Crisis climática
Admitida otra denuncia contra la ampliación del puerto de València

La ampliación norte del puerto de València se enfrenta a un nuevo escollo judicial. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana(TSJV) acepta el recurso presentado por Acció-Agró en nombre de la Comissió Ciutat-Port y da de plazo a la organización civil hasta el 26 de junio para formalizar la denuncia.

Este recurso aceptado trata de impugnar la aprobación del proyecto de construcción del muelle de contenedores en el seno del consejo de administración de la Autoridad Portuaria (APV) celebrado el pasado dos de diciembre de 2022. La admisión a trámite de la demanda supone que será el TSJV quién dirimirá el encaje legal de la decisión, siempre y cuando se formalice la demanda, algo que desde la citada organización confirman que realizarán.

La admisión a trámite de la demanda supone que será el TSJV quién dirimirá el encaje legal de la aprobación de la construcción del muelle de contenedores

No es la primera demanda que se admite a trámite contra la Autoridad Portuaria de València (APV). También está judicializado el traslado de la terminal de cruceros. La demanda por parte de la plataforma ciudadana en este caso apunta a que se analice la cuestión de fondo, el posible impacto en la calidad del aire y en la salud del vecindario motivado por el traslado de la terminal de su actual ubicación en la zona norte del puerto, alejada de las zonas habitadas, hacia el sur del recinto, colindante a los barrios de Natzaret y El Grau. Además se solicita una declaración de impacto ambiental (DIA) estratégica para toda la actuación, incluida la ampliación norte.

La Comissió Ciutat-Port ya se ha apuntado algún éxito judicial, como sucedió el pasado enero, tras desestimar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra una medida cautelar dictada a instancias de una denuncia del citado colectivo. Esta desestimación denegaba la capacidad de la Autoridad Portuaria de Valencia para decidir si sometía o no a una nueva evaluación ambiental el proyecto de la nueva terminal. Es decir, obligando al organismo a realizar la Declaración de Impacto Ambiental acorde a las leyes actuales y dejando sin efecto una resolución del ministerio que le capacitaba para no tener que realizarlo.

La Comissió Ciutat-Port no es el único actor que ha recurrido decisiones relativas a la polémica ampliación. El consejero de la propia Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Iván Castañón (Compromís), hasta ahora secretario autonómico de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad, también presentó otro recurso en el contencioso administrativo al considerar que la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 no es válida para dar cobertura al nuevo proyecto.

El recurso del consejero señalaba la necesidad de cumplir con los condicionantes del “informe de compatibilidad con la estrategia marina de la demarcación levantino-balear en relación con las actividades incluidas en el proyecto de construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte del puerto de Valencia” estipuladas por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.Dicho informe establece un total de 21 medidas o condiciones que “deberán llevarse a cabo para que la actuación sea plenamente compatible con el contenido de la estrategia marina”.

La aprobación definitiva de la ampliación, que tiene que producirse en Consejo de Ministros, fue aplazada el pasado abril hasta después del 28-M para no crear un nuevo desacuerdo en el gobierno de coalición. De hecho, durante la campaña electoral de las pasadas elecciones locales, la propia Yolanda Díaz acudió a un acto organizado por la Comissió Ciutat-Port para conocer de primera mano las posibles consecuencias de la ampliación. Será uno de los temas que, presumiblemente, quedarán pendientes para la próxima legislatura estatal.

Manifestación ciudadana

El próximo 16 de junio, la víspera de la proclamación oficial de la nueva alcaldesa de València, la popular María José Català, la Comissió Ciutat-Port junto a gran parte del tejido social de la ciudad, ha convocado a una manifestación ciudadana para mostrar el rechazo a la ampliación portuaria.Al llamamiento se han unido asociaciones vecinales como la de Nazaret, el barrio más afectado por la contaminación que genera la actividad portuaria, sindicatos como la Intersindical o CCOO, o entidades ambientalistas como Per l'Horta, Acció Ecologista Agró o la sección local de Greenpeace, entre otros colectivos sociales. También cuenta con el apoyo de los sindicatos de estibadores, que aseguran que con la transformación de las instalacionesse mecanizarán sus tareas, quedando en el aire la continuidad de hasta 500 empleos.