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Corrupción
Dos guardias civiles y tres proxenetas llegan hoy a un juicio desinflado por los pactos con la Fiscalía en Lugo
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Estalló en octubre del 2009, cuando un operativo policial destapó una red de proxenetismo que implicaba a una serie de prostíbulos en sucesos escalofriantes acontecidos en la provincia de Lugo. El caso Carioca fue engrosándose hasta alcanzar los 310 tomos a medida que se iban descubriendo nuevos hechos de enorme gravedad vertebrados sobre la explotación sexual de cientos de inmigrantes que vivían en un clima de terror y violencia. Desde amenazas a punta de pistola a agresiones físicas, desde abortos forzados hasta el posible asesinato de mujeres. Todo esto ocurría, según la investigación, con la connivencia de numerosos agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y de la Guardia Civil que eran invitados a consumiciones y sexo en los clubs que frecuentaban.
La de los clubs Queens y La Colina, la de las actuaciones de la Policía Nacional y Extranjería… La macrocausa se escindió en 47 piezas judiciales de las que solo queda una por juzgar: la número 1. Esta parte afecta a las actividades de Armando Lorenzo Torre, guardia civil que conecta las distintas ramificaciones del Carioca y que el confiere al caso carácter de red, así como de su superior jerárquico, Julio Baquero Rodríguez. Este último dirigía el Equipo de Personas y el Equipo de la Mujer y el Menor (Emume) de los que los dos eran integrantes. Entre sus funciones estaban las inspecciones en los prostíbulos para la persecución de delitos relacionados con la prostitución y labores de gestión de los pisos de acogida municipales.
Trata
A xuíza do Carioca deixa a pelota no tellado da Xunta
En la pieza principal está incluida la violación que catalizó la investigación judicial tras una denuncia interpuesta en el 2008: Armando le había tomado los datos personales a la denunciante en una inspección al club en que ejercía y acudió a su domicilio bajo el pretexto de ayudarla a regularizar su situación administrativa, pero una vez allí la forzó a mantener relaciones sexuales. Al día siguiente Armando le entregó un permiso de residencia aparentemente oficial, pero continuaría requiriéndola sexualmente y, ante su negativa, comenzaría a sufrir persecución policial y se le incoaría una orden de expulsión.
El guardia civil Armando estaba enteramente involucrado en las redes de proxenetismo. Extorsionaba a los proxenetas para que le pagasen importantes sumas de dinero a cambio de blindaje policial
La instrucción del caso Carioca reveló que Armando, además de utilizar su cargo para exigir relaciones sexuales a mujeres extranjeras a cambio de regularizarlas o frenar actuaciones contra ellas, estaba enteramente involucrado en las redes de proxenetismo. Armando extorsionaba a los proxenetas para que le pagasen importantes sumas de dinero a cambio de blindaje policial, y actuaba contra aquellos que no accedían. En los clubs afines era invitado a consumiciones y sexo, y Armando se implicaba en que todo les fuese bien: los advertía de actuaciones policiales, intercedía para que no prosperasen, disuadía a las mujeres allí explotadas de cualquier pretensión de denunciar su situación, actuaba contra la competencia e incluso instaba a las mujeres interceptadas en esos clubs a ejercer en los clubs amigos.
Al brigada Julio Baquero, ascendido a subteniente en el año 2010, le llegó la denuncia interna, promovida por dos guardias civiles de su equipo, de que Armando había ordenado a trabajadoras municipales gestionar el desplazamiento desde los pisos de acogida al club Luxor de dos mujeres identificadas en la operación Rodicio, realizada contra el club Atenea. Acudían por indicación de Armando. Las trabajadoras se negaron y acabaría encargándose Armando personalmente. Las guardias civiles pusieron los hechos en conocimiento del capitán y del teniente coronel a los que estaban supeditadas, sin que nadie emprendiese acción alguna.
Julio Baquero no solo no investigó las actuaciones de su subordinado, sino que asistía con él a los clubs a tomar copas gratis y acompañaba a Armando en sus intervenciones. Según la instrucción, también usó su cargo para requerir sexualmente a varias prostitutas, entre ellas una de las trasladadas al Luxo, y alguna mujer llegó a ejercer en el club Queens recomendada por él. Incluso torpedeó investigaciones contra los dueños de los prostíbulos.
