Caso Carioca
Una violación y cinco abusos a prostitutas de un guardia civil se rebajan a cuatro años de cárcel

Un agente y tres proxenetas se benefician, en la pieza principal del caso Carioca, de llegar con la Fiscalía a acuerdos de conformidad encubiertos formalmente bajo la celebración de un juicio completo que no se produjo.
Caso Carioca
Impunidade Carioca contra los acuerdos de la Fiscalía a la entrada del guardia civil Armando Lorenzo Torre y su abogado en la Audiencia Provincial de Lugo. Fran Pérez

Ya es definitivo. La pieza principal de la red de proxenetismo con implicación policial que más documentación ha generado en el Estado español, destapada en Lugo en el 2009, se ha resuelto con penas reducidas para los cuatro acusados que pactaron con el Ministerio Fiscal. Los acusados también han resultado beneficiados de la aplicación de atenuantes por dilaciones indebidas muy cualificadas tras 15 años, cinco meses y 10 días de proceso judicial.

La mayor pena recae en el cabo primero de la Guardia Civil, Armando Lorenzo Torre: tres años, cuatro meses y 15 días de prisión por la violación a una mujer que había ejercido la prostitución cuya denuncia se sitúa en el origen de la macrocausa, a los que se suman nueve meses por omisión del deber de perseguir delitos relacionados con la prostitución y un mes y 15 días por extorsión en grado de tentativa. La condena, de cuatro años y tres meses en total, no le supondrá el ingreso carcelario al agente, que presentó un informe médico acreditando su deteriorado estado de salud.

Tras el acuerdo al que llegaron las partes, la rebaja es de casi 21 años. La petición fiscal inicial sumaba 25 años y un mes de prisión

Tras el acuerdo al que llegaron las partes, todas las demás infracciones penales atribuidas a Armando se quedarán en multas y condenas accesorias de inhabilitación. La rebaja es de casi 21 años. La petición fiscal inicial sumaba 25 años y un mes de prisión, además de por los delitos ya descritos, por un delito continuado de solicitud sexual por funcionario público en concurso con cinco abusos sexuales, un delito continuado de cohecho, tres delitos por favorecer la prostitución, un delito continuado de revelación de secretos y una omisión de perseguir delitos en relación con un matrimonio de conveniencia. La acusación solicitaba originalmente penas de cárcel para todos ellos excepto para los dos últimos, recayendo el mayor peso en los 11 años por violación.

Por su parte, los proxenetas José Manuel García Adán (clubs Queens y La Colina) y José Marcos Grandío Ascariz (club Eros) se enfrentaban por cohecho activo a 18 meses de cárcel cada uno, mientras que el Ministerio Público solicitaba 12 para Jesús González Varela (club Eclipse). Tras el pacto con las fiscales se quedará en multas de 2.000 euros para los dos primeros y 1.000 para el tercero.

La existencia de acuerdos de conformidad previos entre la Fiscalía y los cuatro investigados —un guardia civil y tres proxenetas— fundamentó que el juicio al respecto de sus delitos se viese reducido a practicar en la sesión de este martes la prueba mínima: no intervinieron testigos ni peritos y todo el interrogatorio practicado se redujo a una pregunta repetida por cuadruplicado por parte de la Fiscalía: “¿Reconoce los hechos que se le imputan?”. En los cuatro casos fue respondida con un escueto “sí”.

En la sesión del miércoles se juzgó la comisión de dos delitos por los que estaba acusado Julio Baquero Rodríguez, superior jerárquico de Armando, que rechazó la oferta fiscal y enfrentó el juicio para defender su inocencia. El primero de ellos, no investigar un matrimonio de conveniencia. El segundo, proponer relaciones sexuales y realizar tocamientos no consentidos a una prostituta a la que le habría ofrecido regularizar su situación administrativa. El Ministerio Fiscal interesaba inicialmente para él ocho meses de prisión por solicitud sexual por funcionario público y 11 meses por abuso sexual. En su informe de conclusiones redujo su petición a cinco y cuatro meses, respectivamente.

