Balas de goma
            
            
           
           
Amnistía Internacional pide un tratado mundial para prohibir el comercio de balas de goma
           
        
        El  uso de balas de goma y otro tipo de proyectiles antidisturbios  considerados “menos letales” ha supuesto en todo el mundo al  menos 53 muertes registradas y miles de mutilaciones y lesiones  graves entre 1990 y 2017, según un informe publicado hoy por  Amnistía Internacional. En el caso español, en las dos últimas  décadas este material ha provocado al menos una muerte por  traumatismo craneal y lesiones graves a 24 personas, incluidos 11  casos de lesiones oculares graves.
Según Amnistía y la Fundación de Investigación Omega, coautoras del dossier Me estalló el ojo, “el uso indebido de balas de goma y otras armas menos letales por la policía contra personas que protestan pacíficamente es cada vez más habitual y da lugar a más lesiones y muertes”. El informe recoge datos de 30 países y ha supuesto 5 años de trabajo, en que los investigadores han recogido datos oficiales, informes médicos y testimonios personales en el Estado español, Francia, Chile, Colombia o EE UU, entre otros países.
“El uso indebido de balas de goma y otras armas menos letales por la policía contra personas que protestan pacíficamente es cada vez más habitual y da lugar a más lesiones y muertes”
En  el caso español, Amnistía recoge los casos documentados por la  campaña Stop Balas de Goma: la muerte del joven vasco  Íñigo Cabacas (2012) por traumatismo craneoencefálico y las 24  lesiones graves, entre las que se encuentran 11 personas que han  perdido el ojo o la visión como resultado del impacto de una bala de  goma. Amnistía añade el posible papel de este material  antidisturbios en las masacres de El Tarajal (2014) y Melilla (2022),  por “haber podido  contribuir” a decenas de muertes.  Este material sigue siendo  usado a día de hoy por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Por su parte, la Ertzaintza y los mossos d’ Esquadra reemplazaron las pelotas de goma por balas de foam, “cuyo uso también ha causado lesiones graves y se ha utilizado para dispersar multitudes, algo prohibido por los estándares internacionales”. Entre los testimonios aportados en el Estado español figura el de África, una joven que en 2021, cuando contaba 19 años, perdería un ojo al recibir el impacto de una de estas balas durante una manifestación en Barcelona por la excarcelación del rapero Pablo Hásel.
PSOE y UP llevan hoy martes a la comisión de Interior un dictamen sobre la reforma de la ley mordaza que no incluye la prohibición de las balas de goma
Amnistía  ha documentado cinco casos de lesiones muy  graves ocasionadas por el uso de estos proyectiles de foam: dos  personas que perdieron un ojo, dos personas con traumatismo  craneoencefálico severo y otra persona que perdió un testículo,  además de otros casos de impactos en las piernas. El 2 de diciembre,  el  Parlament de Catalunya aprobó solicitar la  retirada urgente de  la munición más lesiva (el proyectil SIR-X), sin que  la Generalitat haya anunciado aún si va a atender o  no esta petición.
A  nivel mundial, el dossier cifra en 53 las muertes provocadas entre  1990 y 2017 por el uso de proyectiles de goma, balines recubiertos de  goma o botes de humo, y casi  2.000 personas heridas, de las cuales 300 sufrieron incapacidad  permanente.
Amnistía  Internacional y Fundación Investigación Omega piden un tratado  internacional sobre Comercio sin Tortura que prevea la prohibición  en la fabricación y comercio de armas y material que definen como  “intrínsecamente abusivos”, incluidos los proyectiles  de impacto cinético únicos  intrínsecamente peligrosos o imprecisos, las  balas de metal recubiertas de goma,  los balines  recubiertos de goma y  la munición  con múltiples proyectiles, además  de directrices efectivas sobre el uso de la fuerza.
La publicación del informe Me estalló el ojo coincide en el Estado español con las negociaciones sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (o ley mordaza), en las que diversos socios de la mayoría parlamentaria (como EH Bildu y ERC) y organizaciones sociales piden que el texto recoja la prohibición del uso de este tipo de material antidisturbios. PSOE y UP llevan hoy martes a la comisión de Interior un dictamen sobre el borrador de la reforma que no incluye esta medida, y se enfrentan a un posible voto negativo que terminaría con el recorrido de la propuesta de reforma.
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