Andalucía
Fatiguita triple en Andalucía durante 2022: social, climática y política

Las andaluzas despiden un año protagonizado por las políticas privatizadoras del gobierno de Juanma Moreno y la crisis climática haciendo estragos en el territorio.

No hace falta hilar muy fino, una vez te pones a pensar para darse cuenta de que 2022 ha dejado en tierras andaluzas un plantel enorme donde elegir: unas elecciones, incendios, sequías, recortes sociales estratosféricos, privatizaciones, apagones, una izquierda parlamentaria caótica y hasta una exhumación. Visto con perspectiva, esta cartografía de sucesos suena a eso que cantaba la Paquera de Jerez:


“Qué grandes fatigas

qué fuerte dolor

qué puñaladita más lenta

la que le daban a mi corazón”

Porque si algo ha definido este año han sido las puñalaitas lentas: decisiones políticas llevadas a cabo por el gobierno de Juanma Moreno que tienen un claro objetivo de privatizar los servicios públicos y recortar derechos sociales. Una postura política y de construir territorio cuyos resultados, aunque ya comienza a afectar en el día a día de las andaluzas, serán más notables a la larga. Un futuro que augura la destrucción de los servicios públicos tal y como los conocemos en un territorio con problemas estructurales, sueldos por debajo de la media y con un modelo económico basado en el extractivismo.


Fatiguitas políticas

El 19 de junio, Juanma Moreno ganaba por mayoría absoluta las elecciones de Andalucía. En el mes de campaña por primera vez la izquierda parlamentaria andaluza se presentaba dividida. Por un lado, la coalición de Podemos e IU, Por Andalucía, que desde un primer momento dejó entrever las diferencias entre los distintos miembros y que han acabado con la división dentro de los propios parlamentarios que tienen actualmente en el parlamento andaluz. Por el otro lado, el partido con enfoque andalucista, Adelante Andalucía, que ha entrado al parlamento andaluz con tan solo dos escaños. El pasado 27 de diciembre, la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, cumplía su promesa de no estar más de ocho años en política institucional y renunciaba a su acta de diputada, abriendo un episodio de incertidumbre sobre cómo será el futuro de esta formación política.

La mayoría absoluta del PP ha facilitado el camino para que continúen las políticas de carácter privatizador que se pusieron en marcha con la anterior legislatura en la que Bonilla gobernaba junto a la ultraderecha y el ya desaparecido Ciudadanos. Las propuestas políticas del ejecutivo andaluz han ahondado en el recorte a los servicios públicos, como se puede observar en los presupuestos para 2023 centrados en convertir Andalucía en un lugar para la inversión económica y dando la espalda a la equidad social. Una política económica que podría resumirse con las palabras de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carmen España, en la presentación de dichos presupuestos: “A los empresarios hay que tenderles alfombra roja, porque son los que generan empleo en la comunidad”. La Junta de Andalucía pasará a invertir el próximo año un 175% en industria y un 65% más en turismo, a costa de una paralización en educación o sanidad.


Fatiguitas sociales

El gobierno de la Junta de Andalucía ha afectado especialmente a la sanidad y la educación pública, que han sido protagonistas este año de recortes y desprecios por partes de la institución. En la anterior legislatura, Andalucía se posicionó como la comunidad autónoma que menos invertía en sanidad pública de todo el estado español, así como la que menor ratio de profesionales cuenta por habitante. Unas deficiencias que se reflejan en el cierre de hospitales en zonas rurales como en Ochavillo del Río o la disminución de horas de los centros de salud como en el polígono norte de Sevilla o Los Rosales en Huelva. “En Andalucía, la sanidad privada vive de las deficiencias de la sanidad pública”, comentaba Pablo Sánchez Villegas, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ante de las elecciones, una institución que el gobierno de Moreno Bonilla tiene planeado suprimir.

El deterioro de la sanidad pública se ha reflejado en las manifestaciones organizadas por la Marea Blanca que se han dado durante todo 2022, pero que en noviembre tuvo su momento álgido, un movimiento que se centra especialmente en que se solvente la falta de personal sanitario para cubrir las necesidades de la ciudadanía.


La creación de la Dirección general de Enseñanza Concertada al inicio del nuevo gobierno andaluz marca su postura con respecto a las políticas educativas. Esta nueva institución nace para “la planificación, fomento, gestión e inversión en educación concertada en la comunidad”, según la propia junta de Andalucía, una Dirección General con la que no cuenta la enseñanza pública. La pasada legislatura de los populares se saldó con el cierre de 1.181 clases públicas, a la vez que con una inversión histórica en educación concertada: 879 millones de euros, según datos del año 2020. En ese mismo periodo, durante el Curso 2020/2021, la consejería de educación elevaba el ratio de alumnos por clase en plena pandemia, en los centros públicos. Actualmente, es la comunidad del estado con mayor concentración de alumnos por aula.