El juicio del caso Carioca: “Una gran irregularidad”

La primera sesión del juicio dio inicio con la lectura, por parte de la presidenta del tribunal y de la Audiencia Provincial de Lugo María Luisa Sandar, de las 28 páginas que constituyen el escrito de acusación presentado por la Fiscalía con las penas inicialmente solicitadas. Al terminar, Emilio Rodríguez Prieto, abogado de Armando Lorenzo, recordó la existencia de un acuerdo entre las partes. La magistrada no se opuso, pero señaló que esa cuestión debería haberse formulado antes. Siguiendo lo pactado, los acusados solo respondieron a preguntas de la Fiscalía y su interrogatorio se limitó a preguntarles si reconocían los hechos, aun cuando la declaración de uno de los acusados, Armando Lorenzo, sería relevante para dilucidar la comisión de los delitos atribuidos a Julio Baquero.

Julio Baquero está acusado de no promover, en conjunción con Armando, la investigación de un matrimonio de conveniencia de una mujer explotada sexualmente en el club Queens con el propósito de favorecer al proxeneta Adán. Familiares del marido les habrían relatado a ambos los hechos sin que ninguno de los dos haya recogido denuncia. Con respecto a la propuesta de relaciones sexuales, la mujer inmigrante a la que se las habría realizado fue identificada conjuntamente por Armando y Baquero en una redada contra el club Atenea y trasladada a los pisos de acogida municipales, donde Armando le habría recomendado ejercer en un burdel que accedía a sus extorsiones económicas a cabo de blindaje policial. El propio Armando se encargaría de gestionar el traslado desde el piso de acogida al prostíbulo.

Consultado por O Salto Galiza, David Soto, profesor de Derecho procesal de la Universidade da Coruña (UDC), explica que, en un procedimiento abreviado, cuando las conformidades no son plenas, es decir, si hay algún acusado que no participa del acuerdo, en caso de compartir el hecho delictivo por el que es investigado con algún otro acusado debe practicarse la prueba al completo. Dicho de otro modo: debería interrogarse a Armando, al menos, por la omisión del deber de perseguir delitos por la que también es investigado su superior jerárquico, que no ha pactado con la Fiscalía, aunque podría entenderse que hay conexión entre todos los delitos juzgados en la piea judicial porque precisamente esa es la razón de separar una pieza.

David Soto, profesor de Derecho procesal de la UDC, indica que la LECrim es clara: debería procederse al juicio completo

No obstante, la pieza principal del caso Carioca es un sumario, y en consecuencia siguió el procedimiento ordinario en lugar del abreviado. En este caso, según indica Soto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) es clara: si no hay conformidad plena, no tiene cabida otra forma de conformidad, sino que habría que hablar de confesiones, y debería procederse al juicio completo, ya que en el proceso penal lo que interesa es conocer la verdad material. En las vistas orales celebradas esta semana únicamente han sido citados a declarar testigos en relación con los delitos atribuidos a Julio Baquero.

“Lo normal”, explica Soto, “es que se continúe con el juicio penal con total normalidad, porque has de tener material probatorio para saber que efectivamente la persona que confiesa es autora del crimen. No puedes simplemente conformarte en sentido vulgar, porque como este confesó pues ya está, ya tenemos una sentencia condenatoria”, sino que en su lugar, “hay que practicar toda la prueba posible, porque puede ser que la persona que esté confesando en algún caso tenga recuerdos que no son ciertos, tenga presiones para hacerlo o quiera encubrir a otra persona”. Pero lo que se hizo fue emplear el trámite de toma de declaración, en el que los acusados fueron informados de que podían responder si lo deseasen a preguntas de todas las partes, y limitar el interrogatorio al reconocimiento de los hechos imputados. Soto se muestra perplejo: “Y yo he visto muchas burradas. Yo he sido abogado un año y burradas hay muchísimas en los tribunales. Muchísimas”.

Todas las fuentes jurídicas consultadas coinciden en su asombro, y remiten a los artículos 655 y 697 de la LECrim. Explican que en la práctica, al no existir la figura de conformidad para estos casos, lo que se hace habitualmente, a modo de parche, es tomar una declaración para proceder con respecto a los acusados que no hayan llegado a acuerdos. En esta declaración, aquellos que sí pactaron van reconociendo los hechos uno a uno aportando el mayor nivel de detalle posible, y se llama a declarar asimismo a peritos y testigos. Se conocen como conformidades encubiertas. En la fase de conclusiones, antes de elevarlas a definitivas, la acusación las modifica reduciendo la solicitud de penas, que serán las que el tribunal plasme en su sentencia.

