Argentina
Argentina se revuelve contra la represión del Gobierno de Milei

Sin represión, pero con las garantías constitucionales amenazadas. Así fue la respuesta que dio el Gobierno de Javier Milei ante una nueva jornada marcada por la movilización social.

Más de 2.000 efectivos de las fuerzas federales y de la Ciudad de Buenos Aires fueron desplegados este 19 de marzo para amedrentar y evitar que jubilados, organismos de derechos humanos, sindicales, movimientos sociales y partidos políticos peronistas y de izquierda se concentraran en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

La marcha de los jubilados, que se realiza todos los miércoles desde septiembre de 2024, luego de que el Gobierno de Milei decidiera vetar una ley que modificaba la movilidad jubilatoria, lo que significaba un aumento de solo 12.000 pesos (10,3 euros al cambio oficial) por jubilado, sufrió su momento más grave la semana pasada cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lideró la represión más violenta que se registra desde la crisis de 2001. Al menos 670 personas resultaron heridas, hubo más de 100 detenidos y un fotoperiodista, Pablo Grillo, recibió un disparo de un gas lacrimógeno en su cabeza, quien terminó internado, con un traumatismo de cráneo grave, pérdida de masa encefálica y fracturas múltiples. En la actualidad, el joven continúa internado en estado crítico, pero con leves mejorías. Su padre confirmó que “abrió los ojos” y “movió las manos”.

Preludio de una jornada distópica

Durante la mañana del miércoles, las principales estaciones de tren amanecieron con cartelería y una voz en off amenazante: “La protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República”. La intimidación llevada adelante por el Gobierno de Javier Milei se profundizó con controles en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y con las fuerzas federales que detenían personas para pedirles sus documentos de identidad y preguntarles hacia dónde iban. Así es como se conoció un vídeo donde un oficial de la Policía Federal Argentina, ante un joven que al principio se había negado a mostrarle su DNI, le dijo: “¿Viste cómo aflojás, maricón?”.

Policías piden DNI en Constitución, buscan amedrentar a la población. Que no te metan miedo, las libertades democráticas las defendemos en las calles https://t.co/15BpVygMz9 pic.twitter.com/Ulbzkm3yy3

— Prensa Obrera (@prensaobrera) March 19, 2025

En tono con la intimidación y las amenazas oficiales, la ministra Patricia Bullrich lanzó un tuit en la red social X donde ofreció una recompensa de diez millones de pesos (8.605 euros) para quien “ayude a identificar a los violentos que, con palos, armas y piedras, atacaron a las Fuerzas de Seguridad y generaron destrozos cerca del Congreso Nacional el 12/03/2025”. 

Además de los más de 2.000 efectivos que se desplegaron en las inmediaciones del Congreso, el oficialismo decidió instalar inhibidores para imposibilitar que drones periodísticos captaran imágenes de la manifestación.

A pesar de que el Gobierno transgredió las libertades democráticas a lo largo del día, no hubo una respuesta represiva ante las miles de personas que se manifestaron en las puertas del Congreso, donde el oficialismo alcanzó otra victoria legislativa.

Mientras miles de personas protestaban fuera, el oficialismo logró que se aprobara un decreto de necesidad y urgencia para poder negociar un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional

Durante la tarde, el oficialismo logró que se aprobara un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para poder negociar un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. La Libertad Avanza no es mayoría en la Cámara Baja, pero obtuvo apoyo de diferentes bloques parlamentarios, quienes criticaron al Gobierno e igual votaron por la aprobación del DNU. Mientras tanto, la oposición denunció que con esta medida se está violando la Ley Guzmán. Impulsada por el exministro de Economía Martín Guzmán, dicha ley establece que cualquier programa de financiamiento acordado con el FMI debe ser autorizado por el Congreso. Además, remarcaron que no se conoce cómo será el préstamo y qué condiciones establecerá el Fondo.

Voces de una marcha en tensión

“No te pago para que me pegues”, se lee en un cartel que sostiene Silvia, una jubilada que se acercó al Congreso como todos los miércoles. “Siempre estuvimos bastante postergados, pero, como ahora, nunca”, dice mientras se muestra desilusionada porque “un pueblo votó esto”. Luego de una charla conmovedora, y con lágrimas en los ojos, la mujer reafirma que la lucha “es constante” y explica: “No lo hago por mí. No sé cuántos años me quedan, pero lo que me quede, voy a seguir luchando por los que no pueden hablar, por esos viejos que hoy no pudieron venir, porque están en silla de ruedas, porque están enfermos, porque no acceden a la medicación”.

