Cárceles
Sin médicos y sin salida: así perjudica la salud cumplir condena en las cárceles españolas

— Querido amigo ‘Pope’, ¿qué tal tus riñones?, ¿pudiste ver a un médico?, ¿te han dado el tratamiento que necesitas? Espero que sí y que andes mejor de salud. Por aquí no traigo nada bueno. Supongo que no será ninguna sorpresa para ti. Hace unas semanas murió una compañera aquí. En Brieva, los módulos se designan por colores: el azul sería el de vida normal y el de amarillo de aislamiento. A veces tenemos talleres. Ese día estábamos todas en un taller, en una charla sobre estudiar. Ella intervino y la directora le dijo que se callase. Todas nos quedamos en silencio. De repente, todo se puso tenso. La directora la mandó a aislamiento. Mientras se la llevaban, poco a poco dejamos de verla, pero desde el taller la escuchábamos gritar. Algunas compañeras vieron cómo los carceleros la llevaban por los pasillos y le pegaban. Después un carcelero nos dijo que la habían matado de una paliza. Finalmente, la dirección de la cárcel dijo que había aparecido ahorcada y que ella misma se había autolesionado mientras la llevaban a aislamiento. Nosotras, las presas del módulo azul, hicimos un plante en el patio hasta las once de la noche protestando y reclamando por lo que había pasado. Por aquí, hemos notado mucho su ausencia. Era muy querida, tenía novia y tenía amigas. Pero fuera no tenía familia. Los carceleros dormirán bien tranquilos sabiendo que este asesinato no llegará a nada.

Es 28 de mayo de 2026 y en el escenario, una muñeca de trapo redacta esta carta en prisión mientras una voz en off lee lo que escribe. Otro muñeco espera fuera de las rejas a recibir la carta. Un grupo de 30 personas asiste a la función desplegada por la compañía Títeres de Mano y Otros Objetos Incendiarios en colaboración con Traba, grupo anticarcelario transfeminista de València. Entre el público está el expreso Honorario Gómez Alfaro, más conocido como ‘Pope’, que observa a su personaje de trapo. Va a pasar diez días en huelga de hambre junto a otra activista, Ana, en una acampada que arropan diferentes colectivos. El teatrillo es una de las actividades programadas. De fondo, el Congreso de los Diputados y un grupo numeroso de periodistas que cubren otro acto.

Si se escribe en Google “presa muerta en la cárcel de Brieva” el único resultado que se obtiene es el de Rosario Porto, que se suicidó en su celda. Era una presa famosa, acusada de asesinar a su hija Asunta. Hay que rascar más para encontrar algo sobre el caso que la marioneta relata en la carta: una única entrada en el blog Tokata, un instrumento de comunicación de los presos en lucha. “Una presa muerta en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) en muy sospechosas circunstancias” se titula la pieza. “No ha salido ninguna noticia de nada de ello en ningún medio de comunicación”, acaba la entrada, publicada el 11 de octubre de 2023.

Cuando finaliza la representación, Pope cuenta a El Salto que en las cárceles prima la seguridad del penal a la vida de la persona interna. “A ti te da un infarto en tu celda y no van a abrir corriendo. Van a llamar primero al jefe de servicio y él tiene que dar la orden a la torre de control, si lo considera. Mientras que abren, ya te has muerto”, expresa. Él estuvo 25 años en prisión y hoy su objetivo es señalar la falta de acceso a la sanidad en las cárceles. Por ello está en huelga de hambre frente al Congreso junto a Ana, otra activista, en una acampada apoyada por una treintena de organizaciones. Pasarán diez días sin ingerir nada sólido. Denuncian desatención en prisión, una desatención que puede llegar a la muerte.

Según el último Informe General de Instituciones Penitenciarias, publicado en 2024, ese año hubo un total de 148 fallecimientos dentro de los centros penitenciarios o en los hospitales de referencia. 141 eran hombres y siete mujeres. La edad media de los fallecidos fue de 50,8 años. Otros 34 fallecimientos ocurrieron en permiso u otras situaciones asimilables.