Además de los guardias civiles, tres proxenetas figuran como procesados en la misma pieza separada por las prebendas a los agentes a cambio de protección y acceso a información reservada
Diez años de instrucción y cinco de propina
Si algo ha caracterizado el desarrollo judicial del caso Carioca ha sido el creciente antagonismo protagonizado por la magistrada instructora, Pilar de Lara, que impulsó una investigación de colosal envergadura con unos recursos personales y materiales muy limitados, y el Ministerio Fiscal, que no correspondió los esfuerzos de la jueza y optó por reducir a la mínima expresión, con argumentos más propios de la defensa que de la acusación, una macrocausa que afecta a pilares del Estado tan importantes como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De nada servía la demostración de delitos en la fase de instrucción si nadie los llevaba a juicio.
La Fiscalía no apreció colaboración con prostitución coactiva, cohecho, ni omisión del deber de perseguir delitos en los 7 policías nacionales que eran invitados a consumiciones y sexo en los prostíbulos. Tampoco consideró que el agente destinado en el aeropuerto de Madrid-Barajas en cuyo armario se halló una nota con los nombres de las mujeres que debía dejar pasar colaborase con la red. No creyó que estuviese implicado el policía local que asumió buena parte de las obras del club Queens y que se reunía con el proxeneta en el despacho, controlaba el registro de subidas a las habitaciones de las mujeres y era señalado como socio del club. Ni apreció prostitución coactiva en el club Liverpool, donde inmigrantes contraían una deuda con los propietarios y ejercían hasta 10 horas diarias en un local en condiciones insalubres. Todo eso ha quedado indemne.
Solo tres proxenetas recibieron penas de prisión. Al otro lado, Pilar de Lara no continúa al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, tras una controvertida sanción de carácter excepcional hecha efectiva en enero de 2020 que le aplicó el Consejo General del Poder Judicial, quien la responsabilizó de una serie de atrasos y le atribuyó desatención de la actividad instructora.
El auto que concluye la investigación lo firmó Pilar de Lara el 25 de marzo de 2019. Los acusados se sentarán en el banquillo esta semana tras más de cinco años de estancamiento
El auto que concluye la dilatada investigación de la pieza principal lo firmó Pilar de Lara el 25 de marzo de 2019, nueve años y medio después de la operación Carioca. Los acusados se sentarán en el banquillo de acusados esta semana tras más de cinco años de estancamiento en la fase de formulación de acusaciones y apertura de juicio oral.
La pieza principal de la Carioca y sus pactos en marcha
Si Pilar de Lara apreció la posible comisión de hasta más de 70 delitos por parte del cabo primero Armando Lorenzo y de 8 por parte de Julio Baquero, el Ministerio Público es más comedido en sus consideraciones, a lo que se añade el resultado de aplicar a las peticiones fiscales las atenuantes por dilaciones indebidas muy cualificadas.
En lo que se refiere a los proxenetas, la Fiscalía solicita para cada uno de ellos 18 meses de prisión por un delito continuado de cohecho pasivo
Exonera a Armando de los delitos de colaboración con la prostitución coactiva, tráfico de influencias, falsedad documental, fraude a la Seguridad Social y obstrucción a la Justicia. Los 21 delitos relacionados con los requerimientos sexuales, en concurso con 9 abusos sexuales y un acoso sexual, los sintetiza en un único delito de solicitud sexual continuada con respecto a 15 personas, en concurso con 5 abusos sexuales; los 8 delitos de cohecho los resume en un único delito de cohecho continuado; de los 8 delitos de omisión del deber de perseguir delitos como la prostitución coactiva, prostitución de menores o tráfico clandestino de personas solo aprecia uno en relación con un matrimonio de conveniencia; de los 6 delitos de extorsión a proxenetas solo considera uno en grado de tentativa. Le adjudica tres delitos por favorecer la prostitución y coincide, eso sí, en atribuirle un delito de revelación de secretos continuado y otro de agresión sexual en relación con la violación cuya denuncia originó la macrocausa. Por todo esto solicita una pena total de 25 años y 1 mes de prisión, de los que 11 se corresponden con la violación.
Con respecto a Julio Baquero, el Ministerio Público solo aprecia un delito de solicitud sexual por funcionario público en concurso con abuso sexual, en relación con una de las mujeres derivadas por Armando al club Luxor, y un delito de omisión del deber de perseguir delitos en relación con antedicho matrimonio de conveniencia. La pena de cárcel total a la que se enfrente es de 19 meses.
Cuatro de los cinco acusados ya han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía que se espera que ratifiquen en la primera sesión
A pesar de la transcendencia de los hechos investigados, el Ministerio Fiscal trata de evitar someterlos a un macrojuicio que produciría resultados muy atenuados y que se extendería, según lo programado, a todos los martes y miércoles del mes de junio: un total de 8 sesiones. No se prevé que ocurra, puesto que cuatro de los cinco acusados ya han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía que se espera que ratifiquen en la primera sesión. Reconocerán los hechos a cambio de reducciones de penas que ya estaban atenuadas.
