Catalunya
Pandemia, crisis y elecciones: Cataluña se toma la temperatura

La covid-19, ¿congela o acelera dinámicas políticas y sociales? Pregunta recurrente estos días y que conviene repetirse respecto a Cataluña. A diferencia de lo ocurrido en otros estados, durante la peor fase de la primera ola de la pandemia de SARS-CoV-2 no se dejaron de lado las hostilidades políticas en España, y tampoco en Cataluña, o, mejor dicho, de las instituciones catalanas con las españolas y entre los propios partidos catalanes.

Si el 13 de marzo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, reclamaban el confinamiento total de sus respectivas comunidades, al día siguiente el Gobierno español declaraba el estado de alarma y asumía, en aplicación del artículo séptimo de la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio (LO 4/1981, de 1 de junio), competencias directas en materia de salud pública, interior y transportes (Real Decreto 463/2020), lo que levantó protestas en los nacionalismos alternativos al español.

Así, el mismo 14 de marzo fuerzas políticas tan dispares como la CUP y el PNV calificaban el Decreto de “155 encubierto”, calificación reiterada por los sindicatos soberanistas de Cataluña, el País Vasco y Galicia en una declaración conjunta publicada el 7 de abril, en que también denunciaban “una campaña de propaganda unionista, con desfiles militares incluidos, que no busca aunar esfuerzos para hacer frente a la crisis sanitaria, sino utilizarla para anular la capacidad de decidir sobre cuestiones fundamentales para la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestras naciones”. En realidad, las medidas contenidas en el RD 463/2020 superan con creces lo que permite el tenor literal del artículo 155 de la Constitución, por cuanto éste sólo faculta al Gobierno español, previa autorización del Senado, a adoptar “las medidas necesarias para obligar” a las autoridades de una comunidad autónoma al cumplimiento de “las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan”, pero no le confiere ningún título competencial adicional ni, aun menos, prevé que las policías autonómicas puedan quedar “bajo las órdenes directas del Ministro del Interior” (RD 463/2020, art. 5) ni el personal sanitario, dependiente de las comunidades autónomas, bajo las del ministro de Sanidad (art. 12.1).

El nuevo conflicto entre el Gobierno español y la Generalitat dio pie a una “batalla de especialistas” que convirtió, involuntariamente, al investigador Oriol Mitjà en arma arrojadiza de la disputa, mientras Cataluña, como una de las comunidades autónomas de más población, acumula ya casi el 25% de los casos y más del 20% de las muertes (5.587) a nivel estatal, según datos oficiales recientes.

La gestión de la pandemia en Cataluña no ha estado exenta de polémica y ha incrementado la presión sobre ERC, responsable de las carteras de Sanidad y Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. La primera consejería, a cargo de Alba Vergés, ha estado estos últimos días en el punto de mira por la adjudicación sin concurso de un contrato de 17,69 millones de euros para el seguimiento de los contactos con gente infectada por coronavirus. A pesar de que la Ley de contratos del sector público prevé la facultad excepcional de las Administraciones para adjudicar contratos sin sujetarse al procedimiento ordinario previsto en la propia ley si concurre una necesidad urgente “a causa de acontecimientos catastróficos” (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, art. 120.1.a), el hecho de que la empresa adjudicataria sea una filial de Ferrovial, una de las empresas del Ibex 35, ha sido objeto de críticas, y el que uno de los directivos de ésta Roger Junqueras, sea hermano del presidente de ERC (Oriol Junqueras) ha levantado sospechas de corrupción.

Igualmente, desde el personal sanitario se ha criticado que se recurra al sector privado para la provisión de servicios del sector. Todo ello ha llevado a JxCat a desmarcarse de la decisión, hasta el punto de que no sólo la CUP, sino la propia consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, Meritxell Budó, ha solicitado al Departamento de Salud la rescisión del contrato. No obstante, ello supondría el pago de una indemnización a la empresa adjudicataria calculada entre medio y un millón de euros.

El 4 de junio, el presidente español anunciaba la intención de su ejecutivo de retomar el próximo mes de julio las reuniones de la mesa de diálogo con el Gobierno de la Generalitat

También ha tensado las relaciones entre los dos partidos que apoyan al Gobierno catalán el sentido del voto en el Congreso sobre la prórroga del estado de alarma. Si el 26 de marzo, en la votación de la primera prórroga, los tres partidos independentistas catalanes (ERC, Junts per Catalunya y la CUP) se abstuvieron, en la votación de la segunda (9 de abril), la CUP ya votó en contra. En la tercera (22 de abril), JxCat se sumó al “no”, y en la cuarta y quinta (6 y 15 de mayo) los tres partidos votaron en contra.