Un 78% de plazas médicas, vacías

Dentro de los penales en España, y según la legislación, debería haber equipos sanitarios compuestos por médicos de atención primaria, enfermería y psiquiatría. Pero estos equipos no siempre están completos. Cristina Rodríguez Yagüe es catedrática de Derecho Penal y Derecho Penitenciario y explica que la situación del derecho a la salud en prisión es, sin duda, uno de los problemas más importantes que tiene hoy en día el sistema penitenciario. A excepción de Navarra, País Vasco y Catalunya, ninguna de las demás Comunidades Autónomas ha cumplido el mandato establecido en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que les daba un plazo de 18 meses para asumir la transferencia de la sanidad penitenciaria.

Esta medida buscaba garantizar el acceso a la sanidad universal de las personas presas, en igualdad de condiciones que las personas en libertad. Así las cosas, en la mayoría de las comunidades la gestión de la sanidad depende de Instituciones Penitenciarias, organismo del Ministerio de Interior. La no asunción de las competencias por parte de las comunidades ha derivado, entre otras situaciones, “en una grave escasez de médicos y médicas en las cárceles, pues año tras año no se cubren las plazas que convoca la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, situación que además repercute en la mayor carga laboral y asistencial para el personal sanitario que trabaja en prisión”, valora Rodríguez Yagüe. 

En una respuesta parlamentaria al grupo Sumar, de 23 de marzo de 2026, tras una pregunta realizada en el Congreso, el Gobierno aseguró que en los 65 centros penitenciarios que hay en España, hay 467 plazas de médico o médica, pero 366 están vacantes, lo que significa que faltan el 78% de facultativos. Además, hay ocho centros sin médico. 

“Las cifras muestran un abandono absoluto del derecho a la salud de un montón de gente. Las comunidades autónomas tienen que asumir sus competencias y desarrollarlas, nosotros tenemos un proyecto federal de país. Y ante esto está el derecho a la igualdad de todas las personas”, comenta Engracia Rivera, diputada de Sumar IU por Sevilla, quien firmó la pregunta al Congreso junto al otro diputado, Enrique Santiago.

“Antes de esto, en 2024, se presentó una PNL que se aprobó en la Comisión de Interior pidiendo que las comunidades ejecuten sus competencias en la asistencia sanitaria de las cárceles, pero nada se ha hecho”, explica Rivera. “Estamos en una época de punitivismo donde se pinta las cárceles como lugares de castigo, pero eso no quiere decir que abandonemos a las personas reclusas”, añade.

El Mecanismo Nacional de Prevención del Defensor del Pueblo emitió un informe tras una visita a centros penitenciarios en 2025 con cifras “concluyentes”: en el Centro Penitenciario de Albacete, el déficit de personal médico era del 100%; en el Centro Penitenciario de Valladolid, del 86%, y en el Centro Penitenciario de Madrid IV se situaba en un 89%. El informe indica que esta situación supone “una sobrecarga de trabajo del personal de enfermería” e incluso la “ausencia del reconocimiento médico” en las situaciones de aislamiento de los internos. “Cuando no hay personal facultativo en el centro penitenciario, es el personal de enfermería el que filtra y toma la decisión de derivar al hospital a los internos, e incluso en algunos casos estas decisiones se adoptan por personal no sanitario”, añade.  

Fuentes de Instituciones Penitenciarias explican a El Salto que la administración “no es ajena a la realidad” y en prisión lo que se da es atención primaria, área donde escasean médicos también en el exterior. “Nosotros no estamos en una burbuja al margen. La falta de médicos no es un problema nuestro, es un problema social”, reconocen, mientras añaden que trabajan para garantizar la prestación sanitaria en prisión para lo que recurren a otras herramientas como la atención médica privada “de forma puntual”, personal interino y guardias telemáticas. Esto es, médicos que atienden en un centro utilizan la telemedicina para tratar a otros que están en otro penal.

Félix es médico de familia y lleva trabajando en prisión cinco años. En su penal hay presos en segundo grado y un módulo de familias con mujeres, niños y niñas. Además de medicina familiar, pediatría y ginecología acuden a prisión una vez cada quince días. En cuanto a medicina familiar, considera como “privilegiada” la cárcel en la que trabaja: "No estamos todos pero somos cuatro. En una cárcel cercana hay un médico contratado que pasa algunos días, y el resto hay telemedicina”. Este médico explica que uno de los problemas son los salarios, más bajos que si se trabaja para el servicio autonómico de salud. “Haciendo guardias, gano 300 euros menos al mes que un médico que trabaja en un centro de salud. Sin guardias gano 800 euros menos”, afirma.