Julio Baquero ha rechazado la oferta de las fiscales e insiste en su inocencia. Aunque su estrategia podría obedecer a la búsqueda de un pacto in extremis más beneficioso, un incentivo para mantener su postura es que se enfrenta a una petición fiscal reducida, por lo que no es un movimiento arriesgado. Así, se prevé que el juicio se celebre solo contra él y juzgue la comisión de dos únicos delitos, a pesar de los hechos considerados probados por la instructora.
Cuando en el 2008 una mujer denunció una paliza del encargado del club La Colina, Baquero intentó convencerla para regresar a Brasil, la instruyó para que limitase su declaración en sede judicial a la agresión física y no hablase “de nada más” y paralizó con Armando la investigación. En el 2009, tras una redada que identificó a una menor de edad que ejerció en los clubs Queens y Liverpool, Baquero no solo no actuó contra los proxenetas sino que acudió a hablar con ambos a espaldas de los investigadores para asesorarlos y mitigar las repercusiones, y planeó con Armando represaliar a los investigadores, a uno de los cuales se refirió como “hijo de puta” en conversa con Armando. La proxeneta del club Las Vegas declaró que Baquero le había expresado admiración por su “valor para regentar el negocio”, asistía con frecuencia a su local y le proponía insistentemente tener relaciones sexuales, ante lo que recurría a las evasivas porque temía una redada en caso de negación rotunda. Nada de eso es delito de acuerdo con el escrito de acusación fiscal.
Otro factor que ha podido contribuir a mermar la causa ha sido la incomparecencia de la Guardia Civil, la Xunta de Galicia y el Concello de Lugo. En el auto de conclusión de la instrucción, Pilar de Lara ordenó comunicar ofrecimiento a la Guardia Civil, como responsable civil subsidiaria, y a la Xunta de Galicia, para personarse como acusación popular. Ninguna de las dos asumió involucrarse. Tampoco lo hizo el ayuntamiento, por negativa del PP y del PSOE, cuando lo propuso en el año 2018 el grupo municipal ACE-Esquerda Unida. La acusación quedó exclusivamente en manos de la Fiscalía.
Caso Carioca
A peza principal do caso Carioca chega a xuízo desinchada polos pactos coa Fiscalía
Estalou en outubro do 2009, cando un operativo policial destapou unha rede de proxenetismo que implicaba a numerosos prostíbulos en sucesos arrepiantes acontecidos na provincia de Lugo. O caso Carioca foi engrosándose ata acadar os 310 tomos a medida que se ían descubrindo novos feitos de enorme gravidade vertebrados sobre a explotación sexual de centos de inmigrantes que vivían nun clima de terror e violencia. Desde ameazas a punta de pistola a agresións físicas, desde abortos forzados ata o posible asasinato de mulleres. Todo isto ocorría, segundo a investigación, coa conivencia de numerosos axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil que eran convidados a consumicións e sexo nos clubs que frecuentaban.
A dos clubs Queens e La Colina, a das actuacións da Policía Nacional e Estranxeiría... A macrocausa escindiuse en 47 pezas xudiciais das que só queda unha por xulgar: a número 1. Esta parte afecta ás actividades de Armando Lorenzo Torre, garda civil que conecta as distintas ramificacións do Carioca e lle confire ao caso carácter de rede, así como do seu superior xerárquico, Julio Baquero Rodríguez. Este último dirixía o Equipo de Persoas e o Equipo da Muller e o Menor (Emume) dos que os dous formaban parte. Entre as súas funcións estaban as inspeccións nos prostíbulos para a persecución de delitos relacionados coa prostitución e labores de xestión dos pisos de acollida municipais.
Trata
A xuíza do Carioca deixa a pelota no tellado da Xunta
Na peza principal está incluída a violación que catalizou a investigación xudicial tras unha denuncia interposta no 2008: Armando tomáralle os datos persoais á denunciante nunha inspección ao club no que exercía e acudiu ao seu domicilio baixo o pretexto de axudala a regularizar a súa situación administrativa, pero unha vez alí forzouna a manter relacións sexuais. Ao día seguinte Armando entregoulle un permiso de residencia aparentemente oficial, pero continuaría requiríndoa sexualmente e, ante a súa negativa, comezaría a sufrir persecución policial e incoaríaselle unha orde de expulsión.
O garda civil Armando estaba enteiramente involucrado nas redes de proxenetismo. Extorsionaba aos proxenetas para que lle pagasen importantes sumas de diñeiro a cambio de blindaxe policial.
