Opinión
Las venas abiertas de la “nueva Gaza”

El lunes 6 de julio, el portavoz del Gobierno de Gaza anunció el traspaso al Comité Nacional para la Administración de Gaza: un gobierno tecnocrático pactado entre Hamás y la Autoridad Palestina, con el visto bueno de Israel y Estados Unidos. A primera vista, parece un procedimiento administrativo más del “Acuerdo de Paz” de Donald Trump, el plan de veinte puntos que Washington firmó en octubre de 2025 y presentó como hoja de ruta hacia el fin de la guerra. Sin embargo, este anuncio llega después de que Israel lleve semanas bloqueando la entrada de Gaza a los miembros electos del Comité Nacional.

El “período de paz” por el que Donald Trump se colgó la medalla lo es sólo en nombre. La devastadora hambruna que motivó la paralización de La Vuelta en España y la Flotilla a escala global persiste hoy en Gaza porque Israel sigue impidiendo la entrada de suministros y ayuda humanitaria con el apoyo de Estados Unidos.

Los puntos de reparto militarizados que Israel y Washington impusieron en sustitución de las agencias de la ONU no han hecho sino agravar la situación: en sus inmediaciones, Naciones Unidas llegó a contabilizar más de un millar de palestinos abatidos mientras hacían cola para conseguir comida. El ejército sionista ha asesinado a más de mil palestinos desde la firma del alto el fuego. Un tiempo en el que Israel ha anunciado su voluntad de tomar la Franja y ha anexionado todavía más territorios, demoliendo por el camino viviendas e infraestructura, a pesar de que el “Acuerdo de Paz” le insta a retirarse progresivamente de la zona.

Todo esto lleva a preguntarse cuál es la naturaleza de este acuerdo y del Comité Nacional en el exilio al que se pretende delegar el gobierno de Gaza. Un comité al que se le asigna una transición vaga, sin fecha de conclusión, y que no está abierto ni a ser elegido ni a ser censurado por la población gazatí. Un gobierno que no es independiente, sino que está sometido a la supervisión del Consejo de Paz de Donald Trump. Un consejo que no cumple con ninguno de los criterios esperables de una misión internacional, sino que funciona como una verdadera junta colonial dirigida por Estados Unidos y en la que participa Israel. No en vano lo preside el propio Trump, y entre los nombres que han sonado para pilotar la transición figura el de Tony Blair, corresponsable de la ocupación de Iraq.

Mientras tanto, Gaza no solo está ocupada por Israel, sino también por tropas extranjeras enviadas por aliados de Estados Unidos e Israel como Marruecos. O como Egipto y Jordania, que se han reservado para sí el privilegio de formar un nuevo órgano policial palestino cuya obligación, según el Acuerdo, es “pacificar Gaza”. No resulta difícil imaginar qué hay detrás de este término tan ingenuo en apariencia: reprimir cualquier disidencia interna al “proceso de paz” y reservarle a Estados Unidos el derecho de dar un golpe de Estado si el Comité Nacional no se alinea con sus intereses, como llevan décadas haciendo los gobiernos occidentales.

Este proyecto para la Franja promete traducirse en grandes beneficios para las empresas estadounidenses e israelíes

¿Todo para qué? La clave nos la da Estados Unidos. Donald Trump y varios de los miembros de su gobierno llevan anunciando desde antes incluso del Acuerdo de Paz que su interés es convertir Gaza en un paraíso para la especulación fiscal e inmobiliaria. Ya en febrero de 2025, el propio presidente fantaseaba abiertamente con expulsar a la población y transformar la Franja en “la Riviera de Oriente Próximo”. Un proyecto que incluye el confinamiento de la población palestina a “zonas residenciales”, extendiendo a Gaza el régimen de apartheid que lleva años ejecutando Israel contra los palestinos atrapados en las fronteras de su estado ilegítimo y contra una Cisjordania para la que ahora se planea un muro no demasiado diferente al que Trump propuso para la frontera con México o el que Marruecos ha construido para consolidar su anexión del Sáhara Occidental.

Los planes filtrados a la prensa, como el bautizado GREAT Trust y modelado por la consultora Boston Consulting Group, contemplan pagar a los propietarios gazatíes con “tokens” digitales a cambio de que abandonen la Franja, levantar sobre los escombros ciudades inteligentes y zonas económicas especiales, y financiarlo todo con un fondo de hasta 100.000 millones de dólares a diez años. No en vano Jared Kushner, yerno del presidente, había celebrado que la costa de Gaza es “propiedad de primera línea de playa” de enorme valor inmobiliario.

Este proyecto para la Franja promete traducirse en grandes beneficios para las empresas estadounidenses e israelíes, movidas por el mismo interés que hay detrás de la participación de las distintas potencias que componen esta junta colonial y su milmillonario fondo internacional para Gaza —una reconstrucción que la ONU cifra en más de 50.000 millones de dólares. Si algo nos demostró la masacre de Iraq, es que la reconstrucción y la reparación son procesos que abren camino para la inserción de los capitales extranjeros, sacando provecho de la miseria y la destrucción para edificar un orden de explotación y dependencia.

Una verdadera misión internacional para la reconstrucción de Gaza habría comenzado por sancionar y embargar de forma efectiva a Israel para prevenir nuevos ataques

Así se hizo para dominar la industria petrolera iraquí —donde la Autoridad Provisional de la Coalición abrió por decreto la economía al capital extranjero con la Orden 39 y repartió la reconstrucción en contratos a dedo entre firmas como Halliburton— y tenemos indicios suficientes para sospechar que se pretenderá hacer lo propio con los campos vírgenes de gas natural de la costa de Gaza. El botón es el yacimiento Gaza Marine, descubierto frente a la costa en 1999 y con reservas valoradas en miles de millones, lleva más de dos décadas bloqueado por Israel. Imponer un clima represivo y de vulnerabilidad estructural es el medio para ponerse las cosas fáciles.

La presencia de miembros vinculados a la Autoridad Palestina en el Comité Nacional para la Administración de Gaza, como el más alto cargo de este y el actual ministro de Vivienda del gobierno de Al-Fatah, sólo nos reafirma esta idea. No podemos olvidar que la Autoridad Palestina y Al-Fatah son los arquitectos de un régimen de colaboración y claudicación al sionismo que, sin embargo, no ha puesto freno a la invasión y la masacre desde su mayor hito: los Acuerdos de Oslo de 1993. Aquellos pactos, que nacieron prometiendo un Estado palestino, acabaron convirtiendo a la Autoridad en una gestora de la ocupación y en una subcontrata de su seguridad. Una línea política con la que Al-Fatah no ha roto en su reciente VIII Congreso a pesar de la creciente oposición de sus bases y la cada vez más sangrante impopularidad de su gobierno en los sondeos disponibles.

Una verdadera misión internacional para la reconstrucción de Gaza habría comenzado por sancionar y embargar de forma efectiva a Israel para prevenir nuevos ataques. Habría priorizado dotar de medios a los gazatíes para constituir un gobierno de transición que represente la diversidad de la resistencia palestina. Habría abierto un paso humanitario que garantizara la soberanía palestina sobre la entrada de alimentos y suministros. Habría asegurado que los fondos para la reconstrucción acaben en manos de un gobierno fuerte capaz de planificar una reconstrucción de Gaza que beneficie a los palestinos y no al capital extranjero. Pero nada de esto cabe esperar de un campo internacional que hace tiempo aceptó, a grandes rasgos, la derrota del pueblo palestino y que está más ocupado en pensar cómo beneficiarse de ella.