Marta —nombre ficticio— es enfermera en un centro penitenciario. Desde que trabaja allí, hace un par de años, se han jubilado tres médicos y solo quedan dos médicas más otra contratada por horas. “Fines de semana y festivos estamos solas durante 24 horas. Una enfermera sola para 1.400 internos. Hacemos una gestión de las demandas urgentes y valoramos la posibilidad de sacar a la persona al hospital o esperar a que haya médico”, describe. Belén —también nombre ficticio— lleva 16 años y ha vivido la falta de personal médico “no solo en este periodo que no hay facultativos, sino también en otros”. Asegura que ha tenido que atender urgencias sin médico y que se han generado multitud de problemas “tanto a nivel personal de estrés y ansiedad, como de sensación de incertidumbre por el trabajo que estás haciendo, de estar descubierta legalmente, de estar en un limbo legal”, expresa.

Más allá de la falta de médicos

Ana se cobija a la sombra mientras asiste a la función de títeres frente al Congreso. Se ha unido a la huelga de hambre de Pope. “Estamos aquí por la desatención sanitaria, por el reguero de muertes que se produce en prisión cada año, por la falta de médicos”, describe Ana, quien asegura que tiene amigos en prisión, pero que su compromiso va más allá para paliar esta situación. “La ley está durmiendo el sueño de los justos y de alguna manera habrá que presionar”, admite y relata que, cuando la sanidad depende directamente de las comunidades autónomas, hay más recursos. Pero, avisa, tampoco es la panacea.

Tener las políticas transferidas no garantiza tener acceso a la sanidad en las cárceles. De ello alerta el informe del Mecanismo Nacional de Prevención del Defensor del Pueblo, quien visitó la cárcel de Pamplona (Navarra) en junio de 2025. Esta comunidad asumió las competencias sanitarias en 2021 y ahora dependen del Servicio Navarro de Salud–Osasunbidea. Sin embargo, el informe de este mecanismo, si bien constata mejoras en cuanto al aumento de plazas cubiertas de sanitarios o el hecho de disponer de un equipo de salud mental estructurado que permite mejorar el abordaje de las patologías psiquiátricas complejas, explica que “esta transferencia ha generado un proceso de transición donde aún persisten algunos obstáculos estructurales, organizativos y formativos, que inciden directamente en la calidad asistencial”.

“La cárcel por sí misma enferma y mata. En Navarra persisten vulneraciones flagrantes en el acceso a la sanidad”, explican a El Salto desde el colectivo anticarcelario Salhaketa. Y resumen así las principales fallas encontradas por el Mecanismo, que coinciden con los relatos de las personas presas recabadas por esta organismo: brecha de acceso a la atención primaria ya que “los internos se quejan de que, a pesar de estar apuntados a consulta, el médico no les atiende”, problemas con la integración de las bases de datos de Osasunbidea e Instituciones penitenciarias, deficiencias en la elaboración de partes de lesiones “tanto formales como de contenido, sin descripciones rigurosas ni documentación gráfica que permita verificar los hechos” y falta de protocolos para los reconocimientos médicos a las personas médicas en aislamiento. 

Cinco pruebas en cinco años

“Estuve en la cárcel de Zuera (Zaragoza) más de cinco años. Allí dentro tuve una recaída de mi cáncer. Un día, al palparme los tejidos blandos, los músculos y los tendones, tal y como me habían enseñado fuera los médicos, me noté un bulto en la muñeca. Cada semana le toca a una galería pedir cita para el médico. Cuando abren puertas a las ocho de la mañana, los 20 primeros consiguen cita. Pero si hablas con la funcionaria y le dices que te pasa algo, te dicen que si te das prisa te cogen. Fui rápido para que me cogieran la cita. El médico me derivó a la unidad de tumores. Perdí tres citas fuera porque no me sacaban. Esas salidas conllevan un gasto de Guardia Civil y ambulancia. Pasan de ti”. Teresa tuvo dos tumores en las mamas antes de entrar en prisión, por los que le extirparon los dos pechos. Una vez dentro, relata, no tuvo ninguna revisión médica hasta que ella no detectó nuevos bultos, que se conocen como liposarcomas. Luego, explica, el único tratamiento al que tuvo acceso fue una ortopedia para la mano, que le costó comprar e introducirla en la cárcel, y tramadol para los dolores. “Con esto aguanté cinco años”, remarca.

