América del Sur
La batalla por el litio: pueblos originarios resisten un “genocidio medioambiental y cultural”

En la Puna, región situada en el altiplano andino del noroeste argentino, representantes de pueblos originarios de cinco países sudamericanos se reunieron para alzar una voz común frente a un enemigo que amenaza con arrasar sus territorios ancestrales: la explotación masiva del litio.

La Cumbre Intercultural Andina de Comunidades Afectadas por la Explotación del Litio, celebrada del 16 y 19 de enero de 2025 en El Moreno (Jujuy, Argentina), congregó a delegaciones indígenas de Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. El encuentro se constituyó como un espacio de intercambio de experiencias, denuncias y estrategias de resistencia frente a un modelo extractivista que avanza a paso acelerado sin tomar en cuenta la voluntad de los pueblos originarios frente a sus tierras.

La llegada de empresas litíferas al noroeste argentino y a la región de Antofagasta en Chile ha transformado radicalmente la vida de docenas de comunidades kollas y atacameñas en el nombre de una reestructuración global del sistema capitalista —denominada “transición verde”— en un contexto geopolítico multipolar que está convirtiendo Sudamérica en la proveedora mundial de materias primas para esta transición.

Las empresas transnacionales que operan en la región están provocando alteraciones medioambientales severas: escasez de agua, disminución de flora y fauna autóctonas, violencia institucional y corporativa

“El litio es pan para hoy y hambre para mañana”, denuncian algunas activistas en la cumbre. Las decenas de empresas transnacionales que operan en la región están provocando alteraciones medioambientales severas: escasez de agua, disminución de flora y fauna autóctonas, violencia institucional y corporativa, despojo de recursos básicos y de tierras ancestrales. El resultado, según los denunciantes, es un “genocidio medioambiental y cultural” que pasa inadvertido para el resto del mundo.

¿Triángulo del litio o territorio indígena?

Lo que las corporaciones y gobiernos denominan comercialmente como “triángulo del litio” —una extensa área del altiplano andino que abarca partes de Argentina, Chile y Bolivia donde se concentra entre el 60% y 70% de las reservas mundiales de este mineral— es un territorio habitado desde hace 40.000 años por pueblos originarios.

Esta zona, lejos de ser un desierto vacío esperando ser explotado, es un espacio biocultural rico en biodiversidad, historia y comercio, con evidencias arqueológicas de intercambios entre las costas chilenas del Pacífico y las yungas jujeñas desde los años 500-1.000 d.C., mucho antes de la llegada de los europeos.

El modelo de desarrollo impone una visión simplificada de estos territorios, transformándolos en meros “recursos naturales” por explotar. Esta concepción comercial choca frontalmente con la cosmovisión andina de los pueblos originarios, donde la relación con el territorio es esencial para la vida y cada ser forma parte de un ecosistema interconectado.

Las empresas multinacionales, dos tercios de las cuales son chinas  o tienen mayoría accionarial china, se han posicionado estratégicamente en toda la cadena de valor del litio, no obstante hoy en día el panorama de los inversores en la Puna es internacional, entrelazando una matriz de industrias desde la automotriz hasta la militar. Globalmente, los actores de la industria litífera están creciendo debido al aumento de la demanda esperada en los próximos años, que lleva a una radical transformación del paisaje natural y sociocultural de la Puna. “Nos tratan como si no existiéramos, como si nuestra historia no importara”, lamentó un líder comunitario durante la cumbre.

El verdadero costo del “oro blanco”

La extracción del litio implica desafíos ambientales críticos. Existen dos métodos principales para extraer el litio: el tradicional y la extracción directa. 

En el método tradicional, la salmuera se bombea a piscinas de evaporación donde permanece entre diez y 24 meses, mientras el calentamiento solar y mecánico concentra los minerales. Durante el proceso se aplican aditivos químicos para aislar el litio, que finalmente se refina y exporta. Según información de SQM (Chile) y Abermarle (EEUU) correspondiente a 2022, sus operaciones en el Salar de Atacama consumen 200 millones de litros de agua diarios —73 billones anuales— para producir 70.000 toneladas de litio. El 95% del agua utilizada se pierde en el proceso, lo que significa que cada kilo de litio extraído requiere 1.000 litros de agua.

