Baleares
El Govern balear aplaza el debate sobre la posibilidad de permitir nuevas construcciones en zonas inundables

El 9 de octubre de 2018 una riada sin precedentes en Baleares causó la muerte de 13 personas en el pueblo de Sant Llorenç des Cardassar. El duelo colectivo duró meses. Un año y medio después, en plena pandemia, el ejecutivo aprobaba el Decreto-ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes Balears. Entre sus artículos, el cuarto, había uno que prohibía construir en zonas inundables. Anunciaba la imposibilidad de “ubicar nuevas viviendas unifamiliares aisladas en los terrenos que estén incluidos dentro de las Áreas de Prevención de Riesgos de erosión, de desprendimiento, de incendio y de inundación”. Desde mayo de 2024, este punto y otros muchos de medio centenar de leyes relacionadas con el urbanismo y la protección del medio ambiente están anulados. 

Se trata de la principal consecuencia del Decreto-Ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas que el Govern balear ha impulsado este año.

Desde mayo de 2024, la prohibición de construir en zonas inundables y otros puntos de medio centenar de leyes relacionadas con el urbanismo y la protección del medio ambiente están anulados

A pesar de todo, el ejecutivo autonómico ha querido incluir nuevas disposiciones en el texto y convertirlo en una proposición de ley. Esta semana tenía que debatirse en el Parlament, pero no será así. A última hora, el PP ha cedido a las presiones ecologistas y de algunos de los partidos de la oposición (PSIB-PSOE, Més y Podem Balears) y negociará con los diputados de la cámara los puntos que se refieren a la gestión de las zonas inundables. Solo estos.

La socialista Mercedes Garrido considera que “es muy triste que no hayan aprendido nada de lo que pasó en Sant Llorenç hace seis años”, aunque la rectificación es bienvenida para su formación.

Amnistía urbanística

La gestión urbanística de las zonas de riesgo es uno de los temas que integran la propuesta, bautizada por algunos partidos como una amnistía urbanística peligrosa. Garrido asegura que “modifica 50 normas sin realizar ninguna mejora”. Y añade que “todas las enmiendas que PP y Vox han negociado desde la primavera hasta hoy van contra la protección del territorio o una mayor adaptación al cambio climático”.

Una de las medidas que la proposición incluirá cuando se debata en la cámara —y que no se contempla en el decreto del mes de mayo— es la eliminación de la prohibición de compra de nuevos vehículos diésel a partir del 2025. PP y Vox han negociado cambios en el articulado de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y alargarán esta restricción hasta el 2035, acogiéndose a la normativa europea. Por otro lado, según Mercedes Garrido, “también frenarán la electrificación de las flotas de vehículos de las empresas de alquiler, ya que rebajan al mínimo el porcentaje de unidades nuevas que tienen que funcionar de manera sostenible”.

“El Govern legalizará todo lo que era ilegal y que había prescrito. Las personas que tengan grandes fincas y mansiones podrán pedir una hipoteca para hacer obras o alquilarlas”, señala Margalida Ramis

En lo que al territorio se refiere, tanto Garrido como la portavoz de la entidad ecologista GOB Mallorca, Margalida Ramis, lamentan la desaparición de la Comissió Balear de Medi Ambient. Además, Ramis califica de “barbaridad” la batería de cambios introducidos y no entiende por qué “el Gobierno central no interpone un recurso de inconstitucionalidad, tal y como solicitamos, y se limita a abrir una comisión bilateral en la que no se discutirán las legalizaciones que se llevarán a cabo”.

La oposición destaca que “es una vergüenza que se legalicen viviendas en suelo rústico común y se modifique el régimen de los edificios que estaban fuera de ordenación, es decir, que se construyeron sin licencia”. También apunta al aumento de precios como consecuencia más inmediata. “Muchas personas van a empezar pronto a hacer negocio”, comenta la diputada socialista. “Hasta mayo, los terrenos con edificaciones fuera de ordenación tenían un precio muy bajo, pero con la legalización de las casas o chalets, eso cambia”. Y concluye: “Se trata de una amnistía urbanística en toda regla”.

Margalida Ramis lo explica de otra manera: “El Govern legalizará todo lo que era ilegal y que había prescrito. Las personas que tengan grandes fincas y mansiones podrán pedir una hipoteca para hacer obras o alquilarlas o pasarlas en herencia. De repente, el patrimonio de algunas familias se incrementará. Ahora bien, los residentes en infraviviendas no notarán nada, son los grandes ignorados de Marga Prohens”.

El litoral: en el punto de mira

Margalida Ramis confía que el PP ceda a las peticiones del GOB Mallorca y vuelva, como mínimo, a la norma de 2020 sobre construcción en zonas de riesgo. “Es verdad que la ley no abordaba la gestión de las zonas inundables en su totalidad pero, como mínimo, eliminaba la posibilidad de construir nuevas viviendas e infraestructuras en cualquier territorio con una elevada probabilidad de inundaciones, erosión, etcétera”.

Por otro lado, recuerda que la Assemblea Pel Clima publicó una lista de propuestas que revisaban el modelo del litoral, que es “el segundo tipo de zona más amenazada después de los territorios en riesgo de inundaciones”. Al respecto recuerda que “hay negocios en la primera línea de costa que pueden desaparecer con una dana, como ya pasó con el Hotel Corso de PortoColom”.

Margalida Ramis confía en que el PP ceda a las peticiones de la organización ecologista GOB Mallorca y vuelva, como mínimo, a la norma de 2020 sobre construcción en zonas de riesgo

Hace 35 años, tres trabajadores del establecimiento murieron durante una “torrentada” que afectó el este de la isla. Ramis insiste que “hay un Plan de Adaptación de Costa elaborado por el Ministerio para prevenir ese tipo de catástrofes y el ejecutivo balear lo ignora, ni papa, como si no existiera”.

Si, finalmente, el PP deja la norma referida a las zonas inundables tal y como estaba, Ramis opina que “se colgará una medalla que no merece”. Ahora bien, anuncia que “el GOB Mallorca continuará batallando para que estas medidas aprobadas de urgencia, y que no lo son, lleguen al Tribunal Constitucional”.