Análisis
Milei, la reforma laboral y el “punto culminante”

Cuando Mauricio Macri logró aprobar la reforma previsional en diciembre de 2017 puede decirse que su ofensiva tocó el “punto culminante”: ganó una votación y comenzó a perder el país. La reforma se sancionó en la madrugada del 18 de diciembre, mientras afuera (en la Plaza del Congreso) la calle comenzaba a dictar otra sentencia, con una movilización masiva, represión y una escena que se volvió postal de época: el Estado empujando una ley a las apuradas a fuerza de gases, y la noche devolviendo, como un eco, cacerolazos en distintos barrios.

En la teoría militar clásica —especialmente en Clausewitz—, el “punto culminante” es ese umbral, casi siempre invisible para los triunfalistas incorregibles, en el que una ofensiva deja de producir ventaja neta y empieza a consumir más fuerza de la que genera. La victoria, por decirlo en términos duros, comienza a costar más de lo que rinde: se estiran las líneas, crece la fricción, se multiplica la necesidad de “asegurar” lo conquistado, se erosiona el ánimo propio, y el adversario —aunque esté a la defensiva— encuentra condiciones para recomponerse y concentrar golpes. Clausewitz lo piensa como un pivote o una línea roja: si el atacante la sobrepasa, el éxito corre riesgo de transformarse en sobreextensión —o sobregiro— y abre la puerta a un posible cambio de relación de fuerzas.

En la teoría militar clásica, el “punto culminante” es ese umbral, casi siempre invisible para los triunfalistas incorregibles, en el que una ofensiva deja de producir ventaja neta y empieza a consumir más fuerza de la que genera

Eso le pasó a Macri con una claridad que, vista a la distancia, duele por lo obvio: el Gobierno ganó una reforma central con un costo político descomunal, en un clima social que ya no era el de la esperanza sino el del malestar y la resistencia. Luego vino 2018 con su cascada violenta de crisis —económica, social y de autoridad— y 2019 con la derrota que terminó de consumar —con tiempos electorales— lo que aquella madrugada ya insinuaba: el triunfo fue pírrico, porque reorganizó al campo opositor, dañó legitimidad, encendió conflictividad y dejó al oficialismo más solo de lo que creía. Si no lo hubieran sostenido los opositores, sobre todo el peronismo político y sindical que militó la política de la espera (electoral), Macri podría haber terminado peor. Quizá despachado en helicóptero golpeando las puertas del cielo.

No se puede trasladar mecánicamente aquella experiencia a la situación actual porque la historia nunca se repite, aunque a veces rima. Pero hay rimas que no son casualidad: son música de fondo de una sociedad que, cuando se la fuerza a aceptar lo inaceptable, responde con ese mecanismo tan argentino (antiguo y moderno) de la desobediencia que irrumpe y se organiza. La diferencia es que esa organización no siempre llega a tiempo, ni siempre logra sostenerse, ni siempre traduce malestar en relación de fuerzas.

El Gobierno de Javier Milei logró darle media sanción en el Senado a su contrarreforma laboral el 12 de febrero pasado entre protestas en las calles y represión, con un operativo de seguridad que terminó en heridos y detenidos, y con un debate público que, lejos de circunscribirse al recinto, empezó a filtrarse en conversaciones cotidianas: cuánto vale enfermarse, cuánto vale una lesión, cuánto cuesta un despido cuando el mercado está roto. Y apenas una semana después, el 19 de febrero, la CGT, empujada por el malestar y por el propio calendario político, convocó un paro general de 24 horas contra la reforma. Fue sin movilización y con el único objetivo de “hacer como si” luchara. Se registró un alto acatamiento y una paralización extendida de actividades clave, incluso sin una convocatoria centralizada a movilizar. A las patadas y violando todos los tiempos de la reglamentación parlamentaria, la Cámara de Diputados aprobó la reforma por 135 votos a favor vs. 115 en contra, gracias a un Congreso plagado de colaboracionistas. Introdujo modificaciones por lo que el proyecto volverá al Senado para su sanción definitiva. 