“Para mí es una gran irregularidad”, continúa Soto. “Si hay una persona que está siendo acusada [en referencia a Julio Baquero], y así lo recoge el artículo 2 de la LECrim, esa persona tiene derecho a que todos los elementos tanto favorables como desfavorables se prueben en un juicio, y es lo que tiene que perseguir la Fiscalía”, a la cual le corresponde “aportar todos los elementos de cargo y de descargo”.

Unas conformidades con mucho vericueto

En la lectura de sus conclusiones, las fiscales argumento su postura propensa a la consecución de pactos y a evitar un macrojuicio insatisfactorio que podría verse reducido a absoluciones o resultados muy atenuados: “A día de hoy es complicado celebrar un procedimiento con todas las garantías debido a la dificultad para localizar a los testigos 16 años después de los hechos, que muchos de ellos ya no residen en España, y sobre todo por las dificultades que tienen para prestar una declaración detallada”.

Es el caso de la mujer a la que Julio Baquero presuntamente requirió sexualmente, que ya no se encuentra en España y no fue posible localizarla. Con todo, llamó la atención que la Fiscalía no hubiese propuesto como prueba con respecto a Baquero, entre las tomas de declaración a agentes investigadores del caso Carioca, la de algunos con un papel tan destacado en la instrucción como lo ha sido Luciano, compañero de Baquero que sufrió represalias por investigar a sus compañeros y podía aportar luz sobre el funcionamiento del equipo. Su nombre apareció varias veces a lo largo de la vista oral. César Lodos, abogado del acusado, apuntó a una posible artimaña del agente para implicar a su defendido en delitos cuando preguntó a un testigo si había recibido indicaciones de Luciano de lo que debía declarar, pero Luciano no fue citado para aportar su versión.

De unos 70 delitos que la instrucción consideró al respecto de Armando, ocho de Baquero y dos de cada uno de los proxenetas, la Fiscalía acusó por 15, dos y uno, respectivamente. Tras las conformidades, el juicio de la pieza principal del caso Carioca acabó centrándose en algo tan anecdótico como la falta de investigación de un matrimonio de conveniencia que ni siquiera había sido denunciado por el procedimiento habitual. Hasta este punto quedó diluida una macrocausa que investigó a una red de proxenetas a los que numerosos agentes policiales, a cambio de invitaciones a copas y sexo o sobornos, protegían, avisaban de redadas o actuaban contra la competencia, y tramitaban o paralizaban a voluntad expedientes de expulsión a las mujeres prostituidas.

Hacia las 14.00h del miércoles la Fiscalía comunicó que el acuerdo al que habían llegado las partes implicaba la modificación del escrito de acusación con el que se conformaban los acusados. Sin embargo, las defensas no disponían del escrito. Fue necesario hacer una pausa para imprimirlo y entregárselo. Durante el receso, la presidenta del tribunal comentó: “Esto, porque las circunstancias lo requieren, pero es una conformidad un poco así, con mucho vericueto”.

La vista se retomó con la lectura de las modificaciones por parte de las fiscales, a toda velocidad y sin proyectar mucho la voz, dificultando su seguimiento. La acusación particular ejercida por una de las mujeres a las que Armando requirió sexualmente, así como las defensas de los investigados, advirtieron que había un error documental. Debieron enmendarlo antes de las 17.00h, cuando se retomó el juicio y se aclaró lo pactado.

Los cambios del escrito fiscal tras el acuerdo implicaron no solo la reducción de condena, sino también la modificación del encaje penal de algunos hechos delictivos e incluso la supresión de varios de ellos

Los cambios del escrito fiscal producidos tras el acuerdo implicaron no solo la reducción de condena para los acusados, sino también la modificación del encaje penal de algunos hechos delictivos e incluso la supresión de varios de ellos. Los requerimientos sexuales de Armando pasaron de calificarse como delito continuado de solicitud sexual por funcionario público en concurso con abusos sexuales a cohecho sexual, un controvertido ejercicio acrobático encaminado a la obtención de penas de multa donde se solicitaban de cárcel.

Estos requerimientos sexuales, según el escrito de acusación inicial, Armando los había practicado sobre 15 mujeres, incurriendo en abuso sexual en cinco casos. La Fiscalía solicitaba 11 meses de prisión por cada uno de los seis delitos, y la acusación particular un año por solicitud sexual y dos años por abuso sexual en relación a su defendida. Tras el pacto aceptado por las partes se modificó el relato fáctico de las conclusiones provisionales suprimiendo los parágrafos relativos a nueve de las 15 mujeres, y la calificación fiscal se redujo a un cohecho sexual con pena de multa económica. Fuentes consultadas por O Salto Galiza explican que un acuerdo de estas características no se lleva a cabo sin supervisión del Fiscal Jefe provincial, Roberto Brezmes en el caso de Lugo.

