calado (como se ha visto con la derogación del impuesto energético en España) sino que muchas otras legislaciones ya aprobadas puedan reabrirse y sufrir alteraciones. Esto socava el aparente procedimiento democrático en el Parlamento Europeo.

La extracción de beneficios a gran escala

Lo que la Comisión Europea presente el próximo 26 de febrero debe evaluarse en este contexto político. Es muy probable que esté evaluando incluir varios expedientes más en el paquete ómnibus.

La “brújula” recomienda igualmente “medidas ambiciosas“ para una “supervisión mucho más unificada“, la eliminación de los obstáculos fiscales a la inversión transfronteriza y una mayor consolidación “impulsada por el mercado” de los mercados bursátiles, las bolsas y los fondos. 

“Ofreceremos a las empresas innovadoras operar en toda nuestra Unión bajo un único conjunto de normas. Lo llamamos el 28º régimen. Derecho de sociedades, insolvencia, derecho laboral, fiscalidad: un marco único y sencillo en toda nuestra Unión”, anunció Von der Leyen en el Foro Económico Mundial de Davos.

“La propuesta del 28º régimen permitiría a algunas empresas operar al margen de la legislación laboral nacional” y el “plan incluye una petición explícita de reformas de las pensiones basadas en la prolongación de la vida laboral”. Son dos argumentos por los que la Confederación Europea de Sindicatos (CES) rechaza la Brújula de Competitividad.

La reducción de la regulación corporativa fue también una promesa clave de la campaña de Donald Trump, que ya ha revocado algunas normas sobre la perforación de petróleo y gas en sus primeros días en el cargo.

Los sindicatos de la CES han criticado a la patronal europea por aclamar una desregulación al estilo Trump coincidiendo con el discurso del presidente estadounidense en Davos. Siguiendo los pasos de las órdenes ejecutivas de Trump que debilitaron las protecciones laborales y ambientales, BusinessEurope reivindicó la supresión del derecho a la transparencia salarial para dos tercios de las trabajadoras o menores normas de seguridad laboral.

La hoja de ruta política apela a los gobiernos de la UE que “deben afrontar el reto que dar un paso adelante”, ya que las “principales palancas, desde la fiscalidad a los mercados laborales o las políticas industriales, están en gran parte o en parte en manos de los gobiernos de la UE”, plantea la Brújula de la Competitividad.

Oposición al sueño corporativo

Más de 270 redes, plataformas y organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, grupos de consumidores, agrarios, de derechos civiles y ecologistas han lanzado una advertencia contra la desregulación de la “Brújula de Competitividad”.

“La seguridad alimentaria, la salud pública, la protección social, los derechos de las personas trabajadorss y la normativa laboral, el bienestar de los animales y la protección del medio ambiente no son cargas normativas, sino los cimientos de una sociedad justa, resiliente y que funcione bien”, afirma la carta. “Los retos a los que se enfrentan algunas industrias no se deben a una regulación excesiva, sino a la incapacidad de los gobiernos y las empresas para planificar, invertir y adaptarse a las transiciones necesarias”, argumentan.

En el discurso dominante, la desregulación —como la “reforma”— figura como algo bueno —menos intromisión burocrática y menos normas que ahoguen la innovación—. “Este uso ideológicamente influido pone a las izquierdas en una posición incómoda, ya que oponerse a la desregulación parece implicar un deseo de más normas y reglamentos, y por tanto más hombres con trajes grises que se interpongan en el camino de la libertad”, reflexionó el antropólogo y anarquista estadounidense David Graeber en 2007.

Lo cierto es que todos los mercados son creados en cierta medida por la regulación gubernamental. Los estados —en este caso de la UE— establecen las reglas de la extracción de beneficios: crean la infraestructura jurídica y los derechos de propiedad a gran escala, algo que ha ocurrido en Europa a lo largo de cientos de años, respaldada por la fuerza militar y los sistemas monetarios bancarios. La desregulación sería una forma de ajustar de a qué multimillonarios han decidido recompensar.

Para defender, en este contexto, la justicia social y ambiental se necesitará una elevada porción de apoyo mutuo, creatividad y trabajo transversal entre las diversos movimientos sociales.