A unos metros, Aurora desconcentra y se aleja de la marcha. Cansada, con un bastón, y abrazada al brazo de una joven, la mujer de 75 años denuncia: “Es imposible que los jubilados sigamos así. No estamos viviendo, ni siquiera sobreviviendo. Estamos medrando, somos vegetales que no hacen más que comer cuando pueden y tomar medicamentos cuando pueden. "Si no tuviera a mis hijos que me ayudan y me dan lo que todos los gobiernos me fueron robando y nos fueron robando a los jubilados, estaría viviendo abajo de un árbol”. Antes de seguir su camino para descansar de una tarde larga, Aurora cuenta que es discapacitada: “Me discapacitó el Estado”. En 2002, fue una de las personas heridas tras la represión policial que terminó con los asesinatos de los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. 

“No lo hago por mí. No sé cuántos años me quedan, pero lo que me quede, voy a seguir luchando por los que no pueden hablar, por esos viejos que hoy no pudieron venir”, dice una de las manifestantes

En la marcha del miércoles también se reclamó que se esclarezca lo que pasó con el fotoperiodista Pablo Grillo. Nano González, fotógrafo freelance e institucional, cuenta cómo vivió el ataque que sufrió su compañero: “Nos hemos transformado en blancos móviles, es algo que lamentablemente es medio recurrente. Los agentes de poder no quieren que se sepa lo que sucede en la calle. Superar el temor hacia lo que le pasó a Pablo era también un desafío para cada uno que empuñe una cámara”.

Quien también se refiere a la represión de la semana pasada es Juan, otro fotógrafo independiente: “Lo que pasó demuestra a las claras qué tipo de Gobierno estamos teniendo. Tanto se llenaron la boca hablando de la República, de la libertad, pero lo que les interesa son sus intereses y los intereses de su clase, y no les importa si tienen que matar o reprimir”. Además, denuncia que la Justicia no está haciendo nada por esclarecer el intento de asesinato que sufrió Grillo: “Habiendo tantas pruebas y habiéndose demostrado que estuvieron tirando a matar o a lastimar, no hay nadie actuado oficio”.

Hay que recordar que minutos después de que se conociera la internación de Grillo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había declarado que se trataba de un “militante kirchnerista detenido”. 

Luego de la represión de la semana pasada, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que la pistola que lanza gases lacrimógenos, como con la que se hirió al fotoperiodista, estaba prohibida en Argentina, pero Bullrich “derogó su prohibición” en 2023. 

“Nos hemos transformado en blancos móviles, es algo que lamentablemente es medio recurrente. Los agentes de poder no quieren que se sepa lo que sucede en la calle”, dice Nano González, fotógrafo

Durante toda la semana, la ministra dio diferentes entrevistas para defender el accionar represivo. También hizo una conferencia de prensa donde afirmó que las fuerzas federales dispararon las pistolas lanza gases a más de 45°, a pesar de que le mostraron pruebas fotográficas donde se comprobaba que los disparos eran de forma horizontal y paralelo al piso. La investigación para entender cómo fue el disparo que sufrió Pablo Grillo fue realizado comunitariamente por el Mapa de la Policía y otras organizaciones.

Lo que sucedió a lo largo de estos siete días, con la ministra de Seguridad negando hechos de la realidad, no es la primera vez que sucede.

Anatomía de un Gobierno represivo

En los primeros días de 2025, Patricia Bullrich tuvo un cruce con Amnistía Internacional Argentina por la represión y la criminalización de la protesta social. Por medio de la plataforma X, la funcionaria del Gobierno de Javier Milei publicó un video donde acusó a la ONG de “no tener vergüenza” por haber publicado un estudio que documentó las represiones llevadas adelante por el Gobierno argentino. 

“Las fuerzas de Seguridad actuaron bajo un protocolo. Le devolvimos los derechos humanos a los 46 millones de argentinos, liberando las calles, devolviendo propiedad privada. Dedicate a las dictaduras, no te dediques a las democracias liberales”, señaló Patricia Bullrich en un vídeo publicado el 13 de enero.