Después de la comunicación de las nuevas condenas solicitadas por parte de la Fiscalía, la presidenta del tribunal preguntó a cada uno de los acusados que habían llegado a acuerdos si estaban conformes con las penas, que todos aceptaron. O Salto Galiza también consultó este extremo con fuentes del ámbito jurídico, que coincidieron en que este trámite no debería haberse producido porque en un proceso sumario no caben conformidades o aceptaciones de condena, con independencia de que se les dé cobertura formal, ya que se supone que es al tribunal al que le corresponde deliberar después la condena.

Críticas a la dilatación del proceso judicial

Tanto la Fiscalía en su informe de conclusiones como la acusación particular y las defensas de los acusados en sus declaraciones coincidieron en cargar contra la dilatada instrucción realizada por Pilar de Lara.

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Pilar de Lara emitiu o luns 25 de marzo un auto que conclúe dez anos de instrución da peza principal da maior rede de trata investigada en España.

Los letrados de los guardias civiles y proxenetas imputados acusaron a Pilar de Lara de hacer una investigación prospectiva y sin garantías. Elena Rodríguez Cabo, abogada de la única víctima que se personó en la pieza principal del caso Carioca, ha atendido las preguntas de O Salto Galiza y criticó que una instrucción más acotada y adaptada a lo que podía asumir con los recursos disponibles podría evitar sobrecargar de actividad el juzgado y conseguir resultados más justos. Lo ejemplificó en su defendida, que le fue difícil localizar porque ahora tiene una vida distinta y quiere desconectar de su pasado. La dilatación del proceso propició que se llegase a acuerdos en lugar de celebrar juicio y las penas fuesen muy atenuadas por las dilaciones. Tan solo consiguió una indemnización de 500 euros, que confirma que ya le fue abonada.

La Plataforma contra a Impunidade do Caso Carioca, por su parte, defiende el trabajo y compromiso de la instructora, así como que haya actuado contra la red de proxenetismo en su totalidad. Apunta, en su lugar, a la responsabilidad de la Fiscalía en que los acusados salgan indemnes, por su oposición a la persecución de la mayor parte de la carga delictiva probada en la instrucción en relación a numerosos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las fuentes consultadas valoran como probable la absolución de Julio Baquero, que llegó a juicio sin nadie que lo acusase por hechos probados en la instrucción que lo conectaban directamente con actuaciones en connivencia con la red de proxenetismo.

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Unha violación, cinco abusos a prostitutas e dez delitos dun garda civil rebáixanse a catro anos de cárcere

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Xa é definitivo. A peza principal da rede de proxenetismo con implicación policial que máis documentación xerou no Estado español, destapada en Lugo no 2009, resolveuse con penas reducidas para os catro acusados que pactaron co Ministerio Fiscal. Os acusados tamén resultaron beneficiados da aplicación de atenuantes por dilacións indebidas moi cualificadas tras 15 anos, cinco meses e 10 días de proceso xudicial.

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A maior pena recae no cabo primeiro da Garda Civil, Armando Lorenzo Torre: tres anos, catro meses e 15 días de prisión pola violación a unha muller que exercera a prostitución cuxa denuncia se sitúa na orixe da macrocausa, aos que se suman nove meses por omisión do deber de perseguir delitos relacionados coa prostitución e un mes e 15 días por extorsión en grao de tentativa. A condena, de catro anos e tres meses en total, non lle supoñerá o ingreso carcerario ao axente, que presentou un informe médico acreditando o seu deteriorado estado de saúde.

Tras o acordo ao que chegaron as partes, a rebaixa é de case 21 anos. A petición fiscal inicial sumaba 25 anos e un mes de prisión

Tras o acordo ao que chegaron as partes, todas as demais infraccións penais atribuídas a Armando quedarán en multas e condenas accesorias de inhabilitación. A rebaixa é de case 21 anos. A petición fiscal inicial sumaba 25 anos e un mes de prisión, ademais de polos delitos xa descritos, por un delito continuado de solicitude sexual por funcionario público en concurso con cinco abusos sexuais, un delito continuado de suborno, tres delitos por favorecer a prostitución, un delito continuado de revelación de segredos e unha omisión de perseguir delitos en relación cun matrimonio de conveniencia. A acusación solicitaba orixinalmente penas de cárcere para todos eles agás para os dous últimos, recaendo o maior peso nos 11 anos por violación.

