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Bolivia: voces y claves de un proceso que terminó de implosionar

Los 18 disparos al vehículo de Evo Morales y la disputa narrativa del suceso parecen ser la gota que colmó el vaso y llevaron la ruptura del expresidente con el Gobierno boliviano a un punto de no retorno. La sensación es que se cruzaron varias líneas rojas. Que está todo roto. La confrontación entre el sector del líder histórico del proceso y el de su sucesor, Luis Arce, se trasladó de Twitter/X a las carreteras y el panorama pinta un porvenir aún más turbulento. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué sigue? Conversamos con dirigentes de ambos sectores para intentar comprender la autodestrucción de un proyecto popular que fue ejemplo en el mundo.

La tensión entre el expresidente y el actual, quien fuera su ministro de Economía durante once años, viene de lejos. Arrancó desde el minuto cero de la gestión de Arce, cuando en su discurso de asunción, en noviembre de 2020, no mencionó a quien lo había designado desde el exilio ni dio lugar en su gabinete a los cuadros evistas.

El 9 de noviembre, el Tribunal Constitucional confirmaba la inhabilitación de Evo Morales, lo que vaticina un futuro aún más tumultuoso

Desde ese momento hasta hoy, el conflicto no paró de escalar. Con la disputa entre ambos por el liderazgo del MAS y la candidatura presidencial para 2025 como nudo central de la interna —una discusión exageradamente adelantada—, se fueron conformando dos bloques aguas abajo que hoy protagonizan una fractura insalvable y con el peligro de que pase a mayores.

Evo Morales denuncia un intento de asesinato en el que su chófer ha resultado herido

Redacción El Salto

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Bolivia Evo Morales denuncia un intento de asesinato en el que su chófer ha resultado herido

Redacción El Salto

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El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha denunciado un ataque “de hasta 14 disparos” contra su vehículo en el que su chófer ha sido herido.

El 9 de noviembre, el Tribunal Constitucional confirmaba la inhabilitación de Evo Morales, lo que vaticina un futuro aún más tumultuoso.

A finales de septiembre, Morales pasó a la acción encabezando una masiva marcha de siete días hacia La Paz, capital del país, con un pliego de 18 demandas que incluía las urgencias económicas pero también contra su proscripción. El Gobierno respondió con un aluvión de demandas judiciales —incluida una por estupro— y el evismo subió la apuesta con tres semanas de bloqueos de carreteras que llevaron el conflicto a una máxima tensión.

En este contexto llegó el atentado contra el automóvil de Morales. Para el dirigente cocalero, “el atentado fue perpetrado por un grupo de élite militar y policial” y apuntó directamente al presidente: “Lucho ha destruido Bolivia y ahora quiere eliminar nuestro proceso acabando con mi vida”.

La versión del Ejecutivo fue antagónica. Primero hizo correr la tesis de un “autoatentado”, pero luego el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo —quien encabeza los ataques al expresidente—, reconoció que habían sido policías, pero dijo que el incidente se produjo cuando Evo intentó evadir un control antidroga disparando a los oficiales.

“Creíamos que el tope de la estrategia gubernamental era sacarlo [a Evo Morales] de la competencia política, pero nunca imaginamos que llegaran a este punto de querer eliminarlo físicamente”, dice a El Salto el exministro Juan Ramón Quintana

En diálogo con El Salto, Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia de Evo, señala que con el intento de asesinato a Evo se cruzó el umbral: “Creíamos que el tope de la estrategia gubernamental era sacarlo de la competencia política, pero nunca imaginamos que llegaran a este punto de querer eliminarlo físicamente. Hay demasiadas pruebas de que desde el Gobierno se ha mandado a matar a Evo, lo que ya implica echar por tierra la democracia e ingresar en una fase de terrorismo de Estado”.

Quintana va más allá (o más al norte): “No tengo dudas de que en esta estrategia de exterminio de Evo está la mano siniestra de los Estados Unidos, como lo ha estado en los últimos 40 años. Tengo la seguridad, por los datos que tenemos de vinculación de ministros con la embajada norteamericana, que Arce ha tenido que ceder a la presión de los gringos para tratar de eliminar a Evo. Les está haciendo el trabajo sucio”.

La pregunta del millón

La gran incógnita que atraviesa hace tiempo esta interna a cielo abierto es si existen diferencias político-ideológicas de fondo, grandes desacuerdos programáticos, si se trata solo de una disputa de egos por el liderazgo del espacio, o tal vez ambas.

Juan Villca, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, relata a El Salto su visión: “Desde que Arce asumió la presidencia, el señor Morales ha intentado sabotear, primero con sus legisladores trancando proyectos en la Asamblea y ahora con los bloqueos de carreteras. La filosofía, el paradigma con el que se ha construido el proceso de cambio es claro, eso no ha cambiado, el problema es que Morales quiere ser candidato sabiendo que ya no puede, que la Constitución lo inhabilita. Ese interés personal es lo que está arrastrando a este conflicto y condiciona a los pocos seguidores que tiene a nivel nacional”. 

“Ese interés personal es lo que está arrastrando a este conflicto y condiciona a los pocos seguidores que tiene a nivel nacional”, dice a El Salto Juan Villca, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales

Del otro lado de la grieta, Gabriela Montaño, ex presidenta de Diputados y Senadores durante el gobierno de Morales, expresa que “la confrontación al interior del MAS se inició como una pugna de liderazgos pero luego se fue convirtiendo en diferencias políticas, inicialmente orgánicas y luego inclusive ideológicas”.