En cambio, el conflicto de fondo, especialmente entre ERC y JxCat, ha reaparecido en la última votación (el pasado 3 de junio), donde ERC ha vuelto a la abstención, en este caso a cambio del reconocimiento de las comunidades autónomas como “autoridad competente delegada”, cuando éstas lleguen a la fase 3 del Plan de desescalada, “para la adopción y la ejecución de las medidas de dicha fase”, y el compromiso de “analizar las reformas legales necesarias” a fin de “garantizar la cogobernanza con las Comunidades Autónomas” e impulsar “mecanismos para la participación de las Comunidades Autónomas en la gestión de fondos que provengan” del Plan de recuperación para Europa, según el texto del acuerdo suscrito por el ejecutivo con ERC el 30 de mayo.

Al día siguiente, además, el presidente español anunciaba la intención de su ejecutivo de retomar el próximo mes de julio las reuniones de la mesa de diálogo con el Gobierno de la Generalitat constituida el pasado 26 de febrero. El 5 de junio, empero, el presidente catalán replicaba que para ello es necesario un “clima de confianza” mutua, “y no lo hay”, y reprochaba al Gobierno español haber actuado con “unilateralidad” y sin “cogobernanza” alguna durante la pandemia.

En un artículo publicado el 17 de mayo en La Vanguardia, Torra descartaba ahora la convocatoria de elecciones a corto plazo, alegando la situación de crisis sanitaria

Mientras tanto, el 24 de abril, tras dos años con presupuestos prorrogados y luego de largos debates y negociaciones, el Parlament de Catalunya aprobaba los presupuestos de la Generalitat para 2020, gracias a la abstención de Catalunya en Comú Podem (CECP). Lo más destacable de estas cuentas es que, tras una década de recortes, la inversión dedicada a los Departamentos de Salud y Educación por primera vez recupera, en términos nominales, las cifras de 2010 (aumenta el 2,06%), si bien en términos reales los recortes están lejos de haber sido revertidos: en salud, el decremento acumulado desde 2010 es aún del 14,1% y en educación, del 7,5. A cambio del voto favorable a las cuentas, CECP puso como condición a los partidos del Gobierno la aprobación de reformas tímidamente progresivas en el Impuesto de sucesiones y donaciones y en el IRPF, que resumimos en nuestro artículo de diciembre.

Desde la CUP, que votó en contra de los presupuestos, se criticó que no se reformularan para adecuarlos a la situación de emergencia sanitaria y la inminente crisis económica, por lo que los calificó de “caducados” desde el mismo momento de su aprobación, al tiempo que denunció el contraste entre la actitud de ERC y el espacio posconvergente en 2017, por su rotunda negativa a abordar entonces una reforma fiscal progresiva, aun poniendo en riesgo el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, y la disposición a hacerlo ahora, a cambio de lograr una cierta estabilidad parlamentaria en un contexto autonómico ordinario. Por lo demás, tampoco esta noticia sirvió para enterrar, ni siquiera temporalmente, las tensiones entre los socios del Gobierno catalán.

Elecciones sine die

El pasado 29 de enero, tras un nuevo encontronazo con ERC, en este caso por la retirada de su escaño por parte del presidente del Parlament, Roger Torrent, tras la insólita decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de requerir, ella misma, al presidente de la cámara la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que inhabilitaba a Torra, éste anunció solemnemente que daba por terminada legislatura y que convocaría nuevas elecciones cuando se aprobaran los presupuestos.

Como hemos indicado, éstos se aprobaron en sesión parlamentaria el 24 de abril y se publicaron en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” el día 30. No obstante, en un artículo publicado el 17 de mayo en La Vanguardia, Torra descartaba ahora la convocatoria de elecciones a corto plazo, alegando la situación de crisis sanitaria. Del crédito de ese argumento da fe el que exactamente al día siguiente el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, anunciaran que las elecciones a los Parlamentos vasco y gallego, convocadas inicialmente para el pasado 5 de abril y suspendidas por la pandemia, se celebrarán el próximo 12 de julio.

Acaso arroje algo de luz sobre las razones de la marcha atrás de Torra el que las encuestas, lejos de variar, sigan dando como ganadora de esos hipotéticos comicios a ERC e incluso prevean un escenario en que sea matemáticamente posible un tripartito entre ERC, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y CECP. Esa posibilidad, con todo, no pasa, por ahora, de mera suma matemática, ya que las diferencias entre los republicanos y las otras dos fuerzas siguen siendo demasiado grandes y todos ellos temen el coste electoral de un acuerdo de estas características.

