Bolivia
Del golpe a la dictadura: las balas del ejército provocan decenas de muertos en Bolivia

La historia avanza en círculos en Bolivia. La palabra Senkata vuelve a sonar y en el mismo contexto que en octubre de 2003, cuando el enfrentamiento entre el ejército y los manifestantes de El Alto que bloqueaban el acceso al principal depósito de gasolina de la capital terminó con decenas de muertos.

Dieciséis años después, la historia repite protagonistas y escenario. Los vecinos de El Alto, en paro indefinido contra el golpe de Estado que ha forzado a dimitir al Gobierno de Evo Morales, llevan más de una semana bloqueando el acceso a esta planta de la petrolera estatal YPFB. Los manifestantes, movilizados por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, cuentan con el apoyo de miles de campesinos y estudiantes indígenas y campesinos llegados de las 19 provincias del departamento de La Paz.

Repite papel también el ejército. Ahora con la impunidad garantizada para todas sus acciones gracias a la aprobación del decreto 4078, que exime de cualquier responsabilidad penal a los militares que repriman las manifestaciones contra el gobierno elitista, racista y fundamentalista cristiano establecido tras la marcha de Morales a México.

Repite papel también Carlos Mesa. En octubre de 2003, era vicepresidente del Gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahora, después de perder las recientes elecciones frente a Evo Morales, es uno de los principales defensores de golpe. En 2003, después de la masacre de Senkata, Carlos Mesa retiró su apoyo al presidente Sánchez de Lozada, una posición que le permitió convertirse en presidente del país cuando ‘Goni’ presentó su dimisión. Dieciséis años después, tras la masacre de Sacaba (Cochabamba) —en donde el ejército asesinó el 15 de noviembre a nueve personas—, Carlos Mesa se mostraba contrario a pasar por las urnas: “No podemos llegar a unas elecciones si el país no está pacificado”.

Los depósitos de gasolina de Senkata, en El Alto, han vuelto a convertirse en uno de los principales escenarios de una batalla, al igual en 2003, tremendamente desigual

En la reciente crisis, los depósitos de gasolina de Senkata han vuelto a convertirse en uno de los principales escenarios de una batalla, al igual en 2003, tremendamente desigual. La falta de combustible, así como de diversos alimentos, ya ha empezado a sentirse en La Paz y en El Alto. Un problema que se suma a la caída de presión del gasoducto Carrasco-Cochabamba “por motivos aún no determinados”, que pone en peligro el suministro de gas natural de las ciudades de Cochabamba, El Alto, La Paz y Oruro.

Al cierre de este artículo, las fuerzas combinadas de policías y militares se encontraban en las cercanías de la planta de YPFB. Los manifestantes, al igual que en 2003, han levantado el hormigón de las calles y han cavado zanjas para impedir el paso de las fuerzas militares. “Áñez asesina, queremos su renuncia”, gritaban. Por la tarde del domingo se habían sumado los vecinos de Achocalla, una pequeña ciudad cercana al lugar.

Del golpe de Estado a la dictadura

La oposición al golpe y a la deriva ultraderechista y racista del Gobierno de facto han provocado una amplia respuesta en todos los rincones de Bolivia. En especial, entre los sectores campesinos e indígenas del Altiplano —con la participación del sindicato campesino CSUTCB, de la milicia de los Ponchos Rojos y los estudiantes de la universidad indígena de Unibol—, entre amplios sectores de la combativa ciudad de El Alto y entre los sindicatos cocaleros, donde Evo Morales comenzó su militancia. También ha habido fuertes protestas en Potosí y en Santa Cruz, donde se han reportado graves enfrentamientos con las fuerzas armadas.

Las imágenes de cientos de autobuses dirigiéndose a La Paz daban una idea de la dimensión de la respuesta al golpe. Unas imágenes que contrastaban con la movilización policial y militar para enfrentarse a los manifestantes.