Según información de SQM (Chile) y Abermarle (EEUU) correspondiente a 2022, sus operaciones en el Salar de Atacama consumen 200 millones de litros de agua diarios, 73 billones anuales

Con el método de extracción directa, el litio es extraído directamente de la salmuera a través de procesos químicos, permitiendo tiempos de extracción acelerados. Este método, aunque teóricamente reduce la pérdida de agua al reciclar la salmuera, presenta sus propios problemas. Según estudios científicos estas plantas consumen más agua que el método tradicional y por eso son necesarios análisis detallados de los contextos donde se van a implementar esos proyectos. Además, requieren más energía eléctrica, lo que incrementa tanto los costos como el impacto ambiental.

“La extracción directa consume mucha energía, necesita mucha electricidad para funcionar, y esto no solo aumenta los costos, sino también la huella de carbono del método”, explica Ehsan Vahidi, profesor del departamento de Ingeniería Minera y Metalúrgica de la Universidad de Reno, Nevada.

La mayoría de las minas de litio tradicionales y de extracción directa operando en el llamado Triángulo del Litio utilizan energía fósil, lo que contradice la narrativa de sostenibilidad

Un dato revelador: hasta la fecha, la mayoría de las minas de litio tradicionales y de extracción directa operando en el llamado Triángulo del Litio utilizan energía fósil, lo que contradice la narrativa de sostenibilidad que promueve la industria. Luciano Prieti, ingeniero químico de la provincia de Salta, afirma que “es necesario un balance riguroso de emisiones de CO2 para determinar si la producción de baterías de litio contribuye realmente a mitigar el calentamiento global, sobre todo cuando se habla de extracción directa. Los proyectos de extracción directa de hecho requieren más energía, cuestionando el modelo del litio como una alternativa con menor huella de carbono”.

En la actualidad es difícil poder elaborar una conclusión sobre los impactos de la extracción directa, en cuanto a que todos los proyectos que las implementan son nuevos y no hay datos accesibles para llevar a cabo un análisis independiente. Lo que sí se ve, es que ninguna autoridad está implementando el principio de precaución frente a la incertidumbre sobre las potenciales consecuencias de ese tipo de extracción.

Norte de Chile: la pelea por el agua en Antofagasta

Karen Luza, lideresa indígena de la comunidad de San Pedro de Atacama, lleva más de dos décadas defendiendo el agua, recurso esencial para la vida y la cultura de su pueblo.

“No estamos luchando por un recurso cualquiera, estamos defendiendo la vida misma”, afirma Luza. En Chile, el mercado del litio está dominado por SQM, empresa nacional con el 25,96% de sus acciones en manos de la china Tianqui Lithium, que se ha posicionado como una de las mayores productoras mundiales.

El impacto de SQM y otras empresas sobre los recursos hídricos es devastador en un país donde el agua está privatizada desde la dictadura de Pinochet. La extracción de una tonelada de litio requiere entre 100 y 800 metros cúbicos de agua, algo que afecta al 70% de las reservas de agua dulce de la región.

Esto ha contribuido a una situación de crisis en el área de San Pedro de Atacama, donde el 70% del agua es utilizada para fines mineros. Luza también denuncia irregularidades en el control del agua potable en su comunidad, que se realiza trimestralmente en lugar de semanalmente como establece la legislación. “A pesar de millones invertidos en proyectos de acceso al agua, los resultados son inexistentes”, señala.

La escasez ha empeorado desde la llegada de las mineras, con el nivel del salar disminuyendo nueve o diez metros, provocando un éxodo de flamencos que solían reproducirse en el salar

Además, el proceso de extracción mezcla el agua hipersalina de los acuíferos con agua dulce, contaminando las fuentes potables. Según testimonios recogidos en la región, la escasez ha empeorado desde la llegada de las mineras, con el nivel del salar disminuyendo nueve o diez metros, provocando un éxodo de flamencos que solían reproducirse en el salar.

