Canal de Isabel II
"Llevamos más de una década denunciando el saqueo del Canal de Isabel II"

Desde hace más de diez años, la sociedad civil ha venido denunciando el saqueo del Canal de Isabel II sin que las instituciones tomaran cartas en el asunto. La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, creada en 2010 a raíz del proceso de venta de la empresa pública iniciado por la Comunidad de Madrid, y Marea Azul publicaron en 2014 el libro Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II (Traficantes de Sueños), en el que explicaban toda la trama.

Tres años después lanzan una campaña de micromecenazgo para completar la historia con lo sucedido en los últimos años. Hablamos con Liliana Pineda, abogada y miembro de la plataforma y militante de ATTAC.

¿Cómo empezó la plataforma contra la privatización? 
Viene de muy lejos. Varios de sus fundadores eran también, en 2003, miembros del Observatorio de los Servicios Públicos de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. El libro Por un Modelo Público de agua, triunfos, luchas y sueños publicado en 2005 por el Viejo Topo, recoge alguno de sus trabajos. Entonces ya teníamos conocimiento de las operaciones realizadas en 2001 y 2002 por el Gobierno de Ruiz Gallardón, mediante la creación de una red de sociedades anónimas del Canal de Isabel II para operar como grupo empresarial transnacional en América Latina. En 2009 se crea la Mesa del Agua, formada por sindicatos, ecologistas y asociaciones de vecinos y consumidores, con la vocación de denunciar la privatización del Canal y el expolio a los ciudadanos para dárselo a unos cuantos amiguetes. Ese mismo año la asociación Parque sí Chamberí había denunciado ante la Fiscalía una de esas operaciones de saqueo del CYII por parte del PP. Porque empieza Gallardón, pero después sigue Esperanza Aguirre e Ignacio González. Todos ellos impulsan operaciones en el Canal con sociedades anónimas vehículares y con ánimo de lucro. 

¿Qué era lo que denunciaba Parque Sí en Chamberí? 
Está colgada ahora mismo en la página del Tribunal Ciudadano de Justicia del 15M la querella contra el fiscal Manuel Moix que recoge las denuncias de la Asociación Parque Sí en Chamberí contra Ignacio González. Éste se había empeñado en construir un campo de golf en Chamberí, en los terrenos del CYII, para beneficiar directamente a su familia, adjudicando la explotación y gestión de sus instalaciones a un consorcio compuesto por tres compañías, una de ellas controlada por su hermano y su cuñado. Pero entró en conflicto con el Gobierno de Gallardón, quien tendría sus propios planes y que inició un expediente contra el CYII por estar ejecutando obras sin licencia municipal. Para sortear este obstáculo, González las declaró de “excepcional interés general” y fue entonces cuando los vecinos del barrio de Chamberí llevaron esa declaración a los tribunales. Además de interponer acciones por la vía contencioso-administrativa, presentan dos denuncias penales en 2007 y en 2009, y una querella criminal en 2010, en las que interesan una serie de diligencias de investigación que tienen que ver con la contabilidad de las empresas del consorcio al que se adjudicó el campo de golf. Esa contabilidad, si se hubiera investigado por parte de Moix hace 10 años, hubiera delatado la operación corrupta urdida por González en la que resultaron beneficiados su hermano y su cuñado.

Pero no se investigó. 
No se investigó nada. Moix archivó en tres días hábiles una de las denuncias. En dos ocasiones firmó él mismo el archivo de las actuaciones y en una tercera la firmó un fiscal basándose en los mismos argumentos que Moix había dado en los anteriores archivos. Pero esa es solo una de las varias piezas que se investigan en la Operación Lezo. En realidad, estamos ante una operación o trama bastante extensa en la que intervienen actores como Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio González, el Consejo de Administración del Canal de Isabel II, la Cámara de Cuentas, las empresas auditoras... O sea, políticos, miembros de los órganos de control y auditores, que no dijeron ni mu, pudiendo haber denunciado hace muchos años todas estas operaciones. Así es como la trama se organiza y se extiende. 

A esto se añade la red de sociedades de Canal Isabel II en América Latina.
Sí, la red consta en un diagrama que provenía de un informe de la Cámara de Cuentas. Con base a ese informe y a una investigación que realizamos sobre varias de las empresas del Canal que actúan en América Latina, concretamente en Barranquilla, denunciamos el caso Taganga, una población, como otras muchas del Caribe colombiano, que se vio afectada por los procesos de privatización y saqueo de las empresas públicas del agua en la zona. Conozco muchas de esas poblaciones y sé de primera mano lo que significaba la actuación de las transnacionales del agua en Colombia. Pero lo curioso de todo esto es que no hace falta ir tan lejos para saberlo ya que todo es público, se encuentra en internet. Los procesos judiciales en Colombia, las protestas de los trabajadores y de la propia ciudadanía colombiana cuando empiezan a subirle las tarifas, en el momento en que ocurren las privatizaciones. Todo es público. Así, recogemos esa información y con ella, en 2010, ATTAC presenta una denuncia de carácter político, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos por la actuación del Canal como transnacional. El tribunal asume la denuncia y condena al Canal, no ya por las actuaciones en Madrid o en Chamberí, si no por los abusos que comete en países de América Latina. Poco después de aquel proceso se crearía la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II. 

