Crisis climática
La descarbonización se topa con los lobbies de la industria fósil en Egipto

Las negociaciones avanzan muy despacio, señalan las organizaciones presentes en la localidad de Sharm el-Sheij, pero a medida que se acerca el final de la cumbre COP27 de Egipto, que afronta este viernes el desafío de una nueva resolución, se suceden los análisis y los estudios que indican cuál es la senda a seguir para la consecución del objetivo de que la temperatura de la tierra “solo” aumente 1,5º en lo que queda de siglo, para mitigar así las consecuencias del calentamiento global.  

Un informe hecho público hoy, 15 de noviembre, por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), refleja que casi 75 países han hecho promesas de emisiones netas cero, lo que supondría un paso a las energías limpias que afectaría al 95% de las emisiones actuales. Esta reducción “daría al mundo una oportunidad de limitar el calentamiento global al umbral crítico de 1,5 °C”, señala la AIE, desde donde se reclama una “rápida movilización financiera” que impulse transiciones seguras, justas y asequibles en todo el mundo.

Precisamente, el gran asunto que se dirime estos días en Sharm el-Sheij es el relativo a la financiación en mitigación y pérdidas y daños. Las organizaciones ambientalistas critican los mecanismos financieros climáticos existentes como inadecuados para hacer frente al impacto que ya está teniendo la crisis climática.

La gran pregunta es quién paga. Varias ONG y medios de comunicación internacionales han publicado hoy su propuesta de creación de un impuesto extraordinario para las mayores empresas de combustibles fósiles. Se unen a la petición del secretario general de la ONU, António Guterres, que pidió el pasado 8 de noviembre que se tasen los beneficios extraordinarios obtenidos por las petroleras.

“Reorientemos el dinero para la gente que sufre con el alza de los precios de la energía y los alimentos y para los países que sufren pérdidas y daños causados por la crisis climática”, señaló el representante de Naciones Unidas, para quien el éxito de la COP27 se medirá en función de qué compromisos se adquieran para la financiación de las indemnizaciones. Guterres reclamó que la cumbre persiga “eliminar gradualmente el carbón en los países de la OCDE para 2030 y en todos los demás para 2040”.

Vanuatu aviva el derecho internacional para acabar con la inacción climática

Samuel Witteveen

Análisis

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Samuel Witteveen

A pesar de que el calentamiento global sitúa a las islas del Pacífico en un estado de extrema vulnerabilidad, el ánimo de sus habitantes no deja espacio para la resignación.

Las compañías de petróleo y gas ganaron 100.000 millones de dólares sólo en los tres primeros meses de 2022, recuerda The Guardian en su editorial. En España, Repsol ha anunciado un beneficio en los nueve primeros meses del año de 3.222 millones, un 66% más que el año pasado. Iberdrola ha incrementado un 29% su beneficio y ha superado los 3.000 millones en ese mismo periodo. Naturgy ha crecido casi un 30% y se ha anotado un beneficio de 1.061 millones entre enero y septiembre, y Endesa creció por encima del 70% para presentar beneficios de 1.651 millones.

Ecologistas en Acción, que está presente en el espacio “azul” de la cumbre, en el que se engloban los movimientos sociales y las ONG, ha alertado de que hasta 636 lobistas fósiles están presentes en Sharm el-Sheij, un síntoma de “la influencia cada vez mayor del sector privado en las negociaciones”, denuncia esta organización. 

“Mires donde mires en Sharm el-Sheikh puedes ver y oír la influencia de la industria de los combustibles fósiles. Han aparecido en un número récord para intentar desvincular la acción climática de la eliminación de los combustibles fósiles”, en la misma línea se expresa Yeb Saño, jefe de la delegación de Greenpeace en la COP.

La incorporación en los discursos de la cumbre —no en los borradores de resolución— de referencias a los mecanismos de resolución de conflictos ISDS, que puede ejercer de manto para proteger “las inversiones” de las compañías fósiles en el caso de que los Estados presenten reclamaciones ante acciones decididas de descarbonización.

Son mecanismos que ya existen en distintos acuerdos comerciales internacionales y que deben ser erradicados, según 382 organizaciones, entre las que están 350.org, Greenpeace o la propia Ecologistas en Acción que han publicado una declaración global en el que se califica la solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS) como una amenaza para la acción climática. Estos grupos recuerdan que “los casos relacionados con la energía y la minería representan el 42 % de los casos de demandas ISDS conocidos”. Caso de entrar en la partida estos tribunales, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ya ha advertido de que se bloquearía la descarbonización energética proyectada como única vía para limitar la subida de la temperatura terrestre.