La respuesta del ejército y la policía, que está utilizando armas de fuego contra los manifestantes, se repitió en todos los escenarios de la protesta. En la masacre de Sacaba, una población cercana a Cochabamba, las balas militares han provocado la muerte al menos nueve personas. La cifra inicial de cinco muertos ha ido creciendo y Telesur ha llegado a hablar de 12 muertos y más de 100 heridos.

Unos cinco mil campesinos de los sindicatos cocaleros del Chapare se dirigían a La Paz para participar en la gran manifestación de este domingo 17 de noviembre cuando fueron interceptados por las fuerzas policiales y militares en Sacaba, a 10 km de la ciudad de Cochabamba. Los productores cocaleros de esta región selvática del centro de Bolivia son considerados como la guardia pretoriana de Evo Morales. Su carácter combativo ya era legendario en los años previos al ascenso de Evo Morales al poder, cuando hicieron del corte de ruta su principal herramienta de lucha. Impedir que los productores de la hoja de coca cruzaran el puente Huayllani y llegaran a la ciudad de Cochabamba y, luego a la ciudad de La Paz, se convirtió en un objetivo militar de una guerra que se libra contra los opositores al gobierno de facto que representa a las élites del oriente del país.

El 15 de noviembre empezaron a circular los vídeos realizados por los integrantes de las seis federaciones cocaleras con mensajes que mostraban la violencia de la represión, denunciando la “dictadura” y el silencio mediático en torno a las protestas y a la reacción de las fuerzas armadas: “¡Que todo el mundo se entere porque no hay prensa!”, decía uno de esos mensajes.



El hospital de Sacaba no tardó en quedarse pequeño ante la llegada masiva de heridos y muertos. “No pudimos contar a los heridos porque son muchos”, lamentaba uno de los médicos, sobrepasado por la cantidad de víctimas. “Hubo un acto de represión, no ha existido un enfrentamiento”, informó la Defensoría del Pueblo para Sacaba. Todos los fallecidos presentaban disparos en la cabeza o el tórax, explicaba al periódico argentino Página 12. Tras las masacre de Sacaba ya suman 24 los muertos por la represión del ejército y la policía.

El decreto establece, además, que las Fuerzas Armadas podrán “hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”

Poco después de la masacre, el Gobierno de facto de Jeanine Áñez emitía el decreto 4078, que garantiza la inmunidad de los militares que ataquen, incluso con armas de fuego, a los manifestantes contrarios a su Gobierno. En concreto, la medida exime de cualquier responsabilidad a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”. El decreto establece, además, que las Fuerzas Armadas podrán “hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.

El decreto fue duramente criticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad nada sospechosa de simpatizar con los llamados gobiernos progresistas o del Socialismo del Siglo XXI.

Este organismo interamericano señala que el decreto “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos” y “estimula la represión violenta”. Este tipo de decretos, señalan desde esta organización, “contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos”. Por su parte, Evo Morales lo definía desde México como “una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”.

Mientras tanto, la presidenta de facto sigue sin revelar cuánto durará su mandato ni cuándo serán convocadas las teóricas elecciones a las que está obligada a organizar en el plazo de 90 días según la Constitución boliviana.

Alguna pista de su comportamiento se adivina en la entrevista que Áñez concedió a la cadena británica BBC. El periodista le recuerda, ante la ya famosa entrada de la Biblia en el palacio de Gobierno, que “Bolivia sigue siendo un país laico bajo la Constitución”.

La presidenta de facto le responde con su particular visión de la democracia: “Eso fue una impostura del Movimiento al Socialismo. Hay que tener en cuenta que ellos abusaron durante todo este tiempo de imponer a los bolivianos, porque tenían los votos en el Parlamento. Pero acá, nosotros en el país, somos el 80% personas de fe. Pero en el Parlamento lo que cuentan son los votos y los dos tercios se los dio generosamente el pueblo a Evo Morales”.