Crisis climática
Pacto de Estado climático: dudas sobre su concreción, la necesidad de un plan B y un posible “efecto bumerán”

Esta semana, Pedro Sánchez anunció que el pacto de Estado para enfrentar la emergencia climática será el “principal punto” que presentará a todos los líderes territoriales en la próxima Conferencia de Presidentes. En lo político, el Gobierno lo utilizará para reforzar el endeble bloque de investidura y, al mismo tiempo, retratar el negacionismo de la derecha. Sin embargo, en lo relativo al contenido de la propuesta, el acuerdo que busca plasmar el Ejecutivo sigue sin convencer a quienes están desde hace décadas en las trincheras de la lucha climática, organizaciones ambientales, ecologistas y académicos.

Hay dudas sobre cómo se pasará del papel a la acción —que no se trate de otra treta retórica— y críticas por un plan con omisiones y errores conceptuales que sigue interpelando a “una minoría ya convencida” y que le sigue dando la espalda a una mayoría social —no negacionista— que exige políticas concretas de adaptación e inclusión a la nueva realidad climática.

Un documento que habla a los convencidos

Andreu Escrivà, conocido divulgador licenciado en Ciencias Ambientales y doctor en Biodiversidad, resume esta última tesis de esta manera: “No es un pacto de consenso, ni un pacto social. Tampoco es un pacto para convencer al resto del arco político. Es un pacto que le habla a los votantes ya convencidos. Si tú vas con el documento que presentó el Gobierno a cualquier barrio te van a decir que les suena a lenguaje alienígena y que es una 'cosa de políticos'”.

Para el autor de libros como Aún no es tarde: claves para entender y frenar el cambio climático, “lo que va a hacer este pacto es reforzar a la gente que está en contra. Se ha metido todo en un gran pack. Y muy probablemente genere un rechazo frontal de quienes ya recelan de ese pack. Ha faltado un esfuerzo de explicar, de desagregar, de puntualizar y de focalizar todo lo que hay dentro de ese pack”.

Además de la falta de políticas puntuales de mitigación y adaptación y de “la invasión de competencias”, Escrivà cuestiona una generalidad —el papel de la ciencia— y dos omisiones: la educación ambiental y las asambleas ciudadanas

Un análisis parecido hace Paula Jiménez Argumosa, socióloga y economista, integrante de la consultora Traza, que lleva muchos años realizando investigaciones sobre la percepción del cambio climático por parte de las clases populares. En su opinión, el pacto de Estado está “planteando una conversación desde el punto de vista más identitario que de contenidos”. Esta carencia puede generar un “efecto bumerán” y alejar a aquellas identidades, no negacionistas, que preocupadas por esta emergencia “plantean cuestiones que tienen que ver con sus problemas locales y materiales”.

En este punto, Escrivà objeta el “texto muy flojo” que presentó el Gobierno, publicado en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), con puntos “genéricos y mal redactados” y con omisiones que son “difíciles de justificar” a la hora de proponer un pacto de Estado. El ejemplo más burdo de estos errores, para él, sería la foto elegida para ilustrar el documento, una imagen de un bosque de Estados Unidos.

“Si la intención es presentar un pedazo de pacto de Estado se empieza con un documento con mucha entidad, muy bien argumentado, base para un debate público y político. No puedes presentar lo que se ha presentado. Yo soy el presidente del Gobierno y me presentan esto, automáticamente ceso a todo el equipo que ha estado implicado en su elaboración. Revela que es un pacto oportunista con un claro cálculo político detrás”, cuestiona el experto.

Además de la falta de políticas puntuales de mitigación y adaptación y de “la invasión de competencias” (la propuesta de refugios climáticos, ya trabajado por las administraciones locales, por ejemplo), Escrivà cuestiona una generalidad —el papel de la ciencia— y dos omisiones: la educación ambiental y las asambleas ciudadanas. Sobre el primer punto, critica el “mal uso de la evidencia científica”, a la que se pone en “un pedestal casi de infalibilidad”, sin contextualizar, sin nombrar líneas de investigación, sin mencionar a científicos. “Es un uso abstracto de la ciencia que alimenta a los negacionistas”, dice.