El debate sobre “ampliar la base” social entre los partidos independentistas dista de ser nuevo, pero suele plantearse desde una mirada de muy corto alcance

A falta de otras opciones, se reeditaría la coalición con JxCat, pero con el espacio posconvergente seguramente más debilitado. Éste no sólo sigue arrastrando problemas de cohesión interna y dispersión en diferentes siglas que se solapan —PDeCAT, JxCat (que no es un partido, sino una coalición), la Crida Nacional per la República—, sino que ha sufrido la escisión del ala más vinculada a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), encabezada por la que fuese coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal. El Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), que así se llama la nueva formación, celebrará su congreso constituyente a finales de julio. No obstante, el raquítico espacio de la derecha catalanista contraria a la independencia —que, en las elecciones “plebiscitarias” al Parlament del 27 de septiembre de 2015, representado por la democristiana Unió Democràtica de Catalunya (UDC), obtuvo 103.293 votos y ningún diputado y en los comicios a las Cortes generales de tres meses después, 65.388 y ningún diputado— se encuentra saturado por una constelación de pequeños grupos que, como apuntaba en un certero tuit el penalista y comentarista político Joan Queralt, “se conocen más por sus líderes, prácticamente sus únicos militantes, que por su implantación institucional y programas”.

A la espera de saber cuál será el apoyo a esta formación nacionalista no independentista nostálgica de los años de la omnipotencia de CiU y el “oasis catalán” y que, con el oasis desplazado unos centenares de kilómetros al oeste, ahora fantasea con convertirse en lo que representa el PNV en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), conviene recordar que todo lo que obtuvo en 2015 el candidato de UDC, Ramon Espadaler, último consejero de Interior de Artur Mas, fue llevar a a los restos de un partido en situación de quiebra a una coalición con el PSC, tras la creación del partido Units per Avançar. Sin embargo, no parece descabellado conjeturar que, incluso si el PNC no obtiene representación parlamentaria, el golpe hará saltar astillas en el edificio de JxCat.

A vueltas con el “no nacionalismo”

El debate sobre “ampliar la base” social entre los partidos independentistas dista de ser nuevo, pero suele plantearse desde una mirada de muy corto alcance y, a menudo, más preocupada en diferenciarse superficialmente de otros partidos independentistas que en definir una verdadera estrategia que permita aumentar apoyos a la causa de la independencia catalana. Así, el 24 de abril, en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, el presidente del Parlament, en el contexto de las tensiones entre los Gobiernos español y catalán por la gestión de la pandemia, espetó que el independentismo debería evitar los planteamientos “que pueden ser considerados nacionalistas”, lo que dio lugar a una polémica sobre el significado del concepto de ‘nacionalismo’ y a una iracunda respuesta editorial del digital pro JxCat Vilaweb.

El día 26, Torrent explicó su posición en un artículo en Nació Digital, donde repetía algunos de los lugares comunes del “no nacionalismo” español (como la ahistórica y ateórica dicotomía entre “nación cívica” y “nación étnica”), añadiendo una confusa contraposición entre “nacionalismo” y “republicanismo”. En el caso de ERC, resulta cuando menos grotesco que, tras haber pactado con CDC políticas económicas y sociales de carácter neoliberal entre 2014 y 2017, con el pretexto de hacer avanzar el proceso de emancipación nacional —y, si el término ‘nacionalismo’ significa algo, es la priorización del eje nacional sobre cualquier otro—, ahora diga no ser “nacionalista”, al tiempo que banaliza el concepto de ‘republicanismo’, que, en filosofía, significa, en su versión democrática, el diseño institucional que garantiza el acceso a medios de existencia material autónoma a todos los ciudadanos.

Poniéndole un poco de humor al asunto, se ha señalado la paradoja que supone que la ideología que defiende el mantenimiento del Estado español bajo un régimen de soberanía nacional única se presente a sí misma como “patriotismo constitucional” no nacionalista e, igualmente, la que reivindica la soberanía nacional catalana también diga no ser “nacionalista”. Repárese bien: nos hallaríamos ante un conflicto nacional sin nacionalistas entre los contendientes.

