Catalunya
El acuerdo fiscal pactado entre PSC y Esquerra cosecha críticas en la derecha, los socialistas y la izquierda

Un nuevo acuerdo tildado de histórico, una investidura inminente y una cuestión central en la relación entre los distintos pueblos del Estado como es la de la fiscalidad. El Acord d’investidura entre el Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), o “preacuerdo” como insisten las partes en llamarlo, no gusta a casi nadie más que los firmantes. Y dentro de estos, también hay matices.

El PSOE de Pedro Sánchez, del que cuelga el PSC de Salvador Illa y que, a nadie se le escapa, es el que tiene que dar el visto bueno a los contenidos del acuerdo, ha convocado una reunión de su Ejecutiva ante las críticas de algunos de sus barones territoriales.

La etiqueta #noambelmeuvot está sirviendo para la manifestación en Twitter de la oposición a la investidura de Illa por parte de militantes y cargos electos de Esquerra

Aunque el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido (como es habitual) el que ha entonado la voz más alta, el malestar se ha extendido ante lo que se considera una quiebra de la igualdad territorial no solo por parte del PSOE sino de sectores de la izquierda. La derecha del Partido Popular, en esta ocasión, ha optado por acusar a Sánchez de haber “psoeizado”, es decir, engañado a ERC, con un acuerdo imposible de llevar a cabo, aseguran. En el caso de que pase de la enunciación a algo concreto, es posible que envíen el acuerdo al Tribunal Constitucional.

La letra del preacuerdo

Pese a que consta de 25 páginas, la parte mollar del texto es la relativa al “nuevo modelo de financiación singular”, que va desde la página cuatro a la nueve. El objetivo del acuerdo es recuperar el amplio consenso que se obtuvo en 2005 en los trabajos de elaboración del Estatut de Catalunya durante la presidencia de Pasqual Maragall (PSC). Esa propuesta no pasó el “cepillado” que se hizo de ella en las cortes y en el Tribunal Constitucional y el último intento de retomar el pacto fiscal se remonta a 2012, cuando Artur Mas (CiU) y Mariano Rajoy estuvieron de acuerdo en el desacuerdo sobre financiación. De aquella imposibilidad de acuerdo cuelga una buena parte de la frustración de la gobernanza catalana que después dio lugar al Procés.

El texto actual establece que “la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos” por parte de la Hacienda catalana, construida en torno a la actual Agencia Tributaria de Catalunya, a la que se dotará se recursos suficientes en un marco de relación singular y bilateralidad. Además de recaudar los tributos, la Generalitat también aumentaría su capacidad normativa, esto es, la posibilidad de disponer nuevos tributos. En las entrevistas para presentar el acuerdo, la dirigencia de Esquerra Republicana de Catalunya ha comparado este sistema con el del concierto económico vasco, aunque los socialistas no quieren ir tan lejos, conscientes de que una parte de su electorado no quiere oír hablar de este tipo de cesiones.

“La nueva financiación de Cataluña es un acuerdo entre élites que perjudica a Andalucía”, ha explicado José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía

De hecho, para que el acuerdo pase los avales necesarios es imprescindible una reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Un cambio en la normativa que lleva el acuerdo que se obtenga en materia fiscal al Congreso de los Diputados, donde la aritmética de los apoyos es al menos tan precaria como en el Parlament de Catalunya.

El apartado de implementación, de este modo, marca unos tiempos que empezarán a andar a comienzos de 2025 en la comisión bilateral entre el gobierno de la Generalitat y el del Estado en relación al modelo de financiación. Posteriormente, el acuerdo marca que irá a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat. Además, ERC contempla que la comisión de verificadores internacionales puesta en marcha a finales de 2023 examine también el cumplimiento de este acuerdo.

Según ERC, el IRPF —el impuesto con el que más se recauda de todo el abanico tributario— del ejercicio de 2025 ya se declarará en la Agencia Tributaria de Cataluña en el 2026. Simultáneamente, se debe negociar la cuantía de la “solidaridad” con otros territorios y la “contribución equitativa al sostenimiento del gasto del Estado”, en dos cupos diferenciados que se aportarían anualmente.

Junts contra el acuerdo

El principal escollo, sin embargo, no es solo la implementación de los distintos acuerdos que componen el acuerdo sino que este sea ratificado. Hay suficiente tiempo para la investidura —el plazo termina el 26 de agosto—, pero el nombramiento de Salvador Illa quedará determinado este fin de semana si las bases de ERC dan luz verde al acuerdo.

La etiqueta #noambelmeuvot está sirviendo para la manifestación en Twitter de la oposición a la investidura de Illa por parte de militantes y cargos electos de Esquerra. La más significada ha sido la negativa de Pilar Vallugera, diputada en el Congreso. Sin embargo, el hecho más simbólico hasta ahora es el silencio de Oriol Junqueras, figura clave sin cargos orgánicos en ERC y, en principio, proclive al acuerdo. 

Por su parte, desde Junts se insiste en lo etéreo del acuerdo y en la dificultad de llevarlo a cabo. Carles Puigdemont no se ha pronunciado sobre el mismo, pero mantiene su desafío de acudir a la investidura —a pesar de que sobre él pesa una orden de detención. Uno de los grupos más afines al expresident en este momento, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), a su vez, se opone frontalmente a la investidura de Illa, y ha llamado a “estar preparados” para protestar cuando esta se vaya a llevar a cabo. 

Críticas en la izquierda del Estado

El acuerdo en materia fiscal no ha sido bien recibido tampoco por parte de la izquierda estatal. El miedo a una tributación de dos velocidades, que genere otro estatus diferenciado y ahonde en las desigualdades territoriales ha sido enunciado por representantes de Chunta Aragonesista, Compromís —estos dos, que formaron parte de la coalición Sumar en julio de 2023— o de Adelante Andalucía. “La nueva financiación de Cataluña es un acuerdo entre élites que perjudica a Andalucía”, ha explicado José Ignacio García, portavoz de esta formación.

En Compromís, se ha supeditado un posible aval de la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) si se aborda la “infrafinanciación” del País Valencià, “para que dejemos de estar a la cola de todos los territorios del Estado”, ha declarado Àgueda Micó, su portavoz en el Congreso.

Las críticas más fuertes, no obstante, han venido del PSOE, desde donde se ha calificado de “atentado a la igualdad” el anuncio (en palabras de García Page). Desde Ferraz se quiere transmitir que la medida no va contra otras comunidades.

También han expresado sus dudas los sindicatos en Hacienda, desde UGT hasta el sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA). Ambos señalan la dificultad de llevar a cabo un trasvase de plantillas y el problema que puede generar en la persecución del fraude fiscal.