Amnistía Internacional no tiene vergüenza, y mientras se violan sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela, decide criticar a una democracia liberal como lo es la Argentina.

Desde sus sillones cómodos en Londres, vienen a darnos lecciones mientras acá bancamos 25 años de… pic.twitter.com/wtybyww2Kg

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 13, 2025

La respuesta de la ministra surge a partir de un informe que realizó Amnistía, donde investigaron 15 manifestaciones en las que se aplicó el “Protocolo Antipiquete”. Allí, hubo al menos 1.155 personas heridas, de las cuales 33 recibieron impactos faciales.

Una de las personas que recibió un impacto de bala de goma en su cara es Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). El 1 de febrero de 2024, el asesor parlamentario fue a la Plaza del Congreso a documentar la represión que por la tarde había ordenado el Gobierno nacional contra quienes se manifestaban ante el Proyecto de Ley Bases.

Amnistía Internacional investigó 15 manifestaciones en las que se aplicó el “Protocolo Antipiquete”. Allí, hubo al menos 1.155 personas heridas, de las cuales 33 recibieron impactos faciales

Cerca de las 22h, luego de que cesara la primera ola represiva, el abogado de derechos humanos recibió un disparo por parte de efectivos motorizados de la Policía Federal: “Actuaron cerca de 20 motos, hubo un claro ataque, junto a los trabajadores de prensa estábamos dando cuenta de lo que pasaba respecto de la represión”. Sobre la pregunta de si las fuerzas de seguridad tenían la orden de disparar a la cara, el abogado concluye: “Es categórico que reprimían del torso para arriba. Hubo muchos heridos a quienes les dispararon desde más cerca, lo que implica que recibieron más perdigones que nos llegan a expandirse. Hubo compañeros que recibieron cuatro o cinco perdigones en la cabeza, en el cuero cabelludo, en las cejas”.

Horas antes de la represión, Aufieri había realizado una presentación judicial en una causa que llevaba adelante contra el diputado libertario José Luis Espert, por instigar a la violencia política. “Antes los discursos como los del Espert, de ‘cárcel o bala’, las fuerzas de seguridad se ven empoderadas y se envalentonan”.

Matías, quien perdió la visión total de su ojo derecho a pesar de varias intervenciones quirúrgicas, explica que Patricia Bullrich “tiene decidido reprimir ya de antemano, no importan qué hagan los manifestantes”: “A veces tiene determinado hasta el horario en el cual reprimir, antes de la hora pico, para evitar que la concentración se haga más grande, o cuando desconcentran, para agarrar a la gente suelta”.

Por otro lado, el abogado, junto a sus compañeros del CeProDH, participó en la defensa de varias de las personas que fueron detenidas en la represión del 12 de junio. Muchas de estas detenciones fueron al finalizar la marcha, en una razzia policial.

“Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, segundo intento y otra represión

Tras un rechazo en marzo de 2024, la ley ómnibus impulsada por el Gobierno nacional finalmente fue discutida y votada por el Senado argentino el 12 de junio. Con puntos claves como la declaración de emergencia, lo que le permitió obtener facultades delegadas al presidente Milei, o la disolución de organismos públicos, el oficialismo logró su aprobación luego de una jornada represiva en las inmediaciones del Congreso, donde más de 600 personas resultaron heridas y 35 fueron detenidas. 

Camila Juárez fue una de ellas. La detuvieron a 18 manzanas del Congreso. A 18 manzanas de donde se había iniciado la represión. 

“Estaba retirándome cuando empezó la cacería. Nos empezaron a tirar con balas de goma, las motos se nos tiraban encima”, relata la joven de 33 años, estudiante de la Universidad Nacional de San Martín y madre de dos hijos.

Matías, quien perdió la visión total de su ojo derecho a pesar de varias intervenciones quirúrgicas, explica que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “tiene decidido reprimir ya de antemano, no importan qué hagan los manifestantes”

En la cacería que realizaron las fuerzas represivas, la detuvieron junto a otras tres personas más: “Le pedí a un policía ‘por favor, déjame salir de acá, tengo dos hijos, necesito volver a mi casa’. El policía me dijo ‘te hubieras quedado en tu casa, negra sucia’, y me apuntó con un arma en la cabeza”.