Para Emilio Santiago la propuesta “llega tarde, es incompleta y está atravesada por cierto nivel de improvisación”

Lo más preocupante, agrega, es que la propuesta de pacto no incluye ninguna mención a la educación ambiental. “Nada de lo que está en este pacto, si tiene voluntad de permear en la sociedad, va a ser capaz de hacerse sin una estrategia clara, coherente y bien dotada de recursos presupuestarios y humanos de educación ambiental. Para transmitir esta urgencia, para alimentar el debate y para permitir un avance serio en medidas de adaptación a la emergencia climática, necesitas la educación ambiental, porque necesitas que la gente entienda que hay una emergencia climática”, explica.

A Escrivà le parece cuanto menos llamativo que el documento del Ejecutivo no recoja el trabajo que hizo la Asamblea Ciudadana en 2022, que reunió a un centenar de ciudadanos representativos de la sociedad durante seis meses —a algunos de ellos Sánchez los recibió en el Palacio de la Moncloa— para deliberar sobre, justamente, cómo avanzar para contrarrestar los impactos del cambio climático. “Esa Asamblea nos dejó un documento con 172 propuestas. Un documento denso y consensuado que el Gobierno no ha utilizado en su punto de partida. Resulta chocante que ni siquiera se lo mencione”, rebate este divulgador.

La conclusión de Jiménez, la socióloga que camina las calles para saber qué preocupa a los ciudadanos sobre el cambio climático, es que el Gobierno, con su propuesta de pacto, “no toma dimensión de lo que pasa en los barrios”, ni hace un esfuerzo para escuchar “aquello que las clases populares, que no están participando del debate, tienen que decir”. “Estas personas no necesitan que alguien les explique mejor cómo se manifiesta el cambio climático, necesitan políticas que las beneficien”.

La necesidad de una alternativa ante un previsible fracaso

Emilio Santiago Muiño, doctor en Antropología social por la Universidad Autónoma de Madrid, investigador y activista ecosocial, prefiere hacer una lectura política de lo que puede desencadenar este pacto de Estado. En primer lugar, pese admitir que la propuesta “llega tarde, es incompleta y está atravesada por cierto nivel de improvisación”, subraya que se trata de una “buena iniciativa” dadas las capacidades estatales y la fragilidad parlamentaria del Gobierno de coalición.

“Percibo que el Gobierno está poniendo recursos políticos en ello y que se está tomando en serio esta emergencia. Pero la gran pregunta es si la política estratégica sobre el clima en España en el 2025 puede adoptar la forma de un pacto de Estado. Ahí tengo mis dudas”, señala Santiago. Lo ideal, agrega, sería que sí, que sociedades democráticas “blinden políticas públicas a largo plazo” para enfrentar un problema tan complejo y crucial.

Sin embargo, los consensos sociales que estas sociedades democráticas conocieron en décadas pasadas han desaparecido. “Es una novedad histórica que no sé hasta qué punto realmente nos impone una visión pesimista”, admite. Por este motivo, pide tener a mano un “plan b”.

“Vamos a seguir muy de cerca este anuncio, esperando que incluya todas las demandas que la sociedad civil ha puesto sobre la mesa”, valora Eva Saldaña, directora de Greenpeace

“Creo que las izquierdas progresistas y climáticamente comprometidas tenemos que asumir que es posible que ese pacto de Estado naufrague. Es decir, tenemos que participar en el pacto de Estado, tenemos que contribuir con actitud constructiva, pero tenemos que pensar un plan b por si la derecha de este país, cada vez más secuestrada o chantajeada por una extrema derecha negacionista climática, que está protagonizando una contrarrevolución mundial, lo desprecia”, profundiza.

¿En qué consiste ese plan b? En “apuntalar políticas climáticas” dentro del bloque de investidura, teniendo en cuenta las dificultades de negociación con fuerzas de derecha como las nacionalistas vascas y catalanas —basta como ejemplo el revés de Junts a la reducción de la jornada laboral— para vencer en las urnas al bloque reaccionario.

“La tarea de la izquierda no puede ser la de atraer a la derecha hacia la responsabilidad climática, sino ganarles políticamente. Tenemos que mantenernos en el poder el tiempo suficiente como para implementar políticas tanto de adaptación como de mitigación que sean relativamente irreversibles y que estén a la altura de lo que impone un momento histórico tan crítico”, pide Santiago.