A instrución do caso Carioca revelou que Armando, ademais de utilizar o seu cargo para esixir relacións sexuais a mulleres estranxeiras a cambio de regularizalas ou frear actuacións contra elas, estaba enteiramente involucrado nas redes de proxenetismo. Armando extorsionaba aos proxenetas para que lle pagasen importantes sumas de diñeiro a cambio de blindaxe policial, e actuaba contra aqueles que non accedían. Nos clubs afíns era convidado a consumicións e sexo, e Armando implicábase en que todo lles fose ben: advertíaos de actuacións policiais, intercedía para que non prosperasen, disuadía ás mulleres alí explotadas de calquera pretensión de denunciar a súa situación, actuaba contra a competencia e mesmo instaba ás mulleres interceptadas neses clubs a exercer nos clubs amigos.
Ao brigada Julio Baquero, ascendido a subtenente no ano 2010, chegoulle a denuncia interna, promovida por dúas gardas civís do seu equipo, de que Armando incluso ordenara a traballadoras municipais xestionar o desprazamento desde os pisos de acollida ao club Luxor de dúas mulleres identificadas na operación Rodicio, realizada contra o club Atenea. Acudían por indicación de Armando. As traballadoras negáronse e acabaría encargándose Armando persoalmente. As gardas civís puxeron os feitos en coñecemento do capitán e do tenente coronel aos que estaban supeditadas sen que ninguén emprendese ningunha acción.
Julio Baquero non só non investigou as actuacións do seu subordinado, senón que asistía con el aos clubs a tomar copas gratis e acompañaba a Armando nas súas intervencións. Segundo a instrución, tamén usou o seu cargo para requirir sexualmente a varias prostitutas, entre elas unha das trasladadas ao Luxor, e algunha muller chegou a exercer no club Queens recomendada por el. Mesmo entorpeceu investigacións contra os donos dos prostíbulos.
Ademais dos gardas civís, tres proxenetas figuran como procesados na mesma peza separada polas prebendas aos axentes a cambio de protección e acceso a información reservada.
Dez anos de instrución e cinco de propina
Se algo caracterizou o desenvolvemento xudicial do caso Carioca foi o crecente antagonismo protagonizado pola maxistrada instrutora, Pilar de Lara, que impulsou unha investigación de colosal envergadura cuns recursos persoais e materiais moi limitados, e o Ministerio Fiscal, que non correspondeu os esforzos da xuíza e optou por reducir á mínima expresión, con argumentos máis propios da defensa ca da acusación, unha macrocausa que afecta a piares do Estado tan importantes como as Forzas e Corpos de Seguridade. De nada servía a demostración de delitos na fase de instrución se ninguén os levaba a xuízo.
A Fiscalía non apreciou colaboración con prostitución coactiva, suborno, nin omisión do deber de perseguir delitos nos 7 policías nacionais que eran convidados a consumicións e sexo nos prostíbulos. Tampouco considerou que o axente destinado no aeroporto de Madrid-Barajas en cuxo armario se atopou unha nota cos nomes das mulleres que debía deixar pasar colaborase coa rede. Non creu que estivese implicado o policía local que asumiu boa parte das obras do club Queens e que se reunía co proxeneta no despacho, controlaba o rexistro de subidas ás habitacións das mulleres e era sinalado como socio do club. Nin apreciou prostitución coactiva no club Liverpool, onde inmigrantes contraían unha débeda cos propietarios e exercían ata 10 horas diarias nun local en condicións insalubres. Todo iso quedou indemne.
Só tres proxenetas recibiron penas de prisión. Pola súa banda, Pilar de Lara non continúa á fronte do Xulgado de Instrución número 1 de Lugo, tras unha controvertida sanción de carácter excepcional feita efectiva en xaneiro do 2020 que lle aplicou o Consello Xeral do Poder Xudicial, quen a responsabilizou dunha serie de atrasos e lle atribuíu desatención da actividade instrutora.
O auto que conclúe a investigación asinouno Pilar de Lara o 25 de marzo de 2019. Os acusados sentarán no banco de acusados esta semana tras máis de cinco anos de estancamento.
O auto que conclúe a dilatada investigación da peza principal asinouno Pilar de Lara o 25 de marzo do 2019, nove anos e medio despois da operación Carioca. Os acusados sentarán no banco de acusados esta semana tras máis de cinco anos de estancamento na fase de formulación de acusacións e apertura do xuízo oral.