Camila, que pasó casi dos días esposada y en malas condiciones de detención, primero en un móvil policial y luego en una Alcaidía, fue trasladada a una cárcel de máxima seguridad en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires: “Era una locura estar ahí solamente por haber ido a ejercer mi derecho como ciudadana en contra de estas políticas de ajustes, incluso sin haber hecho nada de lo que se me acusaba, ni atentado ni resistencia a la autoridad, porque nunca me resistí”. 

Luego de pasar casi una semana detenida, Camila fue liberada junto a la mayoría de los manifestantes. Sobre el último día de los cuatro que pasó en la cárcel de máxima seguridad, la joven cuenta una situación que vivió junto a otras de las detenidas: “Nos sacaron de la celda y nos llevaron a un aula sin decirnos nada, donde habían escrito ‘politiqueras baratas, ahora lloran por sus hijos y piden por Dios, ya van a ver’”. 

Meses después de su liberación, Camila dice que fue una “presa política” de la ministra de Seguridad Patrica Bullrich: “Hay una porción de la sociedad que quería ver eso, quería ver las sangre, querían detenciones, y el gobierno quería mostrar orden y poder”.

Jubilados, sin medicamentos y reprimidos

El miércoles 6 de noviembre de 2024, jubilados realizaron una protesta ante las puertas de su obra social, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), por el recorte y la quita de 44 medicamentos gratis. Al finalizarla, y mientras movilizaban al Congreso, fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. “En un momento dado, me tiran al suelo de un empujón con uno de los escudos y me arrastran hacia el centro de la Avenida de Mayo”, relata Gerardo Mirkin.

Gerardo es jubilado docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde ejerció más de 30 años. Por la represión, sufrió convulsiones y estuvo 40 minutos tirado en el piso hasta que llegó una ambulancia. Cuando fue llevado al hospital, donde pasó varias horas, dos policías estuvieron de consigna: “Mientras estuve internado, a la vez, estuve detenido. Me realizaron tomografías computadas de columna porque uno de los policías me había colocado su rodilla sobre la espalda”.

A pesar de haber sufrido esa represión y la posterior internación, el jubilado continúa yendo a la marcha de todos los miércoles en el Congreso: “Es un deber innegable de todo militante, de todo luchador. Es necesario aunar esfuerzos para sacarnos de encima este gobierno de hambre”. 

En la actualidad, mientras la canasta básica es de 1.200.532 pesos (1.033 euros), cuatro millones y medio de jubilados cobran una pensión mínima de 279.121 pesos (240 euros). 

“Nosotros tenemos el ejemplo de las Madres y las Abuelas de Mayo, en situaciones mucho peor que estas. Al momento de mayor fortaleza de la última dictadura militar, ellas ya marchaban y se enfrentaban a la Policía”

Sobre la respuesta del Gobierno nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante el reclamo popular, Mirkin explica: “No atacan solamente a los jubilados. Si bien los jubilados somos uno de los grupos más débiles, atacan a toda la población trabajadora y a las organizaciones sociales que intentan que los desocupados y las desocupadas se organicen para luchar contra este Gobierno criminal. Un Gobierno que pretende criminalizar la protesta social con mecanismos para que la gente esté un poco retraída, expectante, con dudas de salir. Ese temor hay que vencerlo”.

Como Gerardo, Camila tampoco se vio amedrentada a la hora de volver a manifestarse: “La política del Gobierno es nefasta, retrograda, violenta. Nos remonta a momentos muy oscuros. No nos dejan salir a manifestarnos, o, mejor dicho, quieren impedirlo porque ‘somos más pueblo que milicos’, diría Norma Plá”. 

La joven de 33 años cita a Norma Plá, una histórica luchadora jubilada de la década de los 90, cuyo recuerdo se encuentra más vigente que nunca. Quienes también se encuentran en la memoria colectiva de las movilizaciones populares y sociales son las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. Así las evoca Aufieri: “Nosotros tenemos el ejemplo de ellas en situaciones mucho peor que estas. Al momento de mayor fortaleza de la última dictadura militar, ellas ya marchaban y se enfrentaban a la Policía”.