Una vez se supera la barrera de acceder a la atención primaria, los problemas para acceder al hospital persisten. Así lo denuncian desde el Colectivo de Apoyo a Disidencias Presas de Aragón (Campa) que participan en la campaña Salud y Libertad. Han redactado un informe que recoge los problemas en el acceso a la sanidad. Han recogido las voces de una treintena de presos y presas de Aragón. El 67,6% refiere que ha empeorado su estado de salud tras salir de prisión. El 50% afirma que ha tardado meses en ser atendido por un médico cuando lo ha solicitado. El 47% asegura que es muy difícil ver a un especialista. Laura Navarro, integrante de este colectivo, explica así las conclusiones del estudio: “El trato que reciben presos y presas es vejatorio. Aunque pongan instancias para que les vean los médicos, los funcionarios no las entregan. Para que te vea el especialista de fuera, esperan a llenar un furgón. Una enfermera nos contaba el caso de una persona a la que sacaron en una situación extrema tras retrasar su salida. En Daroca, a una persona le sacaron para morir, murió en el hospital y ni siquiera le dejaron recibir visitas”, expresa Navarro.

Teresa explica que durante los cinco años que estuvo presa le realizaron cinco o seis pruebas hospitalarias. Una vez en libertad, el problema vino por la pérdida de su historial médico. “Cuando salgo de la cárcel, todo ese expediente generado durante mi estancia en Zuera desaparece. En el Hospital caigo en manos de un buen médico que consigue los resultados de las pruebas que me han ido haciendo en esos años. Con eso, me vuelven a hacer un tratamiento en la muñeca y me dan otro tipo de medicación. Finalmente, me operan”, explica Teresa.

Asegura que no le apetece denunciar lo que le ha sucedido. Honorario Gómez Alfaro, Pope, sí que lo hizo. La Audiencia Nacional condenó a Instituciones Penitenciarias a pagarle una indemnización de diez mil euros por abandono sanitario. Él sufrió en 2013 la amputación del dedo meñique y parte de la mano izquierda, por no haber sido tratado a tiempo de la enfermedad de Dupuytren, una patología que afecta a los tendones e impide que la persona pueda estirar los dedos. Tal y como recoge la sentencia, “la tardanza en adoptar las medidas necesarias para que el recurrente hubiera sido atendido quirúrgicamente abocó a la amputación del dedo meñique de la mano izquierda en fecha de 5 de diciembre de 2013, cuando estaba diagnosticada desde el año 2005”. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que llevó el caso ante la Audiencia Nacional, explica que el demandante fue trasladado “de manera repentina” a distintos centros penitenciarios cada vez que tenía próxima una intervención quirúrgica, lo que le provocó hasta cinco intentos de operaciones frustradas.  

—Pope, quiero pedirte que esto salga a la luz, que no quede en el olvido como tantas otras muertes que suceden dentro de los muros. Házselo llegar a grupos anticarcelarios que conozcáis. Ojalá esta mierda se acabe algún día. Bueno, por aquí me voy despidiendo, un abrazo muy fuerte y gracias por estar. 

—¡Sí Marta, claro que saldrá, claro que saldrá de los muros!

Mientras el calor aprieta durante la obra de títeres que se despliega frente al Congreso de los Diputados, la marioneta acaba su carta y la otra la recibe. El ‘Pope' humano explica que todo lo que ha acontecido en la representación es real, “bien lo saben mis riñones”, exclama al aire. Asegura que, de los 25 años, 18 estuvo con un cólico de riñón “mal tratado” y con dolores infernales. Ahora ha decidido seguir luchando para que esto se sepa y para que mejoren las condiciones dentro de los penales. Y no está solo.

De fondo, los asistentes a la acampada colocan un juego de la oca gigante adaptado a la temática. En una de las casillas puedes elegir entre “solidaridad o chivatazo”. Si eliges solidaridad avanzas una casilla, con chivatazo dos. Pero si tres personas caen en la casilla solidaridad se avanzan tres posiciones.