Análisis
Vanuatu aviva el derecho internacional para acabar con la inacción climática

We are not drowning, we are fighting es el lema que congrega a los activistas climáticos en el Océano Pacífico: “no nos ahogamos, luchamos”. Porque a pesar de que el calentamiento global sitúa a las islas del Pacífico en un estado de extrema vulnerabilidad, el ánimo de sus habitantes no deja espacio para la resignación. En pocas regiones del mundo es la urgencia climática tan acuciante como en estos archipiélagos. Por ello Vanuatu, uno de los países más amenazados, lidera ahora una ofensiva diplomática para lograr que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronuncie sobre la responsabilidad de los estados en el calentamiento global.

A orillas del océano, no hay tiempo para demora. Numerosos países del Pacífico, cuyas economías son de las menores emisoras de gases de efecto invernadero, viven bajo la incertidumbre de un escenario donde los eventos climáticos extremos se intensifican. Las temperaturas de la superficie del océano en el Pacífico sur, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial, se están incrementando tres veces más rápido que la media mundial. Esto favorece la aparición de ciclones, que no solo son cada vez más frecuentes, sino además más intensos. Solo en los últimos siete años, la región ha conocido las dos tormentas más fuertes nunca registradas.

Las ya de por sí escasas fuentes de agua dulce se secan o salinizan. Las cosechas fracasan y la pesca disminuye. La acidificación del océano asfixia los arrecifes de coral. Y la subida del nivel del mar erosiona las costas e incluso amenaza con hacer desaparecer islas y atolones. Algunos de los países más vulnerables, como Tuvalu, Kiribati y Fiyi, cuyas islas a menudo no superan el par de metros en su punto más alto, disponen ya de planes para relocalizar su población.

“El derecho a la vida, al alimento, salud y autodeterminación son algunos de los derechos humanos vulnerados por los efectos del cambio climático”, explica Margaretha Wewerinke-Singh, jurista neerlandesa que asesora a Vanuatu. Acaba de volver de Nueva York, donde Vanuatu ha presentado en la Asamblea de las Naciones Unidas la propuesta para pedir a la Corte Internacional de Justicia opinión sobre “la obligación de los estados de proteger los derechos humanos frente a los efectos adversos del cambio climático”.

La Corte Internacional de La Haya, además de dictar sentencias en litigios entre dos o más estados, tiene la capacidad de pronunciar opiniones consultivas para esclarecer cuestiones en el derecho internacional. Aunque estas opiniones no sean directamente vinculantes tienen un gran significado simbólico, además de futuras consecuencias jurídicas, pues otros tribunales pueden basarse en ellas para emitir sus fallos.

La iniciativa, liderada por Vanuatu pero respaldada por una coalición en la que se encuentran Alemania y Portugal, requiere el apoyo de al menos la mitad de los estados del mundo. La votación se espera para finales de año y de salir adelante, como el buen curso de las negociaciones indica, será ésta la primera vez que el tribunal más alto del mundo deba pronunciarse sobre la responsabilidad de los estados respecto a las efectos del cambio climático.

Durante las clases de derecho en la University of South Pacific, en Vanuatu, Wewerinke-Singh fue testigo del nacimiento de esta idea. “Después del devastador ciclón de 2015 tuvimos la urgencia de actuar. Los estudiantes de derecho empezaron a discutir sobre diferentes opciones y ésta resultó la más prometedora”. Ella y sus estudiantes convencieron al Gobierno para ir adelante y el Parlamento acabó respaldando universalmente el plan de acudir a las Naciones Unidas. Un país dividido en unas 83 islas y más de 110 lenguas —la mayor densidad de variedades lingüísticas del mundo— está más unido que nunca por su derecho a existir. “La gente tiene la convicción de que juntos, encontrarán soluciones”.

