Auditoría ciudadana de la deuda
“El 15M fue una escuela financiera”

En 2008 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el proyecto Castor, la instalación que pretendía ser el mayor depósito de gas natural en España, situado en la provincia de Castellón y participado en su mayoría por el grupo ACS, cuyo presidente y consejero delegado es el empresario Florentino Pérez.

Más de once años después y tras el aborto de la utilización de unas instalaciones que provocaron cientos de seísmos en la zona debido a la técnica de fracking que utilizaban, de Castor queda un proceso judicial abierto por una megalómana construcción que vino aparejada a sobrecostes que la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) cifra en 4.731 millones de euros.

El resultado es un encarecimiento progresivo de la factura del gas para toda la ciudadanía, que en 2019 comenzó con un incremento del 3,2%, la cuarta más alta de la historia, según datos de FACUA. Emma Avilés, del Observatori del deute en la Globalitzaciò, recuerda que “una de las personas que puede tener responsabilidades en el caso es Magdalena Álvarez, que en ese momento era vicepresidenta del BEI (Banco Europeo de Inversiones), responsable del crédito a las empresas del proyecto Castor y que esta misma semana ha sido condenada por el caso de los ERE en Andalucía”. El Observatori del deute en la Globalitzaciò es una de las organizaciones que este fin de semana discutirán el tema de la deuda en el Festival “pincha tu deuda” que se celebra en Madrid.

Otro de los temas en los que trabajan son las concesiones público-privadas actuales, con las que se cercena el sector público a través, por ejemplo, de la semi-privatización de escuelas, hospitales y otros organismos correspondientes al sector de los cuidados. “Todas estas actuaciones políticas recaen finalmente en la ciudadanía, por ejemplo mediante el impacto laboral, que podría ser el caso de ACS en un futuro si se produce la condena”, asegura Avilés. Pero, frente a un posible desánimo ciudadano para revertir o parar estas privatizaciones, recuerda que “el 15-M fue una escuela de conocimiento financiero que hizo que, a pesar del daño, numerosos movimientos sociales se movilizasen para defender lo público en temas como la sanidad o la educación”.

La figura del banquero es una de las que quebró con la crisis de 2008. La percepción social de la alta jerarquía bancaria como exponente de la usura financiera es un tema que la ciudadanía movilizada saca a colación continuamente desde entonces. El lema “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros” es uno de los más reconocibles del 15M.

El “15M pa Rato” consiguió que fueran destapados casos como el de las Tarjetas black, Blesa y las preferentes y que Rodrigo Rato acabase en la cárcel

Uno de los ejemplos es el 15M pa Rato, que consiguió que se destapasen casos como el de las tarjetas Black, Blesa y las preferentes e hizo que Rodrigo Rato acabase en la cárcel. Otro ejemplo son los ayuntamientos del cambio, que en 2015 sentaron cambio de ciclo político. Carlos Sánchez Mato, el que fuera concejal de economía en el Ayuntamiento de Madrid en la legislatura de Manuela Carmena, explicará cómo consiguieron reducir la deuda municipal que dejó la gestión de Alberto Ruiz-Gallardón, que se había incrementado en un 580% de 2002 a 2012. “El Ayuntamiento, a pesar de contar con muchos más recursos que otros municipios, recurrió al endeudamiento de una forma masiva y desproporcionada”, declara Sánchez Mato a El Salto.

Por ello, una de las principales medidas que se tomaron desde Ahora Madrid fue la auditoría ciudadana de la deuda, en la que se explicó a la ciudadanía qué se había hecho con los recursos públicos y qué consecuencias había tenido esa utilización. La importancia de este estudio es que no se mide solo en términos económicos o financieros, sino que también se investiga si las políticas han tenido impactos negativos de tipo social, medioambiental o de género. Él y el economista Eduardo Garzón explican cómo se hizo en el libro 919 días. ¡Sí se podía! (Akal, 2019).

“La auditoría no solo busca detectar las prácticas ilegales, sino que también busca identificar las prácticas ilegítimas —aunque sean legales— para poder mejorar los servicios y prestaciones que ofrece el ayuntamiento a la ciudadanía”, revela Sánchez Mato. Es legal dedicar miles de millones a proyectos de construcción faraónicos, pero —define el exconcejal—, “esto es ilegítimo cuando hay necesidades mucho más apremiantes, como la pobreza, el paro o los cuidados a niños y adultos dependientes”.