A peza principal da Carioca, desinchada e con pactos en marcha
Se Pilar de Lara apreciou a posible comisión de ata máis de 70 delitos por parte do cabo primeiro Armando Lorenzo e de 8 por parte de Julio Baquero, o Ministerio Público é máis comedido nas súas consideracións, ao que se engade o resultado de aplicar ás peticións fiscais as atenuantes por dilacións indebidas moi cualificadas.
Exonera a Armando dos delitos de colaboración coa prostitución coactiva, tráfico de influencias, falsidade documental, fraude á Seguridade Social e obstrución á Xustiza. Os 21 delitos relacionados cos requirimentos sexuais, en concurso con 9 abusos sexuais e un acoso sexual, sintetízaos nun único delito de solicitude sexual continuada con respecto a 15 persoas, en concurso con 5 abusos sexuais; os 8 delitos de suborno resúmeos nun único delito de suborno continuado; dos 8 delitos de omisión do deber de perseguir delitos como a prostitución coactiva, prostitución de menores ou tráfico clandestino de persoas só aprecia un en relación cun matrimonio de conveniencia; dos 6 delitos de extorsión a proxenetas só considera un en grao de tentativa. Adxudícalle tres delitos por favorecer a prostitución e coincide, iso si, en atribuírlle un delito de revelación de segredos continuado e outro de agresión sexual en relación coa violación cuxa denuncia orixinou a macrocausa. Por todo isto solicita unha pena total de 25 anos e 1 mes de prisión, dos que 11 se corresponden coa violación.
Con respecto a Julio Baquero, o Ministerio Público só aprecia un delito de solicitude sexual por funcionario público en concurso con abuso sexual en relación cunha das mulleres derivadas por Armando ao club Luxor e un delito de omisión do deber de perseguir delitos en relación co antedito matrimonio de conveniencia. A pena de prisión total á que se enfronta é de 19 meses.
No tocante aos proxenetas, a Fiscalía solicita para cada un deles 18 meses de prisión por un delito continuado de suborno pasivo.
Catro dos cinco acusados xa chegaron a acordos de conformidade coa Fiscalía que se agarda que ratifiquen na primeira sesión.
A pesar da transcendencia dos feitos investigados, o Ministerio Fiscal trata de evitar sometelos a un macroxuízo que produciría resultados moi atenuados e que se estendería, segundo o programado, a todos os martes e mércores do mes de xuño: un total de 8 sesións. Non se prevé que ocorra, posto que catro dos cinco acusados xa chegaron a acordos de conformidade coa Fiscalía que se agarda que ratifiquen na primeira sesión. Recoñecerán os feitos a cambio de reducións de penas que xa estaban atenuadas.
Julio Baquero rexeitou a oferta das fiscais e insiste na súa inocencia. Aínda que a súa estratexia podería obedecer á procura dun pacto in extremis máis beneficioso, un incentivo para manter a súa postura é que se enfronta a unha petición fiscal reducida, polo que non é un movemento arriscado. Así, prevese que o xuízo se celebre só contra el e xulgue a comisión de dous únicos delitos, a pesar dos feitos considerados probados pola instrutora.
Cando no 2008 unha muller denunciou unha malleira do encargado do club La Colina, Baquero intentou convencela para regresar a Brasil, instruíuna para que limitase a súa declaración en sede xudicial á agresión física e non falase “de nada máis” e paralizou con Armando a investigación. No 2009, tras unha redada que identificou unha menor de idade que exerceu nos clubs Queens e Liverpool, Baquero non só non actuou contra os proxenetas senón que acudiu a falar con ambos os dous ás costas dos investigadores para asesoralos e mitigar as repercusións, e planificou con Armando represaliar aos investigadores, a un dos cales se refiriu como “fillo de puta” en conversa con Armando. A proxeneta do club Las Vegas declarou que Baquero lle expresara admiración polo seu “valor para rexentar o negocio”, asistía con frecuencia ao seu local e lle propoñía insistentemente ter relacións sexuais, ante o que recorría ás evasivas porque temía unha redada en caso de negación rotunda. Nada disto é delito de acordo co escrito de acusación fiscal.
Outro factor que puido contribuír a minguar a causa foi a incomparecencia da Garda Civil, a Xunta de Galicia e o Concello de Lugo. No auto de conclusión da instrución, Pilar de Lara ordenou comunicar ofrecemento á Garda Civil, como responsable civil subsidiaria, e á Xunta de Galicia, para presentarse como acusación popular. Ningunha das dúas asumiu involucrarse. Tampouco o fixo o Concello, por negativa do PP e do PSOE, cando o propuxo no ano 2018 o grupo municipal ACE-Esquerda Unida. A acusación quedou exclusivamente en mans da Fiscalía.
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