Pola súa parte, os proxenetas José Manuel García Adán (clubs Queens e La Colina) e José Marcos Grandío Ascariz (club Eros) enfrontábanse por suborno activo a 18 meses de cadea cada un, mentres que o Ministerio Público solicitaba 12 para Jesús González Varela (club Eclipse). Tras o pacto coas fiscais quedará en multas de 2.000 euros para os dous primeiros e 1.000 para o terceiro.

A existencia de acordos de conformidade previos entre a Fiscalía e os catro investigados —un garda civil e tres proxenetas— fundamentou que o xuízo ao respecto dos seus delitos se vise reducido a practicar na sesión deste martes a proba mínima: non interviñeron testemuñas nin peritos e todo o interrogatorio practicado reduciuse a unha pregunta repetida por cuadriplicado por parte da Fiscalía. “Recoñece os feitos que se lle imputan?”. Nos catros casos foi respondida cun conciso “si”.

Na sesión do mércores xulgouse a comisión dos dous delitos polos que estaba acusado Julio Baquero Rodríguez, superior xerárquico de Armando que rexeitou a oferta fiscal e enfrontou o xuízo para defender a súa inocencia. O primeiro deles, non investigar un matrimonio de conveniencia. O segundo, propoñer relacións sexuais e realizar tocamentos non consentidos a unha prostituta á que lle tería ofrecido regularizar a súa situación administrativa. O Ministerio Fiscal interesaba inicialmente para el oito  meses de prisión por solicitude sexual por funcionario público e 11 meses por abuso sexual. No seu informe de conclusións reduciu a súa petición a cinco e catro meses, respectivamente.

O xuízo do caso Carioca: “Unha grande irregularidade”

A primeira sesión do xuízo deu inicio coa lectura, por parte da presidenta do tribunal e da Audiencia Provincial de Lugo María Luisa Sandar, das 28 páxinas que constitúen o escrito de acusación presentado pola Fiscalía coas penas inicialmente solicitadas. Ao seu remate, Emilio Rodríguez Prieto, avogado de Armando Lorenzo, lembrou a existencia dun acordo entre as partes. A maxistrada non se opuxo, pero sinalou que esa cuestión debería terse formulado antes. Seguindo o pactado, os acusados só responderon a preguntas da Fiscalía e o seu interrogatorio limitouse a preguntarlles se recoñecían os feitos, mesmo cando a declaración dun dos acusados, Armando Lorenzo, sería relevante para dilucidar a comisión dos delitos atribuídos a Julio Baquero.

Julio Baquero está acusado de non promover, en conxunción con Armando, a investigación dun matrimonio de conveniencia dunha muller explotada sexualmente no club Queens co propósito de favorecer ao proxeneta Adán. Familiares do marido relataríanlles a ambos os feitos sen que ningún dos dous recollese denuncia. Con respecto á proposta de relacións sexuais, a muller inmigrante á que llas tería realizado foi identificada conxuntamente por Armando e Baquero nunha redada contra o club Atenea e trasladada aos pisos de acollida municipais, onde Armando lle recomendaría exercer nun bordel que accedía ás súas extorsións económicas a cambio de blindaxe policial. O propio Armando encargaríase de xestionar o traslado desde o piso de acollida ao prostíbulo.

Consultado polo Salto Galiza, David Soto, profesor de Dereito procesual da Universidade da Coruña (UDC), explica que, nun procedemento abreviado, cando as conformidades non son plenas, é dicir, se hai algún acusado que non participa do acordo, no caso de compartir o feito delituoso polo que é investigado con algún outro acusado cómpre practicar a proba ao completo. Dito outramente: debería interrogarse a Armando, cando menos, pola omisión do deber de perseguir delitos pola que tamén é investigado o seu superior xerárquico, que non pactou coa Fiscalía, aínda que podería entenderse que hai conexión entre todos os delitos xulgados na peza xudicial porque precisamente esa é a razón de separar unha peza.