Ironías aparte, si de lo que se trata es de “aumentar la base” social favorable a la independencia de Cataluña, mucho más interesante resulta el debate planteado por algunos economistas de la izquierda independentista en torno a las soberanías, concepto, que, entendido como la capacidad de articular mecanismos democráticos para la toma de decisiones colectivas, permite enlazar el autogobierno en el ámbito nacional con el que debería ejercerse en el resto de ámbitos de decisión socialmente relevantes, lo que requiere una expansión del sector público.

Pero eso llevaría a una crítica de las políticas aplicadas por CiU desde 2011 —desde 2014 con el apoyo de ERC y, desde 2016, ejecutadas directamente por ésta—, marcadas por los recortes en servicios sociales básicos, el recurso creciente al sector privado para la provisión de servicios públicos y la deudocracia presupuestaria. Y, con ello, al cuestionamiento de un dogma del independentismo mainstream representado por JxCat y ERC como es el europeísmo acrítico e incondicional, por cuanto las políticas deudocráticas, de déficit cero, recortes sociales, desregulación y privatización han sido impulsadas, cuando no impuestas, por la UE. Y, en este aspecto, nos encontramos nuevamente con que el sedicente “republicanismo no nacionalista” se distingue muy poco del tradicional nacionalismo de los posconvergentes.

“Causas generales”: de Cataluña a Madrid...

A menudo se ha advertido de que las anormalidades jurídicas y procesales y las restricciones y abiertas conculcaciones de derechos fundamentales y su normalización, con el pretexto del combate contra la insurgencia vasca, sentaban las bases para su extensión a otros ámbitos de disidencia. Así, es pensable que, si no se hubiera normalizado la ilegalización de partidos políticos (con razonamientos jurídicamente impresentables) como instrumento de defensa de las instituciones del Estado —de la que CiU fue cómplice, al votar a favor de la Ley Orgánica de partidos (LO 6/2002, de 27 de junio)—, la represión contra el independentismo catalán a partir del otoño de 2017 habría topado con mayor oposición fuera de Cataluña.

Al igual que CiU jamás debió de pensar que ninguno de sus cargos podría ser objeto de represión penal por actividades como organizar un referéndum, tampoco el PSOE creyó que podrían abrirse diligencias contra sus autoridades a partir de informes policiales plagados de falsedades y manipulaciones. Pocos personajes muestran mejor la continuidad de la represión contra todas las formas de disidencia, tanto armada como no violenta, que ahora se pretende extender al propio Gobierno del Estado como Diego Pérez de los Cobos.

Juzgado por la Audiencia Provincial de Bizkaia en 1997 por torturas a un detenido en un juicio en que fueron condenados tres agentes de la Guardia Civil, recientemente ha sido reconocido por otro detenido, Pello Alcantarilla, como cómplice las torturas de que éste fue objeto en octubre de 2004. En 2006 Pérez de los Cobos fue nombrado asesor personal por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), y, en 2011, fue ascendido a director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad. Mantuvo el cargo tras la llegada de M. Rajoy (PP) a la Moncloa y, en septiembre de 2017, el Ministerio le encargó la coordinación del operativo policial para evitar la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre.

Las imágenes de violencia por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra voluntarios y votantes durante el referéndum son sobradamente conocidas —el 2 de junio trascendía la denegación por parte del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona del archivo de la causa contra seis agentes de la Policía Nacional por las cargas de ese día, solicitada por la Fiscalía, que, como gusta recordar a Pedro Sánchez, depende del Gobierno español—, como también lo son sus declaraciones contra Josep Lluís Trapero, a la sazón mayor de los Mossos d’Esquadra, por no haber ordenado a sus agentes que actuaran de igual modo. Acaso como premio por ello, en febrero de 2018 el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, nombró a Pérez de los Cobos jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Y fue mantenido en ese cargo, hasta el pasado 25 de mayo, por el gobierno surgido de la moción de censura que condujo a Pedro Sánchez a la presidencia.

No en vano el ministro del Interior de Sánchez, el magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Fernando Grande-Marlaska, se ha caracterizado por una gran tolerancia con prácticas inquisitivas como aquellas por las que fue denunciado Pérez de los Cobos, como ilustra el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya condenado seis veces al Reino de España por no haber investigado denuncias de torturas a detenidos en operaciones de las que Grande-Marlaska era el instructor.

