Camino al paraíso
Frente judicial

Como esto de la crisis climática va con todo el mundo —literalmente— hay que atacar las acciones y políticas que la causan, así como a sus responsables, en todos los frentes. Por supuesto, también en el judicial.

Coordinador de Clima y Medio Ambiente en El Salto. @PabloRCebo pablo.rivas@elsaltodiario.com

26 nov 2023 06:00

Lamentablemente, la noticia no tuvo mucho recorrido. Quizá porque salió en una de esas épocas en las que los periódicos están a medio gas (finales de julio), quizá porque, por alguna razón que sigo sin entender, los editores de la patria hispánica no ven importante informar sobre eso que llaman la crisis climática. Aceptemos que se trata de la primera, pues como me cuenta Irene Rubiera, que en esta historia tiene mucho que decir, mediáticamente hablando “la sentencia salió en una fecha malísima”; en concreto, el día después de las elecciones generales. ¿De qué hablamos? De que el Tribunal Supremo dijo que nanay, que el Gobierno no tiene por qué cumplir los compromisos adquiridos internacionalmente en materia climática y no hay por qué cambiar el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-30, la hoja de ruta que establece la reducción de gases de efecto invernadero en España para los próximos años.

Para quien no lo sepa, el Reino patrio tiene ahora mismo programada una disminución del 23% de las emisiones para 2030 respecto a los niveles de 1990, con una propuesta de actualización sobre la mesa del 32%. Bien, ¿no? Reducimos gases, hacemos lo que toca. Pues no. El Acuerdo de París, de allá por 2015, establece que el umbral mínimo debe ser una reducción del 55%, el mismo que plantea la UE. Es lo que habría que hacer no ya para frenar el desastre (ese ya está aquí), sino para que la Tierra no se caliente más de 1,5ºC de media y la debacle no sea exponencialmente superior.

Los litigios climáticos estratégicos continúan por todo el mundo con la propia supervivencia humana como brutal argumento

Si bien España se queda muy lejos, resulta que la ciencia dice que el Acuerdo de París está ya obsoleto, y que hay que acelerar. Porque la crisis climática se precipita sobre nosotros y porque no estamos cumpliendo. Sí, en 2022 las emisiones globales aumentaron un 1% respecto al año anterior, cuando deberían haberse reducido un 7,6% anual; también en España, donde aumentaron un (redoble de tambores…) 9%.

Por todo esto nació el que fue llamado Juicio por el Clima, en el que Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo demandaron al Estado español por inacción climática. Irene estuvo muy presente en el equipo demandante como parte de Ecologistas. Seguían la senda del Caso del Siglo, en Francia, que si bien impuso una condena simbólica, castigó a la administración nacional gala por no hacer lo suficiente frente al cambio climático. También la del proceso por el que Luisa Neubauer, joven activista de Fridays for Future en Alemania, junto a otros ocho compañeros de organización, demandó al Gobierno de Merkel y consiguió que el Tribunal Constitucional Federal echara abajo la Ley Climática de 2019 por no salvaguardar los derechos de las generaciones presentes y futuras.

Es un argumento que se usó en España y que fue clave en otros litigios. Salió en el juicio que acabó condenando en los Países Bajos a la petrolera Royal Dutch Shell a reducir sus emisiones, y apareció también este agosto en Montana (EE UU), en un litigio por el que 16 jóvenes denunciaron que este Estado estadounidense no cuida el derecho de las futuras generaciones a disfrutar de un medio ambiente y de un clima sano. Muy al contrario, acusaban al gobierno del Estado de promover el uso de combustibles fósiles. Y han ganado. Varios artículos de la Ley de Política Ambiental de Montana ya son inconstitucionales, en concreto los que permitían que la administración ignorase el impacto climático de nuevos proyectos energéticos al conceder licencias.

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Los litigios climáticos estratégicos, como los llaman las organizaciones ecologistas, continúan por todo el mundo con la propia supervivencia humana como brutal argumento. Lo es aún más en el caso de los habitantes de las islas australianas del Estrecho de Torres, que ven amenazada su existencia por la subida del nivel del mar, hecho por el que han denunciado al Gobierno australiano. Consiguieron nada menos que un dictamen de la ONU que acusa a Australia de no hacer nada para protegerles. Y esto no es solo cosa de las futuras generaciones. En Suiza, KlimaSeniorinnen (Mujeres Mayores por la Protección del Clima) ha denunciado al Estado suizo por sus políticas climáticas. Defienden que estas han vulnerado el derecho a la vida y a su salud.

Irene Rubiera: “Ya es momento de que nos demos cuenta de esa herramienta tremenda que podemos tener en nuestras manos”

En España, por el momento, no ha podido ser. Irene dice que esperaban un Tribunal Supremo más valiente, “más con toda la jurisprudencia europea que tenemos”. La Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró que el compromiso de España con el Acuerdo de París es a nivel UE, con lo que, según señala, el 55% de reducción de gases deben conseguirlo los 27 en bloque. Pero el litigio aún podría torcerse para el Gobierno, pues casos como el de KlimaSeniorinnen, de ganarse, crearían jurisprudencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vinculante en España. De hecho, las organizaciones demandantes estudian la presentación de un recurso judicial. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados, estamos estudiando estrategias legales para ver cómo continuamos”, asegura la activista.

Como esto de la crisis climática va con todo el mundo —literalmente— hay que atacar las acciones y políticas que la causan, así como a sus responsables, en todos los frentes. Por supuesto, también en el judicial. De hecho, a Irene le parece “particularmente interesante”, precisamente por estar aún relativamente inexplorado. “Ciertas estructuras de poder que conocemos de siempre tienen mucha más experiencia que nosotros en explorar el tema legal para sus propios intereses, y ya es momento de que nos demos cuenta de esa herramienta tremenda que podemos tener en nuestras manos”. Así que un buen consejo es la respuesta de Irene a una de mis preguntas: “Hace falta acción directa no violenta, hacen falta manifestaciones, hacen falta procesos legislativos participativos con la ciudadanía, hacen falta tribunales, hace falta todo lo que tengamos por delante”. Elige tu frente.

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cuidaditoquevoy
27/11/2023 5:19

¿Es ésta la última instancia o cabe esperar algo de los tribunales europeos? al no tratarse de cuestiones de derechos humanos, ¿es posible alguna otra instancia internacional?

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