David Soto, profesor de Dereito procesual da UDC, indica que a LECrim é clara: debería procederse ao xuízo completo

Porén, a peza principal do caso Carioca é un sumario, e en consecuencia seguiu o procedemento ordinario en lugar do abreviado. Neste caso, segundo indica Soto, a Lei de Axuizamento Criminal (LECrim) é clara: se non hai conformidade plena, non ten cabida outra forma de conformidade, senón que habería que falar de confesións, e debería procederse ao xuízo completo, xa que no proceso penal o que interesa é coñecer a verdade material. Nas vistas orais celebradas esta semana unicamente foron citadas a declarar testemuñas en relación cos delitos atribuídos a Julio Baquero.

“O normal”, explica Soto, “é que se continúe co xuízo penal con total normalidade, porque ti tes que ter material probatorio para saber que efectivamente a persoa que confesa é autora do crime. Non podes simplemente conformarte en sentido vulgar, porque como este confesou pois xa está, xa temos unha sentenza condenatoria”, senón que no seu lugar “hai que practicar toda a proba posible, porque pode ser que a persoa que estea confesando nalgún caso teña lembranzas que non son certas, teña presións para facelo ou queira encubrir a outra persoa”. Pero o que se fixo foi empregar o trámite de toma de declaración, no que os acusados foron informados de que podían responder se o desexasen a preguntas de todas as partes, foi limitar o interrogatorio ao recoñecemento dos feitos imputados. Soto amósase perplexo: “E eu teño visto moitas burradas. Eu fun avogado un ano e burradas hai moitísimas nos tribunais. Moitísimas”.

Todas as fontes xurídicas consultadas coinciden no seu asombro, e remiten aos artigos 655 e 697 da LECrim. Explican que na práctica, ao non existir a figura de conformidade para estes casos, o que se fai habitualmente, a modo de parche, é tomar unha declaración para proceder con respecto aos acusados que non chegan a acordos. Nesta declaración, aqueles que si pactaron van recoñecendo os feitos un por un aportando o maior nivel de detalle posible, e chámase a declarar así mesmo a peritos e testemuñas. Coñécense como conformidades encubertas. Na fase de conclusións, antes de elevalas a definitivas, a acusación modifícaas reducindo a solicitude de penas, que serán as que o tribunal plasme na súa sentenza.

“Para min é unha grande irregularidade”, continúa Soto. “Se hai unha persoa que está sendo acusada [en referencia a Julio Baquero], e así o recolle o artigo 2 da LECrim, esa persoa ten dereito a que todos os elementos tanto favorables como desfavorables se proben nun xuízo, e é o que ten que perseguir a Fiscalía”, á cal lle corresponde “aportar todos os elementos de cargo e de descargo”.

Unhas conformidades con moito vericueto

Na lectura das súas conclusións, as fiscais argumentaron a súa postura propensa á consecución de pactos e a evitar un macroxuízo que podería quedar en absolucións ou producir resultados moi atenuados: “A día de hoxe é complicado celebrar un procedemento con todas as garantías debido á dificultade para localizar as testemuñas 16 anos despois dos feitos, que moitas delas xa non residen en España, e sobre todo polas dificultades que teñen para prestar unha declaración detallada”.

É o caso da muller á que Julio Baquero presuntamente requiriu sexualmente, que xa non se atopa en España e non foi posible localizala. Con todo, chamou a atención que a Fiscalía non propuxese como proba con respecto a Baquero, entre as tomas de declaración a axentes investigadores do caso Carioca, a dalgúns cun papel tan destacado na instrución como o foi Luciano, compañeiro de Baquero que sufriu represalias por investigar aos seus compañeiros e podía aportar luz sobre o funcionamento do equipo. O seu nome apareceu varias veces ao longo da vista oral. César Lodos, avogado do acusado, apuntou a unha posible artimaña do axente para implicar ao seu defendido en delitos cando preguntou a unha testemuña se recibira indicacións de Luciano do que debía declarar, pero Luciano non foi citado para aportar a súa versión.

Duns 70 delitos que a instrución considerou ao respecto de Armando, oito de Baquero e dous de cada un dos proxenetas, a Fiscalía acusou por 15, dous e un, respectivamente. Tras as conformidades, o xuízo da peza principal do caso Carioca acabou centrándose en algo tan anecdótico como a falta de investigación dun matrimonio de conveniencia que nin sequera fora denunciado polo procedemento habitual. Ata este punto quedou diluída unha macrocausa que investigou unha rede de proxenetas aos que numerosos axentes policiais, a cambio de invitacións a copas e sexo ou subornos, protexían, avisaban de redadas ou actuaban contra a competencia, e tramitaban ou paralizaban á vontade expedientes de expulsión ás mulleres prostituídas.