No debería sorprender que un personaje con una trayectoria así se haya dejado utilizar para la operación de lawfare dirigida contra el actual Gobierno español. En el recurso de apelación presentado el pasado 20 de abril ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la investigación abierta por la titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel, sobre si el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, cometió un supuesto de delito de “prevaricación” al no instar a la prohibición de la manifestación del 8 de marzo para evitar la extensión del coronavirus, la abogada del Estado Rosa María Seoane denuncia el carácter “prospectivo” de la investigación y la existencia de una “causa general” contra el Gobierno.

Se trata de conceptos que Seoane conoce bien, pues se hartó de oírselos a las defensas de los procesados en la causa especial 20907/2017 del Tribunal Supremo (TS) respecto a los informes de la Guardia Civil, si bien entonces los dio por buenos y se basó en ellos para acusar de “sedición” a los miembros del anterior Gobierno catalán, la presidenta del Parlament y los líderes de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana. Recordemos, además, que el TS pudo condenar por “sedición” porque precisamente la abogada del Estado había calificado así los hechos juzgados, de modo que, tras descartar el tribunal el delito de rebelión, fue esta calificación lo que impidió que las condenas se redujeran a un “delito” de desobediencia.

El 8 de junio la Fiscalía presentó sus conclusiones definitivas, en que rebajaba la calificación de los hechos de “rebelión” a “sedición” en el juicio a los Mossos d'Esquadra en la Audiencia Nacional

El 25 de mayo Grande-Marlaska destituía a Pérez de los Cobos, alegando “pérdida de confianza”, si bien una nota del día anterior redactada por la directora general de la Guardia Civil explicaba la destitución “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil”, mientras que el 2 de junio el propio ministro la justificaba, en una comparecencia en el Senado, por la filtración del informe presentado a Rodríguez-Medel. En cualquier caso, el mencionado informe es una muestra elocuente de que, en contra de lo que presumía Sánchez en la sesión de control al Gobierno del 3 de junio, la policía política no ha sido desmantelada. Si de verdad quiere hacerlo, la destitución de ministros con un historial como magistrado como el de Grande-Marlaska es una condición inexcusable.

La jueza del 8M archiva la causa contra el delegado del Gobierno

Redacción El Salto

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8 de marzo

La jueza del 8M archiva la causa contra el delegado del Gobierno

Redacción El Salto

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La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha acordado este viernes el sobreseimiento provisional del caso 8M.

... y de nuevo a Cataluña

Pero si de “causa general” hay que hablar, el 4 de junio la Sala Civil y Penal del TSJC decretaba la apertura de juicio oral contra el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia del Gobierno de la Generalitat, Bernat Solé (ERC), por un supuesto delito de “desobediencia” a la providencia de 7 de septiembre de 2017 del Tribunal Constitucional, que suspendía el Decreto de normas complementarias para la celebración del referéndum del 1 de octubre (Decreto 140/2017). La “desobediencia” de Solé, entonces alcalde de Agramunt (Urgell), habría sido, según recoge el propio auto del TSJC: (a) un discurso pronunciado en un acto celebrado el 25 de septiembre en un casal de la localidad a favor de la participación en el referéndum, y (b) la ocultación y recolocación de urnas el 1 de octubre, para evitar que fueran sustraídas por la Guardia Civil.

A pesar de la voluntad de superar la “judicialización del conflicto” expresada por el gobierno de Pedro Sánchez en el documento suscrito junto al PSC y ERC el pasado 2 de enero, y reiterado por el presidente español en el documento presentado a Torra en la reunión del 6 de febrero, la Fiscalía —que, recordémoslo con el presidente Sánchez una vez más, depende del Gobierno del Estado— solicita una pena de un año y medio de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y multa de 24.000 euros. A lo que hay que añadir el procesamiento, el pasado 27 de febrero, del secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y del secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, del anterior gobierno de la Generalitat por la organización del referéndum.

En lo tocante al juicio en la AN a la cúpula de los Mossos d’Esquadra durante la pasada legislatura con motivo de la cobertura de la concentración del 20 de septiembre de 2017 contra el registro en la Secretaría General de la Vicepresidencia y del Departamento de Economía y Hacienda en Barcelona en el marco de la operación contra el referéndum del 1 de octubre y durante la propia jornada del 1 de octubre, el 8 de junio la Fiscalía presentó sus conclusiones definitivas, en que rebajaba la calificación de los hechos de “rebelión” a “sedición”.

