Catalunya
Un año de victorias de la autoorganización vecinal contra la burbuja inmobiliaria

Bajo el lema "Pinchamos la burbuja", este sábado 6 de abril tienen lugar movilizaciones en 35 ciudades europeas ciudades europeas (entre ellas Barcelona, Valencia y Palma) para denunciar "el abuso de los precios del alquiler", "el negocio que las industrias inmobiliaria y turística hacen con nuestros hogares y "la mirada pasiva de los gobiernos y los poderes públicos" con las expulsiones de vecinas debido a la especulación inmobiliaria generada en gran parte, por fondos inversores de origen opaco. A pesar de que el goteo de desahucios no se detiene, en Barcelona y sus alrededores se pueden seguir durante los últimos meses varios episodios que demuestran que, a través de la autoorganización y la negociación colectiva, es posible detener procesos que parecían irreversibles. [En el Estado español, la convocatoria también está prevista en Zaragoza, Vigo, A Coruña, Valencia, Madrid (dentro de la manifestación de Caminando), N. del E].

"Alerta, desahucio", "Quieren desahuciar una familia", "Necesitamos apoyo en la puerta!". Cada día, los múltiples grupos de vivienda, sindicatos y Plataformas de Afectadas por la Hipoteca hacen llamadas a resistir expulsiones de vecinas de sus barrios y villas. No ha habido ninguna tregua: durante el 2018, 8.877 familias han sido desahuciadas por impago de alquiler en Cataluña, 3.106 más que por ejecuciones hipotecarias, con el añadido de que el recuento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no figuran las expulsiones "silenciosas", aquellas que se producen por no renovación de contrato o por incrementos inasumibles para las inquilinas, cifradas en el 28,7% en Barcelona entre el 2013 y el 2017. por esta razón, mañana sábado el movimiento por la vivienda ha convocado manifestaciones en diferentes ciudades europeas. En los Países Catalanes, hay convocatorias en Barcelona, ​​Valencia y Palma, bajo el lema "Pinchamos la burbuja".

El objetivo de la movilización es denunciar "el abuso de los precios del alquiler", "el negocio que las industrias inmobiliaria y turística hacen con nuestros hogares" y "la mirada pasiva de los gobiernos y los poderes públicos". El mes de marzo, después de una primera versión fallida, el Consejo de Ministros español aprobó un decreto ley pero, a pesar de que amplía la duración de los contratos de tres a cinco años, no pone límite a la subida de precios, una demanda exigida insistentemente por diversos colectivos y entidades. Sin embargo, "si no fuera por la movilización de los últimos dos años, el Gobierno no hubiera impulsado ningún decreto, ni habríamos conseguido que el segundo incorporara una parte de nuestras demandas", puntualiza Jaime Palomera, del Sindicato de Inquilinos de Barcelona.

A pesar del goteo de desahucios contabilizados -un cada cinco minutos al conjunto del Estado- y todos aquellos que se producen en silencio, se han conseguido algunas victorias de inquilinas a través de la autoorganización y la negociación colectiva. Vecinos y vecinas han decidido luchar para no tener que irse de su casa y lo han hecho, en la mayoría de los casos, contra empresas -grandes propietàries- que, según el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, ​​concentran el 34% de los viviendas en régimen de alquiler en la ciudad. De hecho es una cifra en disputa, porque detrás de los particulares que concentrarían el 60%, a veces hay empresas con más propiedades. El Sindicato de Inquilinos ha contabilizado que más de mil personas han hecho frente a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y se han organizado para no tener que irse de su casa.

Una de las victorias que ha repercutido sobre más inquilinas durante 2018 es la del bloque de Sant Joan Despí donde viven 150 familias. El vecindario, con el apoyo del Sindicato de Inquilinos, mantuvo un pulso nada menos que con Goldman Sachs, el banco de inversión que con la venta de hipotecas subprime contribuyó a la crisis financiera de 2007 en Estados Unidos. En un primer momento, Pyrenees Acquisitions LTD, controlada por una filial del banco, no quería renovar los contratos o quería subir el alquiler entre el 40 y el 100% y la mayoría no podían asumirlo. Finalmente, después de intensas movilizaciones y negociaciones, lograron pactar un aumento del 20%. El hito, aunque representa un aumento elevado, es relevante más allá de Sant Joan Despí. El gigante de Wall Street tiene otros bloques en Cataluña con negociaciones en curso, como las viviendas de 28 familias en Santa Perpètua de la Mogoda y las arrendatarias de San Jorge Parque en Rubí.

El Sindicato de Inquilinos de Barcelona ha contabilizado que más de mil personas en la ciudad han hecho frente a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y se han organizado para no tener que irse de su casa

Otro caso que también se ha ganado parcialmente es de Alpha y Fran, que desde julio de 2018 viven en su piso sin contrato de alquiler, para que la propiedad se ha negado a renovarlo. De hecho, del bloque ya han marchado tres familias. En este caso, detrás está la familia Mas - Beya Fradera, una rama de una de las familias más ricas de Cataluña, a la vez propietaria del Instituto de Belleza Francis. Además de resistir a ser expulsadas, se trata del primer caso de acoso inmobiliario que ha acabado con una sanción por parte del Ayuntamiento de Barcelona, ​​de 90.000 euros. Como tantos otros edificios que viven procesos de expulsión, el vecindario había denunciado reiteradamente la dejadez de la propiedad: bajantes de aguas residuales estropeados y tuberías con ocho veces más plomo de lo permitido y termitas, entre otros.

En resistencia desde hace un año y medio están las inquilinas del bloque de la calle de Roger de Flor 209. La empresa inversora, Topal Trade, adquirió el bloque y rechaza renovar los contratos. El último intento de desahucio de Nancy y sus dos hijas, tuvo lugar el pasado 27 de marzo, pero la movilización vecinal consiguió detenerlo.

Durante el año, también ha habido otras victorias individuales en Barcelona, ​​como la de Mari Carmen en el Eixample, que consiguió, con el apoyo del movimiento por el derecho a la vivienda, que la empresa Inversiones Caboet SA retirara denuncia por desahuciarla y mantuviera el contrato de alquiler hasta que se pudo realojar en un piso de régimen social. O la de una vecina del barrio de San Antonio con una hija menor de edad que consiguió frenar el incremento de 400 euros del alquiler que quería aplicarle la empresa Idilia Foods, propietaria de las marcas alimentarias ColaCao y la Nocilla .

El movimiento por la vivienda se ha reactivado con fuerza y ​​una de las principales demandas, sintetiza Jaime Palomera, es regular los precios, que no se ha llevado a cabo porque "tenemos un sistema de vivienda determinado por los intereses de la banca y los fondos de inversión ". La movilización, explica, reclama que la vivienda esté fuera del mercado para garantizar el derecho. El reto no es menor. Para que los precios de alquiler estén equilibrados con el nivel de ingresos de la ciudadanía, y llegar así a lo que establecen las Naciones Unidas, deberían bajar un 60%. Mientras tanto, los movimientos sociales intentan encontrar soluciones para familias que no encuentran a través de la administración. Precisamente, esta semana, la Obra Social de la PAH ha presentado una campaña contra la criminalización del empleo, que consideran una herramienta vital para seguir garantizando el derecho a la vivienda.

Artículo original publicado en La Directa