Cara as 14.00h do mércores a Fiscalía comunicou que o acordo ao que chegaran as partes implicaba a modificación do escrito de acusación co que se conformaban os acusados. Porén, as defensas non dispoñían do escrito. Foi necesario facer unha pausa para imprimilo e entregárllelo. Durante o receso, a presidenta do tribunal comentou: “Isto, porque as circunstancias o requiren, pero é unha conformidade un pouco así, con moito vericueto”.

A vista retomouse coa lectura das modificacións por parte das fiscais, a toda velocidade e sen proxectar moito a voz, dificultando o seu seguimento. A acusación particular exercida por unha das mulleres ás que Armando requiriu sexualmente, así como as defensas dos investigados, advertiron que había un erro documental. Deberon emendalo antes das 17.00h, cando se retomou o xuízo e se aclarou o pactado.

Os cambios do escrito fiscal tras o acordo implicaron non só a redución de condena, senón tamén a modificación do encaixe penal dalgúns feitos delituosos e mesmo a supresión de varios deles

Os cambios do escrito fiscal producidos tras o acordo implicaron non só a redución de condena para os acusados, senón tamén a modificación do encaixe penal dalgúns feitos delituosos e mesmo a supresión de varios deles. Os requirimentos sexuais de Armando pasaron de cualificarse como delito continuado de solicitude sexual por funcionario público en concurso con abusos sexuais a suborno sexual, un controvertido exercicio acrobático encamiñado á obtención de penas de multa onde se solicitaban de cadea.

Estes requirimentos sexuais, segundo o escrito de acusación inicial, Armando practicáraos sobre 15 mulleres, incorrendo en abuso sexual en cinco casos. A Fiscalía solicitaba 11 meses de prisión por cada un dos seis delitos, e a acusación particular un ano por solicitude sexual e dous anos por abuso sexual respecto da súa defendida. Tras o pacto aceptado polas partes modificouse o relato fáctico das conclusións provisionais suprimindo os parágrafos relativos a nove das 15 mulleres, e a cualificación fiscal reduciuse a un suborno sexual con pena de multa económica. Fontes consultadas polo Salto Galiza explican que un acordo destas características non se leva a cabo sen supervisión do Fiscal Xefe provincial, Roberto Brezmes no caso de Lugo.

Despois da comunicación das novas condenas solicitadas por parte da Fiscalía, a presidenta do tribunal preguntou a cada un dos acusados que chegaran a acordos se estaban conformes coas penas, que todos aceptaron. O Salto Galiza tamén consultou este extremo con fontes do ámbito xurídico, que coincidiron en que este trámite non debería terse producido porque nun proceso sumario non caben conformidades ou aceptacións de condena, con independenza de que se lles dea cobertura formal, xa que se supón que é ao tribunal ao que lle corresponde deliberar despois a condena.

Críticas á dilatación do proceso xudicial

Tanto a Fiscalía no seu informe de conclusións como a acusación particular e as defensas dos acusados nas súas declaracións coincidiron en cargar contra a dilatada instrución realizada por Pilar de Lara.

Trata
A xuíza do Carioca deixa a pelota no tellado da Xunta
Pilar de Lara emitiu o luns 25 de marzo un auto que conclúe dez anos de instrución da peza principal da maior rede de trata investigada en España.

Os letrados dos gardas civís e proxenetas imputados acusaron a Pilar de Lara de facer unha investigación prospectiva e sen garantías. Elena Rodríguez Cabo, avogada da única vítima que presentou acusación na peza principal do caso Carioca, atendeu as preguntas do Salto Galiza e criticou que unha instrución máis acoutada e adaptada ao que podía asumir cos recursos dispoñibles podería evitar sobrecargar de actividade o xulgado e conseguir resultados máis xustos. Exemplificouno na súa defendida, que lle foi difícil localizar porque agora ten unha vida distinta e quere desconectar do seu pasado. A dilatación do proceso propiciou que se chegase a acordos no canto de celebrar xuízo e as penas fosen moi atenuadas polas dilacións. Tan só conseguiu unha indemnización de 500 euros, que confirma que xa lle foi abonada.