Si la sentencia del TS se inventó el concepto de alzamiento tumultuario en forma de sentada, la Fiscalía de la AN lo ha estirado de tal modo que, a su juicio, la mera “pasividad” en la represión —no ya la resistencia pasiva— también puede ser constitutiva del tipo. Para Trapero, Cèsar Puig (exsecretario de Interior de la Generalitat) y Pere Soler (exdirector de los Mossos) solicita sendas penas de diez años de cárcel y de cuatro para Teresa Laplana, responsable del operativo de seguridad durante el registro del 20 de septiembre. Consciente de la endeblez de esa calificación, la Fiscalía solicita que, en caso de que el tribunal no considere probada esta peculiar expresión de “sedición”, dicte una condena por “desobediencia”, con penas de inhabilitación de uno año y ocho meses para el ejercicio de cargos públicos y multa de 60.000 euros para Trapero, Puig y Soler, y de un año y 30.000 euros para Laplana.

Futuros disruptivos

También otros nubarrones, además de los políticos y penales, se ciernen sobre el horizonte catalán. La pandemia ha golpeado, como en todas partes, duramente a la economía catalana —según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), la caída alcanzará el 3,9% del PIB catalán—, en particular, claro está, al turismo y al sector industrial. Según los datos de afiliados a la Seguridad Social, en mayo se destruyeron 165.278 puestos de trabajo, y con 483.139 parados, la cifra de personas sin trabajo bordea el medio millón. En cuestión de días, miles de personas empleadas en el sector servicios, especialmente en la franja litoral, han pasado de la precariedad a la pobreza. Las colas en los puntos de reparto de alimentos han aumentado, no siempre con la atención debida de los medios. A todo ello se suma la noticia del cierre de la factoría de Nissan en Barcelona, que supone la destrucción de 3.000 puestos de empleo directos y amenaza a decenas de miles indirectos.

Según los datos de afiliados a la Seguridad Social, en mayo se destruyeron 165.278 puestos de trabajo, y con 483.139 parados, la cifra de personas sin trabajo bordea el medio millón

A la lista podrían sumarse en los próximos meses despidos en otras tantas otras empresas, toda vez que el sector del automóvil es uno de los más afectados por esta crisis. Los despidos llevarán con toda seguridad a protestas sindicales y sociales, y éstas, a nuevas turbulencias políticas.

En este sentido, no es cosa menor que el 9 de junio trascendiese la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Barcelona, redactada el 12 de mayo, a dos años y cuatro meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión por un delito de lesiones impuesta al inspector de los Mossos d'Esquadra Jordi Arasa infligidas a varios manifestantes en el desalojo de la acampada del movimiento “indignado” de la Plaza de Cataluña de Barcelona el 27 de mayo de 2011.

Arasa ya fue condenado en 2014 por la agresión al periodista David Fernàndez en esa misma actuación, si bien entonces la pena se redujo a una indemnización de 210 euros. No obstante, con posterioridad a esta primera condena, Arasa fue ascendido a jefe del Área Regional de Recursos Operativos, lo que muestra una vez más la protección corporativa y gubernativa de que gozan los elementos más violentos de la policía autonómica y que contrasta con la retórica antirrepresiva de los partidos que apoyan al Gobierno. En esta ocasión, al menos, aunque la pena de inhabilitación no se ejecutará hasta que la sentencia sea firme —puesto que el condenado tiene derecho a interponer recurso de casación ante el TS—, de momento ha sido apartado de cualquier tarea de orden público.

 La Generalitat ha puesto en marcha una comisión de reactivación económica (Coreco) y protección social que ha anunciado inyecciones económicas en diferentes sectores y un plan de choque hacia la transición energética, entre otras medidas, y, en paralelo, ha formado un grupo de una treintena de expertos, bajo la dirección de Genís Roca y Victoria Alsina, para diseñar una “estrategia 2022” para Cataluña.

La previsión del Gobierno catalán es que el primer documento con los posibles escenarios se presente en otoño, y el documento final, con las propuestas para los ámbitos estratégicos, en febrero de 2021. “El Govern ha formado el enésimo grupo de trabajo para ‘repensar’ Catalunya: hasta ahora ninguno ha funcionado para nada que no fuera tapar con palabrería ejecutivos sin ideas, paralizados y problemas para gestionar”, comentaba ácidamente el periodista Arturo Puente en Twitter. “Veremos qué hace este, pero los antecedentes no son buena señal.”

Torra ha descrito el futuro de la Cataluña post-Covid-19 como “disruptivo”. Con una sociedad en shock, una economía maltrecha, un bloque independentista que no está ni mucho menos cohesionado, una izquierda española en crisis de identidad y una ultraderecha sacando músculo en las calles para radicalizar posiciones, quizá se quede corto.