Desde 2023, el Gobierno de Gabriel Boric está implementando la Estrategia Nacional del Litio, que además de querer nacionalizar los recursos y maximizar las ganancias estatales, abre la vía a proyectos de extracción directa, extendiendo concesiones mineras hasta 2060. Esto ha generado oposición de la sociedad civil que ha presentado una carta firmada por 85 organizaciones sociales criticando los planes en varios puntos. Entre estos figura la apertura a la explotación de salares hasta ahora protegidos, así como la denuncia a la falta de consulta de las comunidades. Esto puede empeorar los impactos ambientales tanto como sociales, que hoy en día ya han generado corrupción y divisiones comunitarias. Según Gerardo Ramos, activista local, las grandes sumas inyectadas por las multinacionales benefician a unos pocos privilegiados sin generar desarrollo sostenible. “El acceso al agua sigue siendo un lujo mientras algunos líderes disfrutan de vehículos nuevos cada año”, denuncia.

Las empresas también cooptan a líderes mediante beneficios directos como becas o atención médica, creando dependencias que debilitan la resistencia. “Al fin y al cabo no olvidemos que la minería se trata de gente de afuera que entra en tu casa, excava un agujero y se va… pero ¿qué pasa con el agujero cuando se va?”, cuestiona Gerardo.

Norte de Argentina: la resistencia antiminera en Jujy

Jujuy se ha transformado en un escenario para la batalla geopolítica por recursos, con una letanía de multinacionales pujando por el litio. Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, hay 50 proyectos de litio pertenecientes a 33 empresas: 33 en operación, seis en construcción y once en etapas preliminares, en Jujuy, Salta, Catamarca, Río Negro y San Juan. En Jujuy hay dos empresas operativas que ilustran este escenario: Arcadium Lithium (EEUU-australiana) en el Salar de Olaroz, y Minera Exar (Ganfeng Lithium 46,7%, Lithium Americas Corp. 44,8% y JEMSE 8,5%) en Cauchari Olaroz. Con una presencia occidental indeleble —23 empresas operativas—, China ha marcado fuertemente su presencia contando con diez empresas operativas más inversiones estratégicas en el desarrollo de la infraestructura energética renovable de Jujuy. 

“Al fin y al cabo no olvidemos que la minería se trata de gente de afuera que entra en tu casa, excava un agujero y se va… pero ¿qué pasa con el agujero cuando se va?”, cuestiona Gerardo

Esta disputa geopolítica ha acelerado los procesos de exploración y explotación de manera irregular. Desde el 2010, mineras han construido carreteras y asentamientos en territorio indígena de manera ilegal, bloqueando el acceso a tierras, pozos de agua y caminos utilizados por las comunidades para su economía local. Además, el agua de pozos de comunidades en resistencia se transporta ilícitamente a asentamientos mineros, provocando sequías artificiales. En 2015, cuando 33 comunidades locales descubrieron que se habían llevado a cabo fases exploratorias encubiertas sin consulta previa, respondieron creando una asociación llamada Mesa de la Cuenca de Salinas Grandes para garantizar procesos de consulta previa mediante un manifiesto-protocolo titulado Kachi Yupi (Huellas en la sal).

Kachi Yupi provee un marco protocolario para el consentimiento y negociación con comunidades que es compatible con valores andinos comunitarios. Sin embargo, desde entonces, el auge de la demanda del litio, así como una crisis económica prolongada, ha conllevado a reformas constitucionales, decretos de emergencia y violencia estatal que socavan derechos humanos y medioambientales a favor del litio. 

En 2024 las comunidades han visto cómo las mineras se han apropiado del repertorio cultural ritualista con el fin de convencerlas, empleando ceremonias tradicionales para la extracción del litio

Aun con un marco legislativo pro-minero, estas empresas implementan una miríada de estrategias para conseguir la licencia social de las comunidades, desde acuerdos ilícitos con líderes comunitarios a promesas de trabajos fijos que no suelen cumplirse. En 2024 las comunidades han visto cómo las mineras se han apropiado del repertorio cultural ritualista con el fin de convencerlas, empleando ceremonias tradicionales para la extracción del litio. Como señala Don Calixto, un referente comunitario. “Los salares, cerros, ríos, son nuestra familia, es nuestro deber protegerlas. Esto es un vaciamiento de nuestra cultura, destruye la naturaleza y nuestras vidas. El dinero viene y va, la naturaleza siempre estará. No trabajaremos con ellas hasta que se respeten nuestros valores y territorio”.