La CGT, empujada por el malestar y por el propio calendario político, convocó un paro general de 24 horas contra la reforma. Fue sin movilización y con el único objetivo de “hacer como si” luchara

Lo que cambió, entonces, no fue solo el contenido de la reforma, sino el clima. La votación llegó en un momento en el que se acumulan señales de desgaste económico y social: caída o estancamiento del consumo masivo hacia fines de 2025 según mediciones privadas, salarios registrados que cerraron por debajo de la inflación en el último año, y un mercado laboral que registra una caída permanente del empleo formal. En los últimos dos años cerraron más de 21.000 empresas y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo registrados. Pero el deterioro, aun cuando es visible, no se traduce automáticamente en ruptura política: a veces produce apatía, fragmentación o miedo, y eso también juega en la dinámica y en los ritmos.

A la vez, el trámite parlamentario se montó sobre conflictos recientes que funcionaron como cápsulas de época: trabajadores despedidos en empresas como Lustramax denunciando cesantías y atrasos salariales en plena discusión de la reforma, y el emblemático caso FATE que ya no es “un conflicto” sino un símbolo. Porque FATE no solo expone el daño social; expone algo más inquietante para el poder: las grietas por arriba.

La histórica fábrica de neumáticos anunció el cierre de su planta en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, y el despido de 920 trabajadores, en un contexto de apertura importadora, caída de rentabilidad y reconfiguración de mercados. En esas horas, el cierre operó como un espejo: el Gobierno defendiendo un programa “anti-industrial” (o, si se prefiere, abiertamente reorientado hacia sectores con ventaja exportadora), y una parte del empresariado advirtiendo que el ajuste y la apertura brusca dejan empresas “en el camino”.

La tensión entre fracciones empresarias ya venía asomando con la pelea pública entre Milei y Paolo Rocca (del grupo industrial Techint), alrededor de licitaciones, importaciones, antidumping y, en el fondo, una discusión sobre qué industria queda viva y cuál queda expuesta al sacrificio, gracias a las bondades de las mileinomics.

Incluso cuando arriba se vota unido, debajo se sienten las fisuras: la coalición que aprueba puede ser más frágil de lo que parece, aunque dure armada más por necesidad que por convicción

En ese paisaje, el caso FATE —propiedad del grupo Madanes Quintanilla— pone nombre y rostro a una contradicción: puede haber coincidencia estratégica de distintos grandes empresarios en “ordenar” al movimiento obrero, reducir litigiosidad y flexibilizar condiciones, pero no necesariamente hay acuerdo sobre el modelo económico que acompaña esa ofensiva. Una cosa es disciplinar el trabajo; otra, licuar el mercado interno, abrir importaciones y dejar a sectores productivos sin el respaldo del Estado. Por eso, incluso cuando arriba se vota unido, debajo se sienten las fisuras: la coalición que aprueba puede ser más frágil de lo que parece, aunque dure armada más por necesidad que por convicción.

A esa inestabilidad se le suma el elemento que más rápidamente vuelve “impresentable” un proyecto: el exceso. La reforma laboral debatida incorporó (y luego retiró, en medio de críticas) un artículo que proponía reducir el pago salarial durante licencias médicas. Un punto especialmente salvaje que funcionó como revelación: a veces, el poder se delata en un detalle. No hizo falta leer todo el articulado para entender el espíritu: si enfermarse se convierte en lujo, la reforma ya no es “modernización” sino mensaje de esclavitud. 

