Ayuntamiento de Madrid
El Tribunal Superior de Madrid enjuicia el “urbanismo a la carta” en las torres de la Ermita del Santo

En el antiguo Centro Comercial Ermita del Santo, donde se encuentran proyectadas 530 viviendas que incluyen dos torres de rascacielos de más de 23 y 28 pisos, se mantiene desde hace años una de las batallas urbanísticas más significativas sobre el modelo de ciudad que Madrid quiere ser para la administración frente al de sus vecinos.

El proyecto se aprobó en mayo de este año en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid a pesar de encontrarse denunciado desde noviembre de 2025 por la plataforma vecinal SOS Ermita del Santo y Ecologistas en Acción, y los trabajos continúan en la zona mientras se encuentra actualmente a juicio en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

“Lo que hemos alegado ante el tribunal es que se trata de un urbanismo a la carta, ya que el planeamiento general del suelo solo se puede iniciar a instancia municipal, y en este caso se modifica a residencial porque el es el promotor el que pide cambiarlo para rentabilizar bien ese terreno que ha adquirido”, explica a El Salto el abogado Jaime Doreste.

“A partir de ese momento, denunciamos que la operación no solo no persigue el interés general, sino que desatiende descaradamente las necesidades identificadas por propio gobierno actual del Ayuntamiento de Madrid a nivel de barrio y de distrito”, añade.

En el Distrito de Latina, en una zona residencial junto a Madrid Río y en el límite de la M-30, se encuentra en la primera línea de “centrificación” de los barrios aledaños a la almendra, como pueda ocurrir con Comillas o San Isidro en el vecino Carabanchel. Con todo lo que ello conlleva en precios, tráfico y otros elementos, que la plataforma SOS Ermita del Santo cree que las futuras viviendas solo empeorarán, aumentando la presión poblacional del barrio sin solucionar sus problemas actuales de equipamientos como centros de salud, educativos o zonas verdes.

Foco de polémica desde un primer intento de sacarlo adelante en tiempos de Ana Botella como alcaldesa, y una declaración de un Plan Especial como zona de oportunidad urbanística que se remonta a 2008, el proyecto mantiene sus trabajos funcionando, con las obras de derribo del célebre centro comercial.

La denuncia incluye otras cuestiones como la presunta insuficiencia de la evaluación de impacto ambiental, la falta de justificación para las alturas de las torres y otros elementos. En estos momentos el proceso judicial está pendiente de los informes periciales del Ayuntamiento de Madrid, ya que tanto las asociaciones como los promotores han presentado los suyos. Las asociaciones denunciantes también piden que se muestre el proyecto de ejecución, al que ninguna de las partes ha tenido acceso, ni tampoco la oposición municipal. El primer plan, que preveía más de 600 viviendas, llegó a recibir 1200 alegaciones.

“Ahora todo eso queda en el aire a la espera de que los aprovechamientos previstos se inicien, sin saber a qué se van a dedicar, mientras se desatienden reivindicaciones históricas del barrio”, explica el abogado Jaime Doreste

“En términos de dotaciones, desaparece una dotación privada, el centro comercial, que mal que bien hacía funciones que satisfacían las necesidades del barrio: hacer la compra, gimnasio y otros cuestiones”, añade el abogado. “Ahora todo eso queda en el aire a la espera de que los aprovechamientos previstos se inicien, sin saber a qué se van a dedicar, mientras se desatienden reivindicaciones históricas del barrio como un centro educativo, un nuevo centro de salud o la mejora del transporte público”, concluye.

Torres, ‘flex living’ y empresarios venezolanos

El proyecto aprobado por el gobierno de José Luis Martínez Almeida el pasado mayo afecta a 44.349 metros cuadrados en los que están previstas 530 viviendas, incluidas dos torres de 23 y 28 pisos, algunas de ellas con alojamientos de lujo y otros que se anuncian como futuros ‘flex living’ (gestionado por Dazia Capital, que ha comprado dos parcelas previstas en principio como terciarias).

Inicialmente, eso sí, se ha anunciado que un 28%, es decir, unos 129 pisos, deberán contar con algún tipo de protección por pública, en principio vivienda de protección pública básica (VPPB) y vivienda de protección pública de precio limitado (VPPL). El coste total está previsto en 77 millones de euros que incluyen la compra inicial del ya desaparecido centro comercial.