¿Y a partir de 2010? 
Desde el 2010 no hemos parado. Creamos la plataforma, nos movilizamos, comenzamos a contar en barrios y pueblos lo que estaba ocurriendo… Y llegó el 15M. Con él, todo ese activismo que habíamos desarrollado desde finales de 2010 hasta mediados de 2011 se multiplica por diez. Hacemos una manifestación con 15.000 personas frente al Canal. Lo cual rompe todas las expectativas que teníamos y se crea un movimiento muy importante. Tanto es así que, en 2012, conseguimos que casi 180.000 personas se pronunciasen a favor de mantener el Canal bajo titularidad pública. La operación urdida por el PP pretendía engordar al Canal como grupo empresarial trasnacional y a la vez desplegar la ingeniería institucional necesaria para convertirla en sociedad anónima que luego pudiera privatizarse estupendamente. Ese era el gran negocio previsto, que generaría las comisiones multimillonarias que ahora se van viendo, cómo se iban produciendo en cada una de las inversiones que se hicieron en cada país: caso Emissao (Brasil), caso Inassa… En los correos de Blesa aparecen conversaciones en las que Bankia y FCC hablan sobre la privatización del Canal. Eso multiplicado por todas las posibles ventas, reventas y emisión de bonos que se podrían haber seguido haciendo si no hubiéramos parado el proceso privatizador. En la última operación se calcula en más de 25 millones de dólares lo que ha costado Emissao. En 2014 publicamos el libro para explicar de manera comprensible nuestras denuncias, y lo que estamos haciendo ahora, y para lo que hacemos un crowdfunding, es ampliar la edición con todo lo que hemos podido investigar y conocer desde 2014 hasta 2017. Sabemos lo que ha ocurrido en Canal de Isabel II y cómo se ha utilizado a esta empresa para saquearla y para beneficio de unos pocos. Sabemos, también, que estas tramas en el Canal están relacionadas con otras muchas que se han venido conociendo; por ejemplo, la relacionada con la concesión de contratos en los Teatros del Canal, denunciada por trabajadores de Telemadrid en el caso Ático. Hoy está claro que en el Canal se saqueaba y se conseguían comisiones que alguien se embolsaba, ésa era la situación que hemos venido sufriendo. Tras las elecciones de 2003, Esperanza Aguirre asume la presidencia de la Comunidad de Madrid, designando como vicepresidente y presidente del Canal a Ignacio González. Durante su mandato se promulgó la ley que permitió la creación de la sociedad anónima Canal Gestión y, cuando Aguirre dimite en 2012, es González quien asume la presidencia. Los dos tienen el mismo proyecto. Por eso no se puede adjudicar exclusivamente a Ignacio González la responsabilidad de todo esto. Es un sector muy importante del Partido Popular el que lleva a cabo la trama, empezando por la propia Esperanza Aguirre, que está siendo ahora mismo investigada. Es una red muy amplia y perdurable, han estado mucho más de una década, más de 15 años tramando todas estas actuaciones. 

Cómo es esa ley que abrió las puertas de la privatización del Canal. 
La ley 3/2008 es una ley de presupuestos y ellos introducen, como hace siempre el Partido Popular, con nocturnidad y por la puerta de atrás, en una disposición adicional, una coletilla que les permite privatizar y crear la sociedad Canal Gestión. Así no se hacen las leyes, es una mala práctica legislativa. 

Canal, hoy, sigue siendo una sociedad anónima pero con capital 100% público. 
El capital del Canal es público aún, pero la sociedad anónima continúa gestionándolo y, si quisiera, si el Partido Popular quisiera, privatizaba el Canal, porque la gestión sigue siendo de carácter mercantil mediante un régimen jurídico que les permite, por ejemplo, emitir deuda, que es lo que han hecho. Empezaron emitiendo 500 millones y ahora sabemos que la deuda se eleva por encima de los 1.200 millones de euros, mientras que, cuando era una empresa 100% de gestión pública, daba beneficios. En el 2013 denunciamos el proyecto de emisión de 500 millones en bonos de deuda. La operación se autoriza en 2014 cuando hacemos la presentación del libro El Saqueo del Agua, y en 2015 se concluye. Una deuda que, además, no tiene justificación alguna, porque la emiten exclusivamente para repartir ese dinero en dividendos entre los ayuntamientos, mayormente el de Madrid, endeudados hasta las cejas en la era del ladrillo. Era una manera de tapar agujeros y compensar de alguna manera a los consistorios que habían suscrito los convenios necesarios para crear la sociedad anónima. Es la pescadilla que se muerde la cola: necesitan el apoyo de los ayuntamientos para crear una estructura societaria que genera comisiones y deuda, y los ayuntamientos apoyan porque necesitan cubrir sus propias deudas. En conjunto, una pésima gestión pública, porque lo único que hacen es tapar agujeros mientras pagan comisiones millonarias. 

Ahora, el Gobierno de Cifuentes ha anunciado que se van a deshacer de las filiales internacionales del Canal, ¿qué opinas sobre ello? 
Desde el principio dijimos que cuestionábamos la actuación transnacional del Canal, y que había que desmontarla. El problema es cómo se desmantela, pues el Canal sigue actuando con absoluta opacidad. Lo que sí sabemos es que hay ciudadanos en América Latina, en Barranquilla, en Santa Marta, en lugares donde actúan empresas dependientes del Canal, que se están rebelando, porque en determinado momento sus dirigentes cedieron y permitieron la privatización que les supuso elevadísimas tarifas y ahora desconocen los términos en que se está negociando la recuperación de la gestión. Tampoco aquí lo sabemos ni nos fiamos, ni aquí ni allí, porque son los mismos los que participaron en su creación y los que ahora dicen que la están desmontando.