Cuando eso ocurre, el debate se “generaliza” por torpeza estratégica antes que por virtud democrática. Y ahí aparece una variable central para pensar el “punto culminante”: no es solo economía; es legitimidad. Un informe reciente de Pulso Research mostró un patrón elocuente: más de la mitad podía considerar necesaria “alguna reforma”, pero frente a la reforma específica en discusión el rechazo superaba al apoyo (45% en contra vs. 35% a favor). Ese número no sentencia un destino, pero marca un terreno: el Gobierno avanza sin haber conquistado consenso sólido, y eso también cambia el tipo de victoria. 

La pregunta que se impone es la siguiente: ¿en qué momento de su ofensiva permanente está el Gobierno de Milei? ¿Llegó a su “punto culminante”? ¿Está sobregirado en la borrachera de sus éxitos parlamentarios basados en una “casta” que vive ensimismada en su burbuja?

No hizo falta leer todo el articulado para entender el espíritu: si enfermarse se convierte en lujo, la reforma ya no es “modernización” sino mensaje de esclavitud

Se puede ensayar una respuesta afirmativa —con cautela y sin romanticismo— si se entiende “punto culminante” no como caída o derrumbe inminente, sino como el instante en que la ofensiva empieza a pagar cada paso con costos crecientes y beneficios decrecientes. 

Hoy hay, al menos, tres señales que empujan hacia ese diagnóstico. La primera es que la ofensiva legislativa empieza a volverse socialmente “cara”: no es lo mismo aprobar una norma en silencio que hacerlo en un clima de paro general, conflictividad visible y una discusión pública extendida. En ese sentido, la votación del Senado del 12 de febrero y la huelga del 19 sugieren que, aun con instituciones alineadas, la calle no está totalmente anestesiada, aunque su potencial no está concentrado (o está “subejecutado”).

La segunda señal es que el programa económico tiende a erosionar la base material del consentimiento. Si la actividad industrial cae, si el consumo no logra despegar de manera robusta y si los salarios vuelven a quedar sistemáticamente detrás de los precios, el “contrato” implícito de la ofensiva —soportar costos hoy para ganar mañana— se vuelve cada vez menos creíble para franjas amplias. Aunque la credibilidad no se derrumba de un día para el otro: puede mutar en “no hay alternativa”, y esa forma gris del consentimiento negativo también existe.

Y la tercera es que las grietas empresarias dejan de ser un murmullo. Cuando la reestructuración golpea a sectores industriales relevantes, la disputa dentro del bloque dominante se vuelve pública: no necesariamente contra la reforma laboral, pero sí contra el rumbo económico y, sobre todo, contra su velocidad. Ese tipo de fractura debilita la capacidad del gobierno de “asegurar lo conquistado”, que es precisamente uno de los costos que Clausewitz anotaría en la cuenta del atacante. 

La votación del Senado del 12 de febrero y la huelga del 19 sugieren que, aun con instituciones alineadas, la calle no está totalmente anestesiada, aunque su potencial no está concentrado

Llegados a este punto, el cierre no debería sonar a profecía sino a advertencia estratégica. A veces, la “casta” vota leyes que ya nacen viejas. No porque el Congreso sea un museo —aunque a veces lo parezca— sino porque la política institucional puede ir a destiempo del humor social: legisla para ordenar un país que ya se está desordenando por otros canales. En Argentina, ese destiempo tiene una larga tradición: las leyes se publican en el Boletín Oficial, pero su destino se decide en el terreno donde el papel se convierte en hecho —en la fábrica, en la calle, en los tribunales, en el bolsillo, en la paciencia—.

Por eso, si uno mira la escena completa, la sanción de la reforma si termina de consumarse en el Senado —será un triunfo del Gobierno—, pero conviene leerla con menos épica y más frialdad: el oficialismo obtiene un texto y también gana tiempo; la sociedad decidirá en el próximo período si ese texto gobierna. Y en esa distancia (entre la ley y la vida) suele esconderse el “punto culminante”: no tanto el momento en que el poder cae, sino el instante en que empieza a descubrir que ganar una votación no equivale, necesariamente, a ganar un país.