T’allupa, una representante campesina, hablando sobre la derogación presidencial de una de las únicas leyes que protegen a las comunidades del desalojo de sus tierras ancestrales (26.160), expuso un sentimiento compartido: “Nos tratan como a un rebaño, tenemos que ser vigilantes, si no actuamos ahora perderemos todo”. Esta impotencia colectiva es producto de la violencia institucional, especialmente desde las protestas en contra de la reforma constitucional de 2022, en la cual violencia policial en contra de ancianos, niños, adolescentes y adultos han causado en lesiones faciales y corporales por el simple hecho de defender su derecho a existir. 

Resistencia transfronteriza y estrategias de futuro

Aunque en la Puna el miedo ha reducido las acciones directas, la opresión ha catalizado una inédita fraternidad entre pueblos originarios, organizaciones y personas, que trasciende fronteras socioculturales y físicas. Periodistas, académicos, abogados, artistas, ONG y sindicatos se han sumado a una lucha que hace poco ha llevado a un logro histórico para las comunidades de la Puna Argentina.

Recientemente, el Banco Mundial ha reconocido los derechos de las poblaciones indígenas de Salinas Grandes (Argentina), poniendo en pausa todos los proyectos de exploración activos, hasta que se establezca un diálogo con todas las comunidades afectadas, y se garantice que las decisiones relacionadas con el uso del territorio se tomen en conjunto. “El Banco Mundial, que otorga financiamiento a proyectos extractivos a cambio del respeto de estándares mínimos ambientales y sociales, tiene un gran poder de presión sobre las empresas y ha sido capaz de detenerlas temporalmente”, menciona la nota de prensa del FARN. 

Aunque en la Puna el miedo ha reducido las acciones directas, la opresión ha catalizado una inédita fraternidad entre pueblos originarios, organizaciones y personas, que trasciende fronteras socioculturales y físicas

Estas declaraciones han evocado sentimientos contrarios en las comunidades en resistencia. Los pueblos originarios de la Puna de Jujuy tienen una experiencia trigeneracional con multinacionales mineras. Aunque las mineras han ofrecido oportunidades de empleo, han sido partícipes de violencia estatal durante la dictadura, y han catalizado un cambio radical del medioambiente y las economías tradicionales, resultando en movimientos migratorios hacia las ciudades.

En las comunidades se debate este tema con intensidad. Por un lado, algunas temen que si no hacen acuerdos con las mineras perderán ofertas de trabajo temporal necesario para los tiempos precarios que viven, o incluso peor, la pérdida total de su territorio mediante desalojos. Por el otro lado, son conscientes que si logran acuerdos, sus comunidades dejaran de existir, transformando la Puna en un hábitat inhabitable. 

Celestina, artista y activista de la Puna se declara “escéptica” sobre las declaraciones del Banco Mundial. “No van a parar a las mineras. Esta declaración es una táctica para poner la balanza a favor de las multinacionales occidentales, promoviendo un discurso de derechos humanos que nunca se materializa. Llevamos más de tres generaciones conviviendo con multinacionales mineras, y no importa de donde sean, son todas iguales. Queremos vivir en paz y armonía con la Pachamama. Llevamos más de 500 años de colonialismo, cuando parara?”.

La batalla por el litio, concluyeron, es una lucha por la supervivencia cultural y física de comunidades que han habitado estos territorios desde tiempos inmemoriales

Desde Chile, algunas comunidades piensan que este conflicto geopolítico puede ser fortuito, creando una oportunidad de implementar estrategias sugeridas por algunas comunidades durante la cumbre. “Si no hay opción de defender el territorio, hay que presionar a las empresas para obtener un porcentaje de los ingresos del litio para una ‘unidad patrimonial’ que gestione nuestro legado cultural y territorial, además de facilitar formación en antropología, arqueología, geología, agronomía, derecho e historia. Estas soluciones fortalecen nuestra autonomía epistemológica y legal, reduciendo asimetrías entre comunidades y actores externos“, explicó una representante chilena. “Cuando se cuida el territorio y la cultura, se valora lo que uno tiene y de dónde uno viene.” 

Al finalizar la cumbre, los participantes firmaron una declaración conjunta exigiendo moratoria a nuevos proyectos mineros, respeto al consentimiento libre, previo e informado, y reconocimiento efectivo de la propiedad comunal de tierras ancestrales. La batalla por el litio, concluyeron, es una lucha por la supervivencia cultural y física de comunidades que han habitado estos territorios desde tiempos inmemoriales.