De la opinión de la Corte Internacional, Wewerinke-Singh espera que “se reconozcan las obligaciones extra-territoriales de los estados, es decir, que sus acciones no solo tienen consecuencias para sus propios ciudadanos, sino que también pueden suponer graves violaciones de derechos en otras partes del mundo”. El Acuerdo de París de 2015, que pone como objetivo mantener el calentamiento global a 2 grados y preferiblemente a 1,5 respecto a niveles pre-industriales, fue adoptado por la gran mayoría de los países y, sin embargo, siete años después, los avances son mínimos. “Las promesas por sí solas no son vinculantes”, dice Wewerinke-Singh: “El sistema necesita un empujón”.

Es una tendencia que parece haber llegado para quedarse. Ante la inacción de la política, los activistas recurren a los tribunales para forzar que los gobiernos se atengan a la legalidad, una estrategia que conoce ya sonados hitos

Es una tendencia que parece haber llegado para quedarse. Ante la inacción de la política, los activistas recurren a los tribunales para forzar que los gobiernos se atengan a la legalidad. La judicialización de la lucha contra el cambio climático conoce ya sonados hitos. El Tribunal Constitucional alemán tumbó en 2021 la Ley Federal del Clima por violar derechos fundamentales. Esta ley aplazaba a después de 2030 la reducción de emisiones, lo cual violaba la obligación del estado de proteger la salud y las vidas de jóvenes y futuras generaciones. Basándose en la Constitución y las evidencias y objetivos recogidos en el Acuerdo de París, el Tribunal forzó así al Gobierno a asumir una política climática más ambiciosa.

Otro desarrollo histórico es el nacimiento del crimen de ecocidio, definido como “cualquier acto ilícito o arbitrario con daños graves y duraderos para el medio ambiente”. Un panel de prominentes juristas internacionales lo presentó el año pasado y la intención es que se incorpore, junto a los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y agresión, como quinto delito en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, también situada en La Haya.5

En este contexto de judicialización, un pronunciamiento del CIJ, el tribunal con más autoridad en derecho internacional, que asocie los efectos del cambio climático con la vulneración de derechos humanos, puede provocar una cascada de procesos en tribunales nacionales de todo el mundo. Los estados pueden, de este modo, ser obligados a rendir cuentas sobre sus planes climáticos y los Acuerdos de París adquirirán así respaldo judicial.

Gracias al carácter universal de los derechos humanos, los estados pueden ser considerados responsables de vulneraciones más allá de sus territorios debido, por ejemplo, a los efectos que sus emisiones tienen en otras partes del mundo. Sin embargo, Wewerinke-Singh reconoce que será muy difícil presionar internacionalmente a los países más contaminantes para rendir cuentas. “Es una lucha de David contra Goliat. Pero es cierto que hay muchos davides y los países pequeños unidos pueden hacer valer su peso”.

El tema principal en la Cop27 que se está celebrando en Egipto es precisamente este: la brecha entre los países más industrializados y los países en desarrollo que sufren los efectos del calentamiento global. Sin la voluntad de los grandes países para compensar los daños ocasionados por sus actividades y decididamente reducir sus emisiones, la presente cumbre estará abocada al fracaso, coinciden la mayoría de comentadores. Así incluso António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, declaraba en la víspera de la cumbre que “mientras los países desarrollados y los países en desarrollo no logren un pacto histórico, estaremos condenados a la catástrofe”.

En Vanuatu saben bien las amenazas que contiene el mar. Un día escupió a los colonos, con sus enfermedades y violencia. Y aunque estos se marcharan, su sombra nunca abandonó las islas. “La colonización y el cambio climático están estrechamente ligados”, explica Wewerinke-Singh. “Vanuatu consiguió su independencia apenas en 1980, tras una dura lucha contra dos grandes potencias, Francia y Reino Unido. Ahora es el cambio climático el que asola el territorio y su gente mientras que son esas mismas potencias coloniales las que se benefician de los combustibles fósiles. Es como si la lucha anticolonial nunca haya terminado”.