Escrivà coincide en la urgencia de desplegar un amplio abanico de políticas climáticas más allá de cómo se materialice la propuesta del Gobierno. Pero repite: “Merecemos mucho más”. “En 2005, El País tituló en portada que más de 400 científicos preveían graves daños en España por el cambio climático. De los 20 años que han pasado, el PSOE ha gobernado la mayor parte. Es decir, tiene más responsabilidad el PSOE que el PP. Los gobiernos progresistas pierden el poder cuando intentan imitar al centro, a la derecha, cuando intentan ser más de consenso. Hace años que necesitamos más valentía. No nos podemos conformar con esta propuesta. El Gobierno lo puede y lo debe hacer mucho mejor”, reprocha.

Qué dicen las organizaciones

Los organizaciones ambientales le han tendido la mano al Gobierno, resaltando la importancia y trascendencia de proponer un pacto de Estado para enfrentar lo que consideran el desafío más importante de esta época. Pero, con sus matices, han exigido más ambición y un compromiso para que la retórica no le gane a los hechos, un temor que comparte todo el ecologismo.

Greenpeace, por ejemplo, ha cuestionado el “poco énfasis” en la mitigación, “la falta de consideración del papel imprescindible que tienen los océanos y la biodiversidad en general, y la necesidad de mayores impuestos a la industria fósil para que paguen por la crisis climática que están causando”.

“Urge que este no sea solo un gesto político, sino un acuerdo fundamentado en la evidencia científica y la responsabilidad con las generaciones futuras. Urgen más políticas de mitigación, adaptación y, crucialmente, de financiación para enfrentar una crisis que ya está cobrando vidas y devastando nuestro entorno”, ha advertido esta organización.

“Si queremos que el pacto de Estado frente a la emergencia climática sea creíble, debe incluir también un conjunto de medidas eficaces de mitigación“, declaran desde Ecodes, Ecologistas en Acción y la Fundación Renovables

También he pedido sumar a la “participación ciudadana” —omitida en la primera hoja de ruta—, a través de un “proceso abierto y participativo”. “Vamos a seguir muy de cerca este anuncio, esperando que incluya todas las demandas que la sociedad civil ha puesto sobre la mesa, poniendo foco sobre todo en aquellas personas más vulnerables”, valora Eva Saldaña, directora de Greenpeace.

En la misma línea, WWF ha reclamado “acciones concretas” para que el pacto no muera en un PDF. Ha pedido incluir “medidas de mitigación climática que comprometa a España a acelerar la transición energética, abandonando progresivamente los combustibles fósiles y alcanzando un sistema eléctrico 100 % renovable en 2030”.

En materia de adaptación, esta organización propone integrar los escenarios climáticos en la planificación hidrológica, forestal, agraria, energética y urbana, asegurando caudales ecológicos, reservas de agua y evitando nuevas construcciones en zonas de riesgo. En paralelo, apostar por soluciones basadas en la naturaleza —restauración de riberas, bosques de cabecera, humedales, suelos— y por infraestructuras resilientes, corredores fluviales restaurados y la protección de infraestructuras críticas.

Otras tres organizaciones, Ecodes, Ecologistas en Acción y la Fundación Renovables, ya han dado un paso para traducir el pacto en acción. Le han entregado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, un paquete de medidas para reducir las emisiones de metano asociadas a los sectores agropecuario, residuos y energético. En España, el metano es el segundo principal gas de efecto invernadero, siendo responsable del 18,62 % de las emisiones netas totales en 2023.

En opinión de la socióloga Paula Jiménez, el pacto de Estado está “planteando una conversación desde el punto de vista más identitario que de contenidos”

“Si queremos que el pacto de Estado frente a la emergencia climática sea creíble, debe incluir también un conjunto de medidas eficaces de mitigación, es decir, de reducción de las emisiones de todos los gases de efecto invernadero, incluido el metano”, han declarado los portavoces de estas organizaciones. El Miteco es el ministerio responsable de cumplir con los objetivos propuestos por España de reducción de gases de efecto invernadero, “pero hasta la fecha no ha propuesto ningún plan intersectorial para reducir las emisiones de metano”, han cuestionado.

“Hay puntos importantes sobre la mesa. Se valoran. Pero urge llevarlas a cabo y urge una mayor ambición en la mitigación y en la aceleración de la transición energética. El presidente de Gobierno pone el 2050 como meta. Pero los científicos nos están diciendo que no llegamos. El futuro se juega aquí y ahora”, ha sintetizado Saldaña.