El terreno pertenece a la firma Desarrollos Ermita del Santo, una SOCIMI (Sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria) compuesta por cinco empresas. La más relevante, con un 30%, es Ibemetex, cuyo propietario es el empresario venezolano Alberto Enrique Finol Galué. de 91 años e implicado en casos como los Panamá Papers o los Pandora Papers. Actualmente la cara visible del proyecto ha sido su compatriota Francisco Sacchini, CEO de Saf Son Group, presidente de la Junta de Compensación de Ermita del Santo.

En entrevistas a medios del ámbito inmobilario o económico en los meses previos a la aprobación del proyecto por el Ayuntamiento este mayo, Sacchini ha calculado que las obras de urbanización deberían estar listas a mediados del año próximo y que las torres se finalizarán para 2030, con un precio medio para la zona de entre 7.000 y 8.500 euros el metro cuadrado —la media en Madrid en mayo de 2026 según Idealista era de 5.984 euros el m2—. También ha defendido su financiación a través del fondo de deuda Maslow Capital como un “préstamos puente” y considera el desarrollo un “proyecto de regeneración urbana”.

Un vistazo al futuro

“En nuestra zona queda mucho vecino que cree que el proyecto le va a revalorizar el piso y que las dotaciones públicas ya vendrán”, explica Javier, uno de los portavoces de la Plataforma SOS Ermita del Santo. “Por eso hemos organizado asambleas con los vecinos del otro lado del río. Las AMPA de los colegios Joaquín Costa o Tomás Bretón vinieron y nos contaron que solares de los nuevos centros escolares siguen allí, muertas de risa”.

“La dotación en un caso como este, de suelo privado recalificado, acaba dependiendo de lo que diga el Ayuntamiento”, apunta Álvaro, uno de los portavoces de la plataforma vecinal SOS Ermita del Santo

El espejo a futuro en que se miran desde Puerta del Ángel o la zona de la Ermita es el de la Ronda de Segovia o Imperial, sus vecinos del otro lado de M-30 y el Manzanares, con la AV Pasillo Verde Imperial y las AMPA y AFA de varios centros educativos encabezando las reivindicaciones por nuevos centros educativos, mejoras en el transporte público y otros servicios después del incremento de población a raíz de las promociones de vivienda en los terrenos del antiguo estadio Vicente Calderón. El caso más famoso son las protestas por el anuncio de un museo del Metro de Madrid en una parcela destinada a dotaciones deportivas nunca ejecutadas.

“La dotación en un caso como este, de suelo privado recalificado, acaba dependiendo de lo que diga el Ayuntamiento”, apunta Álvaro, otro de los portavoces de la plataforma vecinal. “Si dice que no tiene presupuesto o se hace el loco, pueden no ejecutarse nunca”.

Las asociaciones de vecinos piden “de todo: un centro de secundaria, un centro de salud… o una biblioteca pública que somos un barrio sin una y nos parece sangrante”, añade Javier. Señalan además “que la calle Ermita del Santo no se puede ampliar, son dos carriles. Si metes 600 coches más, ¿qué va a pasar? ¿A quién va a perjudicar, quién se va a tener que marchar de su barrio?”.

Se da la circunstancia de que algunas de las cuestiones que se denuncian en este caso (o en otros similares en otros municipios de la Comunidad de Madrid, como el de Valgrande-Los Carriles, en Alcobendas) serían modificadas por la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), es decir, la nueva “Ley del Suelo” de la CAM. Una nueva nueva normativa que se presenta como diseñada para reducir trámites y “reducir litigiosidad” pero que se ha criticado por parte de la oposición, las asociaciones vecinales o urbanistas como una “privatización” de los planes urbanísticos.

Uno de los elementos más controvertidos es la eliminación de la figura del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), repartiendo sus competencias entre el Plan Estratégico Municipal y Plan Ejecutivo. Este último sería un planeamiento que quedaría en manos del promotor, y no de la administración. Estos planes a iniciativa de la empresa privada serían los que decidirían los usos del suelo —rural, urbanizable, etcétera— o la edificabilidad de cada proyecto. Precisamente una operación parecida, pero con la ley actual, es lo que se denuncia en la Ermita del Santo.