A Plataforma contra a Impunidade do Caso Carioca, pola súa banda, defende o traballo e compromiso da instrutora, así como que actuase contra a rede de proxenetismo ao completo. Apunta, no seu lugar, á responsabilidade da Fiscalía en que os acusados saian indemnes, pola súa oposición á persecución da maior parte da carga de delito probada na instrución con respecto a numerosos axentes das Forzas e Corpos de Seguridade.

As fontes consultadas valoran como probable a absolución de Julio Baquero, que chegou a xuízo sen ninguén que o acusase por feitos probados na instrución que o conectaban directamente con actuacións en conivencia coa rede de proxenetismo.

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isa
9/6/2024 21:29

Vergüenza 😱😱😱!!!!

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Israel viola la convención de Ginebra con su política de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. Medidas como demoler propiedades palestinas y reasignarlas a colonos israelíes no son de carácter provisional y el efecto es irreversibles.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
30 aniversario del levantamiento del EZLN Los viajes de la Montaña. Arte, política y simbolismos de la lucha Zapatista
En este noveno texto de la serie , la autora nos propone una mirada a través del arte para entender la dinámica de construcción de la lucha zapatista en México y cómo se articula con las redes de resistencia europeas
Crisis climática
Cine y crisis climática Muyuna Fest, cine selvático para aprender a flotar en un mundo que se hunde
La primera muestra de cine flotante de la historia emerge sobre las aguas del barrio de Belén, en la ciudad de Iquitos (Perú) para fomentar la conservación de la Amazonía y la soberanía audiovisual de los pueblos originarios.
Fronteras
Fronteras La nueva Comisión Europea triplica su apuesta de militarización de las fronteras
La presidenta de la Comisión Europea anuncia un nuevo impulso para el Frontex y la creación de una cartera para las relaciones con los países del Mediterráneo.
Más noticias
Tecnología
Oligopolio tecnológico Un fallo de Microsoft provoca una caída internacional de servicios de transportes, bancos y emergencias
Una interrupción del servicio vinculada a la firma de ciberseguridad Crowdstrike y Windows ha paralizado la actividad de decenas de miles de empresas públicas y privadas poniendo de relieve la dependencia del oligopolio tecnológico.
Unión Europea
Unión Europea Von der Leyen es reelegida como presidenta de la Comisión Europea gracias a un acuerdo con Los Verdes
La presidenta de la Comisión Europea es reelegida con 401 votos a favor. Su discurso incluye nuevas medidas de securitización de las fronteras, entre otras la multiplicación por tres del polémico Frontex.
Arte
Cristina Peña “Mi referente es la artesanía que nos dieron nuestros antepasados”
La cerámica artesana de Casa Peña Slow Atelier no iba a escapar de la turistificación. Su taller se traslada desde Churriana (Málaga), a un nuevo espacio en Úbeda, ciudad de tradición artesana que acoge la marca, sus ideas, y a la propia artista.
Migración
Migraciones Burocracia para los ‘refugiados de segunda’: siete jóvenes malienses ante el bloqueo del Estado al pedir asilo
Presos de la guerra, llegan a un nuevo territorio en búsqueda de mejores oportunidades, pero son presos de temporalidades y trámites burocráticos, mermando su estado anímico y dejándoles estancados en un limbo temporal que los anula como ciudadanos.

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Itxi Guerra undefined
En 'Ruptura y reparación de la máquina', esta referente del anticapacitismo argumenta la potencialidad política de la discapacidad y da pautas para convivir en un sistema discapacitante: “Las redes entre personas nos permiten vivir con la máquina rota”
Arte
Arte Miguel Ángel, Crisanto Domínguez y la blanquitud
En julio se llevará a cabo la Biena de Esculturas en la ciudad de Resistencia. Como acto previo a la bienal, el 6 de marzo pasado se emplazó una replica del David de Miguel Ángel donde debía estar situada una estatua de los pueblos originarios.
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Historia Chipre recuerda los 50 años de invasión turca
Se cumple medio siglo del ataque, seguido por la división y ocupación de la isla a manos del ejército turco. La izquierda chipriota critica el estancamiento de las negociaciones de paz y la falta de interés de Bruselas.
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Sira Rego “La palabra ‘mena’ deshumaniza al otro y nos negamos a deshumanizar a las infancias”
El Ministerio de Juventud e Infancia, creado en noviembre de 2023, tiene el reto de sacar adelante la propuesta para que se produzca la acogida de los 6.000 niños y niñas no acompañados que se encuentran en Canarias.