Ante esta situación, el sindicato USTEA inició una Iniciativa Legislativa Popular para la bajada de ratio de alumnos por aula que ha conseguido 52.000 firmas. Una ILP que se debatió el pasado 12 de diciembre de 2022 en el parlamento andaluz con la ausencia de los miembros del equipo de gobierno. A pesar de no recibir a la representante de esta ILP Carmen Yuste, utilizaron su mayoría absoluta para rechazar la propuesta.

Una de las mayores preocupaciones de las andaluzas este año ha sido el acceso a la vivienda, a finales de agosto la Junta de Andalucía anunciaba la propuesta de crear una nueva Ley de Vivienda que no tiene la intención de regular los precios de alquiler en una de las comunidades en las que más ha subido. Además, durante este año la Junta de Andalucía ha retrasado la puesta en marcha del Bono Joven de alquiler hasta mediados de noviembre, siendo la última comunidad autónoma en ponerlo en marcha. A la preocupación por la vivienda se une la incertidumbre de muchos barrios periféricos del territorio que se han pasado el año a oscuras por los cortes de suministro eléctrico, como en Palmete y Polígono Norte en Sevilla, la Zona Norte de Granada o La Chanca en Almería.


Fatiguitas climáticas

Más allá de la polémica de los campos de golf de Juanma Moreno, la crisis de la sequía y la gestión del agua han sido la protagonista del verano en Andalucía. La respuesta del ejecutivo andaluz ha sido mirar hacia un futuro donde la gestión de agua andaluza esté a cargo de manos privadas: “yo no puedo entender que nos pongan problemas a la colaboración público-privada“, comentaba Moreno en pleno contexto de restricciones por la sequía. Los incendios en el territorio durante la época estival han sido una herida que aún supura. El incendio que calcinó 5.500 hectáreas en la sierra de Los Guájares (Granada) supone una gran pérdida para el patrimonio natural de Andalucía. La temporada de incendios se realizó en un contexto de movilizaciones contra la precariedad laboral de los trabajadores del INFOCA.

Dos imágenes inéditas nos han aterrado a nivel climático este año, y nos hacen de oráculos mostrando un futuro muy poco prometedor, la sequía en las marismas de Doñana y de Cabo de Gata. Por primera vez en la historia, estos dos parajes naturales se han pasado varias semanas sin albergar agua en sus marismas, perturbando el ecosistema establecido y causado además de por la crisis climática por los riegos ilegales y la falta de infraestructura de cuidado del espacio.

Por último, el 30 de noviembre se celebró la macro manifestación anual en Huelva por la retirada de los Fosfoyesos. Este año el Plan Restore 2030 para tapar la capa de material radioactivo impulsado por la empresa responsable de los vertidos Fertiberia ha dado pasos hacia su realización. En el 2023 se augura que se den los pasos definitivos pese a la crítica de movimientos medioambientales y la comunidad científica.

Una mijita de lumbre

Como todos los años, 2022 nos ha dado también imágenes conmovedoras y llenas de esperanza, entre las que una ha destacado por su simbología histórica: la exhumación de los restos del genocida franquista Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena en Sevilla. Esa madrugada del 2 de noviembre de 2022, la activista por la memoria democrática Paqui Maqueda pudo gritar los nombres de sus familiares fusilados por el bando nacional en la guerra civil a su modo de hacer justicia.

El ejemplo de lucha de los trabajadores de Zumosol con sus 335 días de encierro en la fábrica de Palma del Río (Córdoba) ante el abandono de la empresa ha servido de inspiración para los movimientos sociales en Andalucía. 2022 acaba con la firma de un acuerdo entre trabajadores y empresa. La compañía tendrá que pagar los sueldos y las indemnizaciones de los empleados.

A lo largo de toda la cartografía andaluza se han sucedido movilizaciones sociales como la de Barrios Hartos por la dignidad de los barrios periféricos en la ciudad de Sevilla, la lucha de las trabajadoras del SAD que se recorre Andalucía de punta a punta durante los tres primeros meses del año para reclamar la dignidad de sus trabajos, pueblos en pie como Ochavillo del Río en Córdoba por sus servicios públicos, movilizaciones contra actos de ultraderecha por parte del alumnado de las universidades andaluzas y han resistido espacios de comunidad como La Invisible en Málaga.

En todas las esquinas de esta tierra hay un ejemplo de dignidad al que agarrarnos para que, pase lo que pase, sigamos teniendo esperanza para el 2023.

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