La también exministra de Salud menciona divergencias en torno a la gestión económica, por ejemplo “en torno al manejo en la explotación del litio y los recursos estratégicos”, un sinnúmero de casos de corrupción “que también han aumentado esa distancia”, el permanente intento de inhabilitar a Morales, y la suspensión de las elecciones internas, que hubiesen sido “el camino pacífico institucional para la resolución de los conflictos”.

Montaño lamenta que “las diferencias políticas se trasladaron a las organizaciones sociales y se dieron confrontaciones muy duras. Y esto es grave porque genera una ruptura del tejido social y una pérdida de solidez del bloque popular que sostuvo el proceso y garantizó que podamos recuperar la democracia un año después del golpe de 2019”.

“Las diferencias políticas se trasladaron a las organizaciones sociales. Y esto es grave porque genera una ruptura del tejido social y una pérdida de solidez del bloque popular”, dice Gabriela Montaño, expresidenta de Diputados y Senadores

Es difícil evaluar cuánta base social quedó vinculada a cada sector. Y cuánta militancia desafectada de ambos. La marcha que encabezó Evo a finales de septiembre logró sumar 3,4 millones de personas, según un análisis de Atlas Electoral en base a la herramienta MapCheking. Para Villca, en cambio, “las organizaciones sociales legítimas, legales, la estructura orgánica obrera, indígena y campesina ha sabido garantizar la unidad y el apoyo de Morales ha quedado reducido solo a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba”.

El campo de batalla judicial

Luego de aquella extendida movilización, el Gobierno impulsó al menos nueve causas judiciales contra Morales. También contra diversos líderes sociales, algunos de los cuales fueron detenidos. La acusación más resonante y compleja es por estupro, basada en que Morales habría tenido una relación y un hijo en 2016 con una adolescente de entonces 16 años. Se trata de una causa destapada durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez en 2019 que luego fue archivada ya que la legislación boliviana requiere que haya una denuncia directa de la presunta víctima.

Ahora una fiscal la reactivó y empezaron a circular rumores de una posible orden de detención. Morales habló poco del tema, denunció una “campaña sucia y mentirosa” y hasta comparó al presidente con la mandataria golpista: “No hay nada y no va a haber nada. Lucho igualito que la Áñez. Lucho es Áñez”.

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Gerardo Szalkowicz

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La transformación de Bolivia iniciada en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder se encuentra en uno de sus peores momentos por las luchas entre este histórico líder y el actual presidente y exaliado Luis Arce.

También advirtió de “un Plan Cóndor de lawfare” luego de que el gobierno ultraderechista argentino presentara otra denuncia contra Morales por trata de personas y abuso sexual durante su exilio en el país. “Es evidente la coordinación entre el Gobierno de Luis Arce y el Gobierno sionista de Javier Milei”, alertó.

Quintana recuerda que “todos los gobiernos desde 1985 le han instalado a Evo procesos de distinta naturaleza, se trata de una sistemática persecución promovida por los EE UU, por lo tanto esta acusación se da en ese contexto de guerra judicial, de guerra política, en la que el gobierno busca destruir su liderazgo y su reputación”. Montaño agrega: “La persecución judicial no se da solo contra Evo Morales, aunque obviamente es la más visible, sino contra muchos dirigentes de organizaciones sociales que han sido críticos con el gobierno. La judicialización de la política ha tomado un escenario central en este conflicto”.

Lamento boliviano

Esta lucha intestina gana terreno fértil por la crisis económica que atraviesa el país. La caída de la producción de gas, su principal exportación, y la necesidad de importar combustibles se tradujo en escasez de dólares, desabastecimiento de gasolina, depreciación de la moneda, bajo nivel de reservas y una creciente inflación. Justamente el plano donde mejor maniobraba Arce, llamado “el padre del milagro boliviano” durante los años de bonanza y distribución de la riqueza en su labor al frente del Ministerio de Economía.

Hoy, al cumplir cuatro años como presidente, la gestión económica de Arce genera un descontento creciente y alimenta el escenario de conflictividad social, mientras se hunden su aprobación y sus ansias de reelección.

Hace unos meses, en un artículo para este medio, nos preguntábamos si aún quedaba alguna rendija para destrabar el entuerto de cara a las elecciones de agosto 2025, en las que un MAS dividido abriría la puerta al retorno de la derecha. Hoy, con un panorama marcado por la incertidumbre, la degradación institucional y una gran inestabilidad política y económica —todo lo contrario al período 2006-2019—, parece haber consenso en la respuesta.

Del lado del oficialismo, Villca sostiene que “el Gobierno siempre tuvo la voluntad de construir puentes de diálogo, pero Morales no tiene la más mínima intención de querer dialogar, lo único que quiere es derrocar al Gobierno”.

Desde el evismo, Montaño reflexiona: “A esta altura parece muy difícil que haya una candidatura unificada. Creo que hoy un diálogo y un acuerdo pasaría porque las dos tendencias del MAS puedan pactar mínimamente llegar de manera ordenada a las elecciones del 2025 y que sea el pueblo boliviano el que defina por quién opta”.