Argentina
Milei lanza una ofensiva contra las leyes medioambientales en Argentina

Con el argumento de incentivar la productividad extractiva, el Gobierno envió el 16 de diciembre un proyecto para modificar la legislación que protege desde 2010 a los glaciares y las zonas colindantes denominadas periglaciares. La iniciativa apunta a desregular el régimen de protección de la reserva de agua más importante del país. Darío Ávila, reconocido abogado ambientalista, afirma en diálogo con El Salto que se trata de un plan “que ve en la profundización y la perpetuación del modelo extractivo el salvataje económico”.

Desde la asunción de La Libertad Avanza en la presidencia, a finales de 2023, el ejecutivo impulsa una agenda de liberalización de restricciones ambientales. Con la Ley de Bases que Milei logró aprobar en 2024 no pudo incluir la modificación de normas clave como la protección de bosques nativos, la prohibición de producir en zonas incendiadas, limitaciones a la venta de tierras a extranjeros y la prohibición de minería en áreas periglaciares entre otras. Ahora, tras las elecciones legislativas de medio término de octubre, el oficialismo logró 82 bancas que, aunque no alcance la mayoría parlamentaria, puede negociar en un escenario más favorable para avanzar con reformas estructurales.

Las políticas llevadas adelante por el presidente Javier Milei violan el principio de no regresión ambiental, reconocido por la Constitución que prohíbe disminuir los niveles de protección

Las políticas llevadas adelante por el presidente Javier Milei violan el principio de no regresión ambiental, reconocido por la Constitución Nacional y por el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) que prohíbe disminuir los niveles de protección ya alcanzados.

Argentina concentra una de las mayores reservas de litio del mundo y posee yacimientos de cobre aún sin explotar a gran escala, ubicados en zonas de la  cordillera de los Andes de alta fragilidad ambiental. A esto se le suma un recurso menos visible pero estratégico: las tierras raras, clave para la industria tecnológica, la transición energética y el complejo militar. 

La combinación de disponibilidad de recursos, baja densidad poblacional y un Gobierno dispuesto a reducir regulaciones ambientales convierte al país en una pieza central de la geopolítica.

Una ley pionera a nivel mundial en la protección de los glaciares

La Ley de Glaciares (N.º 26.639) fue sancionada en 2010 tras años de movilización social y extensos debates, que enfrentaron a los intereses mineros con la comunidad científica y las asambleas ciudadanas en defensa del agua. La norma reconoce a los glaciares como bienes públicos estratégicos, esenciales para el consumo humano, la recarga de cuencas, la agricultura, la protección de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. Son zonas imprescindibles para la regulación climática e hídrica. “Hoy que tenemos una superficie de 8.488 kilómetros cuadrados cubiertos por hielo y 16.968 cuerpos de hielo en el país, si autorizan realizar explotaciones mineras o hidrocarburíferas, van a reducirse ampliamente estas superficies”, analiza Ávila. 

La Ley de Glaciares (N.º 26.639) fue sancionada en 2010 tras años de movilización social y extensos debates, que enfrentaron a los intereses mineros con la comunidad científica y las asambleas

Argentina tiene una larga historia de resistencia socioambiental sobre los modelos que tienen como principal insumo al agua. Diversos gobiernos bajo la presión de mineras transnacionales intentaron la desregulación. En el año 2008, Cristina Fernández de Kirchner vetó el anterior proyecto de Ley de Glaciares que había sido aprobado en el Congreso. Años más tarde, Mauricio Macri intentó declarar inconstitucional la norma. Luego, el Gobierno de la provincia de San Juan y la empresa minera Barrick Gold intentaron lo mismo, pero la Corte Suprema de Justicia ratificó la plena vigencia de la ley. 

En un comunicado oficial difundido el 15 de diciembre, el Gobierno sostuvo que la reforma apunta a “eliminar la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculiza el desarrollo económico del país”. No obstante, un informe oficial de 2016 ya advertía que, de los 77 proyectos mineros inventariados, 44 operaban de manera ilegal en zonas glaciares y periglaciares. El documento fue elaborado por la Dirección de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos, a partir del análisis de las 12 provincias que cuentan con glaciares en su territorio. 

El extractivismo se ha consolidado principalmente en los países latinoamericanos, que concentran algunas de las últimas reservas de bienes comunes en buen estado de conservación. Ávila advierte que, sin embargo, “el progreso o desarrollo que prometen estos modelos productivos no ha llegado a esas poblaciones. Por el contrario, se registra un aumento de la pobreza, incluso en los territorios donde se desarrollan las actividades extractivas”.

Uno de los aspectos más controvertidos de la iniciativa del Gobierno es la redefinición del control sobre los recursos naturales, que incluye otorgar mayor autonomía a las provincias, actualmente reguladas por leyes nacionales. 

En el caso de la Ley de Glaciares, la reforma impulsada elimina la protección automática vigente y la reemplaza por un esquema discrecional. Así, quedaría en manos de decisiones provinciales la delimitación de las áreas glaciares y periglaciares, que podrían quedar excluidas de la protección legal y habilitadas para actividades extractivas. Otro de los puntos clave de la reforma es el ambiente periglacial. Allí se alberga reservas de hielo subterráneo, invisibles a simple vista, que cumplen una función clave en la regulación natural del agua. Alimentan ecosistemas, humedales y ríos que recorren todo el país. La protección de estas áreas es uno de los ejes que la reforma busca desmantelar, ya que se trata de zonas de alto interés para la actividad minera.

Derecho a la vida 

En Argentina, los glaciares ocupan menos del 1% de la superficie de la cordillera, pero abastecen de agua a más de la mitad del país. La legislación protege no solo a los glaciares, sino también a las cuencas hídricas asociadas. 

La disputa se concentra en territorios acotados pero estratégicos, donde la minería no solo busca litio o cobre sino el acceso al agua, un insumo crítico sin el cual la extracción a gran escala no es posible. “Nos preocupa muchísimo que el agua quede en manos privadas. De hecho en la patagonia ya están operando. Mekorot —la empresa pública de aguas de Israel— recorre comunidades y realiza relevamientos hídricos”, advierte, en diálogo con El Salto la referente indígena mapuche e integrante de la comunidad Lof Pillañ Mawiza, Moira Millán. En paralelo, Estados Unidos formalizó su Estrategia de Seguridad Nacional, que incluye a la Argentina dentro de su área de provisión de insumos críticos. “La corporocracia va generando dictaduras sin necesidad de golpes militares: avanzan a través de una agenda económica voraz que se lleva por delante el Estado de Derecho”, afirma Millán.

El 2025 fue declarado por la ONU como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. Cuando un glaciar se destruye, no existe posibilidad de recuperarlo: la pérdida es irreversible y afecta a las generaciones futuras. “Tenemos que empezar a construir consensos reales, no amontonamientos coyunturales, para definir cómo queremos habitar el mundo. Restaurar principios de reciprocidad, respeto y amorosidad con la tierra y entre los pueblos”, cierra Millán.